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15 marzo, 201723min0

Compartimos con ustedes un artículo de análisis publicado en el portal «Va con Firma» de Neuquén, en la que es entrevistada la Dra. Silvia Guemureman, coordinadora del OAJ.

Cambiemos quiere cambiar infancia y adolescencia por encierro

Pese a que en las mesas de discusión sobre la reforma al régimen penal los especialistas se pronunciaron en contra de la iniciativa oficial por amplia mayoría, el gobierno insiste en bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ahora defenderá el objetivo argumentando que se aplicará en casos de delitos “gravísimos” contra la vida, la libertad, y los delitos sexuales. El fogoneo mediático y la falta de relación con los números que arrojan las estadísticas. Los chicos como chivo expiatorio del neoliberalismo.

a de las claves que dejó el vacuo discurso presidencial en el Congreso de la Nación la semana pasada fue la intención de avanzar con lo que el gobierno denomina un “nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”. Mauricio Macri no dio mayores precisiones al respecto, sólo remarcó la necesidad de dar un “debate serio” e incluso se cuidó de evitar una referencia explícita a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Es que luego de haber impulsado una mesa de diálogo con especialistas a principios de enero para avanzar sobre el tema, el Ejecutivo tuvo que volver sobre sus pasos y atenuar al menos sus declaraciones sobre este punto ante un importante sector que se pronunció por el “No a la baja”, frente a posiciones residuales que la defendieron.  No obstante, la iniciativa del oficialismo continúa intacta dado que el proyecto les resulta redituable en términos electorales. Hace tiempo que el tema de la inseguridad está instalado en la sociedad, fogoneado a su vez mediáticamente.

De este modo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, continúa intentando apuntalar la iniciativa aunque con mayor sutileza. En diálogo con radio Rivadavia el funcionario señaló que el gobierno sigue evaluando la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los jóvenes “para hechos muy graves como homicidios y violaciones”.  En su reciente paso por Mendoza, señaló que «los jóvenes son víctimas y victimarios”, en una franja que va de los 13 a los 28 años. «El crecimiento del delito básicamente es un fenómeno urbano, asociado al coeficiente Gini, que mide desigualdad, no pobreza. Cada vez vivimos en centros urbanos más juntos donde la desigualdad es más visible, más palpable”, añadió.

En sintonía, el secretario de Política Criminal, Martín Casares, señaló que el gobierno ya tiene avanzada la redacción de un proyecto para enviar en los próximos meses al Congreso. El mismo incluirá la aplicación de penalidades máximas de entre ocho y diez años de privación de la libertad para los menores hallados culpables de delitos «gravísimos».  “Vamos a bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos gravísimos, contra la vida, la libertad, y los delito sexuales, pero también va haber muchas medidas alternativas», dijo Casares al confirmar el propósito oficial pese a la rotunda negativa de los especialistas a la baja.

«Sólo en los casos muy graves se prevé el encierro pero dentro de un sistema muy especializado. Esa escala de penas cumple además con la Convención de los Derechos del Niño, de que los menores no pueden tener ni condenas a prisión perpetua ni las mismas penas que los adultos», anticipó dando a conocer los argumentos con que intentarán dar batalla para aprobar la normativa.

Según Silvia Guemureman, socióloga y coordinadora del Observatorio de Adolescentes y del Grupo de Estudio sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para delitos graves, constituye una “avanzada hacer entrar por la ventana lo que no pueden hacer entrar por la puerta”. La investigadora que participó del debate propuesto por el ministerio de Justicia hace unas semanas señaló: “Los que estuvimos ahí aceptamos la convocatoria de buena fe y esperamos que se acepten los resultados”.

“El tema de qué es la gravedad o no, es una vara que va a ser absolutamente de aplicación discrecional. Es complicado el tema de qué valorás”, argumentó y analizó: “Obviamente esto es un modo de hacer entrar el tema de la baja”.

La especialista remarcó que el proyecto sigue siendo “regresivo”, al tiempo que continúa desconociendo profundamente los acuerdos internacionales ya que se baja de un estándar adecuado. “Justamente lo que hablan los tratados es de ir subiendo progresivamente las edades”, explicó.

En coincidencia, a abogada y magíster en criminología Claudia Cesaroni, integrante de la red Argentina No Baja y miembro del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) consideró que cualquier proyecto que proponga la baja de la edad de imputabilidad es inconstitucional, ya que viola el principio de no regresividad. «Sería un retroceso, no se puede regresar de un derecho ya adquirido», expresó.

Pese al abrumador rechazo de  la opinión especializada, el gobierno confía en que podrá sumar a la fuerza parlamentaria de Cambiemos, el respaldo del bloque que responde a Sergio Massa, quien incluyó de manera distintiva la baja en la edad de imputación penal en su plataforma presidencial del 2015.

Para el secretario de Política Criminal, «es probable que haya una ley altamente consensuada salvo en ese punto» de la edad de imputabilidad, donde -según admitió- hay visiones ideológicas muy diferenciadas». «Todos estamos de acuerdo en un régimen de protección integral, en derogar el decreto de la dictadura que fija el régimen tutelar, en que haya una justicia especifica y medida alternativas a la privación de libertad, de justicia restaurativa, conciliación y trabajos sociales que le fije condiciones a los chicos», sostuvo Casares.

Sin embargo, quienes están en contra de la baja advierten que es contradictorio intentar zanjar una ley de la dictadura cívico-militar y, por otro lado coincidir en la baja de la edad de punibilidad, que fue lo que hizo la propia dictadura al bajarla a 14 años para luego volverla a subir.

Por otro lado, Casares indicó que «el principal consenso es que el marco de la ley penal es la prevención fijada por ley nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece que el Estado debe prevenir el delito juvenil mediante políticas públicas de desarrollo social, educación y salud».

Si se tiene en cuenta la crisis económica y social que se profundizó a partir de la llegada al poder del gobierno de Cambiemos donde el ajuste y el desmantelamiento de políticas públicas está a la orden del día, este punto ya estaría en franco incumplimiento.

La opinión especializada se plantó

En la última de ocho mesas de discusión sobre la reforma del régimen penal juvenil convocadas por el ministerio de Justicia, el gobierno se llevó la sorpresa de que 34 de los 40 oradores presentes se opusieron de manera tajante a bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. De los seis restantes, sólo dos defendieron esa opción y los demás quedaron indefinidos.

Entre los detractores de la idea, hubo representantes de la Defensoría General de la Nación,  la Sociedad Argentina de Pediatría, la Procuración Penitenciaria, funcionarios de varias provincias y Unicef cuya representante, Florence Bauer, alertó sobre el riesgo de una discusión apresurada y el tratamiento de edad como un factor aislado cuando no puede desconocerse el contexto.

La Mesa 8 fue la última y la más concurrida de las previstas en el proceso de consulta. La acompañó una copiosa manifestación de organizaciones que defendían enfáticamente la consigna de “No a la baja”.

El “No a la baja” engloba  colectivos bien heterogéneos, muchos derivados de la asimilación entre punibilidad (conducta susceptible de aplicar pena) e imputabilidad (capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes).

Del lado del “No a la baja de punibilidad”, la mayoría advierte sobre el funcionamiento real del sistema penal y las consecuencias del ingreso al mismo como “un auténtico viaje de ida” ya que no cumple con el objetivo de reinsertar socialmente a las personas. “La mayoría de los chicos que llegan al sistema penal que es selectivo, son los chicos que vienen con derechos vulnerados desde la cuna. Lo que se les debería ofrecer son políticas públicas y sociales, es decir, acciones positivas y proactivas para que no lleguen al sistema penal porque ahí no pasa nada bueno”, aseguró la socióloga Silvia Guemureman. Y añadió: “Si bajas la edad de punibilidad lo que vas a tener es más pibes encerrados, se va a legalizar una criminalización que se da de hecho. La policía los hostiga, los persigue, produce detenciones que a veces son arbitrarias. Eso lo hace y no es legítimo”. “Si bajas la edad, eso se va a legitimar”, alertó.

A su vez, entre quienes sostienen el no a la baja, están las posiciones vinculadas a una psicología del desarrollo y las neurociencias que fundamentan las carencias y deficiencias no hacen conveniente el descenso de la edad. Estas posiciones tienen algunos rasgos que las asemejan a las doctrinas del discernimiento.

Guemureman diferenció ambas posturas al explicar que una cosa es concebir al niño como sujeto y titular de derechos y otra como un asistido, un menor o un beneficiario al que hay que tutelar.

En las antípodas, están aquellos que propician la baja de edad de imputabilidad/punibilidad declarándose “garantistas a ultranza”. La Doctora Laura Musa,  ex diputada y ex Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires es una de las exponentes de esta posición que postula que los sujetos son punibles desde que nacen, habida cuenta de las cosas que les pueden pasar, y que entonces, meterlos en el sistema penal es dotarlos de garantías.

