La gravedad del avance hacia medidas punitivas en la política migratoria

El 19 de agosto pasado, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) publicó en su sitio web la noticia de la firma con bombos y platillos de un Convenio con el Ministerio de Seguridad de Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la creación de un Centro de detención de migrantes, claro que la denominación oficial apela al término de “retención”. El uso de eufemismos  en la detención migratoria es similar a la que se apela en otras extensiones del sistema penal, como los institutos de menores (BOUILLY et ANDERSEN, 2012).

Este avance punitivo explícito ha generado duras condenas por parte de organismos de Derechos Humanos, colectivos migrantes, académicos y activistas de distintas esferas que se consolidó en un petitorio que al día de hoy ya tiene más de 2500 firmas.  Ver el petitorio

Esta medida no es sin embargo aislada sino que encarna un giro político punitivo en materia de seguridad (Ver informe de coyuntura del Observatorio) que incluye la criminalización de las migraciones. Muestra de ello es la campaña publicitaria por los “controles de permanencia” que está llevando a cabo la Dirección Nacional de Migraciones[2]. En el cual como se observa, lejos de estar buscando y publicitando situaciones de trata o explotación laboral (como indican en el comunicado citado) promueven y publicitan el hallazgo de personas en situación “irregular” lo que tiene como efecto volver sospechosos a los ojos de la sociedad a las personas migrantes.  Esta mirada transfiere la responsabilidad del Estado al migrante, a pesar de que es el Estado quien tiene la obligación de realizar acciones positivas en pro de la regularización: “el Estado proveerá lo conducente a la adopción e implementación de medidas tendientes a regularizar la situación migratoria de los extranjeros” (Ley 25.871, Art. 17). Recordemos y subrayemos: Ningún migrante elige la irregularidad.

 

controlpermanencia

Esta política activa de detención y control se complementa con el repliegue en políticas relativas al acceso a la documentación. No solo la DNM ha cerrado delegaciones claves sino que  se desmontó el programa de abordaje territorial que permitía facilitar el acceso a la documentación, esto se acompaña con un retiro más amplio del Estado en materia social en las zonas de mayor concentración de población en situación de vulnerabilidad, donde frecuentemente también puede encontrarse mayor presencia extranjera.

A partir de una entrevista realiza a un funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones recientemente, surgió que desde la DNM se están realizando jornadas de capacitación en las distintas delegaciones con el objetivo de “ajustar la aplicación de la Ley”, entre los aspectos que señaló el funcionario se trataba de acortar los plazos que se dan para el ingreso, verificar que coincida el motivo real de ingreso con el tipo de visado,  cumplir la orden de expulsión agotando todas las instancias, etc. Más allá de cómo se fundamenten estas directivas, se trata de una sumatoria de mecanismos que giran hacia lo restrictivo, lo punitivo y el interés de desalentar la migración. Desde cualquier óptica esto se opone al Derecho a migrar que encabeza nuestra normativa migratoria y cuya interpretación debe guiar y primar en la aplicación de toda la Ley.

La construcción de un centro de detención deviene, una vez más y al igual que en los países europeos, un símbolo de la lucha “contra la irregularidad migratoria” (en los propios términos lo planteó en su primer comunicado la DNM). Y resulta un símbolo porque un recinto de 11 plazas en el medio de la Ciudad de Buenos Aires no lograría en ningún caso resolver el problema de la irregularidad migratoria, tal y como no lo resuelve en ningún otro país. La implementación de esta tecnología de control es costosa, violatoria de los derechos humanos e ineficiente. Estos espacios tendrán un fuerte impacto emocional en la vida de las personas migrantes, de sus familias e hijos; y son frecuentemente aquellos que se encuentran en la mayor situación de vulnerabilidad quienes serán objeto de estas medidas. Es necesario que  esa inversión se reoriente hacia  estrategias y políticas de acceso a la documentación que garanticen el cumplimiento del Artículo 4 de la Ley 25.871 de política migratoria Argentina: “el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad” (Ley 25.871, Art. 4).

[1] Ver el tercer comunicado en este enlance: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?noticia=3199

[2] Se puede buscar en twitter el tag #ControlDePermanencia

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