Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU: Hallazgos preliminares de la visita a la Argentina

A invitación del Gobierno de la Argentina, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas realizó su segunda visita oficial de país entre el 8 y 18 de mayo de 2017. El Grupo de Trabajo visitó diversas instituciones de privación de la libertad a nivel federal y provincial, entre las que se incluyen institutos penitenciarios, comisarías, centros de detención de menores y entidades psiquiátricas. Asimismo, entrevistó a una gran cantidad de personas que se encuentran actualmente privadas de su libertad.

Entre los hallazgos más preocupantes, los observadores internacionales destacaron

1) Las amplias facultades de la policía para efectuar detenciones: El Grupo de Trabajo tomó conocimiento de las amplias facultades de la policía para privar a personas de su libertad por la sospecha de haber cometido un delito o a los fines de verificar su identidad. En tanto la legislación aplicable exige que las fuerzas policiales realicen una evaluación exhaustiva al decidir sobre la necesidad de detener a una persona por la sospecha de haber cometido un delito, ello no se cumple en la práctica.

2) El uso en exceso por parte del país de la prisión preventiva:  Conforme a la Ley Nacional 24.390 promulgada el 21 de noviembre de 1994, la prisión preventiva debe utilizarse con carácter excepcional. Sin embargo, el Grupo de Trabajo halla que este marco legal no se refleja en las prácticas del Poder Judicial que tiende a otorgar la mayor parte de las solicitudes de prisión preventiva. Como resultado de ello, aquellos detenidos preventivamente constituyen alrededor del 60% de la población detenida dentro del sistema de justicia penal

3) Privación de la libertad en las comisarías: El GTDA ve con alarma que las comisarías albergan detenidos durante períodos prolongados. Esto surge principalmente del uso excesivo de la prisión preventiva en todo el país y de la falta de espacio en los centros de detención.

4) Utilización del aislamiento y de la fuerza en las unidades penitenciarias El GTDA observa con preocupación que algunas instituciones no había un cumplimiento estricto de los procedimientos exigidos en relación con la imposición de sanciones disciplinarias, el aislamiento y el uso de la fuerza por parte de los celadores. Al Grupo de Trabajo le resultó alarmante recibir manifestaciones sobre el supuesto uso de celdas de aislamiento o castigo en algunos establecimientos carcelarios; procedimiento que no había sido precedido del correspondiente proceso de revisión.

5) Preocupante situación de NNyA en conflicto con la ley penal:  El Grupo de Trabajo observó que la excepcionalidad de la privación de la libertad en el caso de menores de edad no se aplica en su totalidad en la Argentina, dado que la delegación recibió testimonios de casos de privación de la libertad y maltrato de menores de 16 años, incluso un niño de 8 años de edad. Asimismo, los adolescentes son alojados en los llamados “centros de admisión”, que a menudo constituyen un lugar de transición, para luego continuar su detención en el sistema de justicia penal una vez que cumplen los 18 años. Las condiciones de privación de la libertad en dichos lugares son totalmente inadecuadas, con limitadas opciones para recibir educación, capacitación ocupacional y llevar a cabo actividades beneficiosas para su desarrollo, lo cual afecta la capacidad y el interés de los adolescentes en su rehabilitación.

6) Selectividad del Sistema de Justicia Penal: Aquellos de condición más humilde, al igual que quienes exhiben una situación de vulnerabilidad tales como los niños, incluyendo niños en situación de calle, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía en razón de la sospecha de haber cometido un delito o “demorados” para verificar su identidad.

7)  Personas Privadas de la Libertad y con Discapacidades Psicosociales:  El Grupo de Trabajo recibió información sobre numerosos casos alarmantes de detención de personas por su discapacidad psicosocial. Además, durante las visitas a las penitenciarías, el Grupo de Trabajo observó que, según el artículo 34 del Código Penal, puede establecerse una medida de seguridad en la sentencia dictada respecto de personas con discapacidades psicosociales. En general, se envía a las personas a los centros de atención de la salud mental en el penal para recibir tratamiento y, en la práctica, permanecen allí por tiempo indeterminado.

8) Detención de Migrantes: Al Grupo de Trabajo le preocupa muy especialmente el Decreto 70/2017 y el hecho de que el Decreto del Poder Ejecutivo modifica de un modo significativo las disposiciones de la Ley 25.871. Estos cambios importantes en la detención de migrantes deberían haber sido objeto de un debate abierto y transparente con un amplio espectro de actores

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