Institucionalización y control de legalidad

A partir de la Ley de Salud Mental,  la internación de una persona menor de 18 años en virtud de un padecimiento mental se supone siempre involuntaria, y por lo tanto, requiere de un control de legalidad por parte del juez, y de una asistencia técnica letrada para la persona menor de edad que atraviesa la situación de internación. En esta Sección se  describen los entramados institucionales  y circuitos que involucra la institucionalización de NNYA en virtud de la ley 26657.

Hace algunos años que viene constatándose un descenso en las institucionalizaciones de índole penal en los dispositivos dependientes de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (SENNAF). Este dato abre una cantidad de interrogantes. ¿Es que realmente descienden las internaciones como consecuencia de la prédica sobre lo nocivo de la internación? ¿Es que habían cambiado la índole de las conductas disvaliosas protagonizadas por adolescentes y jóvenes? ¿Qué factores estarían explicando este descenso. En el año 2012, la Defensora General de la Nación en una conferencia sobre Institucionalización de NNYA y jóvenes, informó que había aproximadamente 500 chicos institucionalizados en clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta afirmación nos invitó a explorar la índole de las internaciones terapéuticas y psiquiátricas y revisar la correlación el aumento sufrida por éstas últimas respecto de la cantidad de personas menores de edad alojadas en dispositivos penales, que para entonces, estaba estimada en un tercio de este número. 

Institucionalizaciones de NNYA en virtud de la ley 26.657/10 Ley Nacional de Salud Mental

La implementación de la ley 26.657 de salud mental sancionada a finales de 2010 explicaba en grado significativo el alto número de institucionalizaciones en clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas, Dicha ley entiende que las adicciones deben ser abordadas en tanto padecimientos psíquicos[1] y por ende deben ser abordadas en forma terapéutica y no penal. Esta conceptualización de las adicciones como enfermedad y no como delito explicó el traspaso de la materia y la competencia que las atiende. En el ámbito de la CABA las comunidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas ya habían sido traspasadas a la CABA en virtud del Acta de traspaso firmado entre Nación y CABA en 2007, en ocasión de dar cumplimiento a la ley 26.061 de Protección de los derechos de NNYA.  Así las cosas, el monitoreo de las internaciones por razones de salud mental (del carácter que fuere) debía ir a buscarse al entramado institucional dependiente de la CABA, y siendo que el ámbito de competencia es en la órbita de la Salud, ya el referente no es más el CDNNYA, sino el Ministerio de Salud, y dentro de éste, las dos Direcciones competentes: Dirección de Adicciones y Dirección de Salud Mental.

Una dificultad para el rastreo de los chicos institucionalizados en virtud de la ley, deriva del hecho que bajo el paraguas de sufrimiento mental, ingresan también otras categorías: niños con vulnerabilidades psicosociales y problemáticas de diferentes índoles, niños en situaciones de abandonos crónicos que atendidos por hospitales monovalentes como el Tobar García, niños privados de cuidados parentales alojados en hogares de atención especializada, etc. Esto lleva a que el universo de las institucionalizaciones por salud mental sea mucho más variopinto que el de las cuestiones penales.

La ley de salud mental estipula que toda internación de una persona menor de 18 años en virtud de un padecimiento mental, se supone involuntaria[2], por lo tanto, requiere de un control de legalidad[3] por parte del juez, y de una asistencia técnica letrada[4] para la persona menor de edad que atraviesa una situación de internación.

La decisión de internación la toma un equipo técnico interdisciplinario[5] que interviene cuando llega un caso, sea que esto suceda en hospitales monovalentes –como el Tobar García-, hospitales polivalentes –cualquier otro hospital, o una clínica psiquiátrica o comunidad terapéutica, o clínica u hogar de atención especializada en donde se presente un caso de persona menor de edad que requiera de internación. No importa cuánto dure la internación, si la misma será leve o prolongada, siempre se debe informar al juez de la jurisdicción en que esté radicada la Institución que ordena la medida restrictiva.

