La producción de desinformación: Una lectura crítica sobre el “Diagnóstico integral sobre las condiciones de vida” de los menores presos en institutos realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN)

El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA cuenta con un equipo de trabajo que, entre sus objetivos, tiene como actividad permanente la construcción de información sobre la cuestión de la vigencia y/o vulneración de derechos humanos de adolescentes y jóvenes “capturados” por las distintas agencias del sistema penal: policía, justicia y encierro punitivo. En este sentido es también clave la consulta, en forma permanente y sistemática, de las fuentes existentes tanto del ámbito ejecutivo como judicial, y también sobre la información producida en diversos organismos de control y monitoreo de derechos humanos. Por ello, son de especial interés y seguimiento por parte de este Observatorio, las acciones interpuestas por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) para logar el ingreso a los Institutos que alojan a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, dependientes hasta el año 2016 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), debido a los impedimentos y obstáculos presentados por este último organismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

A fines del año 2016, la PPN publicó en su sitio web un artículo en el que prometía un “Diagnóstico integral sobre las condiciones de vida” de los menores presos en institutos, allí se difundía la realización de un censo, entrevistas a autoridades e inspecciones.

Al acceder al archivo publicado como “los primeros resultados del censo”, nos encontramos con un informe que no cumple ninguna expectativa, básicamente por la falta de seriedad de los datos presentados, situación que sorprende ya que la PPN ha producido informes de seriedad y consistencia en relación a la situación de los derechos humanos de las personas detenidas en cárceles federales y en particular, en relación a la problemática de los malos tratos y torturas.

El acceso de la PPN a los espacios de encierro y el reconocimiento de su entidad como organismo de monitoreo fue un logro obtenido a expensas de la judicialización de un conflicto que nunca debería haber tenido lugar.

La PPN está reconocida desde su ley orgánica a ingresar a todos los espacios carcelarios dentro de la órbita federal, sean unidades penitenciarias, alcaidías o comisarías que alojen detenidos en al ámbito federal y la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta facultad de la PPN nunca ha sido puesta en duda y, aun con las dificultades de rigor que siempre suponen la visita de los organismos de inspección, siempre fue respetada, pudiendo siempre los funcionarios de la Procuración Penitenciaria llevar adelante las visitas a las unidades penitenciaras, alcaidías y comisarías en todo el país. En aquellos casos en que tuvieron dificultades, fueron planteadas, y usualmente resueltas en forma favorable sin necesidad de presentar recursos de amparo.

En el caso de los institutos penales y en particular los de máxima seguridad, dependientes de la SENNAF, la situación fue distinta. Ante la negativa a permitir al acceso a los representantes de la PPN, el organismo se vio obligado a presentar un recurso de habeas corpus colectivo. Ello en tanto que el 8 de abril de 2014 la SENNAF impidió ingresar a la PPN a una visita de inspección en el Instituto Belgrano fundada en la resolución administrativa 2237/2009, es decir, una resolución anterior a la sanción de la ley 26.827/12 de Creación de un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ley que termina de consolidar el plexo normativo del país en materia de auditoria y contralor por parte de los organismos específicos de los espacios en donde sean susceptible de producirse estos hechos. La PPN presentó un habeas corpus colectivo, y la Jueza de primera instancia hizo lugar e intimó al entonces Titular de la SENNAF a habilitar el ingreso. La SENNAF, en vez de acatar, presentó un recurso de apelación ante la Cámara V Nacional de Apelaciones, la que confirmó la decisión de primera instancia pero condicionó las inspecciones a la presentación de un plan por parte de PPN a la jueza, y a la acreditación de la especialidad en minoridad de sus funcionarios. Ambas partes (SENNAF y PPN) recurrieron y la Sala III de la Cámara Federal de Casación penal rechazó el habeas corpus y también los respectivos recursos de queja que presentaron tanto la PPN como el Ministerio Publico Fiscal (MPF)

El MPF entendió que no puede restringirse el ingreso de un organismo independiente con facultades legislativas preexistentes, amén de las prerrogativas que le confiere la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sino a costa de agravar las condiciones de detención y aumentar el riesgo al que están expuestas las personas menores de edad. A los argumentos de carácter jurídico, se sumaron los argumentos de carácter fáctico: por cierto había riesgo y de hecho, un joven murió quemado en el instituto Agote a finales de 20141 y otro joven2 murió de igual manera en el instituto Rocca 7 meses después. La Procuradora General ante la Corte consideró que había razones necesarias y suficientes para interponer un recurso extraordinario en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (15/07/2015) que fue admitido por el máximo tribunal el 5 de abril de 2016.

