14 mayo, 20163min0

Según el Censo de 2010 en Argentina la cantidad de extranjeros es de 1.805.957 personas, de las cuales el 82% aproximadamente es migración regional, proveniente de países limítrofes y no limítrofes de Suramérica. La cantidad de niños y niñas, entre 0 y 19 años es de 225.851, es decir el 12.5% del total de extranjeros y  representan tan solo 1.6% del total de niños, niñas y adolescentes que viven en Argentina[1].

El gráfico 1 muestra la distribución de niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 0 y 24 años, siendo los jóvenes entre 20 y 24 años la mayor proporción. La distribución entre mujeres y varones es muy pareja en todos los grupos etarios, manteniéndose muy cercana al 50%.

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Gráfico 1: Porcentaje por grupo de edad de los niños, adolescentes y jóvenes migrantes

Por parte de la Dirección Nacional de Migraciones no se cuentan con cifras de niños, niñas y adolescentes publicadas de forma oficial que permita conocer la cantidad de NNA y su situación administrativa.

En relación a los NNA solicitantes de refugio o que se encuentran no acompañados o separados de sus familias, según la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio (MPD),  entre el 1° de octubre de 2014 y el 30 de noviembre de 2015 ingresaron bajo su ámbito de protección 11 NNA no acompañados o separados de sus familias de diversas nacionalidades, en su mayoría extra-continentales. Para noviembre de 2015 se encontraban 23 NNA no acompañados bajo tutela de los cuales tres eran niñas y el resto varones.[2]

[1] La información fue procesada por el Observatorio a partir de los datos del Censo 2010: Población por lugar de nacimiento y sexo, según grupo de edad. Total del país. Año 2010

[2] Informe 2015. Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio



13 mayo, 20166min0

En Argentina hasta el año 2004 estuvo vigente la denominada Ley Videla (Ley Nº 22.439), que regía con una fuerte concepción de los migrantes como amenaza a la seguridad nacional. Esta ley establecía restricciones explícitas en el acceso a derechos fundamentales y dificultaba las instancias de regularización, resultando en que la mayor parte de los migrantes permanecía en situación irregular lo que dificultaba aún más el acceso a derechos sociales. Esta situación migratoria afectaba particularmente a los niños quienes tenían dificultad de acceder a la educación o a la salud por su propia situación migratoria – no contemplada de forma específica en la normativa – o la de sus padres.

la_quiacaEn diciembre de 2003 se sanciona la Ley Nº 25.871 que será reglamentada en el 2010. La nueva normativa impone un cambio radical en la concepción de las personas migrantes y habilita numerosos mecanismos de protección y promoción de los derechos. En particular el artículo 4 establece que “el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”, artículo que ha hecho que la normativa Argentina sea reconocida en el mundo como vanguardia al distinguir el derecho humano a migrar. Asimismo la ley expresa el derecho al acceso a la salud y a la educación prohibiendo cualquier restricción por origen o irregularidad migratoria.

La ley contempla también estrategias de reunificación familiar y permite considerar la residencia para niños y niñas migrantes que migran junto a sus familiares o tutores, más particularmente el artículo 10 establece: “El Estado garantizará el derecho de reunificación familiar de los inmigrantes con sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con capacidades diferentes”

Además de esta normativa, en el 2006 se sanciona la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, la Ley Nº 26.165, primera ley de protección de refugiados de la Argentina, donde se incorpora una amplia y explícita concepción de Derechos Humanos (ALVAREZ NIEVAS & BELLO, 2012). Esta ley establece las obligaciones de protección del Estado hacia los refugiados, como el principio de no devolución incluido en varios artículos, e instaura una institucionalidad específica para el otorgamiento del status de refugiado. Una característica interesante de esta normativa es que se establece la concepción del refugiado siguiendo la Declaración de Cartagena, la cual amplía la definición contenida en la Convención de 1951, incluyendo a las personas que han huido de su país “(…) porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Estas dos normativas regulan el ingreso, la permanencia, los derechos y las obligaciones de los extranjeros en Argentina, cada una atendiendo a las particularidades de las poblaciones que gestiona.

Estas leyes se conjugan con la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley Nº 26.061) de Argentina sancionada en el 2005, la cual estipula en su primer artículo: “esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina”, abarcando de esta manera a toda la minoridad sin distinción de nacionalidad ni situación administrativa.

Tanto la Ley Nº 25.871 como la 26.061 establecen la universalidad del acceso a la salud y educación independientemente de la condición migratoria de la persona. Esto sin lugar a dudas es una de las características más destacables de la normativa a pesar de las aun persistentes dificultades de acceder a este derecho.

