Entramado institucional de actores que intervienen en el control de legalidad por 26.657-10

La ley de salud mental estipula que toda internación de una persona menor de 18 años en virtud de un padecimiento mental, se supone involuntaria, por lo tanto, requiere de un control de legalidad por parte del juez, y de una asistencia técnica letrada para la persona menor de edad que atraviesa una situación de internación.

La decisión de internación la toma un equipo técnico interdisciplinario que interviene cuando llega un caso, sea que esto suceda en hospitales monovalentes –como el Tobar García-, hospitales polivalentes –cualquier otro hospital, o una clínica psiquiátrica o comunidad terapéutica, o clínica u hogar de atención especializada en donde se presente un caso de persona menor de edad que requiera de internación. No importa el lapso de tiempo, si la misma será leve o prolongada, siempre se debe informar al juez de la jurisdicción en que esté radicada la jurisdicción.

Es el Equipo interdisciplinario (psiquiatra, médico, psicólogo, asistente social) de la institución (hospital monovalente, polivalente, clínica o comunidad terapéutica) la que  resuelve el criterio de internación e informa al juez para que confiera legalidad a la medida. En simultáneo, informa a la Unidad de letrados creado por el artículo 22º de la LNSM para que en el lapso de pocas horas envíe un abogado de la Unidad para ofrecer asistencia técnica y patrocinio a la persona internada.

Si bien el mecanismo es el mismo en todas las jurisdicciones, el entramado institucional que se va a describir, corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. En la Unidad letrada dependiente del Ministerio Público de la Defensa, hay 6 abogados destinados a la tarea. En caso de que la persona internada tenga un abogado particular, éste es el que asume su representación.

El informe que va al juzgado debe contener elementos que los jueces observan a fin de sopesar si la medida estuvo bien tomada, esto es, si el criterio de internación justifica la internación. Muchas veces, la formalidad es lo único que se considera en esta instancia. La Unidad de letrados, además de los abogados que ejercerán la Defensa Técnica, dispone también de un equipo interdisciplinario que está integrado por un psiquiatra, una trabajadora social y dos psicólogas. Este equipo está en condiciones de confrontar el diagnóstico en términos terapéuticos.

Una vez que la medida goza de legalidad, es necesario monitorearla, y allí, intervienen otros actores: el Defensor Público de menores e incapaces, y el curador en caso de que la persona menor de edad requiera de un tutor. Cada juzgado de familia, a su vez, dispone de un equipo técnico en el que se desempeñan dos asistentes sociales (24 juzgados, 48 asistentes sociales). También las Defensorías públicas disponen de dos asistentes sociales por Defensoría (7 Defensorías, 14 asistentes sociales). Y también las Curadurías disponen de asistentes sociales.

Es decir que hay asistentes sociales en los Juzgados, las Defensorías y las Curadurías. Es importante identificar estas figuras porque usualmente son las que conocen más sobre la casuística y sobre las circunstancias de las personas. En tal sentido, son las más activas en la búsqueda de alternativas, en la toma de contacto con las personas “padecientes” y sus familias y las que realizan los informes sobre los que luego se basarán el resto de los actores del campo judicial. Si bien los informes no son vinculantes en la teoría, sí lo son en la práctica ya que los equipos técnicos captan importantes aristas de las problemáticas que entran en juego.

Cuando llega al  Juzgado un pedido de control de legalidad por una internación involuntaria de una persona menor de edad, se produce una primera divisoria de aguas, ya que la 26.061 y la 26.657 tienen zonas de superposición. Las situaciones de vulneración de derechos, sobre todo las crónicas, muchas veces degeneran en problemáticas de la índole del padecimiento mental. En el caso de NNYA, son frecuentes los casos que llegan desde el Hospital Tobar García, pero no son los únicos, también llegan casos de internaciones por adicciones (acaso menos frecuentes que los que llegan en juzgados de familia de la PBA). Aquí es importante el criterio jurisdiccional, ya que interviene el juzgado correspondiente a la jurisdicción, por lo tanto, si un adolescente tuvo un episodio psiquiátrico o adictivo en un barrio privado de Zona Norte, es probable que intervenga la justicia de familia del Departamento Judicial de San Isidro, si fue en Zona Sur, es factible que intervenga el Departamento Judicial de Quilmes, o La Plata, y así. Intervienen  los tribunales con sede en el partido más próximo.

Lo real y concreto es que lo que tenemos efectivamente en los juzgados son los casos que llegan a los juzgados y esto es un recorte de los casos que deberían o estarían en condiciones de llegar. Es factible detectar múltiples vías de fuga. A medida que se  avanza en el conocimiento del campo, se pone de relieve la cantidad de NNYA que el sistema filtra, no retiene en sus redes, o bien, suelta apenas puede. De todos modos, el universo es variopinto. Hay NNYA con problemas indiscutibles de padecimiento mental, y hay NNYA con problemáticas de vulnerabilidad social extrema que en potencia con la cronicidad que le confiere la trasmisión generacional y se convierten en problemáticas muy parecidas a la salud mental.

En cualquier caso cabe hacer distinciones entre la población de NNYA que transitan una internación involuntaria. Dentro de este universo, hay casos que son “leves”, que pueden remitir. Cuando se dice “leves” se hace en función de dos parámetros: a) entidad de la problemática, y b) entorno familiar o continente. Aun cuando la entidad de la problemática no sea grave, si el entorno familiar es incontinente, o no existe tal entorno, o el grado de deterioro es muy alto, la problemática, leve en su origen, se torna “grave” si asimilamos “grave” a la dificultad de encontrar una respuesta que no prolongue alternativas institucionales de cuidado, de protección o de resguardo. En forma inversa, problemáticas “severas” en su diagnóstico, que cuentan con entornos continentes, permeables a la búsqueda de soluciones posibles, y con recursos (al menos simbólicos), pueden tramitarse con auxilio de programas y controles pero sin recurrir a la internación, y reservar ésta para momentos críticos. Los casos no suelen responder a «tipos puros» y las problemáticas  vienen mezcladas. Las adicciones concebidas como padecimiento mental tienen agravantes cuando hay patologías de base, y eso da lugar a situaciones híbridas en donde “en un mismo lodo, locos y drogaos”.

 

Y también se pueden analizar las otras variantes: cuando no se encuentra a la familia, y hay que buscar un recurso institucional más permanente, cuando las problemáticas son más complejas, cuando vienen asociadas a discapacidades físicas, o a violencias, cuando se trata de una adolescente embarazada o ya madre, y así, multiplicar la variedad hasta el infinito.

Aun son muchos los casos de institucionalizaciones en virtud de la 26657 que no se reportan:

  • Casos que son derivados a la Casa Faro y Casa Puerto, que cuando arriban dicen que quieren irse, y entonces, los sueltan
  • Casos que llegan a los hospitales polivalentes de la Ciudad de Buenos Aires (en ese caso, no se sabe si es ignorancia, o desidia)
  • Casos de comunidades terapéuticas o clínicas privadas, que siguen operando como siempre (es más, sus equipos interdisciplinarios no tienen trabajadores sociales, y sigue predominando lo psi, la demanda, el tratamiento voluntario no coactivo) y cuando el tratamiento tiene solvencia de los demandantes, los directores creen que están eximidos de reportar a la justicia… como antes de la LNSM
  • Casos que se pierden en la búsqueda de familiares y se derivan, y cambian de jurisdicción, y entonces, también se pierden

El común denominador en todos los casos, es que son chicos que ya tienen trayectoria institucional, y que expulsarlos, o no retenerlos no es sino la crónica de un reingreso anunciado en situaciones cada vez más crónicas.

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