ALERTA – Declaración del OAJ y el GESPyDH ante el avance de la baja en la edad de imputabilidad

El OBSERVATORIO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES -OAJ y el GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS HUMANOS- GESPyDH  manifiestan rechazo por la falta de reconocimiento de los CONSENSOS ARRIBADOS en el marco de la Mesa 8-  DEFINICIÓN DE IMPUTABILIDAD DE LOS JÓVENES MENORES DE EDAD, realizada en Ministerio de Justicia el día  Jueves 23 de febrero de 2017. 

En el marco de la decisión del  gobierno de avanzar con la reforma del régimen penal de la minoridad,  se organizaron durante el mes de febrero en el Ministerio de Justicia ocho mesas temáticas que abordaron los diferentes aspectos que tiene que contemplar un futuro régimen de responsabilización penal juvenil. La Mesa 8 fue la última y la más concurrida de las previstas en el proceso de consulta. Hubo mucha demanda de inscripción.

Participaron especialistas en el área y especialmente actores judiciales de este campo. La mesa se realizó como la mayoría de las mesas, en el salón del piso 11 del Ministerio de Justicia y fue precedida y acompañada de una copiosa manifestación de organizaciones que se pronunciaron enfáticamente por el NO A LA BAJA.  Estuvieron los representantes de asociaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos  y promotores y adherentes a los colectivos de No a la Baja y Argentina no baja. La movilización y acto político duró varias horas bajo el tórrido calor de la tarde, se prolongó incluso algunas horas mientras transcurría la discusión en la Mesa.

El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Marín Casares, fue el coordinador de la Mesa y como tal, luego de pasar revista todo el proceso de discusión, describiendo los distintos tipos de reuniones realizadas con diferentes actores (jueces, fiscales y defensores, y legisladores y asesores legislativos), hizo un relato breve de los consensos arribados en las 7 Mesas de trabajo. Los consensos arribados fueron auspiciosos, y permiten pensar en que es posible avanzar en un genuino proceso de debate y construcción de un proyecto de responsabilización penal juvenil con altos estándares jurídicos.

Luego, explicitó la metodología de trabajo: el orden de expositores estaba prefijado y se había realizado en función del grado de participación en las reuniones y los aportes recibidos. Así, a mayor grado de participación, mejor orden de prelación en la posibilidad de hacer uso de la palabra. Para aquellos que solo asistían a esa reunión, se abrió la lista de oradores para que hablaran con posterioridad a la lista inicial. Los oradores anunciados podían hacer uso de la palabra o desistir y pasar de largo. En los casos de las representaciones institucionales, cuando había más de un inscripto, fue decisión de éstos multiplicar las exposiciones o concentrarlas en un solo orador. La metodología fue aceptada y se dio apertura a las exposiciones.

Aquí deviene importante hacer la distinción entre la imputabilidad y la punibilidad que además, era el primero de los ítems de la agenda solicitaba. La imputabilidad, en tanto concebida sea como susceptibilidad de reprochabilidad de un hecho delictivo a un supuesto autor, sea que se la conciba como capacidad de discernimiento, o capacidad de comprensión y orientación de las acciones con arreglo a fines, es bien distinta de la punibilidad, entendida esta sí como potestad o facultad del estado de fijar la edad a partir de la cual los sujetos son pasibles de recibir  sanciones en carácter de reproche a las acciones disvaliosas.  Situar el eje de la discusión en la edad de imputabilidad es bien distinto entonces, de fijar el hecho en la edad de punibilidad. En el primer caso, se alude a la capacidad de orientarse en la norma, y en tal sentido, se fija un piso a partir del cual se entiende que los sujetos están en condiciones de comprender la norma y dirigir sus acciones. En ese caso, inimputables son aquellos que por distintos causales (art. 34 º del CP)  no pudieron motivarse en la norma o no pudieron dirigir sus acciones.

Siguiendo este razonamiento,  es fácil deducir que “inimputable” no es lo mismo que “no punible”, aun cuando un “inimputable, puede ser no punible, pero no necesariamente un no punible debe ser “inimputable”, siguiendo los propios causales que nos brinda nuestro código penal.  Coextensivamente, entonces, cuando hablamos de NO BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD, LO QUE ESTAMOS RECLAMANDO ES QUE EL ESTADO NO SE ARROGUE LA FACULTAD DE IMPONER SANCIONES A UNA EDAD MÁS TEMPRANA SUSTENTADO EN UNA DECISIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL.

Es importante aclarar esto porque son muchos los actores que se pronuncian en contra de la baja de edad de imputabilidad/punibilidad y que asimilan estos conceptos. De allí derivan confusiones. Es importante aclarar que no todos los actores que participamos en el debate y que estamos “en contra de la baja” sostenemos las mismas posturas. El NO A LA BAJA engloba  colectivos bien heterogéneos, muchos derivados de la asimilación entre punibilidad e imputabilidad.