Desde “Argentina No Baja”  la abogada Claudia Cesaroni refutó este planteo al manifestar: «Ese es un argumento pseudogarantista que es falaz. Es verdad que el decreto 22278 permite la actividad discrecional de los jueces, pero también es cierto que por encima de esa norma hay leyes superavanzadas como la Constitución Nacional y los tratados internacionales».

Discrepancias entre la “sensación” mediática y las cifras

Los jóvenes y la infancia en los medios no suelen tener buena prensa, especialmente si pertenecen a sectores vulnerables. Cada vez que aparece un caso resonante muchos de los titulares, sócalos y comentarios se apresuran a condenar antes que llegue el fallo judicial.

“Cayó el asesino de Brian: tiene 15 años y sus padres lo habían ayudado a escapar. Se llama igual que el adolescente al que mató el sábado en Flores”, fue el título y la bajada de un conocido diario que, sin esperar resoluciones de la justicia dictó sentencia en sus páginas pasando por alto la protección de identidad de los menores tal como lo exige la ley 20056. La normativa prohíbe la difusión de “sucesos referentes a menores de dieciocho años de edad incursos en hechos que la ley califica como delitos o contravención o que sean víctimas de ellos”. Obviamente no fue el único medio de comunicación que cubrió el tema de esa manera.

El polémico caso Brian fue precisamente el que reflotó el proyecto para bajar la edad de castigo penal a menores que cometen crímenes. A fines de diciembre de 2016 el asesinato del chico de 14 años en el barrio de Flores conmovió a la sociedad y volvió a poner el tema del delito juvenil y la inseguridad en la agenda mediática. Aprovechando el impulso, días después, el ministro Garavano, anunció la intención del Gobierno de comenzar a discutir un nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad.

En medio de un clima caldeado por los despidos, tarifazos y altos índices de inflación, los niños y adolescentes se convirtieron en una cuestión de Estado: un chivo expiatorio, catalizador funcional y distractor de problemas estructurales pateados debajo de la alfombra. El síntoma se transformó en causa como si, además, se tratara de un tema cuantitativamenteexorbitante.

En diferentes intervenciones mediáticas, Gabriel Lerner, ex secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ex titular de la Sedronar y miembro del Observatorio por los Derechos de la Infancia Eduardo Bustelo, sostiene que la idea de un crecimiento exponencial del delito juvenil carece de bases verificables. Incluso en uno de sus textos (“No aumenta (por ahora) el delito adolescente”) cita el libro «¿Qué Hacer con la Justicia Juvenil?» escrito por Mary Beloff –según él- la jurista que más sabe de derecho penal de “menores” en la Argentina. “En su trabajo, Beloff reproduce estadísticas reveladoras, de origen oficial, publicadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio Publico nacional”, contextualiza Lerner para luego dar paso a un punteo estadístico que muestra que la incidencia de los delitos cometidos por menores de 18 años es pequeña en relación al total de las causas penales y que además la tendencia es decreciente.

“Según la Corte Suprema, en el año 2007 en la ciudad de Buenos Aires se abrieron un total de 233.867 causas penales, de las cuales 6.056 (2,59% del total) correspondían al fuero de “menores”. Cinco años después –2012, último dato publicado de esa serie- el total de las causas fue de 176.422 y las de pibes y pibas menores de 18 años 4.414 (2,50%). De ese cotejo se desprende que el total de las causas del fuero de “menores” se redujo en un 7% mientras que en esos 5 años el porcentaje de delito adolescente no tuvo variaciones significativas (%2,59/%2,50)”,  precisa Lerner y continúa: “Los datos del Ministerio Público -también para la Ciudad, con otra modalidad de cómputo- revelan que el número total de causas penales en 2007 ascendió a 239.014, mientras que los expedientes cuyas aperturas fueron motivadas por delitos presuntamente cometidos por adolescentes fueron 6.905 (2,88%). Ocho años después, en 2015, el número total de causas abiertas fue de 204.158, mientras que el total de las causas abiertas a adolescentes llego a 3.179 (1,56%). En primer lugar aparece una clara reducción del peso relativo de las causas de “menores”; por otra parte aparece una fuerte reducción absoluta en el numero de causas, que se reducen un 54% en 8 años”.

