Marco normativo dirigido a la niñez migrante en Argentina

En Argentina hasta el año 2004 estuvo vigente la denominada Ley Videla (Ley Nº 22.439), que regía con una fuerte concepción de los migrantes como amenaza a la seguridad nacional. Esta ley establecía restricciones explícitas en el acceso a derechos fundamentales y dificultaba las instancias de regularización, resultando en que la mayor parte de los migrantes permanecía en situación irregular lo que dificultaba aún más el acceso a derechos sociales. Esta situación migratoria afectaba particularmente a los niños quienes tenían dificultad de acceder a la educación o a la salud por su propia situación migratoria – no contemplada de forma específica en la normativa – o la de sus padres.

la_quiacaEn diciembre de 2003 se sanciona la Ley Nº 25.871 que será reglamentada en el 2010. La nueva normativa impone un cambio radical en la concepción de las personas migrantes y habilita numerosos mecanismos de protección y promoción de los derechos. En particular el artículo 4 establece que “el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”, artículo que ha hecho que la normativa Argentina sea reconocida en el mundo como vanguardia al distinguir el derecho humano a migrar. Asimismo la ley expresa el derecho al acceso a la salud y a la educación prohibiendo cualquier restricción por origen o irregularidad migratoria.

La ley contempla también estrategias de reunificación familiar y permite considerar la residencia para niños y niñas migrantes que migran junto a sus familiares o tutores, más particularmente el artículo 10 establece: “El Estado garantizará el derecho de reunificación familiar de los inmigrantes con sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con capacidades diferentes”

Además de esta normativa, en el 2006 se sanciona la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, la Ley Nº 26.165, primera ley de protección de refugiados de la Argentina, donde se incorpora una amplia y explícita concepción de Derechos Humanos (ALVAREZ NIEVAS & BELLO, 2012). Esta ley establece las obligaciones de protección del Estado hacia los refugiados, como el principio de no devolución incluido en varios artículos, e instaura una institucionalidad específica para el otorgamiento del status de refugiado. Una característica interesante de esta normativa es que se establece la concepción del refugiado siguiendo la Declaración de Cartagena, la cual amplía la definición contenida en la Convención de 1951, incluyendo a las personas que han huido de su país “(…) porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Estas dos normativas regulan el ingreso, la permanencia, los derechos y las obligaciones de los extranjeros en Argentina, cada una atendiendo a las particularidades de las poblaciones que gestiona.

Estas leyes se conjugan con la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley Nº 26.061) de Argentina sancionada en el 2005, la cual estipula en su primer artículo: “esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina”, abarcando de esta manera a toda la minoridad sin distinción de nacionalidad ni situación administrativa.

Tanto la Ley Nº 25.871 como la 26.061 establecen la universalidad del acceso a la salud y educación independientemente de la condición migratoria de la persona. Esto sin lugar a dudas es una de las características más destacables de la normativa a pesar de las aun persistentes dificultades de acceder a este derecho.

Mas recientemente, en agosto del 2015, entró en vigor el Nuevo Código Civil y Comercial de Argentina que identifica a todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos en la misma línea que la Ley Nº 26.061, es decir recuperando los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Incluye asimismo el concepto de autonomía progresiva, esto significa que se deben reconocer las capacidades de los NNA y que, cuando cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, pueden ejercer sus derechos personalmente. Se especifican algunas condiciones para esta autonomía y se distingue la adolescencia como el período comprendido entre los 13 y los 17 años inclusive.

 

 

 

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