28 junio, 201611min0

El Régimen Penal de la Minoridad, Ley 22.278/80, es el que administra los casos donde un joven menor de 18 años de edad es acusado de cometer un delito. Este Decreto-Ley, modificado en el año 1983 por la Ley 22.803 ha quedado desactualizado en relación a los tratados internacionales que firmó la Argentina en la materia, así como a la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes[1].

En este sentido, muchos han sido los proyectos de Ley que en diferentes momentos se han presentado en las dos Cámaras del Congreso de la Nación, proponiendo una Ley Penal Juvenil. Muchos proyectos se fueron presentando, y luego de discusiones y negociaciones, el 25 de noviembre de 2009 en la Cámara de Senadores fue aprobado uno (si bien había diferentes criterios acerca del proyecto, dado que el mismo proponía bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, luego de algunas negociaciones fue aprobado), denominado Régimen legal aplicable a las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal, que, con esa media sanción, pasó a ser discutido en la Cámara de Diputados, para su efectiva conversión en Ley. Ese proyecto perdió estado parlamentario, y desde entonces no se ha aprobado otro.

Desde el Observatorio hemos relevado y analizado algunos de esos momentos. Los cuadros que pueden consultarse a continuación son una síntesis de las propuestas vigentes cada año que realizamos el relevamiento.

Como se podrá observar, para el año 2016 sólo hay tres proyectos con trámite parlamentario en el Congreso. Por lo general, al ser un tema tan sensible y controversial, las discusiones en el Congreso se activan teniendo muy en cuenta el contexto, por ejemplo, cuando algún hecho mediático con un joven implicado interpela a los legisladores.

Si miramos todos los proyectos presentados y re presentados a lo largo de estos años, podemos observar que, si bien con algunas diferencias significativas como ser la edad de imputabilidad penal, parecería haberse arribado a un consenso en cuanto a la necesidad de una Ley Penal Juvenil, acorde a un Régimen de Responsabilidad Penal, donde los jóvenes tengan un proceso con garantías, diferente al de los adultos, etc.

El no haberse sancionado aún una Ley penal juvenil, brinda un contexto de oportunidades para volver a pensar acerca de qué tipo de normativa proponer, dado que en otros países de la región (caso de chile, por ejemplo) el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil ya ha mostrado sus falencias.

Resulta interesante mencionar que la Comisión de Infancia de Justicia Legítima, compuesta por los Dres. Julián Axat, Mirta López González, Damián Muñoz y Gustavo Caruso, elaboró diez puntos para una futura ley penal juvenil nacional. Estos son los aspectos principales: • El interés de la reforma se funda en la necesidad de establecer un régimen penal juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia. • Una ley penal juvenil implica desterrar el complejo tutelar y separar definitivamente las cuestiones de los NNyA en conflicto con la ley penal de aquellos que se encuentran en situación de vulneración de derechos. • La ley penal juvenil deberá contener la expresa prohibición de judicializar cuestiones que no importen imputaciones de delitos. • La ley no debería bajar la edad de punibilidad fijada en 16 años. • Privación de la libertad como excepción y por plazo breve. • Ejecución progresiva y morigerada de la privación de libertad. Necesidad de fundar la sanción de mayor restricción y tabulación de sanciones conforme proporcionalidad. • La ley penal juvenil deberá priorizar las medidas alternativas al proceso judicial penales, sin excepciones de delitos. Se sugiere que la pena más alta no exceda los 7 (siete) años, aun en los casos de concursos de delitos. • Deberá asegurarse la presencia de la defensa técnica especializada e integral del niño/a o adolescente desde la primera intervención policial y durante todo el proceso penal. • Oportunidad reglada y discrecional. Desjudicialización. Prohibición de la abreviación de los procesos penales juveniles. • La Ley debe garantizar un sistema especializado. De los operadores, del procedimiento y de los dispositivos.

Asimismo, cabe mencionar que el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, ha elaborado hasta el momento cuatro Actas compromiso (2008, 2011, 2014 y 2015) que se erigen como base de la política en la materia del Sistema Penal Juvenil. Su objetivo es adecuar el régimen penal juvenil a un sistema respetuoso de los Derechos Humanos, bajo los estándares previstos en la Constitución Nacional y en la normativa internacional que rige en la materia. En el Acta Compromiso que se firma en el año 2015, “Acta Declaración contenidos mínimos de una nueva ley penal juvenil” los consejeros mencionan cuáles son las normas que debería contener una nueva ley penal[2].