Lerner también cita cifras de la  provincia de Buenos Aires, donde el tema inseguridad  y delito adolescente es de alta sensibilidad social. A partir de los datos arrojados por el Ministerio Público se desprende que “en el periodo 2009/15 la incidencia del delito adolescente se redujo un 17% pasando del %4,34 al %3,59 del total de los ilícitos; por otra parte, el total de procesos abiertos a menores de 18 años se redujo un 7,5%, casi 2.200 IPP menos entre el primero y el séptimo año de la serie”, explica.

En concordancia, la socióloga y plenarista del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires en representación de la Legislatura, Florencia Gentile, sostuvo en una nota de Ámbito Financiero que «la baja de la edad de imputabilidad es ineficaz como respuesta a la inseguridad porque en términos estadísticos el porcentaje de delitos graves cometidos por menores de 18 años en general y más por menores de entre 14 y 16 años -la franja de los que ahora no son punibles- es ínfimo».

“El gobierno -en un contexto de malestar social generalizado, en particular por el descalabro económico-social de su gestión- ha echado mano de alternativas inspiradas en la “demagogia punitiva”. El desdén por los datos estadísticos -su ocultamiento, incluso- o el de la opinión de quienes trabajan con adolescentes infractores es prueba de que no existe el mismo compromiso con los eventuales beneficios o perjuicios que ese cambio pueda acarrear para la población en general y los chicos y chicas en particular”, argumenta Lerner y advierte: “Va a depender, entonces, de la oposición y de los múltiples actores sociales, judiciales, académicos, militantes por los derechos de chicos y chicas que el debate que el gobierno quiere llevar al Congreso se nutra de datos y experiencias acreditables y deje atrás eslóganes tramposos y reduccionistas construidos para asustar y engañar a millones de compatriotas”. “Deberemos demostrar, por ejemplo, que en los últimos 10 a 15 años no ha habido aumento ni del volumen ni de la incidencia de delitos cometidos por chicos y chicas menores de 18 años; y que fueron las políticas educativas, sanitarias, de protección las que explican esos datos. No es casual que quienes hoy desmantelan esas políticas sociales nos ofrezcan a cambio mano dura para la adolescencia pobre”, concluye.


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8 marzo, 20171min0

El OAJ comparte las declaraciones de la Conferencia de religiosos y religiosas de Guatemala (CONFREGUA) y de  la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), ante la muerte de 30 niños y niñas en el «Hogar Seguro Virgen de la Asunción».

«No más condiciones indignas para nuestra niñez» (ODHAG)

Pronunciamiento de CONFREGUA ante la trajedia en San Jose Pinula


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6 marzo, 201714min0

Organizaciones y especialistas convocados por el Gobierno Nacional para reformar el régimen penal juvenil frente a la iniciativa de reducir la edad mínima de punibilidad

