No cambiar es la mejor opción

Nota publicada en La Nación. Disponible en http://bit.ly/2XhS288

Por: Silvia Guemureman

El Poder Ejecutivo formalizó el envío del proyecto de ley sobre responsabilidad penal juvenil al Congreso. Dicho proyecto recupera el proceso iniciado en 2016 por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que reconoció distintas fases: encuentro con jueces, defensores y fiscales, mesas de diálogo con expertos, funcionarios, organismos de niñez y adolescencia y la plataforma Justicia 2020. Sin embargo, no todas las instancias fueron públicas y el armado del proyecto de ley que acaba de oficializarse fue producto del trabajo de una comisión redactora, integrada solo por algunos representantes designados por el Poder Ejecutivo.

En las reuniones abiertas fue interesante escuchar a los funcionarios judiciales. La contundencia con la que se pronunciaron, con posiciones ancladas en modelos orientados a instituir un sistema opuesto a bajar la edad por razones de política criminal, debería ser ponderada en un escenario donde las relaciones de fuerza podrían augurar un trámite legislativo exitoso para un proyecto que consagre la disminución de la edad de reproche penal.

Los bandos que se pronunciaron a favor y en contra en las comisiones son heterogéneos y contradictorios. Conciliar las garantías con el deseo de punición es un desafío que no augura buenos pronósticos para los adolescentes. Tampoco es una buena solución conciliar decisiones de política criminal y estándares de derechos con miradas compasivas, devaluadas y desresponsabilizantes de los sujetos. Acaso, los cánones de mayores derechos sean la clave para destrabar este conflicto. En tal sentido, hay proyectos con trámite legislativo vigente que condensan el equilibrio entre garantías, derechos y contexto social.

Hasta su oficialización, había nueve proyectos con trámite parlamentario contando ambas cámaras. Seis de ellos mantienen la edad y tres propician la baja a los 14 años. Si sacamos los proyectos cuya motivación destila peligrosismo y tutelarismo extremo y sacrifica las garantías y mejores estándares de derechos, la discusión se reduce a la edad de punibilidad. El núcleo central de la discusión es entre puntos en común, cuyos supuestos están asentados en las garantías, en los estándares internacionales, en el principio de especialidad, que atienden a la administración de justicia en el contexto real y conciben la privación de la libertad como medida de última ratio y por el menor tiempo posible. La divergencia está en la fijación de la edad, una diferencia no menor para aquellos que ingresan al sistema penal.

El Poder Ejecutivo propone los 15 como modo de partir salomónicamente la diferencia al clásico 16 vs. 14. Sin embargo, esta rebaja no contrarresta los peligros que implican el ingreso a un sistema penal violento, donde se suceden muertes, apremios y torturas por parte de las fuerzas de seguridad .

Mantener la edad no es un capricho, es una decisión razonada y sopesada a la luz de las consecuencias nocivas que implica el ingreso al sistema penal.

El proyecto se oficializa en simultáneo a una insólita reducción operada sobre el presupuesto en niñez en virtud de una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, que desconoce el presupuesto aprobado en el Congreso. En septiembre ya se había hecho la previsión de transferir partidas desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la Secretaría Nacional de Niñez y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social hacia el Ministerio de Seguridad.

Los ajustes, el desmantelamiento de programas sociales, la dilación inexplicable en la designación de un defensor/a del niño, sumado a la desinversión en niñez denunciada por Unicef Argentina, no configuran el mejor escenario para proponer proyectos de ley cuya efectividad esté en la protección de derechos. Si la economía distribuye recursos escasos entre fines múltiples, es indiscutible dónde debe asignar la prioridad.Socióloga.

*Investigadora del Conicet. Instituto Gino Germani/UBA. Coordinadora del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes