Línea de tiempo sobre violencia estatal del OAJ

Desde el OAJ nos ocupamos de monitorear el despliegue de las agencias de control social penal sobre adolescentes y jóvenes, especialmente en los eslabones más duros de la cadena punitiva, policía, entramado institucional de encierro punitivo, y justicia penal. Las intersecciones múltiples en la vida de estos jóvenes con diversas instituciones, nos han llevado asimismo a observar con mayor atención los organismos rectores de políticas públicas, las instancias administrativas de protección y promoción de derechos, las instancias legislativas de gestación y creación de normas penales, el accionar de la justicia y el tratamiento mediático sobre los adolescentes y jóvenes. Las niñas, adolescentes y jóvenes así como las y los migrantes se han transformado asimismo en grupos específicos que nos interpelan a monitorear de forma particular.

La vertiginosidad de los sucesos de los últimos meses nos obligaron a repensar estrategias de seguimiento que faciliten el análisis. Surge de esta necesidad la línea de tiempo como un organizador y temporalizador de las diversas violencias sobre la población de niños, adolescentes y jóvenes que emergen de nuestras observaciones.

Circunscribimos esas violencias a los ejes cuyo seguimiento hacemos desde el OAJ: migraciones, educación, salud mental y medicalización, justicia, seguridades y violencias punitivas, encierro punitivo y tratamiento mediático. Elegimos el concepto de VIOLENCIA ESTATAL como marco conceptual y común denominador, abarcando no sólo los sucesos sino también y principalmente las respuestas desde las agencias y los actores sociales.

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Sobre las violencias

Desde el OAJ proponemos el concepto de Violencia estatal como marco específico y diferenciado del concepto de violencia institucional, mayormente utilizado. La violencia institucional, refiere a la violencia que ejercen las instituciones, no supone necesariamente un actor determinado ni un carácter público o privado, es más hace alusión a la violencia que se ejerce desde aquellos que detentan el poder dentro de la institución en desmedro del resto (sean subordinados, subalternos, empleados, pacientes, alumnos, clientes, etc.).  Hace algunos años, definimos la violencia institucional como la emanada de aquellas acciones que, en base a la aplicación de la fuerza física o a la coerción psicológica, se ejercen sobre personas que se encuentran en una posición de vulnerabilidad frente a un otro u otros que ocupan  una posición relativa de mayor poder, ya sea transitoria o permanente. En el uso corriente, el concepto de violencia institucional se utiliza –se banaliza- para referirse a las violencias públicas estatales y punitivas.

Es decir, el concepto de violencia institucional se utiliza para dar cuenta de dos tipos bien distintos de acciones: 1) un primer grupo que refiere a aquellas acciones derivadas de la asimetría de poder, y por lo tanto, al abuso de poder. Así, violencia institucional es la atención inadecuada en un hospital, es el abuso de poder en una institución jerárquica como la escuela por parte de directivos a maestros, o en una empresa, por parte de gerentes a empleados o la violencia que sufrimos a diario todos nosotros en carácter de contribuyentes respecto a los oferentes de servicios públicos cuando nos “suspenden” las prestaciones, etc. 2) un segundo grupo, que refiere a la violencia que ejerce la policía, o las fuerzas de seguridad en contra de sectores socialmente vulnerables cuando realiza operativos compulsivos de documentación, requisas, detenciones arbitrarias en la vía pública, o intervenciones que impliquen el uso de la fuerza sea en manifestaciones o en el marco de operativos de rutina de “seguridad” y “orden”. Ahora bien, entre el primer grupo de “violencias” institucionales y el segundo, hay una enorme diferencia, vinculada sobre todo al carácter social de las mismas. Los actores que personifican la violencia institucional en el primer grupo, tienen por común denominador el ejercicio de posiciones de poder desde las cuales ejercen posiciones de dominio para las que apelan al uso de la fuerza o la violencia –material o simbólica-. Los actores del segundo grupo, conforman un conglomerado de actores públicos estatales, a quienes se ha delegado el ejercicio del monopolio de la violencia física legítima, pero con alcances bien definidos, por lo que el “exceso” del uso de la violencia y de la fuerza torna ilegítimo el ejercicio, y el abuso se torna en flagrante violación de los derechos humanos. Por ese motivo, nosotros, decimos que el uso del concepto de violencia institucional para los hechos típicos del segundo grupo, banaliza y  distorsiona la valoración de los hechos e invita a la lectura del “abuso” y no a la violación/vulneración de derechos en tanto violación de derechos humanos. Así,  desde el OAJ como desde el GESPYDH proponemos el uso del concepto de VIOLENCIA ESTATAL, y de VIOLENCIA PUNITIVA ESTATAL, cuando corresponda a la especificidad

El universo de las violencias estatales son múltiples: violencias punitivas, violencias institucionales, violencias de género, y se expresan de variadas formas: en forma material, directa, a través del uso de la fuerza o de la denegación de un derecho o la privación; y en forma simbólica, mediatiza por los procesos de producción de significado, sentido o etiquetas estigmatizantes que producen exclusiones, discriminación y activan procesos desubjetivantes.

Desde el OAJ estamos en esta etapa trabajando en la delimitación y la elaboración de una conceptualización más rigurosa sobre las distintas violencias y su modalidades de ejercicio. En el proceso de conceptualización, tensamos los conceptos categorizando los eventos y los tipos de violencias implicadas.

Nos propusimos sistematizar las violencias en esta clave desde el inicio del 2017, en una línea de tiempo dinámica que permita la actualización constante. El criterio de clasificación fue el de priorizar la violencia predominante conforme a los ejes generales. La clasificación se irá haciendo más exhaustiva en la medida que precisemos los alcances de las conceptualizaciones y habilitemos subcategorías dentro de cada eje.

A modo de advertencia, téngase presente que la línea de tiempo condensa eventos y que las realidades de cada área son mucho más complejas que los eventos en sí.Al respecto, hemos publicado ya cinco Boletines de Coyuntura abordando diferentes temas.

Cuando suceden tantas cosas en períodos tan acotados de tiempo, se tiende a diluir la gravedad y a naturalizar la ocurrencia. Esa naturalización se contrarresta con registro, sistematización y análisis. En tal sentido, es posible pensar la  línea de tiempo como un modo de dimensionar ocurrencias de eventos en un período determinado,  y de interpelar los significados impidiendo la naturalización.

Hechas estas advertencias, les presentamos la línea de tiempo del OAJ.

BOLETÍN DE COYUNTURA Nº6

Año 2 – Número 6 – junio de 2017

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