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25 abril, 20191min0

Compartimos la intervención de Vanesa Salgado (OAJ) en el Plenario celebrado el 23 de abril en la Cámara de Diputados como parte de los debates hacia un nuevo Régimen Penal Juvenil.

«Estamos seguros (…) que no se trata de bajar la edad de imputabilidad, se trata de bajar los níveles de desigualdad que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes como sus principales víctimas»


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16 abril, 20191min0

Compartimos las intervenciones de Silvia Guemureman en el Plenario celebrado el 9 de abril en la Cámara de Diputados como parte de los debates hacia un nuevo Régimen Penal Juvenil.

«Reducir la violencia es reducir la violencia social, esto es, reducir la brecha entre el desarrollo potencial y el desarrollo efectivo, esto implica trabajar sobre la equidad y la distribución».



11 abril, 20192min0

Eugenia Bianchi, Natalia Osella y Silvia Guemureman

El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) del Instituto de Investigaciones Gino Germani es un espacio en el que convergen investigadores interesados en el estudio de las políticas y agencias que se ocupan de los adolescentes y jóvenes en Argentina, y monitorea diferentes ejes temáticos relacionados con derechos y políticas públicas en pos de su cumplimiento efectivo, y en denuncia de su vulneración. El presente informe ha sido elaborado por Eugenia Bianchi y Natalia Osella y contiene novedades y análisis enfocados en diferentes situaciones, procesos y dinámicas de la salud que se vieron afectados por las políticas, programas y proyectos impulsados desde la Alianza Cambiemos durante 2018, y algunas actualizaciones de tales procesos en lo que va de 2019.
Las consecuencias de estas políticas, programas y proyectos (o de su desmantelamiento) son preocupantes para la población general y, por lo tanto, para los niños, niñas y adolescentes que son objeto sistemático de nuestras investigaciones. En este informe, y dada la multiplicidad y calibre de las transformaciones acontecidas en el campo de la salud en Argentina durante 2018 y lo que va de 2019, nos interesa avanzar en una panorámica general y no exhaustiva de algunos procesos que se dispararon en el Área de Salud, y las diferentes formas de resistencia que han suscitado.

Descargar el Informe: http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/InformeCoyuntura7.pdf


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5 abril, 20191min0

Compartimos la última versión del informe elaborado en conjunto entre la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con información de la Base General de datos de Niños, Niñas y Adolescentes Institucionalizados (BGD). Desde el año 2007 la BGD aporta información cualitativa y estadística sobre el universo de personas menores de 18 años que transitan por alguna de las instancias judiciales previstas en el Régimen Penal de la Minoridad (Decreto Ley 22.278) en el ámbito del Fuero Nacional de Menores y en el Fuero Federal.


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5 abril, 20192min0

Compartimos con uds. el siguiente artículo, escrito por la Dra. Alejandra Otamendi integrante del OAJ y publicado en la revista «Salud Colectiva».

El artículo analiza el impacto de las armas de fuego en los homicidios de jóvenes en América Latina en la actualidad. Para ello, se realizó un estudio epidemioló-gico descriptivo transversal a partir de los datos de la Organización Panamericana de la Salud. Se encontraron 14.427 muertes por agresiones con armas de fuego de jóvenes, con una tasa de 14,3 por 100.000 jóvenes para el año 2014 en América Latina. Así, el 80% de todos los homicidios de jóvenes de entre 10 a 19 años de la región fueron cometidos con armas de fuego. Esto afecta especialmente a los varones, cuya tasa asciende a 26,5 por 100.000 muertes por agresiones con armas de fuego, aunque en el caso de las mujeres no se descarta que, en su mayoría, se trate de feminicidios. Además, se registraron 1.828 muertes con armas de fuego de intención no determinada (especialmente provenientes de Venezuela y Argentina) y 284 muertes con armas de fuego en intervenciones legales (mostrando la mayor letalidad policial hacia los jóvenes). La tasa corregida pasa a ser de 16,4 por 100.000 jóvenes muertos por terceros con armas de fuego en América Latina. Se plantea la necesidad de políticas de control de armas y desarme, de campañas de desestig-matización y de programas de desarrollo de la juventud, que reduzcan las actuales condi-ciones que propician e invisibilizan el llamado “juvenicidio armado” en América Latina