Es el Equipo interdisciplinario (psiquiatra, médico, psicólogo, asistente social) de la institución (hospital monovalente, polivalente, clínica o comunidad terapéutica) la que  resuelve el criterio de internación e informa al juez para que confiera legalidad a la medida. En simultáneo, informa a la Unidad de letrados creado por el artículo 22º de LNSM para que en el lapso de pocas horas envíe un abogado de la Unidad para ofrecer asistencia técnica y patrocinio a la persona internada.

Si bien el mecanismo es el mismo en todas las jurisdicciones, el entramado institucional que se va a describir, corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. En la Unidad letrada dependiente del Ministerio Público de la Defensa, hay 6 abogados destinados a la tarea. En caso de que la persona internada tenga un abogado particular, éste es el que asume su representación.

El informe que va al juzgado debe contener elementos que los jueces observan a fin de sopesar si la medida estuvo bien tomada. Especialmente, se connota si el criterio de internación está bien fundamentado, si el riesgo cierto e inminente existe y si el informe está firmado por un equipo interdisciplinario[6]. Muchas veces, la formalidad es lo único que miran en esta instancia. La Unidad de letrados dispone a su vez de un equipo interdisciplinario que está integrado por un psiquiatra, una trabajadora social y dos psicólogas.

Una vez que la medida goza de legalidad, es necesario monitorearla. Además del juez que debe recibir informes con una periodicidad no mayor a 30 días[7], intervienen otros actores: el Defensor Público de menores e incapaces, y el curador en caso de que la persona menor de edad requiera de un tutor. Cada juzgado de familia, a su vez, dispone de un equipo técnico en el que se desempeñan dos asistentes sociales (24 juzgados, 48 asistentes sociales). También las Defensorías públicas disponen de dos asistentes sociales por Defensoría (7 Defensorías, 14 asistentes sociales). Y también las Curadurías disponen de asistentes sociales.

Es decir que hay asistentes sociales en los Juzgados, las Defensorías y las Curadurías. Es importante identificar estas figuras porque usualmente son las que conocen más sobre la casuística y sobre las circunstancias de las personas  y son las más activas en la búsqueda de alternativas, en la toma de contacto con las personas “padecientes” y sus familias y las que realizan los informes sobre los que luego se basarán el resto de los actores del campo judicial. Si bien los informes no son vinculantes en la teoría, sí lo son en la práctica ya que los equipos técnicos captan importantes aristas de las problemáticas que entran en juego.

Cuando llega al  Juzgado un pedido de control de legalidad por una internación involuntaria de una persona menor de edad, se produce una primera divisoria de aguas, ya que la ley 26.061 y la ley 26.657 tienen zonas de superposición. Las situaciones de vulneración de derechos, sobre todo las crónicas, muchas veces degeneran en problemáticas de la índole del padecimiento mental. En el caso de NNYA, son frecuentes los casos que llegan desde el Hospital Tobar García, pero no son los únicos, también llegan casos de internaciones por adicciones (acaso menos frecuentes que los que llegan en juzgados de familia de la PBA). Aquí es importante el criterio jurisdiccional, ya que interviene el juzgado correspondiente a la jurisdicción, por lo tanto, si un adolescente tuvo un episodio psiquiátrico o adictivo en un barrio privado de Zona Norte, es probable que intervenga la justicia de familia del Departamento Judicial de San Isidro, si fue en Zona Sur, es factible que intervenga el Departamento Judicial de Quilmes, o La Plata, y así. Intervienen  los tribunales con sede en el partido más próximo.