A comienzos de año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación convocó a especialistas, operadores jurídicos, autoridades políticas de todo el país, así como a integrantes de ONGs y representantes de organizaciones de derechos humanos para discutir la reforma del régimen penal juvenil.
Sin perjuicio que la convocatoria ocurrió en medio de la confusión y la vorágine de discursos punitivistas ventilados en varios medios, generados por la comisión de un hecho delictivo trágico y violento que se atribuyó con prisa a un joven no punible, las declaraciones públicas del Ministro Germán Garavano, en cuanto a que la reforma ocurriría luego del período electoral y merced a la construcción de consensos entre los actores involucrados, nos persuadió de que –esta vez– la problemática de la infancia y la juventud en relación al conflicto penal no sería tratada con ligereza y, mucho menos, utilizada para obtener un rédito político.
En la instancia final, luego de enviar nuestros aportes y participar en cada una de las mesas en las que las autoridades del Ministerio dividieron el trabajo, se verificó la más amplia y generalizada coincidencia respecto de que no debe ni puede reducirse la edad punibilidad contemplada en la legislación actual en los 16 años de edad.
Efectivamente, frente a las aisladas y escasas opiniones que no se apoyaron en serios y verdaderos diagnósticos, sino en impresiones y posiciones exclusivamente personales, ofrecimos argumentos jurídicos así como datos empíricos que reflejan que la disminución del mínimo de la edad de responsabilidad penal no solo constituye una medida regresiva en materia de derechos –y por tanto contraria a la Constitución Nacional– sino una iniciativa manifiestamente inútil para abordar la situación de los niños y jóvenes respecto del derecho penal. Y esta posición, constituyó a tal punto una mayoría abrumadora, que varios portales de noticias –entre estos “Infobae” y “Clarín”– dieron cuenta a la mañana siguiente que el gobierno daría marcha atrás con la iniciativa.
Sin embargo, a contra mano de la idea de avanzar con mesura y mantener la discusión al margen de disputas electorales, comenzó a trascender ese mismo día en varios medios de comunicación que el gobierno no daría marcha atrás y que el propio Presidente de la Nación enviaría un proyecto de reforma cuyo eje central sería la reducción de la edad mínima punibilidad a los 14 años de edad.
Como si fuera poco, Martín Casares –Subsecretario de Política Criminal– realizó manifestaciones en las que denostó nuestras intervenciones en contra de la baja, señalando que más allá de eso no efectuamos propuestas. Lo que implica desconocer los aportes que se realizaron en las mesas de trabajo que él mismo coordinó, y los recorridos y experiencias de cada uno de los participantes que nos valió ser parte de la convocatoria. Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Justicia trascendió un comunicado en el que se manipuló el número de asistentes para relativizar el consenso que se alcanzó en el encuentro del pasado 23 de febrero.
Frente a este escenario, y teniendo en cuenta que el Presidente anunció en la apertura de sesiones legislativas que una de sus preocupaciones era la reforma del régimen penal juvenil y subrayó que sus banderas de trabajo son el “diálogo”, el “compromiso” y los “derechos humanos de hoy”, esperamos que honre esas máximas y que, de enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación, respete el consenso alcanzado en las mesas respecto del punto a que no debe reducirse la edad mínima de punibilidad.
Marzo de 2017.

Suscriben:

AJUNAF
Asociación Pensamiento Penal
Colectivo por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, representada por Maricel Segovia.
Colegio de psicólogos de la Prov. de Santa Fe 2° Circ.
Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe
Defensoría General de la Nación
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.
Mesa Ejecutiva del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires.
Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GSPyDH)

