Informe CELS 2015 – Parte II “Instituciones de seguridad y sistema penal”

En esta entrada compartimos la “Parte II” del Informe correspondiente al año 2015 elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El mismo parte de la crítica a la gestión del FPV, afirmando que la “democratización de las fuerzas de seguridad y de los sistemas penitenciarios, los ámbitos de reproducción de las más graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, no fue una prioridad de las políticas públicas implementadas en los últimos años”.

En la sección, se analizan las consecuencias de esta ausencia de políticas públicas en la materia: el autogobierno de las instituciones represivas, la violencia institucional, las amenazas a la gobernabilidad, la corrupción. Se sostiene que existe una situación que afecta directamente a cualquier política de inclusión social que se pretenda implementar en paralelo.

En los capítulos que componen la sección, se analizan las consecuencias de los discursos y de las políticas que proponen el endurecimiento penal como forma de reducir el delito. Entre ellas, la llamada “emergencia en seguridad”, en la provincia de Buenos Aires, que tuvo según el organismo gravísimos efectos para la vigencia de los derechos humanos a lo largo de 2014, así como el aumento del hacinamiento carcelario y una profundización de las prácticas violentas letales por parte de la policía.

Desde 2002-2003 la política de no represión de cortes y manifestaciones se había caracterizado por principios como la legitimidad de las protestas, el gobierno político de la actuación policial y la estricta regulación del uso de la fuerza y la mediación política de los conflictos. Según el informe del CELS, durante 2013 y 2014 los operativos de seguridad de las fuerzas federales en diferentes cortes implicaron graves retrocesos respecto a estos principios.

Por último, el informe del CELS da cuenta de como en el contexto de auge de discursos punitivistas, algunos referentes políticos han intentado reabrir la cuestión del involucramiento de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior,  especialmente el “combate al narcotráfico”, y analiza la importancia de la demarcación entre defensa nacional y seguridad interior en un estado que se pretenda democrático, así como las graves consecuencias que ha tenido en otros países de América Latina la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad.

Leer Parte II del Informe 2015 completa.

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