27 febrero, 20182min0

En el marco del ciclo de debates con disertaciones de diferentes expertos en derecho, criminología, criminalística y demás disciplinas afines, el día jueves 22 de febrero tuvo lugar la disertación a cargo de la Dra. Silvia Guemureman, sobre La demagogia punitivista  a raíz del caso Chocobar y la represión punitiva estatal que derivó en el asesinato de un ciudadano.

Dado que el marco de la disertación fue la sede de la Universidad de Río Negro del Alto-Valle –Valle Medio, y siendo que los tópicos que salieron a la luz en los medios de comunicación a raíz del caso Chocobar son tópicos que se abordan en materias de la Licenciatura y Ciencias Forenses, la exposición tuvo por objeto analizar el caso de represión punitiva estatal con las categorías de demagogia punitiva, la punitividad pública –desde las hipótesis instrumentales y las hipótesis expresivas-, la criminalidad mediática, las mediciones de temor al delito, y los estudios de victimización.

Se apeló a las fuentes teóricas y empíricas disponibles, abrevando especialmente en la tesis doctoral de la Dra. Alejandra Otamendi Demandas de  “mano dura”: punitividad pública de los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (2000-2010), en la cual se analizaron todas las encuestas de victimización y relevamientos de opinión sobre pena de muerte realizados en el país desde el año 2000 hasta el año 2010 (DNPC, UDeSA, Latinbarómetro, Gallup-Argentina).


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10 febrero, 20181min0

A raíz de los cuestionamientos que recibió el gobierno nacional por haber invitado a la Casa Rosada y defendido al policía Chocobar que mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc, el consultor del gobierno Jaime Durán Barba señaló que la inmensa mayoría de la gente quiere la pena de muerte en Argentina, legitimando de alguna manera la actuación policial.[1] Esta frase encierra varios problemas que se pueden sintetizar diciendo que la pena de muerte no es parte del estado de derecho en Argentina, tampoco “sirve” para reducir el delito y ni siquiera es claro que sea la opinión mayoritaria, en otras palabras, no se debe, no conviene ni se quiere.



2 febrero, 20182min0

macriypolicia

Desde el OAJ repudiamos la defensa incondicional del Poder Ejecutivo Nacional al agente de la Policía Local de Avellaneda, Luis Oscar Chocobar. Este efectivo policial, se encuentra bajo investigación judicial por exceso en la legítima de la defensa, cuando el 8 de diciembre, estando fuera de servicio, remató con su arma reglamentaria a Pablo Kukoc, de 18 años, quien yacía con la pierna rota por otro disparo del mismo agente.

No solo la presión por parte del gobierno al Poder Judicial viola los más elementales principios republicanos de división de poderes que este dice defender. Representa además una nueva y aterradora muestra de la decisión gubernamental de avalar y legitimar las formas más extremas de violencia punitiva del Estado: el “gatillo fácil” y la pena de muerte “de facto”. El gobierno impulsa desde sus inicios una política criminal que ha demostrado históricamente ser un completo fracaso: la “mano dura policial”, que solo potencia los niveles de violencia y conflictividad sociales.

Señalamos la urgente necesidad de terminar con el “estado policial” que habilita la portación y uso de armas de fuego a los agentes de las fuerzas de seguridad fuera de servicio, programas de entrenamiento en el uso racional de la fuerza, y un estricto control político y judicial a los agentes que han incurrido en violaciones a los derechos humanos más elementales, para terminar con la impunidad que habilita el maltrato, la tortura y el asesinato de los jóvenes de los barrios populares, a los que el Estado debería proteger.