Autoridades de los poderes ejecutivos nacional y provinciales, jueces, fiscales, defensores, ONGs y expertos de todo el país debatieron sobre una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil Buenos Aires

Compartimos un comunicado de prensa de UNICEF, sobre el encuentro realizado en la Facultad de Derecho, para  debatir una Ley de Justicia Penal Juvenil, que regule la situación de los chicos, las chicas y adolescentes en conflicto con la ley penal.

 

26 de agosto de 2016.-

UNICEF y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación convocaron a jueces, fiscales, defensores, abogados y profesionales del derecho de todo el país a debatir una Ley de Justicia Penal Juvenil, que regule la situación de los chicos, las chicas y adolescentes en conflicto con la ley penal. El objetivo del encuentro es avanzar hacia la redacción de una propuesta de ley que contemple el proceso legal de los jóvenes infractores a la ley penal que sea acorde a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) que en Argentina tiene rango constitucional y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061).

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y la Representante de UNICEF en Argentina, Florence Bauer, cerraron hoy las jornadas que incluyeron paneles centrales con disertantes especialistas en la temática y mesas de debate específico sobre medidas alternativas al proceso judicial, medidas alternativas a la privación de libertad, sanciones y garantías y edad de imputabilidad, entre otros.

“La ley penal (22278) mantiene un régimen inquisitivo, que aún hoy posibilita la ausencia de justicia especializada, la ausencia de aplicación (y de contenidos definidos) de medidas alternativas con contenido socioeducativo, en todo el país” refirió el Ministro de Justicia Germán Garavano. “El Ministerio viene trabajando en diversos temas vinculados con la justicia penal juvenil órganos judiciales de competencia específica, procedimientos adaptados a los adolescentes, instituciones de ejecución especializadas sanciones y medidas alternativas diferentes del régimen general, principio y garantías sustanciales; a través del Programa Justicia 2020, por medio del cual ya se inició un foro virtual e intercambio con actores del país, en el que ya se recibieron propuestas de proyectos y se tiene previsto en los próximos meses viajes programados para Córdoba, San Luis y Salta a fin de continuar profundizando el diálogo, los aportes y relevando la situación de la justicia penal juvenil”.

“El Ministerio de Justicia está también abocado a la sistematización y actualización de estadísticas para conocer la cantidad de NNA que delinquen, diferenciando población etárea, y tipos de delitos cometidos, información fundamental para elaborar un proyecto de ley penal juvenil”, agregó el Ministro. “Estos diálogos pretenden obtener insumos para abordar el proyecto, pero también, relevar necesidades de las provincias para abordar mejoras, más allá de un futuro proyecto de ley, pues sabemos que más allá de la ley, las prácticas pueden adecuarse progresivamente al paradigma de derechos instalados por la Convención”, concluyó.

La normativa argentina actual no resulta compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño ni con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles penalmente y tienen menos garantías procesales que los adultos. Esta situación presenta grandes diferencias de una provincia a otra, dado que elaboran sus propios regímenes procesales penales con fuertes diferencias en el tratamiento de un mismo delito según el organismo interviniente. La ausencia de una ley marco nacional favorece estas disparidades entre provincias.

“Mejorar la situación de los chicos es un desafío que requiere de la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos”, afirmó Florence Bauer. “Necesitamos una ley que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen como regla medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional, y sólo en casos de extrema necesidad, la restricción de la libertad personal”.

“Este es el primer diálogo a nivel federal sobre justicia penal juvenil que decidimos coorganizar con UNICEF. EL Ministro tiene previsto para el primer semestre del año 2017 elaborar un nuevo proyecto de ley penal juvenil acorde a los estándares internacionales. No hay ni habrá ningún proyecto sin un previo amplio debate. Procuramos que estén aquí representadas todas las provincias, desde sus poderes ejecutivos, judiciales, ONGsy especialistas. La dinámica del evento se conforma por seis ponencias en total que serán disparadores de los temas a abordar luego en las mesas de debate. La lógica de una mesa de debate armónica, y la capacidad de las salas motiva que este evento tenga un cupo máximo de 120 personas. Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Justicia y DDHH, a través de su programa justicia 2020 tiene ya abierto su foro virtual para dialogar y recibir aportes de todos los ciudadanos del país que así lo deseen, y encuentros presenciales donde podrán inscribirse libremente. Sabemos de los avances en materia penal juvenil: La Argentina hace ya 27 años incorporó la CDN; dictó la Ley Nacional de Protección Integral, muchas provincias se aggiornaron a los estándares internacionales en derechos humanos. Y de los retrocesos: Argentina sigue aplicando una ley penal (22278) dictada en la dictadura militar, arbitraria, sin garantías para niños, niñas y adolescentes. Estos diálogos pretenden obtener insumos para abordar el proyecto, pero también, relevar necesidades de las provincias para abordar mejoras, más allá de un futuro proyecto de Ley” sostuvo el Subsecretario de Política Criminal, Martín Casares.

La primera mesa del encuentro, “Sistema especializado en Justicia Penal Juvenil”, la abrió Pablo Jantus, Juez integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal. Los otros paneles centrales del jueves 25 estuvieron a cargo de Alejandro Morlachetti, Experto del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, quien disertó sobre “Medidas alternativas al proceso judicial”; y la Jueza de Garantías del Joven y Presidenta de la Asociación Argentina de Magistrados y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), Patricia Klentak, cuyo tema fue “Medidas alternativas a la privación de libertad como regla y no como excepción”.

La jornada del viernes 26 empezó con otro panel central quese tituló “Delitos y sanciones especializadas acorde a los estándares internacionales y nacionales en materia de niñez y adolescencia” y el expositor fue Pablo Alejandro Barbirotto, Juez a cargo del Despacho del Juzgado Penal de Niños y Adolescentes de Paraná, Entre Ríos.

La segunda mesa acerca de “La discusión sobre la edad de imputabilidad”, estuvo a cargo de Norberto Liwski, Presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos. Siguió Roberto Cipriano García, Director del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la memoria de la Provincia de Buenos Aires, con una ponencia sobre “Centros de privación de libertad. Estructuración conforme a estándares internacionales, monitoreo frecuente e independiente”.

Todas las discusiones y los intercambios de este primer encuentro federal de profesionales del derecho y especialistas en niñez convocados por UNICEF y el Ministerio de Justicia se editarán en un documento de trabajo para avanzar hacia la redacción de una propuesta de Ley de Justicia Penal Juvenil. Participaron del encuentro funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y provinciales, funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación y provinciales, Ministerio de Seguridad de la Nación y provinciales y del Ministerio de Desarrollo Social, jueces, fiscales, defensores, Tribunales Superiores de Justicia provinciales, expertos, miembros de ONG y académicos.

Contacto: María José Ravalli Especialista en Comunicación

mjravalli@unicef.org

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