El 22 de septiembre de 2016, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (en diferente composición que la vez anterior), hizo lugar al planteo de la PPN y dispuso habilitar a este organismo para ingresar de manera irrestricta a los centros de detención dependientes de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia donde se encuentren alojados niñas, niños y adolescentes privados de su libertad, de acuerdo a los establecido por las leyes 25.875/04 y 26.827/20133.

El fallo expresa en uno de sus párrafos: “no dejan lugar a dudas respecto a las facultades de control, sin condicionamiento alguno, de la Procuración Penitenciaria de la Nación respecto de las condiciones de alojamiento de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad en establecimientos dependientes de la SENAF”. Además de fundamentar la legislación que da soporte a la legitimidad de la PPN en tanto organismo de contralor, independiente, y habilitado a ingresar en cualquier dependencia donde se alojen personas privadas de libertad en su jurisdicción, sin aviso previo, es decir, sólo con las facultades conferidas por su propia misión y función, a las que se añaden las devenidas de la ratificación por parte de la Argentina de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada en 2004 y su protocolo Facultativo (ley 25.932/04), además de la creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por ley 26.827.

Así las cosas, la PPN a partir de setiembre de 2016 quedó habilitada sin restricción alguna a ingresar a los Centros de detención e Institutos que alojen a personas menores de edad. Habiendo sido tan costoso lograr el ingreso irrestricto, la función de contralor adquiere una especial relevancia, y a todos cabía esperar que la PPN elaborara informes de contundencia en cuanto a la cantidad y calidad de la información y de rigurosidad en términos de metodológica básica, requisito indispensable y diferenciable en relación a la información producida desde el ámbito ejecutivo en esta materia.

Acerca de producir desinformación4

El Informe publicado y que se mantiene en el sitio web de la PPN

El 22 de diciembre de 2016 la PPN ha publicado en su sitio web lo que promete ser un “Diagnóstico integral sobre las condiciones de vida” de los menores presos en institutos. Al linkear la nota de portada (ver imagen de abajo) accedemos a un texto en el que se anuncia que “la Procuración se abocó a realizar un exhaustivo diagnóstico para conocer las condiciones de vida en los institutos” y que en ese marco se han realizado tres actividades: un censo el 13/06/16, un conjunto de entrevistas a las autoridades y una inspección de los institutos, y se nos promete una actualización “mensual” de datos. Estos anuncios promisorios pronto son defraudados por la misma publicación, que consultada en febrero no tiene ninguna actualización referida a otros resultados del CENSO, ni a informes de inspecciones y la situación de los derechos humanos de adolescentes y jóvenes en el marco del encierro punitivo en institutos de máxima seguridad. La única “actualización” refiere a la “población de adolescentes y jóvenes detenidos en institutos” que solo indica un “acceso” a los partes diarios de detenidos.

Asimismo, este informe tampoco está firmado, es decir, no hay ningún funcionario o equipo de trabajo que se asigne la responsabilidad de la producción de información y tampoco aparece atribuido a una dependencia específica del organigrama de la PPN, lo cual permitiría desde diferentes ámbitos, académicos, institucionales del ejecutivo y/o judicial y otros organismos, realizar consultas acerca de “esta información” publicada. Normas mínimas en la producción de información.

El Diagnóstico integral: Infografía des-informativa

En este sentido es que se señala que los datos presentados en los 8 gráficos de torta o círculo elaborados desde el menú de gráficos del Excel/Office, carecen de información fundamental y elemental, tales como la cantidad total de casos (¡¡para un censo!!) –que no se explicita-. Es necesario hacer la suma por nuestra cuenta para acceder al dato de la cantidad total de individuos de la población en estudio.

Los “primeros resultados del censo”, publicados y mantenidos durante dos meses en el sitio web de la PPN, fueron condensados en ocho gráficos de torta, como el copiado ut supra. Aun cuando se haya asumido el carácter preliminar de los resultados desde el propio título, no por ello la presentación debería estar eximida de consignar la ficha técnica-metodológica de rigor (fuentes, N total <cantidad de casos>, instrumentos, autores, etc.). Tampoco fue acompañado de lecturas descriptivas y/o explicativas de los datos publicados, ni siquiera a modo de presentación.

