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29 mayo, 20184min0

Desde el OAJ repudiamos los dramáticos acontecimientos vividos en la madrugada del 27 de mayo, cuando Prefectura Naval irrumpió con un violento e ilegal operativo en la villa 21-24, en el que reprimió y detuvo ilegalmente a vecinos de la villa, y a activistas de La Garganta Poderosa (algunos de los cuales deberán testificar pronto en un juicio contra prefectos, acusados de torturar a dos jóvenes del barrio durante 2016).  Estos hechos se conectan a su vez con anuncios recientes de menor trascendencia, pero igual gravedad.

Desde fines de la última semana, periodistas y medios de alcance nacional han hecho eco de fuentes oficiales sobre un supuesto plan del gobierno para imponer a comienzos del mes próximo (decreto presidencial mediante), el fin de uno de los consensos fundamentales de la democracia argentina: la prohibición absoluta a los militares de participar en tareas de seguridad interior. Dicha prohibición quedó establecida durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem en las leyes 23.554/88 y 24.059/91 de Defensa y Seguridad Nacionales respectivamente, y fue ratificado en el decreto 727/06 durante la presidencia de Néstor Kirchner. La modificación persigue el fin der reemplazar con militares a gendarmes y prefectos navales de sus tareas de custodia en sitios estratégicos, cursos fluviales, línea de costa y fronteras terrestres, para poder reasignarlos a otras funciones que el gobierno precisa con mayor urgencia: la represión de la protesta social y en los barrios populares.

Vale aclarar que no es la primera vez que la cuestión de militarizar la seguridad interior surge en tiempos recientes. Ya durante la gestión anterior, y haciendo eco del “paradigma de las nuevas amenazas” (doctrina impulsada por los Estados Unidos y los países centrales, que postula la existencia de supuestos nuevos enemigos omnipresentes que son a la vez amenazas a la seguridad y a la defensa de los países, como el narcotráfico o el terrorismo), se lanzaron iniciativas como los operativos Fortín I y II y “Escudo Norte”, que autorizaban el empleo de recursos logísticos militares en la vigilancia de fronteras. Al mismo tiempo, los operativos “Protección Integral de Barrios”, “Centinela” y “Cinturón Sur”, inauguraron el uso de fuerzas intermedias (policías militarizadas) para el control de barrios populares. Estas políticas, inauguraron un peligroso resquicio que continuó ensanchándose con llegada de Cambiemos al gobierno a través el decreto 228/16. Dicho decreto de “Emergencia en Seguridad”, autorizaba a las fuerzas armadas a derribar aeronaves sin identificación, legalizando de hecho la pena de muerte sin juicio previo.

La literatura disponible deja claro que, en todos los países de la región en la que los militares tomaron parte en la gestión de los conflictos internos (Colombia, Brasil y México, principalmente), el resultado fue un agravamiento de la violencia, las violaciones a los derechos humanos y muertes. Así también, gran cantidad de casos documentados demuestran gravísimos niveles de corrupción y connivencia de las instituciones militares con las redes criminales que se suponía debían combatir. Hoy, que la avanzada en nuestro país es clara y contundente en este sentido, llamamos a las organizaciones sociales a estar alerta ante esta situación que, de consumarse, sentaría uno de los retrocesos institucionales más grave desde la consolidación de nuestro sistema democrático.