Mas recientemente, en agosto del 2015, entró en vigor el Nuevo Código Civil y Comercial de Argentina que identifica a todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos en la misma línea que la Ley Nº 26.061, es decir recuperando los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Incluye asimismo el concepto de autonomía progresiva, esto significa que se deben reconocer las capacidades de los NNA y que, cuando cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, pueden ejercer sus derechos personalmente. Se especifican algunas condiciones para esta autonomía y se distingue la adolescencia como el período comprendido entre los 13 y los 17 años inclusive.

 

 

 


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5 mayo, 201611min0

La ley de salud mental estipula que toda internación de una persona menor de 18 años en virtud de un padecimiento mental, se supone involuntaria, por lo tanto, requiere de un control de legalidad por parte del juez, y de una asistencia técnica letrada para la persona menor de edad que atraviesa una situación de internación.

La decisión de internación la toma un equipo técnico interdisciplinario que interviene cuando llega un caso, sea que esto suceda en hospitales monovalentes –como el Tobar García-, hospitales polivalentes –cualquier otro hospital, o una clínica psiquiátrica o comunidad terapéutica, o clínica u hogar de atención especializada en donde se presente un caso de persona menor de edad que requiera de internación. No importa el lapso de tiempo, si la misma será leve o prolongada, siempre se debe informar al juez de la jurisdicción en que esté radicada la jurisdicción.

Es el Equipo interdisciplinario (psiquiatra, médico, psicólogo, asistente social) de la institución (hospital monovalente, polivalente, clínica o comunidad terapéutica) la que  resuelve el criterio de internación e informa al juez para que confiera legalidad a la medida. En simultáneo, informa a la Unidad de letrados creado por el artículo 22º de la LNSM para que en el lapso de pocas horas envíe un abogado de la Unidad para ofrecer asistencia técnica y patrocinio a la persona internada.

Si bien el mecanismo es el mismo en todas las jurisdicciones, el entramado institucional que se va a describir, corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. En la Unidad letrada dependiente del Ministerio Público de la Defensa, hay 6 abogados destinados a la tarea. En caso de que la persona internada tenga un abogado particular, éste es el que asume su representación.

El informe que va al juzgado debe contener elementos que los jueces observan a fin de sopesar si la medida estuvo bien tomada, esto es, si el criterio de internación justifica la internación. Muchas veces, la formalidad es lo único que se considera en esta instancia. La Unidad de letrados, además de los abogados que ejercerán la Defensa Técnica, dispone también de un equipo interdisciplinario que está integrado por un psiquiatra, una trabajadora social y dos psicólogas. Este equipo está en condiciones de confrontar el diagnóstico en términos terapéuticos.

Una vez que la medida goza de legalidad, es necesario monitorearla, y allí, intervienen otros actores: el Defensor Público de menores e incapaces, y el curador en caso de que la persona menor de edad requiera de un tutor. Cada juzgado de familia, a su vez, dispone de un equipo técnico en el que se desempeñan dos asistentes sociales (24 juzgados, 48 asistentes sociales). También las Defensorías públicas disponen de dos asistentes sociales por Defensoría (7 Defensorías, 14 asistentes sociales). Y también las Curadurías disponen de asistentes sociales.

Es decir que hay asistentes sociales en los Juzgados, las Defensorías y las Curadurías. Es importante identificar estas figuras porque usualmente son las que conocen más sobre la casuística y sobre las circunstancias de las personas. En tal sentido, son las más activas en la búsqueda de alternativas, en la toma de contacto con las personas “padecientes” y sus familias y las que realizan los informes sobre los que luego se basarán el resto de los actores del campo judicial. Si bien los informes no son vinculantes en la teoría, sí lo son en la práctica ya que los equipos técnicos captan importantes aristas de las problemáticas que entran en juego.

Cuando llega al  Juzgado un pedido de control de legalidad por una internación involuntaria de una persona menor de edad, se produce una primera divisoria de aguas, ya que la 26.061 y la 26.657 tienen zonas de superposición. Las situaciones de vulneración de derechos, sobre todo las crónicas, muchas veces degeneran en problemáticas de la índole del padecimiento mental. En el caso de NNYA, son frecuentes los casos que llegan desde el Hospital Tobar García, pero no son los únicos, también llegan casos de internaciones por adicciones (acaso menos frecuentes que los que llegan en juzgados de familia de la PBA). Aquí es importante el criterio jurisdiccional, ya que interviene el juzgado correspondiente a la jurisdicción, por lo tanto, si un adolescente tuvo un episodio psiquiátrico o adictivo en un barrio privado de Zona Norte, es probable que intervenga la justicia de familia del Departamento Judicial de San Isidro, si fue en Zona Sur, es factible que intervenga el Departamento Judicial de Quilmes, o La Plata, y así. Intervienen  los tribunales con sede en el partido más próximo.