Desde el Observatorio, estamos muy atentos a las nuevas discusiones que puedan producirse, esperando que las mismas no tengan que ver con el fervor punitivo-represivo, sino en pensar una Ley que pueda enmarcar la administración judicial para jóvenes pensando en ellos.

———–

 

[1] Cabe mencionar que muchas Provincias han hecho un esfuerzo para incorporar a su normativa procesal herramientas jurídicas que permiten que esos procedimientos contengan los principios previstos en los instrumentos internacionales de Justicia juvenil.

[2] Dichas normas, publicadas en el Relevamiento Nacional de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (año 2015), Ministerio de Desarrollo social y UNICEF, son:
1. La edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, en respeto al principio de no regresividad y de progresividad en la garantía de los derechos. Sin perjuicio de las medidas especiales que en protección de los derechos del niño puedan adoptarse.
2. Las personas punibles menores de edad contarán, como mínimo, con las mismas garantías procesales que los adultos; es decir, proceso penal, abogado defensor oficial o particular, intervención del fiscal, fundamentación de las resoluciones, control de medidas cautelares, recurso y revisión por órgano superior.
3. Mantener la eximición de pena a partir de la conducta que tuvieran luego del delito, ya que el fin del sistema no es retributivo sino resocializador en concordancia con los tratados de Derechos Humanos; (Antecedente: Corte Suprema de Justicia, caso Maldonado) ha limitado el monto de pena aplicable a esta franja a la que le corresponde excepcionalmente y solo en caso de ser necesario un tercio de la pena aplicable a los adultos (tentativa);
4. La remisión y la suspensión del juicio a prueba, con contenidos específicos en la reparación del daño y la participación de la víctima;
5. Medidas alternativas como la mediación, conciliación, reparación, requeridos por las normas internacionales (justicia restaurativa),
6. Que el proceso concluye con la absolución del acusado o la declaración penalmente responsable con la imposición de una pena basada en una escala penal atenuada.
7. Un máximo de duración de la medida.
8. Establecer taxativamente las medidas a aplicarse en relación a los hechos tipificados por los cuales son sospechados de responsabilidad penal.
9. Aplicar medidas de restricción de derechos que pueden ir desde la libertad asistida o vigilada (supervisión y monitoreo), así como otras medidas que impliquen obligaciones de cumplimiento efectivo o prohibiciones, hasta la internación en régimen cerrado, semiabierto o abierto.
10. Resguardar la especialización hasta la etapa de ejecución penal incluida.
11. Permitir la determinación de la pena hasta los 21 años de edad haciendo posible una intervención estatal más prolongada en términos de restablecimiento de derechos y posibilidad de articulación con los sistemas administrativos y judiciales (Observación general Nro. 10).

 

 

Cuadro resumen de Proyectos de Ley Penal Juvenil 2016

Cuadro resumen Proyectos de Ley Penal Juvenil 2015

Cuadro resumen Proyectos de Ley Penal Juvenil 2012

Cuadro resumen Proyectos de Ley Penal Juvenil 2009

Cuadro resumen Proyectos de Ley Penal Juvenil 2007

 

 


tapa-CDN-25-791x1024.jpg

27 junio, 20161min0

Este trabajo da cuenta del proceso de cambio referido al derecho a la educación, que se produce en Argentina desde la sanción de la CDN, su incorporación a la constitución nacional, la sanción de la ley de promoción y protección de derechos nacional y las leyes y reformas educativas que tuvieron lugar en estos 25 años.

tapa CDN 25Dentro de este proceso se identifican dos grandes momentos en materia de política educativa, que son a su vez organizadores del  informe. Uno identificado en la década del 90, y el segundo comenzando a partir del año 2003 y profundizándose en el 2005, materializados ambos por diversos cambios normativos y consecuentes dictados de políticas públicas.

Aquí acceso al informe completo



26 junio, 20162min0

La Asesoría General Tutelar, hasta 2013 comandada por una fuerza de oposición en la Ciudad -coherente con el estatuto de contralor y auditoría- se preocupó tempranamente por la institucionalización amparada en motivos de padecimiento mental y produjo algunos documentos temáticos– Acaso, lo más interesante es que puso sobre el tapete un problema hasta el momento invisibilizado: la gran cantidad de NNYA con órdenes de externación que permanecían “cautivos” en instituciones conveniadas con el gobierno de la CABA por no tener referentes que se hicieran cargo de los mismos. Un número nada desdeñable por cierto, sumado a que los hogares otrora de atención integral, es decir, aquellos que tradicionalmente se ocupaban de los chicos con problemas asistenciales (los típicos casos de abandono material o moral, violencia, abandonos y otros padecimientos) habían empezado a convertirse en hogares de atención especializadas, lo que se tradujo en una mayor profesionalización y en consecuencia, la asignación de mejores montos percibidos per capita.

