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12 diciembre, 20173min0

Durante todo el año 2017, la embestida punitiva se mantuvo a tope de la agenda mediática, con momentos de mayor intensidad, y momentos de repliegue, sobre todo a partir del exabrupto mediático que provocó el caso de “El Polaquito”. Los últimos meses fueron intensos en episodios de violencias de distintos tipos. En ese marco, desde el OAJ hemos dado los primeros pasos para construir un enfoque multidimensional sobre las violencias que sufren adolescentes y jóvenes mostrando diferentes aristas de las violencias estatales directas, punitivas y no punitivas, violencias derivadas de la acción y de la omisión del Estado en su rol de garante de derechos, es decir, avanzar en un enfoque que complejice el problema, que saque el foco de lo que los adolescentes y jóvenes hacen e instale la mirada sobre lo que a los adolescentes y jóvenes les pasa, que despliegue de violencias hay sobre ellos/as.

Desde el OAJ a lo largo del año hemos realizado diversas producciones donde acercamos algunos análisis sobre una coyuntura compleja que no da tregua a la hora del avasallamiento sobre los derechos humanos, y especialmente sobre la población de jóvenes y niños/as de nuestro país. De estas producciones emerge que el avance del Estado en su faceta punitiva sobre la sociedad toda, tiene un despliegue específico sobre las poblaciones de adolescentes y jóvenes.

En este informe buscamos reflexionar acerca de la producción de sentido que tributa a un imaginario específico sobre adolescentes y jóvenes, imaginario que ha ganado la agenda mediática y política en los últimos dos años, y que habilita y legitima estas nuevas reconfiguraciones del neoliberalismo que asistimos en nuestro país.

Organizamos nuestras reflexiones alrededor de ciertos discursos que analizamos y que refuerzan la estigmatización de algunos jóvenes procedentes de sectores sociales populares. El universo delineado en torno a estos jóvenes se segmenta entre aquellos con espíritu emprendedor y por tanto, acreedores de estímulo, y aquellos que no califican para ser acompañados desde la política pública, concebida en carácter de “ayuda” y no de derecho. El meritómetro distribuye el mérito en forma desigual, premiando determinadas formas de ser joven y castigando a otras.

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12 diciembre, 20174min0

El presente informe contiene un muy breve análisis de los delitos que llegan a la Justicia que atiende a la población de adolescentes y jóvenes que infringen la ley.  Se toma el caso testigo de la Provincia de Buenos Aires, y esto por dos motivos: es la jurisdicción “más peligrosa”, según la representación social, la que concita las quejas más fuertes sobre “inseguridad”, y además, es la jurisdicción que dispone de la información más actualizada sobre las causas que ingresan al FRPJ y el devenir de las mismas.

Además, este infome recupera un tema de preocupación permanente del OAJ y es el análisis de las fuentes que informan sobre la privación de libertad de adolescentes y jóvenes en dispositivos de encierro punitivo. A la luz de las fuentes y los alcances de la información, se presenta una radiografía actualizada, desagregando las variables posibles según cada fuente y en cada caso. La información reconoce disparidad según jurisdicción, habiendo una mayor disponibilidad de datos para  la Ciudad de Buenos Aires.

Con este informe pretendemos hacer un aporte al debate sobre justicia penal juvenil y reforma legislativa, contribuyendo a los debates informados y sustentados en información que producen las propias agencias del sistema penal.

Abordamos los siguientes ejes:

  1. Los delitos que llegan a la justicia: causas iniciadas e imputaciones formales
  2. Encierro punitivo

2.1 Algunos datos de coyuntura que deben tenerse en cuenta

  1. Radiografía de la privación de libertad de NNyA

3.1.      Población de adolescentes privados de libertad

3.1.1 De los delitos y de las penas

3.1.2 Los tiempos de detención

3.2.      Adolescentes en conflicto con la ley penal – SENNAF

3.2.1. Sobre la población incluida en dispositivos penales

3.2.1.1 Adolescentes y jóvenes en dispositivos de privación de libertad

3.2.2. Situación procesal, representación legal, condenas y tiempos de internación

3.2.3.  La distribución geográfica de establecimientos de privación de libertad y jóvenes alojados

  1. Información de las jurisdicciones seleccionadas producida por otros organismos

4.1. Sistematización de la información de la Base de Datos de niños, niñas y adolescentes institucionalizados (BGD) para Ciudad de Buenos Aires

4.1.1. Informe (BGD)- 2015 sistematización de la información de la base general de datos de niños, niñas y adolescentes institucionalizados. Elaborado por el Área de Registro y Bases de datos de la PROCUVIN

4.2 Informe sobre ingresos al CAD –Año 2016. Elaborado por el Equipo de Investigación de la PROCUVIN

4.3 Informe mensual de la PROCUVIN

  1. SNEEP- Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena. Población carcelaria.

5.1. Jóvenes de 18 a 24 años alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal

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12 diciembre, 20171min0

El 2017 fue un año que en materia educativa presentó una serie de tensiones marcadas tanto por decisiones políticas de fuerte impacto no consensuadas con la comunidad educativa, como por la intromisión de fuerzas de seguridad en ámbitos educativos de distinto nivel y la criminalización de estudiantes y docentes.