Del lado del no a la baja de punibilidad, el espectro es más estrecho: la mayoría abona la tesitura de la decisión de política criminal, y en tal sentido, sostiene que siendo que el sistema penal fracasa conforme a sus objetivos declarados, es harto conveniente sustraer lo más posible a los sujetos del ingreso al sistema penal. Antes bien, aceitar los programas de prevención, las políticas públicas y las acciones tendientes a que los más chicos crezcan en condiciones de vida que los doten de perspectivas de desarrollo potencial, que esas perspectivas no aborten su potencia en acto, es decir que se potencien a través de acciones proactivas en forma de programas y políticas públicas dotados de presupuesto y condiciones de posibilidad. También la mayoría de estos actores advierte sobre el funcionamiento real del sistema penal, y las consecuencias del ingreso al mismo “un auténtico viaje de ida”. Y que como siempre son determinados sectores sociales y sus acciones “disvaliosas” la que el sistema penal persigue y ahora además pretende poder encerrar “legítimamente” a jóvenes de esos sectores a partir de los 14 años. Además, advierten sobre el carácter regresivo que implicaría bajar la edad cuando los estándares internacionales abogan en el sentido de subirla paulatinamente. Destacan a su vez que este fue uno de los aspectos que no fue observado por la CIDH  cuando sancionó al país por la aplicación de sentencias condenatorias a prisión perpetua a jóvenes que cumplieron delitos siendo menores de 18 años. Con estos argumentos, abrió la exposición el Dr. Damián Muñoz en representación de la Defensoría General de la Nación[1]. Los argumentos fueron contundentes y fueron referencia obligada de todos los que abonamos la tesitura de NO LA BAJA POR RAZONES DE POLÍTICA CRIMINAL.

De otro lado, entre quienes sostienen el no a la baja, están las posiciones vinculadas a una psicología del desarrollo, en las neurociencias, y en análisis de la biomedicina que fundamentan carencias y deficiencias que no hacen conveniente el descenso de la edad. Estas posiciones tienen algunos rasgos que las asemejan peligrosamente a las doctrinas del discernimiento. También, abonan la tesitura de no a la baja aquellos que sin abundar en explicaciones de tipo evolutivo, entienden que las condiciones deprivación y pobreza extrema son de por sí un argumento de peso para hacer a un lado al sistema penal como horizonte de posibilidad, y en cambio, proponer más estado social como forma de reparar y garantizar derechos.

De la mano de Nora Cortiñas en representación de las organizaciones sociales fueron los propios niños que se manifestaron en contra de la baja denunciando las cosas que les pasan.

En un lugar destacado, cabe mencionar aquellos que sostienen que bajar la edad no  solo no es   necesario, sino que además constituye un riesgo, amén de connotar el apuro y la premura del proceso de debate todo. Esta posición fue esgrimida por la representante de UNICEF en Argentina, Florence Bauer quien alertó sobre el riesgo de una discusión apresurada y el tratamiento de edad como un factor aislado cuando no puede desconocerse el contexto.

Entre todas estas posiciones hay matices, claro está, pero en definitiva todos coinciden en que el sistema penal no pude arreglar las cosas. El sistema penal, desde el encierro punitivo a los controles en territorio, nunca restituye derechos, ni a los adultos ni a los más jóvenes, NUNCA.

Del otro lado, están aquellos que propician la baja de edad de imputabilidad/punibilidad. Aun siendo posiciones residuales, solamente 4 participantes se expidieron en ese sentido, es un desafío a la imaginación sociológica, jurídica y política  explicar los curiosos encuentros que se proponen entre quienes proponen bajar la edad de imputabilidad/punibilidad: De un lado los que se declaran “garantistas a ultranza”, y que aseveran  que los sujetos son punibles desde que nacen, habida cuenta de las cosas que les pueden pasar, y que entonces, meterlos en el sistema penal es dotarlos de garantías, para acotar el espectro de las cosas que les pueden pasar, como estar presos o privados de la libertad (no se explayan sobre las violencias punitivas estatales por parte de las fuerzas de seguridad, para eso, parece que no fueran un eficaz antídoto las garantías). Esta posición falazmente garantista propone el sistema penal como oposición a un sistema falsamente proteccionista y tutelar. Las garantías serían la llave maestra, que a lo que es vicio convierte en virtud. La exponente de esta posición fue la Doctora Laura Musa,  ex diputada y ex Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Ella compartió con todos el horror de la existencia de un menor no punible preso, pero el foco del horror lo ubicó en su carácter de no punible, no es su carácter de privado de libertad. El riesgo de esta posición es inducir a la errónea creencia de que bajando la edad y haciéndolo  punible “con garantías”, la gravedad de la privación de la libertad desaparece.  El discurso de las garantías que podría ser esgrimido con fervor republicano en una verdadera república, hace agua en un estado de derecho en el que se dan cuenta periódicamente de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el estado en los espacios de encierro punitivo, vale en este sentido los 6 informes anuales registro nacional de casos de torturas. Un “estado de derecho” que justamente por ello recibe sanciones de organismos internacionales justamente por violar la observancia de tratados y convenciones de derechos humanos, de detenciones arbitrarias o de vejámenes, torturas y malos tratos. Las garantías no se cumplen ni para aquellos que ya están dentro del sistema penal, y de eso cualquier informe de los organismos de derechos humanos o de contralor puede dar acabada cuenta.  Estas posiciones “falazmente garantistas” se tocan con aquellas que emitidas desde la reacción victimológica, que proponen más sistema penal, más punición aún a sabiendas que el sistema penal no podrá reparar lo irreparable que es la pérdida de seres queridos. Esta posición fue expresada por la Doctora Diana Cohen Agrest quien sufrió la lamentable pérdida de un hijo a manos de un victimario que, nobleza obliga connotar NO ERA MENOR DE EDAD, ERA MAYOR DE EDAD Y PUNIBLE CON TODAS LAS GARANTÍAS. Es interesante connotar las posiciones de quienes están a favor de la baja: por una lado los “garantistas”, y por el otro lado “los justicieros”, que más que justicia, tienen sed de expiación, venganza y castigo, comprensible quizá, pero no admisible como parte y menos “argumento” para debatir sobre los límites y alcances punitivos del Estado.