La Unidad de Letrados para personas menores de edad creada por el artículo 22º de la LNSM confecciona sus propios registros de los casos en que se informa a esa Unidad de internaciones de personas menores de edad.



25 junio, 20168min0

En relación a la institucionalidad que gestiona o impacta en la situación de la niñez migrante en Argentina, la misma puede distinguirse en tres grandes áreas: 1) las áreas encargadas del control y gestión de los migrantes y solicitantes de refugio, 2) las áreas de protección y promoción de la infancia y 3) las instancias judiciales o de asesoría jurídica . Estas se distribuyen asimismo en distintos poderes públicos. El siguiente diagrama presenta esquemáticamente las principales instituciones que intervienen.

grafico 1

 

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que depende del Ministerio del Interior, tiene a su cargo el control migratorio en todos sus ámbitos, desde el control de ingresos y egresos en frontera  hasta el otorgamiento de residencias temporales y/o permanentes. La DNM es parte asimismo de la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE). La DNM puede emitir disposiciones para regular casos específicos en relación al control migratorio. Entre las disposiciones más relevantes que se han emitido destinadas a niños, niñas y adolescentes se encuentra la relativa al egreso e ingreso de menores ( disposición N° 3328/2015, ajustada a raiz del Nuevo Código Civil )  que además de organizar la autorización para salir o entrar del país a NNA acompañados con uno de sus progenitores o persona responsable, establece la aplicación del «Protocolo para la protección, asistencia y búsqueda de soluciones duraderas para los niños no acompañados o separados de sus familias en busca de asilo» para satisfacer las necesidades de protección y cuidado de los niños no acompañados o separados de sus familias que buscan protección internacional en el país

La CONARE es un organismo compuesto por representantes de distintas instituciones del Poder ejecutivo (Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, del Ministerio de Desarrollo Social, del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo- INADI), también participan como observadores el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y  una organización social. Está a su cargo estudiar y otorgar el estatuto de refugiado a una persona así como de proteger los derechos de los refugiados y contribuir en la búsqueda de opciones para su integración local y asistencia. En el caso de los NNA, se ocupará específicamente de los Menores No Acompañados solicitantes de asilo así como de aquellos menores de edad que vengan junto con sus familias o responsables y que sean solicitantes de asilo.

En el Poder Ejecutivo se encuentra finalmente la Secretaría Nacional de la niñez, adolescencia y familia que es el órgano rector de las Políticas públicas destinadas a los NNA en Argentina y que se rige por la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Desde este organismo se contemplan programas y acciones destinadas a proteger y promover los derechos de los NNA. No contempla sin embargo (hasta el momento) acciones focalizadas destinadas a NNA migrantes, aun cuando en sus programas no existen restricciones explícitas que impidan a un NNA extranjero ser destinatario de las mismas. En su ámbito también recae la protección de NNA que hayan sido identificados como posibles víctimas de trata.

En el ámbito del Ministero Público de la Defensa, existen dos instancias específicas de asesoramiento jurídico a migrantes. Por un lado la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio que contempla “en el caso particular de refugiados y solicitantes del reconocimiento de dicha condición que sean niños, niñas o adolescentes no acompañados o separados de sus familias, además de intervenirse en todas las etapas del procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, el tutor a cargo de la Tutoría Pública N° 1 asume su tutela y representación legal. Asimismo, se realiza un acompañamiento y seguimiento integral del niño, niña o adolescente, por parte del personal de la Comisión afectado a dichas tareas” (Ver Informe 2015). Dentro de esta comisión funciona el Programa de Asistencia y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes no Acompañados o Separados de su Familia que se ocupa de los NNA solicitantes de refugio no acompañados o separados.

Finalmente la Comisión del Migrante, también dentro del Ministerio Público de la Defensa tiene como objetivo asesorar jurídicamente a personas migrantes sometidas a procedimientos administrativos de expulsión por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, en virtud de haber cometido un delito y encontrarse privadas de la libertad o de hallarse en una situación de irregularidad migratoria. Si bien esta Comisión no tiene a su cargo la asesoría específica para niñas, niños y adolescentes los atiende de manera indirecta en el caso de asesoría a las familias migrantes con niños.