Este Informe no pretende ser un recorrido exhaustivo por todos los hitos de la política educativa del año en curso, sino que busca poner el foco en algunas situaciones que ilustran las tensiones mencionadas y ponen en evidencia decisiones que atentan contra el derecho a la educación de los jóvenes.

Abordamos los siguientes ejes:

  1. Acerca de la “Secundaria del Futuro”
  2. Criminalización de las protestas estudiantiles
  3. Ingreso de policías en escuelas públicas
  4. Ingreso de policías en universidades públicas

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12 diciembre, 20171min0

En el último año se ha producido un cambio profundo en el tratamiento de las migraciones por parte del principal órgano involucrado en la Ley de Migraciones Nº 25.871 -sancionada en diciembre de 2003-, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). De un paradigma de prácticas centrado en los derechos humanos de las personas migrantes (con independencia de su estatus jurídico migratorio), hemos pasado rápidamente a un paradigma que concibe las migraciones como un “problema” de seguridad nacional y de orden público. Estas acciones y cambios, perfilan a la Argentina dentro del contexto internacional, ya que de esta forma busca acatar las recomendaciones a los Estados en el marco del Pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada.

En este Informe abordamos los siguientes ejes:

  1. Sobre el decreto migratorio 70/2017
  2. Niños y niñas migrantes
  3. Infografías

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12 diciembre, 20172min0

En el Observatorio venimos analizando de modo específico las modificaciones, tensiones y retrocesos producidos y en curso que atraviesan al campo de la salud y la salud mental en Argentina desde el arribo al gobierno de la Alianza Cambiemos.
En este breve artículo, sin embargo, nos interesa avanzar en el monitoreo del proceso que devino luego de conocerse el borrador de un decreto reglamentario con el que el Ejecutivo modificaría sustancialmente a la Ley de Salud Mental.

En virtud de la suma relevancia que tiene este intento de desmantelamiento de la Ley, marcamos algunas de sus implicancias y las acciones de movilización que se suscitaron desde diferentes organizaciones y colectivos de salud, salud mental y derechos humanos, así como las respuestas oficiales hasta ahora.

Este proceso está aún en curso, y su final resulta incierto, por lo que la semblanza que aquí ofrecemos no es conclusiva. La secuencia que presentamos es la siguiente:
1- Circulación del Proyecto del Decreto “Referencia: PROYECTO DECRETO REGLAMENTARIO LEY 26.657”
2- Rechazos y Adhesiones al proyecto de decreto
3- El proyecto de Decreto
4- Conferencia de prensa en el Centro Cultural de la Cooperación
5- Declaraciones del Ministro de Salud
6- Entrega de adhesiones académicas a los ministerios

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6 diciembre, 20172min0

En los últimos días, funcionarios del más alto nivel de gobierno han dado declaraciones a los medios masivos de comunicación que consideramos de extrema gravedad, al respecto del asesinato del joven Rafael Nahuel a manos de efectivos del “Grupo Albatrós” de la Prefectura Nacional Argentina en Villa Mascardi, a 35 km de la ciudad de Bariloche.

La represión comenzó el Jueves 23, cuando la justicia federal ordenó el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: 300 efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la propia Prefectura participaron de un operativo que finalizó con varias detenciones, incluidas las de niños pequeños de hasta 3 años de edad, contra toda la legislación vigente. Sin embargo, los hechos aún se agravaron el sábado, cuando de manera ilegal, contrario a todos los protocolos vigentes agentes del mencionado grupo Albatrós de la Prefectura que patrullaban la zona de la ocupación, abrieron fuego con balas de plomo a un grupo de habitantes mapuches que continuaba resistiendo el desalojo en la zona, dejando un saldo de al menos dos heridos y un muerto, el jóven de 22 años Rafael Nahuel, carpintero y militante de la CTEP Bariloche.
Las pericias determinaron sin lugar a dudas que el joven estaba desarmado, que había muerto por un disparo con la misma munición que utilizan las armas de la fuerza, y que el disparó habría sido realizado estando este de espaldas. La fuerza, declaró rápidamente que había utilizado dicha munición letal como respuesta a supuestas agresiones de los mapuches con armas de fuego, hecho que desde la propia comunidad desmintieron tajantemente.