En el medio, quedan los  NI NI, aquellos que no se expidieron taxativamente ni por la baja, ni a en contra de la baja. Poco queda para agregar sobre estas presentaciones que seguramente, fueron   “sutiles”  apoyos a la baja de edad, aun cuando no tuvieran la suficiente convicción debido a su poca consistencia argumentativa y su ambigüedad política que no les permite defender abiertamente esa posición. Solamente dos expositores quedaron en este rango de “indefinición”.

Al cierre de la jornada quedó claro para TODOS los participantes que los consensos arribados estaban a favor de avanzar en la discusión de un régimen de responsabilidad penal juvenil pero en contra de la baja de imputabilidad/punibilidad.   Incluso el experto internacional al que invitaron expresamente, el Dr. Miguel Cillero, acordó con el consenso y alentó a trabajar con más tiempo y deslizó su apreciación negativa sobre la reforma aplicada en Chile.

El comunicado de UNICEF fue elocuente al respecto[2], y en idéntico sentido aparecieron las primeras declaraciones reconociendo  por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia el estado de situación[3] y hasta el diario Clarín se hizo eco[4].

Sin embargo, en muy pocas horas,  el gobierno se rearticuló y subió la apuesta con estas  declaraciones:

“El Gobierno ratificó su proyecto para bajar la edad de imputabilidad”[5], y más tarde:

“Mauricio Macri anunciará su iniciativa para bajar la edad de imputabilidad el próximo miércoles”[6].

Es altamente preocupante que este  Gobierno no acepte los resultados de una consulta promovida desde el propio gobierno y en los que muchos participamos  para plantear posicionamientos con relación a una trayectoria de compromisos asumidos desde siempre con los derechos humanos que se traduce en acciones que pongan los  límites necesarios al avance de los populismos punitivos y de los “progresismos de derechas” en materia penal.

Es desvergonzado, y cínico por parte de los funcionarios del ministerio de justicia, en particular del propio Ministro Garavano,  convocar para promover consensos y luego desconocer los mismos,  logrados además por amplia mayoría. Una vez más, un profundo desprecio por lo mejor de la política: la discusión fundada, el debate, el respeto a las diferencias  y la construcción de consensos por mayoría.

Convocamos a todos los actores que se manifestaron en contra de la baja a repudiar la decisión de gobierno de presentar el proyecto de ley desconociendo los consensos y los resultados alcanzados en el marco del trabajo en las comisiones, así como también convocamos a todas las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sectores políticos,   académicos y profesionales a profundizar la lucha NO A LA BAJA

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[1] LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN RECHAZA ENFÁTICAMENTE LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD. Subdirección de Comunicación institucional. DGN. MPD., 24/02/2017

[2] Amplio consenso para no bajar la edad de imputabilidad en el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, disponible en https://www.unicef.org/argentina/spanish/media_35638.html

[3] La baja en la edad de imputabilidad sumó algunos rechazos.

Especialistas que estuvieron el jueves en la última reunión de debate promovida por el Gobierno manifestaron sus reparos Sábado 25 de Febrero de 2017

http://www.infobae.com/politica/2017/02/25/el-gobierno-ya-no-buscara-bajar-la-edad-de-imputabilidad/

[4] Al final, el Gobierno no impulsará una baja en la edad de imputabilidad. Había anunciado que la fijaría en 14 años. Pero la comisión creada por el Ministerio de Justicia para debatir el régimen penal de menores lo rechazó. Era central, admitieron. 25/02/2017 – 01:01Clarin.com

[5] El Presidente hablará sobre la importancia de dar la discusión en su discurso ante la Asamblea Legislativa. http://www.infobae.com/politica/2017/02/25/el-gobierno-ratifico-su-proyecto-para-bajar-la-edad-de-imputabilidad/  Sábado 25 de Febrero de 2017

[6] Será uno de los ejes en su discurso en la Asamblea Legislativa. http://www.lanacion.com.ar/1987968-mauricio-macri-anunciara-la-baja-en-la-edad-de-imputabilidad-el-proximo-miercoles  SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2017 • 17:01

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