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21 mayo, 20153min0

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Directora y compiladora: SIlvia Guemureman

Autoras: Natalia Debandi, Silvia Guemureman, Marisa Herrera, Karen Jorolonsky, Florencia Graziano, Ana Laura López, Julia Pasín y Vanesa Salgado

Editorial Rubenstein, 2015.

En este libro se condensan los resultados de un proyecto de investigación que insumió muchos años (Proyecto Plurianual financiado por el CONICET). Esta investigación desde el mismo momento en que fue concebido, alentó la expectativa de verse plasmado en resultados que honren la producción de conocimiento sobre temas en los cuales hay gran cantidad de vacancias. Hay temas de los que decididamente se sabe muy poco, y en esta categoría de temas se encuentra el despliegue de las agencias de control social penal y las políticas penales en su conjunto.

La pretensión de este libro es la de contar sencillamente lo que el equipo de investigación que integró el proyecto realizó durante estos años en virtud de cumplir los objetivos propuestos, inscriptos en los objetivos particulares de cada uno en sus respectivas preocupaciones académicas, políticas e intelectuales. Este proyecto reconoció una ingeniería particular: los objetivos del proyecto se construyeron en función de los planes de trabajo y proyectos de tesis de cada una de las integrantes del equipo, de modo de producir a la vez el avance individual y el aporte colectivo.

El tratamiento de la niñez, la adolescencia y la juventud en la Argentina ha indudablemente sufrido en el último periodo. Solo para situar un anclaje en el tiempo,  tomaremos la ratificación de la CDN en 1990 como punto de inflexión. Desde 1990 hasta el año 2014, momento en que se está escribiendo esta obra colectiva, han tenido lugar cuantiosos eventos que sitúan a la niñez y la adolescencia en un estatuto distinto de entonces. El período consignado para la investigación arrancó en el año 2000 para su contextualización, en tanto para el trabajo analítico de prácticas y dispositivos institucionales, el inicio se situó en el año 2005 y si bien la previsión inicial era tomar hasta el año 2010, los significativos sucesos acaecidos durante los últimos años extendieron el período hasta 2012, especialmente en el ámbito de monitoreo de movimiento legislativo, de administración de justicia y de observación de espacios de encierro punitivo.

La investigación estuvo situada en las jurisdicciones de la  Ciudad de Buenos Aires y de  la Provincia de Buenos Aires.

 


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20 mayo, 201511min0

Muertes, maltratos y violencias sobre niños, niñas y adolescentes: violencia institucional, violencia de género y abuso sexual

 MAYO 2015

En los últimos días hemos sido sacudidos por diferentes hechos y noticias que tienen por protagonistas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en carácter de víctimas de delitos y diferentes tipos de violencias.

El lunes 11 de mayo amanecimos con la escalofriante noticia de la muerte de Chiara Páez , adolescente, de 14 años, embarazada, que apareció enterrada en casa de su novio, también joven, Manuel, de 16 años. De acuerdo a la información disponible y facilitada a los medios de comunicación por los Fiscales que intervienen en la causa, todo parece indicar que el embarazo de ella fue el detonante. Su aparente negativa a practicarse un aborto fue lo que le costó la vida. La paradoja de conservar una vida en ciernes le costó la propia. Este caso, que se suma a los tantos femicidios registrados en los meses que transcurrieron de este año, nos despierta a reflexionar, entre otras cosas, sobre las violencias, sus diversas formas y sus denominadores comunes. Para quienes observamos el funcionamiento de las agencias del Estado, necesariamente y en este caso en particular, nos implica preguntarnos por las políticas públicas brindadas para atender este emergente social. Cuando las violencias se instalan como forma de tramitar conflictos entre las personas, y especialmente cuando las víctimas de esas violencias son los grupos eternamente postergados en la sociedad, como la población infanto juvenil y dentro de ellos especialmente las mujeres, las agencias estatales encargadas de administrar las políticas públicas deben replantearse su accionar, revisar el cumplimiento de las normas vigentes y el dictado de las faltantes; deben revisar sus prácticas y la efectividad de sus dispositivos de manera urgente.

El jueves 14 de mayo, la Justicia, nos sorprendió gratamente con la sentencia condenatoria dictada contra el policía que intervino en las torturas perpetradas contra Luciano Arruga meses antes de su desaparición, que recién se supo que había sido muerte inmediata casi seis años después… A la violencia institucional ahora reconocida como tortura en un fallo ejemplificador, se le sumó la violencia de la incertidumbre de muchos años, acrecentada por la indolencia de quienes tomaron intervención y sin haber agotado los recursos para averiguación de identidad, lo enterraron como NN. Solo la perseverancia de la familia y la acción de organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil mantuvieron el caso vivo en la contienda judicial y el reclamo de justicia.