El título de la publicación refiere a un censo de Privados de Libertad en Centros de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires. El “censo” toma los tres centros cerrados de la Ciudad de Buenos Aires (San Martín, Belgrano y Agote) pero omite incluir en el relevamiento otros centros de detención que dependen de la misma autoridad ejecutiva (antes SENNAF, ahora Consejo de Derechos), y que en todos los casos receptan jóvenes exclusivamente desde la justicia nacional de menores. Estos establecimientos son, además de la alcaidía/comisaría de menores (CAD), otros de permanencia prolongada pero que se emplazan en territorio de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo la “Residencia Educativa” (sic) “Colonia Ricardo Gutiérrez”. A su vez, en la propia Ciudad de Buenos Aires se emplazan otras “Residencias Educativas” dependientes de la misma esfera estatal tales como la “Juana Azurduy”, “Simón Rodríguez” y “Almafuerte”, todas ellas de mediana seguridad o “semi-cerradas” (o semi-abiertas), aspectos que las categorizan como “residencias” y no como “centros”. El “censo de privación de libertad” oculta un dato central: el criterio de selección del “universo” fue el de los centros de modalidad cerrada (mayor gradiente de punición posible) dejando por fuera los de modalidades de coerción menos severas (como las “residencias”) pero que igualmente constituyen situaciones de privación de libertad para los jóvenes, atendiendo a lo definido por la ya conocida y generalizada Regla 11.b de Beijing donde se define la privación de libertad como toda modalidad institucional que implique restricción de la libertad ambulatoria, por ende, incluye también a los dispositivos “semi-cerrados”. El recorte privilegiado en el Censo supone, entonces, reducir la cuestión de la privación de libertad a la modalidad más dura, invisibilizando de la “estadística” otras institucionalizaciones como las clínicas psiquiátricas, comunidades terapéuticas y otras modalidades similares que suelen ser también lugares de privación de libertad utilizados por los jueces penales de menores. Quizás, de tener algún encuadre conceptual o metodológico, la publicación podría dar cuenta de estas decisiones y sus razones, pero carecemos de elemento textual alguno que acompañe el derrotero de cuadros sin base, fuente ni aclaraciones técnicas básicas.

Producir información es un acto teórico-metodológico pero también político. Así, la pregunta se impone: ¿qué quiere transmitir este conjunto de cuadros? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice?

Consideramos que un organismo de monitoreo y control de cumplimiento de derechos humanos, dotado de recursos técnicos en materia de ciencias sociales, no puede producir información que no contenga los mínimos requisitos metodológicos para su producción, procesamiento y lectura. No existen dos o tres formas de hacerlo, sino una. El rigor teórico y metodológico de la construcción de indicadores en ciencias sociales no tiene un estándar de exigibilidad menor al que se puede esperar de litigios jurídicos, pericias y relevamientos médicos o informes de ingeniería en infraestructura. En otras palabras: quienes desde los saberes propios de las ciencias sociales aportan al trabajo en materia de defensa de los derechos humanos deben producir información y conocimiento con rigurosidad, exhaustividad y en forma consolidada. De lo contrario, al histórico menosprecio de los funcionarios a la buena calidad de la información, se sumará una producción a ello funcional, que nada significativo dice y que, aún más, produce ambigüedad.

Los datos publicados confirman el carácter preliminar del documento (por lo escueto de los datos y nada analizados) y realmente, poco aportan al anunciado “diagnóstico integral sobre las condiciones de vida” y menos revelan de la exhaustividad anunciada.

Los primeros tres gráficos dan cuenta de distribuciones sociodemográficas (por instituto, edad y género) los tres siguientes son referentes a la relación con otras agencias penales: policía y justicia (se refieren a la fuerza de seguridad que los detuvo y a si tienen entrevistas con sus defensores penales y de menores), los dos últimos, que podrían referirse a las condiciones de vida en los institutos ya que apuntan al padecimiento de agresiones verbales y físicas, justamente no especifican y ni el lugar y ni el agente de la agresión (podrían ser los celadores, los policías, otros detenidos o sus familiares).

Así estos datos, que podrían ser de un auténtico interés, en el contexto de un verdadero diagnóstico, poco aportan finalmente a conocer las condiciones de vida en los institutos vedadas por tantos años al control público. Pronto a cumplirse un año del reconocimiento de la CSJN de la competencia de la PPN para controlar los institutos y a más de seis meses de realizado el censo, si esto es todo lo que puede decirse, quedan dos posibilidades: o no hay nada anómalo que denunciar o no hay interés en hacerlo.