Lo real y concreto es que lo que tenemos efectivamente en los juzgados son los casos que llegan a los juzgados y esto es un recorte de los casos que deberían o estarían en condiciones de llegar. Es factible detectar múltiples vías de fuga. A medida que se  avanza en el conocimiento del campo, se pone de relieve la cantidad de NNYA que el sistema filtra, no retiene en sus redes, o bien, suelta apenas puede. De todos modos, el universo es variopinto. Hay NNYA con problemas indiscutibles de padecimiento mental, y hay NNYA con problemáticas de vulnerabilidad social extrema que en potencia con la cronicidad que le confiere la trasmisión generacional y se convierten en problemáticas muy parecidas a la salud mental.

En cualquier caso cabe hacer distinciones entre la población de NNYA que transitan una internación involuntaria. Dentro de este universo, hay casos que son “leves”, que pueden remitir. Cuando se dice “leves” se hace en función de dos parámetros: a) entidad de la problemática, y b) entorno familiar o continente. Aun cuando la entidad de la problemática no sea grave, si el entorno familiar es incontinente, o no existe tal entorno, o el grado de deterioro es muy alto, la problemática, leve en su origen, se torna “grave” si asimilamos “grave” a la dificultad de encontrar una respuesta que no prolongue alternativas institucionales de cuidado, de protección o de resguardo. En forma inversa, problemáticas “severas” en su diagnóstico, que cuentan con entornos continentes, permeables a la búsqueda de soluciones posibles, y con recursos (al menos simbólicos), pueden tramitarse con auxilio de programas y controles pero sin recurrir a la internación, y reservar ésta para momentos críticos. Los casos no suelen responder a «tipos puros» y las problemáticas  vienen mezcladas. Las adicciones concebidas como padecimiento mental tienen agravantes cuando hay patologías de base, y eso da lugar a situaciones híbridas en donde “en un mismo lodo, locos y drogaos”.

 

Y también se pueden analizar las otras variantes: cuando no se encuentra a la familia, y hay que buscar un recurso institucional más permanente, cuando las problemáticas son más complejas, cuando vienen asociadas a discapacidades físicas, o a violencias, cuando se trata de una adolescente embarazada o ya madre, y así, multiplicar la variedad hasta el infinito.

Aun son muchos los casos de institucionalizaciones en virtud de la 26657 que no se reportan:

  • Casos que son derivados a la Casa Faro y Casa Puerto, que cuando arriban dicen que quieren irse, y entonces, los sueltan
  • Casos que llegan a los hospitales polivalentes de la Ciudad de Buenos Aires (en ese caso, no se sabe si es ignorancia, o desidia)
  • Casos de comunidades terapéuticas o clínicas privadas, que siguen operando como siempre (es más, sus equipos interdisciplinarios no tienen trabajadores sociales, y sigue predominando lo psi, la demanda, el tratamiento voluntario no coactivo) y cuando el tratamiento tiene solvencia de los demandantes, los directores creen que están eximidos de reportar a la justicia… como antes de la LNSM
  • Casos que se pierden en la búsqueda de familiares y se derivan, y cambian de jurisdicción, y entonces, también se pierden

El común denominador en todos los casos, es que son chicos que ya tienen trayectoria institucional, y que expulsarlos, o no retenerlos no es sino la crónica de un reingreso anunciado en situaciones cada vez más crónicas.



4 mayo, 20162min0

A partir de la Ley de Salud Mental,  la internación de una persona menor de 18 años en virtud de un padecimiento mental se supone siempre involuntaria, y por lo tanto, requiere de un control de legalidad por parte del juez, y de una asistencia técnica letrada para la persona menor de edad que atraviesa la situación de internación. En esta Sección se  describen los entramados institucionales  y circuitos que involucra la institucionalización de NNYA en virtud de la ley 26657.

Hace algunos años que viene constatándose un descenso en las institucionalizaciones de índole penal en los dispositivos dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (SENNAF). Este dato abre una cantidad de interrogantes. ¿Es que realmente descienden las internaciones como consecuencia de la prédica sobre lo nocivo de la internación? ¿Es que habían cambiado la índole de las conductas disvaliosas protagonizadas por adolescentes y jóvenes? ¿Qué factores estarían explicando este descenso. En el año 2012, la Defensora General de la Nación en una conferencia sobre Institucionalización de NNYA y jóvenes, informó que había aproximadamente 500 chicos institucionalizados en clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta afirmación nos invitó a explorar la índole de las internaciones terapéuticas y psiquiátricas y revisar la correlación el aumento sufrida por éstas últimas respecto de la cantidad de personas menores de edad alojadas en dispositivos penales, que para entonces, estaba estimada en un tercio de este número.