El lunes 18 de mayo, es decir, a una semana del femicidio de Chiara, y en una semana sacudida por otras violencias como las del fútbol, como las de los talleres clandestinos donde murieron dos niños quemados y la trata de personas, otro fallo judicial nos vino a conmover pero esta vez brutalmente: el fallo de Casación que redujo la pena a un condenado por violación y corrupción de un niño de 6 años, aludiendo que el agravante del delito y el grave ultraje sufrido por el niño, ya había sido consumado en forma previa al accionar del sujeto condenado. Y lo más grave, la atribución de una inclinación sexual definida por parte de la víctima. No es objetivo de esta declaración entrar en las disquisiciones jurídicas en cuyos entramados se sumergen los juristas. A los efectos de la indignación, bastan las palabras de los camaristas: “Finalmente, es claro que la elección sexual del menor, malgrado la corta edad, a la luz de los nutridos testimonios de sus próximos, ya habría sido hecha (conforme a las referencias a la recurrencia en la oferta venal y al travestismo). Ignoro en qué medida tenga esta aproximación que permiten formular esos aportes su causa en el pasado más remoto del pequeño niño cuyo padre fuera preso por abusador  y cuya madre lo abandonara a merced de una abuela (…). Es por ello que creo que –ausente toda otra imputación referida a un torcimiento del desarrollo sexual del menor – efectivamente el imputado ha tenido para con este infortunado niño comportamientos lascivos, pero a la luz de todo lo dicho y sobre todo en virtud de que la figura  excogitada reclama que el abuso sexual haya resultado en concreto gravemente ultrajante, es que debo conceder que no creo que este carácter tan expresamente definitorio de este supuesto de abuso haya concurrido contingentemente. Me afecta al respecto una insondable duda que tiene por base esa familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad se refiriera. En todo caso y a esa corta edad, transitaba una precoz elección de esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes podían (y debían) auxiliarlo en ese proceso”.

Lo nuestro, desde este espacio, es una vez más pronunciarnos. En este caso, nuestro pronunciamiento es un abierto repudio a los Camaristas que firmaron el fallo, despojando al delito del agravante, reculpabilizando a la víctima y habilitando la recuperación de la libertad por parte del autor de tan repudiable conducta.

Nos preocupa además, como Observatorio de Adolescentes y Jóvenes en relación a las agencias de control social penal, la culpabilización de las víctimas, reeditando el triste cliché de “que algo habrán hecho para merecer los que les pasa”.

¿Es que acaso, Luciano Arruga fue responsable de su propia muerte, o fue víctima de un sistema de corrupción policial que castigó su rebeldía de no querer ser funcional a ese sistema y luego de una justicia y un aparato político que hicieron oídos sordos a los pedidos de esclarecimiento de los hechos?

¿Es que acaso los niños que murieron en los talleres clandestinos, son responsables de su muerte? ¿Lo son sus padres?, ¿O más bien son víctimas de un sistema que habilita, a partir de la falta de auditoría y de control la existencia de estos modos de explotación y de trabajo esclavo?

¿Es que acaso Chiara fue culpable de su muerte? ¿O más bien fue víctima de la hipocresía de quiénes la rodeaban en su círculo más íntimo? En el caso de Chiara se la acusa de haber vivido su propia sexualidad. Si pretendemos evitar otras situaciones como la que terminó con la vida de Chiara, debemos sacar el problema de una mirada individual, debemos evitar que se reinscriba la responsabilidad en el orden de lo personal de “un loco”, “un violento” y mirar que Chiara fue víctima de una sociedad que no cuida de sus jóvenes, que los estigmatiza hipócritamente y los castiga a partir de miradas adultocéntricas que no buscan su participación plena para la configuración de la sociedad de la cual forman parte, sino su subordinación. Debemos ver que Chiara fue víctima de una sociedad patriarcal que no cuida de sus mujeres y niñas, que las estigmatiza, abusa de ellas y las cosifica como objetos desechables.

Acaso, el niño de 6 años, ¿es culpable de haber sufrido abusos a repetición y de diferente índole desde su más temprana infancia? ¿De qué manera y en qué instancias fue escuchado? ¿No se tratará de un caso de vulneración excepcional de derechos que hubiera ameritado medidas de protección igualmente excepcionales?

Desde el Observatorio de adolescentes y jóvenes propugnamos por el mejor tratamiento de nuestros niños y de nuestros jóvenes, por el respeto de sus derechos, por la aplicación de medidas de protección reales, por el contundente reproche estatal a cualquier forma de violencia institucional, sea a  través del uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, sea a través de la violencia que produce la negligencia y la falta de auditoria de las condiciones de trabajo, sea a través de la violencia que significa el incumplimiento de las leyes de promoción y protección de derechos vigentes desde hace 20 años en nuestro país, sea a través de la violencia de los fallos judiciales, que contrariamente a su esencia, no imparten justicia sino indignación, tristeza e impotencia.

 

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2015.-


Observatorio de adolescentes y jóvenes

Instituto Gino Germani

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Buenos Aires

www.observatoriojovenes.com.ar



1 mayo, 20153min0

Universidad Nacional de Lanús
Centro de Derechos Humanos
Coord. Pablo Ceriani Cernadas  y Ricardo Fava

El documento constituye un Informe final del “Estudio sobre los derechos de niños y niñas migrantes a 5 años de la nueva ley de migraciones (25.871)”, investigación llevada a cabo por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) en convenio con la Oficina de Argentina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En primer lugar la investigación realiza una evaluación de las políticas y medidas adoptadas desde la sanción de la ley relativas a los derechos fundamentales de las personas migrantes, con especial atención en aquellas que incidan directa o indirectamente en los niños y niñas. En segundo lugar, realiza un relevamiento y análisis de casos en los que hubiere violación de acceso a determinados derechos de la niñez migrante o hija de migrantes en el país, desde la entrada en vigor de la nueva ley hasta la actualidad. En tercer lugar, el estudio examina la situación de los derechos humanos de niños y niñas migrantes en dos regiones del país: el noroeste, especialmente la provincia de Jujuy, con un énfasis particular en la frontera La Quiaca-Villazón; y la Patagonia, específicamente las provincias de Neuquén y Río Negro. Por último, incluye dos estudios específicos, los cuales a través de un enfoque metodológico cualitativo y basados en trabajo de campo, examinan: 1) la situación de los niños/as cuyas madres se encuentran en situación de detención; 2) el acceso efectivo a los derechos sociales (en especial, educación y salud) por parte de niños migrantes e hijos de migrantes en algunas áreas de la zona sur del Gran Buenos Aires.

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