Pronunciamiento NO A LA BAJA

Ante el nuevo intento de baja de edad anunciado por el gobierno:
Decimos no, una vez más, y repetimos los argumentos vertidos una y otra vez:
ARGUMENTOS PARA NO BAJAR LA EDAD

• Porque sería regresivo. El estado argentino al adherir y ratificar convenciones, tratados internacionales, se compromete a respetar los principios instituidos. En tal sentido, asume la obligación de progresividad que implica la obligación estatal de mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos sociales a través del tiempo, en tanto la obligación de no regresividad implica la prohibición de adoptar políticas y medidas y por ende, de sancionar normas jurídicas, que empeoren la situación de los derechos sociales de los que goza la población.
• Porque implica la utilización del sistema penal para resolver problemas de índole social
• Por razones de política criminal
• Porque no es cierto que sea el único modo de brindar garantías a los adolescentes de 14 y 15 años. El sistema penal no garantiza, ni repara, sino que castiga y profundiza la exclusión social. El eslabón del encierro institucional, aun siendo la última medida adoptada, es aquel desde donde se producen las mayores vulneraciones de derechos.
• Porque se debe cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061).
• Porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves no es significativa. Las estadísticas no reflejan el “alarmante aumento de la delincuencia” preconizado por el campo mediático y político, principal argumento para bajar la edad. (Al respecto, véase Informe de Coyuntura Nº 10 del Observatorio de Adolescentes y jóvenes, “El sistema penal por dentro: justicia y encierro punitivo para adolescentes y jóvenes en la Argentina” disponible . En este mismo informe, véase El sistema penal por dentro. A) Los delitos que llegan a la justicia: causas iniciadas e imputaciones formales)
• Bajar la edad implicará que muchos adolescentes ingresen al sistema penal por delitos de baja intensidad, con el agravante de la reciente modificación sobre flagrancia.
• Porque no se resuelve el problema del delito, la violencia y la inseguridad bajando la edad de punibilidad. Los niños y adolescentes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales.
• Porque en los países en que se ha procedido a la baja de edad, la evaluación no ha sido positiva. Casos como Costa Rica, Chile o Panamá lo demuestran.
• Porque las recomendaciones internacionales procedentes del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño han sido contundentes, incluso, recientemente, en respuesta al informe presentado por la Argentina en mayo de 2018, han emitido conclusiones enfáticas en el sentido de “Adoptar una ley juvenil integral adecuada a la CIDN y a los estándares de justicia juvenil, especialmente en relación a asegurar que la detención y privación de libertad sea utilizada como último recurso y por el menor lapso posible de tiempo, que no incluya previsiones de incrementar la duración de las penas ni reducir la edad de responsabilidad penal” (ver infografía) (Este último argumento se ha incorporado recientemente al listado, y procede de las Conclusiones y Observaciones adoptadas sobre el 5to y 6to reporte periódico del Comité de los Derechos del niño de la Argentina presentado los días 14 y 15 de mayo de 2018 VER RECOMENDACIONES CRC 

Cabe recordar que en el debate de Comisiones convocadas por el Ministerio de Justicia en 2017, y cuyo proceso se ha reconstruido en forma etnográfica (Al respecto, Guemureman, 2017 “Pinceladas sobre el proceso de reforma legislativa”, en Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad de Buenos Aires N°12 (Pág.97-105) , los representantes de distintas jurisdicciones, sobre todo, a funcionarios judiciales (jueces, fiscales y defensores), se pronunciaron en forma enfática en contra de la baja de edad de punibilidad. La contundencia con la que se pronunciaron con posiciones ancladas en modelos de responsabilidad penal orientados a instituir un sistema de responsabilidad penal juvenil pero opuestos a bajar la edad por razones de política criminal, debería ser ponderada de cara a un escenario donde las relaciones de fuerza, podrían augurar un trámite legislativo exitoso para un proyecto que consagre la disminución de la edad de reproche penal.

El análisis de veinte años de reforma legislativa a través de proyectos presentados y representados (

Se analizaron 102 proyectos de ley. Al respecto, véase MARGINACIONES SOCIALES Y POLITICAS PUBLICAS. CUADERNOS DEL PIUBAMAS Nº3. JUSTICIA PENAL JUVENIL) dejó a las claras que no han sido las pertenencias políticas ni partidarias de legisladores los factores de aglutinación o diferenciación. Semblanteadas las posiciones en una tipología simplificada, es factible completar un tablero complejo de posiciones miradas desde parámetros ideológicos estrictos. En materia de niñez y adolescencia persisten y perduran resabios tutelares que conviven con enfoques avanzados de derechos. Por eso, es tan importante que los factores de aglutinación y diferenciación se localicen en los campos de ejercicio de quienes desempeñan funciones con incumbencia en el campo de la niñez y la adolescencia. (La demora en la designación de un Defensor del niño aún cuando fuera exitosamente sustanciado el concurso, y cumplimentado los requisitos de entrevista y audiencia por parte de los candidatos, es una deuda incomprensible para con la niñez de nuestro país)

Privilegiar los mayores y mejores estándares de derechos para los adolescentes y jóvenes acota las opciones, en un solo sentido, sin ambigüedades ni confusiones. NO A LA BAJA!!