Lo real y concreto es que lo que tenemos efectivamente en los juzgados son los casos que llegan a los juzgados y esto es un recorte de los casos que deberían o estarían en condiciones de llegar. Es factible detectar múltiples vías de fuga. A medida que se  avanza en el conocimiento del campo, se pone de relieve la cantidad de NNYA que el sistema filtra, no retiene en sus redes, o bien, suelta apenas puede. De todos modos, el universo es variopinto. Hay NNYA con problemas indiscutibles de padecimiento mental, y hay NNYA con problemáticas de vulnerabilidad social extrema que en potencia con la cronicidad que le confiere la trasmisión generacional y se convierten en problemáticas muy parecidas a la salud mental.

El común denominador en todos los casos, es que son chicos que ya tienen trayectoria institucional, y que expulsarlos, o no retenerlos no es sino la crónica de un reingreso anunciado en situaciones cada vez más crónicas.

[1] Art. 4° – Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los articulos de salud.

[2] Art. 26. – En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces, se debe proceder de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la presente ley. En el caso de niños, niñas y adolescentes, además se procederá de acuerdo a la normativa nacional e internacional de protección integral de derechos.

REGLAMENTACIÓN (Decreto reglamentario 603/13). ARTÍCULO 26.- En las internaciones de personas declaradas incapaces o menores de edad sé deberá:

  1. a) Ofrecer alternativas terapéuticas de manera comprensible,
  2. b) Recabar su opinión,
  3. c) Dejar constancia de ello en la historia clínica,
  4. d) Poner a su disposición la suscripción del consentimiento informado.

En caso de existir impedimentos para el cumplimiento de estos requisitos deberá dejarse constancia de ello con informe fundado.

Asimismo deberá dejarse constancia de la opinión de los padres o representantes legales según el caso.

Para las internaciones de personas menores de edad el abogado defensor previsto en el artículo 22 de la Ley Nº 26.657 deberá estar preferentemente especializado en los términos del artículo 27 inciso c) de la Ley Nº 26.061.

[3] Art. 20. – La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.

Para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar:

  1. a) Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra;
  2. b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento;
  3. c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.

Artículo 20. REGLAMENTACIÓN DECRETO 603/13. ARTICULO 20.- Entiéndese por riesgo cierto e inminente a aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable que amenace o cause perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros.

Ello deberá ser verificado por medio de una evaluación actual, realizada por el equipo interdisciplinario, cuyo fundamento no deberá reducirse exclusivamente a una clasificación diagnóstica. No se incluyen los riesgos derivados de actitudes o conductas que no estén condicionadas por un padecimiento mental.

Las Fuerzas de Seguridad que tomasen contacto con una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros por presunto padecimiento mental, deberán intervenir procurando evitar daños, dando parte inmediatamente y colaborando con el sistema de emergencias sanitarias que corresponda. La Autoridad de Aplicación en conjunto con el MINISTERIO DE SEGURIDAD elaborará protocolos de intervención y capacitación en base al criterio de evitar todo tipo de daños para sí o para terceros.

Aún en el marco de una internación involuntaria, deberá procurarse que la persona participe de la decisión que se tome en relación a su tratamiento

[4] El artículo 22° de la LNSM prevé la creación de una Unidad de letrados que dispone de abogados que asisten a las personas institucionalizadas.

[5] ARTICULO 15. — La internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes.

[6] Ver nota 3 y 5. ARTICULO 20. — La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar:

  1. a) Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra;
  2. b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento;
  3. c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera.

[7] Art. 24. – Habiendo autorizado la internación involuntaria, el juez debe solicitar informes con una periodicidad no mayor a TREINTA (30) días corridos a fin de reevaluar si persisten las razones para la continuidad de dicha medida, y podrá en cualquier momento disponer su inmediata externación. Si transcurridos los primeros NOVENTA (90) días y luego del tercer informe continuase la internación involuntaria, el juez deberá pedir al órgano de revisión que designe un equipo interdisciplinario que no haya intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial interviniente, a fin de obtener una nueva evaluación. En caso de diferencia de criterio, optará siempre por la que menos restrinja la libertad de la persona internada.

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