Adhieren:
· Agrupación Mujeres al Frente “Marcela Acuña”
· ANDHES
· APDH Catamarca
· APDH Nacional
· APDH Regional Rosario
· Asociación Civil “El Vallecito de la Guadalupe”, ONG del Municipio de San Miguel Prov. de Buenos Aires.
· Asociación Civil Educativa María Montessori.
· Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres, Presidida por Carlos Acosta Flores.
· Asociación de Trabajadores de la Psicología Social de Chaco.
· ATE Filial Chaco.
· Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la UNAF (Formosa)
· Cátedra Derecho Penal -Parte General- de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa.
· Cátedra Libre de Derechos Humanos, UNNE.
· Colectivo Asociación Surcos
· Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes
· Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia
· Colectivo Justicia Legítima Nordeste.
· Colectivo NI UNA MENOS, Resistencia – Chacho.
· Colectivo Solidario “Yaha porá” Corrientes
· Colegio de Profesionales del Trabajo Social de la 2° Cir. De la Prov. de Santa Fe.
· Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz de Corrientes
· Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Avellaneda Lanús.
· Comité para la defensa de la Salud Ética y Derechos humanos (CODESEDH)
· Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la 1° Circ. del Chaco.
· Consejo Provincial de Psicólogos de la Prov. de Santa Fe, integrado por los Colegios de Psicólogos de la 1° y 2° circunscripción.
· Coordinación de la Diplomatura en Derechos de la Niñez de la Universidad Nacional de La Pampa.
· Defensoría General de La Pampa.
· Defensoría General del Poder Judicial de Chaco.
· Escuela Pública de Gestión Social N° 2, Barrio Emerenciano de Resistencia Prov. de Chaco.
· Foro de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires.
· Fundación “Yo Soy”, Resistencia Prov. de Chaco
· Fundación Foro Social NEA.
· Fundación Luci Akatsuki, Resistencia Prov. de Chaco.
· Instituto de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
· Ministerio Público de la Defensa, Provincia de La Pampa
· Movimiento Provincial de Mujeres del Partido Demócrata Cristiano de Corrientes
· Movimiento Socialista Chaco.
· Observatorio Contra la Violencia de Género, Abuso Sexual del Niño y la Persona con Discapacidad
· Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) del Instituto Gino Germani de la Fac. de Ciencias Sociales de la UBA
· Partido Socialista Unidos por el Chaco, Presidente Emerenciano Sena.
· Red de Derechos Humanos Corrientes
· Red de Género, Chaco.
· Residencia de Minoridad y Familia, Catedra A – Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia de la Facultad de Derecho de la UNR.
· SEHAS
· Subsecretaría de la Mujer y la Familia, de la Municipalidad de Resistencia Prov. de Chaco.
· Alejandra Carrizo, Psicóloga integrante de la Comisión Directiva APDH regional Formosa, Red por la identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, e integrante de la Comisión de DDHH de FePRA
· Analía Rach Quiroga, Diputada Nacional por Chaco.
· Armando Aquino Britos, Prof. Titular Cátedra Derecho Constitucional y Prof. Adjunto Cátedra Derecho Político de la UNNE, Corrientes.
· Carlos Martínez, Diputado Provincial de Chaco.
· Dr. Alejandro Osio, Profesor Titular de Derecho Penal -Parte General-, de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa.
· Dr. Eduardo Aguirre, Defensor General de la Provincia de La Pampa.
· Dr. Juan Pablo Meacca, Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de la Prov. de La Pampa
· Dr. Omar Esteban Uria, Presidente del Superior Tribunal de Justicia de San Luis.
· Dra. Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, Jueza del Juzgado Federal de Paso de los Libres
· Dra. Daniela Benenatti, Jefa de la Of. Legal del Ministerio de Desarrollo Social de San Luis
· Dra. Mónica Corbalán, Prof. Titular de la Cátedra de Derecho Civil V, Derecho de Familia, de la Universidad Católica de Cuyo San Luis.
· Dra.Estela Bustos, Prof. Adjunta de la Cátedra de Derecho Civil V, Derecho de Familia, de la Universidad Católica de Cuyo San Luis.
· Francisco Miguel Pesoa, Profesor de Derecho Procesal Penal, Univ. de la Cuenca del Plata
· Guillermo Javier Daniel Susman, Secretario del Centro Judicial de Mediación, Poder Judicial de la Prov. de Corrientes.
· Gustavo L. Vitale, Prof. Titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Comahue y Defensor Público Interamericano por Argentina
· Hebe Vázquez Ojeda, Lic. En Psicología MP 615, Prov. de Corrientes
· Idalai Sandobal, Lic. en MP 493, Prov. de Corrientes.
· José Carlos Retamoso, Psicólogo Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes
· Juan Carlos Goya, Sec. de Derechos Humanos de la Provincia de Chaco.
· Juan Francisco Pérez, Psicólogo Forense, Corrientes.
· Juan Manuel Chapó, Concejal de la Municipalidad de Resistencia, Chaco.
· Juan Manuel Pedrini, Diputado Nacional por Chacho.
· Lic. Graciela Altamirano, Jefa del Servicio de Psicología del Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asis”
· Lucas Crisafulli, Coordinador del Núcleo de Estudios e Intervención en Seguridad Democrática de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
· Lucila Masin, Diputada Nacional por Chaco.
· María Alejandra Montiel, Psicóloga Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.
· Maria Alejandra Mumbach, miembro del Comité de evaluación del seguimiento y aplicación de la Convencion contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes de la Provincia de Corrientes.
· María del Carmen Zarza, Psicóloga Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes
· María Elena Toranzo, Prof. y Psicóloga Clínica Psicoanalítica, Directora del Departamento de Formación Profesional de FAPSI (UN de San Luis), Directora de la Carrera de Especialización en Asistencia y Pomoción de la Salud Mental de Niñez y Adolescencia – FAPSI
· María Fernanda Iris Aguirre, Psicóloga forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, Curzú Cuatiá
· María Inés Pilatti Vergara, Senadora Nacional por Chaco.
· María Magdalena Manonelles, Lic en Psicología MN 5232
· Marisa Liliana Romero, Psicóloga Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.
· Mercedes Carolina Piñeiro, Lic en Psicología y Especialista en Salud Mental, integrante del Servicio de Psicopatología del Hospital San José de Paso de los Libres.
· Norberto Liwski, Docente UNNE e integrante del Servicio Habitacional y de Accion social, Niñez y Juventud (SEHAS)
· Ricardo Alejandro Vassel, miembro de la Asociación de Ex presos Políticos de Corrientes.
· Sonia Cristina Seba, Abogada Especialista en Derecho de Familia.
· Úrsula Ximena Sabarece, Activista y Militante Trans, DNI 25.346.542
· Víctor Hugo Benítez, Abogado y docente UNNE, Corrientes.