Otra área que sin ser específica cumple un rol fundamental es el Programa Comunitario de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal, que facilita el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad a partir de una aproximación territorial.Más allá de estas instituciones específicas muchos otros organismos del Estado tienen incidencia en la niñez migrante, como el ANSES, el Ministerio de educación, ministerio de salud, el INADI y las Defensorías del pueblo, entre otros.


logo-face1-300x268-e1495401593299.jpg

25 junio, 20161min0

En este artículo elaborado por Silvia Guemureman y Alcira Daroqui, las autoras se proponen mostrar la violencia que es ejercida sobre los jóvenes de sectores socialmente vulnerables, aquellos habitualmente señalados como violentos y capturados por las agencias de control social y que desfilan por toda la cadena punitiva, desde la aprehensión por alguna de las fuerzas de seguridad, pasando por los pasillos de los tribunales y dirimiendo sus destinos entre la libertad, el riesgo, la cárcel y la muerte prematura.


El_Ministerio_Publico_Fiscal_de_la_Nacion_celebro_convenio_con_la_Universidad_Popular_Madres_de_Plaza_de_Mayo_noticia.jpg

25 junio, 20161min0

Este informe presenta los resultados del procesamiento y sistematización realizado por el área de Registros y Bases de Datos de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) de la Procuración General de la Nación, sobre los datos obrantes en la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) y que fueron brindados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de dicha área, que releva y sistematiza esta información desde el año 2008.



23 junio, 20162min0

Marisa Feffermann,

Editora VOZES, 2006.

(resumen de la presentación realizada por Iray Carone -professora aposentada do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e pesquisadora da Universidade Paulista-)

Com diz um ditado latino, são os leitores que determinam o destino de um livro. Eu diria que o livro de Marisa, resultante de uma tese de doutorado defendida no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, criou algo realmente novo para análise e reflexão dos leitores sobre a realidade dos jovens inscritos no tráfico de drogas.feffermann_vidas arriscadas

No âmbito geral, é um livro sobre os jovens de classes subalternas  e os riscos de vida que estão correndo nas sociedades atuais, sobretudo naquelas em que o Estado se mostra omisso e violento.

Se analisarmos a configuração da exposição do livro, veremos que obedece a uma premissa da dialética clássica: a do primado do todo sobre a parte, do primado do social sobre o individual. O estudo sobre as condições objetivas (econômicas, históricas, políticas e sociais) é parte necessária de sua análise das condições subjetivas, ou seja, da psi cologia social dos jovens inscritos na prática do narcotráfico. E mais: em seis capítulos, encontraremos três sobre os jovens (capítulos 3, 5 e 6); sobre as condições objetivas, os outros três (capítulos 1, 2 e 4). Mas não são partes indissociadas, pois tudo que está referido nos capítulos sobre as condições objetivas está também presente como determinações dialéticas nos capítulos sobre as condições subjetivas.

 



23 junio, 20162min0

José Manuel Valenzuela (coordinador)

Biblioteca de Infancia y Juventud, Ned Ediciones, 2015

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de Magisterio de Ayotzinapa, en Iguala – Guerrero, tomaron autocares con el fin de trasladarse a la Ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968, pero fueron interceptados por la policía y el ejército. Los jóvenes fueron secuestradjuvenicidio_FINAL_15,81mmOKos y entregados al narcogrupo Guerreros Unidos.

Los sucesos de Ayotzinapa se inscriben en un marco definido por el Juvenicidio, proceso que implica una condición precaria persistente que ha costado la vida de decenas de miles de jóvenes en México, a cientos de miles en América Latina y se ha extendido también por Europa.

El Juvenicidio posee varios elementos constitutivos que incluyen precarización, pobreza, desigualdad, estigmatización y estereotipamiento de conductas juveniles (de manera especial de algunos grupos y sectores juveniles) y la banalización del mal. El orden dominante ha ampliado las condiciones de precariedad, vulnerabilidad e indefensión de estos grupos usando ordenamientos clasistas, racistas, sexistas, homofóbicos, y un orden prohibicionista que, con el pretexto de combatir al llamado crimen organizado, ha funcionado como estrategia que limita los espacios sociales de libertad.

El panel pone frente al espejo el caso de Ayotzinapa con otras formas de juvenicidio acaecidas en países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Colombia y Centroamérica, así como con nuevas formas de juvenicidio moral emergentes en Europa.