El imperativo de producir buena información

En momentos en que se impulsan desde el gobierno y debaten en distintas instancias institucionales temas de alta sensibilidad para el campo de los derechos humanos de los más jóvenes, con implicancias gravísimas en caso de prosperar las propuestas de baja de edad de punibilidad, producir información sin rigurosidad ni calidad, que resulta ambigua y que desinforma, es altamente preocupante, cuando además es “producida” por un Organismo de control en materia de derechos humanos que debería auditar y denunciar las situaciones de vulneración de derechos.

Desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes sostenemos que un modo de tratar seriamente las violencias punitivas estatales (policial y de las fuerzas de seguridad) que los adolescentes y jóvenes sufren a diario, es ser serios en el relevamiento, procesamiento y elaboración de información que les concierne.

Añade preocupación que se presente un informe con las características señaladas, luego de litigar llegando hasta la Corte Suprema de Justicia que hubo de revalidar la facultad de la PPN de revestir el carácter de organismo de monitoreo.

Por último, como ya lo hemos expresado en párrafos anteriores, debemos encuadrar este informe en el contexto actual. El proceso de consulta convocado desde el Ministerio de Justicia, concluyó con una contundente oposición a la baja de edad de punibilidad por parte de distintos actores institucionales. De todas formas el Gobierno pretende reasumir la iniciativa interpelando a la sociedad desde el populismo punitivo: “propondremos la baja de edad solo para delitos graves”. Y nosotros replicamos la misma posición: tampoco para delitos graves.

Para sostener esta postura es importante disponer de datos que muestren la evolución de las tasas delictuales según edad en forma consistente, y rigurosa y en series sincrónicas, como lo hemos hecho en tantas oportunidades5. Por cierto, nos quejamos y con justa razón cuando la información no es de acceso público y no está disponible impidiendo dar debates informados. Del mismo modo, nos quejamos cuando una vez generadas las condiciones de posibilidad de realización de determinados relevamientos sobre temas sensibles como el encierro de adolescentes en instituciones penales, estas son malogradas con informes de deficiente calidad metodológica que no dan cuenta de los padecimientos de los adolescentes en contextos de encierro.

Por eso, producir desinformación es una práctica político-institucional de ineludible responsabilidad técnica y política que compromete a las posibilidades de un ejercicio más profundo de la democracia y que pone en juego a los derechos humanos de los adolescentes atrapados por el sistema penal. En la dinámica de la defensa de los derechos humanos, la calidad y el rigor de la información, así como su publicación y difusión, constituyen aspectos centrales y de relevancia. Producir información de mala calidad siempre produce consecuencias institucionales desfavorables para la clientela del sistema penal.

Notas

1 Tal como en su momento lo denunciamos: “La muerte de Diego. Un homicidio intencional disponible en  http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/pronunciamientos-politicos/actualidad/

2 Se trató del joven Lucas Simone, el 10 de julio de 2015.

3 Se toma el año de su promulgación.

4 Merece un párrafo particular un archivo publicado en diciembre en la Web de la PPN y que prontamente fue retirado. Este archivo, detectado por el equipo del Observatorio es el que motivó un seguimiento especial de la información que se publicaría en relación a Institutos. El archivo, que constaba de una planilla de excel pasada a formato PDF, nos mostraba dos tablas y tres cuadros sin ninguna lectura descriptiva y/o explicativa, y carente por completo de cualquier dato técnico (fuente, metodología, autores, etc.). Las tablas y uno de los cuadros daban cuenta de las frecuencias de edad por género y por instituto, pero lo más interesante son los otros dos cuadros que daban cuenta de “los delitos” (¿Imputados a los detenidos? ¿Cometidos por los detenidos? Bueno poco importa la diferencia a la hora de la objetivación criminal…) primero agrupados y cruzados por género y luego desagregados y cruzados por edad e instituto, en un cuadro de 19 filas por 13 columnas –sin contar subtotales-, o sea de 247 celdas de frecuencia PARA 103 CASOS, algo, cuando menos, desaconsejado desde los primeros pasos de la metodología. Quizá se trataba de un borrador de trabajo o un documento usado como fuente, publicados por error, pero tiene la reveladora claridad de un síntoma: dar cuenta del interés del investigador en escudriñar la tan en boga relación entre delito y edad. Algo que poco importa a la hora de proteger, o al menos dar cuenta de los derechos respetados (a veces) y vulnerados (casi siempre) de las personas menores de edad presas.

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