Documento por el traspaso de los dispositivos del área penal juvenil

Documento suscripto por organizaciones y referentes del tema a partir del Decreto presidencial 873/2016 que transfiere los Programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal, dependientes hasta el momento de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), a la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A continuación, un breve resumen del documento

En primer lugar, las organizaciones firmantes, declaran preocupación al desconocimiento público acerca de los criterios sobre los cuales se está definiendo este proceso, que se lleva adelante a puertas cerradas, sin intercambios ni diálogos con las organizaciones, sindicatos, instituciones y especialistas que venimos trabajando en el terreno de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad.

En particular, exigen información respecto a cuál será el órgano de aplicación y cuáles los organismos de control, cuál será la modalidad de trabajo para la inclusión de los/as adolescentes en conflicto con la ley y de qué manera se adecuarán a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de personas menores de edad privadas de libertad, cuáles serán los recursos con los que contarán los dispositivos transferidos y cuál será la situación de los trabajadores frente al traspaso.

A su vez, señalan el estado de emergencia en el que se encuentran las políticas públicas de infancia en la Ciudad, por la falta de recursos adecuados, los escasos presupuestos, la sobrecarga y colapso de los equipos técnicos y el estado de precariedad en que se encuentran los dispositivos y programas que trabajan con la niñez y su familia. Sostienen que es necesario fortalecer el Sistema de protección de derechos en la Ciudad, única manera de disminuir la cantidad de adolescentes que ingresan a los dispositivos de intervención en esta materia, y que se requiere instaurar una institucionalidad en la Ciudad que priorice los objetivos socioeducativos, de inclusión social y que permita brindar los recursos efectivos para posibilitar un proyecto de vida alternativo a aquellos adolescentes que transitan por estos Centros Cerrados por motivos penales.Por ello, consideran inadecuada la idea de que, por tratarse de intervenciones respecto de adolescentes que han cometido delitos, debiera centrarse la intervención exclusivamente en ámbitos del Ministerio de Justicia o Seguridad.

Por último, frente a los rumores de que estos dispositivos podrían pasar a depender del “Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes de la Ciudad”, consideran que ello resulta inconveniente. El Consejo organismo creado bajo la Ley 114 con la función de orientar y articular las políticas de infancia que se desarrollen en la Ciudad y velar por la promoción y el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no podría funcionar como un organismo de aplicación. Resulta una contradicción el hecho que el organismo que debe controlar sea el mismo que lleve adelante las medidas de encierro. Así mismo, recalcan que, de acuerdo a la legislación vigente de la Ciudad, en su Ley Nº 2451 de Régimen Procesal Penal Juvenil, ningún adolescente menor de 16 años puede ser sometido a la intervención judicial, ni puede ser alojado en un dispositivo de régimen cerrado en el ámbito de la Ciudad. Los dispositivos de egreso se señala, también deben ser fortalecidos para que puedan cumplir su función de evitar reingresos en los centros de régimen cerrado.  

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