Leer artículo completo



5 abril, 20191min0

Compartimos artículo publicado en Revista Derecho y Ciencias Sociales de la UNLP

Resumen El artículo reflexiona sobre el riesgo y la peligrosidad como matrices de inteligibilidad para analizar los discursos que tematizan a jóvenes y adolescentes en relación a la responsabilidad penal. Se analizan ocho proyectos de ley con estado parlamentario durante el periodo legislativo 2018. INGRESAR y DESCARGAR


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4 abril, 201910min0

Compartimos con uds. una nota de opinión publicada en Pagina12 y firmada por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, con la colaboración de Vanesa Salgado, integrante del OAJ

En una nota de opinión publicada en PáginaI12 el 18 de marzo pasado, “Construir consenso”, Deborah Dobniewski, asesora del ministro Garavano, ensaya un análisis de lo que considera un “enfrentamiento fanático y sintomático” entre el Gobierno y las organizaciones sociales, sobre cuál es la correcta edad mínima de responsabilidad penal”. 

Este debate, dice Dobniewski, obstaculiza hacer foco en el resto. Con el resto se refiere a los cien artículos del proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil que desde hace ya dos años intenta introducir el Gobierno de Cambiemos, bajo la impronta de bajar la edad de la punibilidad.

En la apertura de inicio de sesiones ordinarias de este año electoral, Mauricio Macri puso nuevamente en la agenda del Congreso la reforma de la ley penal juvenil y dijo que la reforma tendería a que el Estado “contenga a los chicos para que no caigan en la delincuencia”. El Estado no tiene que “contener” niños y niñas para que no caigan en la delincuencia, sino que tiene que garantizar derechos para que se desarrollen plenamente. Esta brecha entre los objetivos políticos del Ejecutivo y los de las organizaciones sociales y académicas, e incluso internacionales como es el caso de Unicef Argentina, que se oponen al proyecto no es un simple recurso literario, es todo lo que se discute cuando se discute sobre la ley. 

La decisión del Gobierno de abordar este tema en épocas electorales pone de manifiesto intereses punitivos que nada tienen que ver con los objetivos enunciados para la reforma: no mejora la seguridad ciudadana, no salda la pendiente incorporación de los estándares de derechos necesarios para establecer un régimen penal juvenil democrático. Esto constituye un motivo principal para que organizaciones sociales, profesionales, de derechos humanos y académicas no legitimen su tratamiento.

El “enfrentamiento fanático”, que describe Dobnievski nada tiene de fanatismo, todo lo contrario, es de una racionalidad implacable: el sistema jurídico impide “bajar la edad de punibilidad” por la aplicación de principios y consensos internacionales en materia de derechos de la infancia. Esto lo debe garantizar el Estado. ¿Cómo lo garantiza? Adecuándose a los principios de progresividad y no regresividad políticas, legislaciones y prácticas.  Bajar la edad, es violar los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

El actual proyecto que presentó el Ejecutivo tiene una operación de maquillaje, consecuencia de las numerosas y fundadas críticas que de todos los sectores –incluido el Poder Judicial y operadores del propio Poder Ejecutivo– recibieron las propuestas originarias de Garavano y Bullrich. 

Esta operación, con algunos enunciados formalmente adecuados, no es suficiente para ocultar los numerosos problemas en los que reincide y agrava, más allá de la cuestión de la edad. 

Las organizaciones sociales, de derechos humanos y estatales, jueces y ministerios públicos difundieron numerosos documentos con análisis técnicos que fueron pasados por alto por la cartera de Justicia. Indicaron, entre otros aspectos que fundamentan la oposición al proyecto, que el mismo no preveía topes en las condenas, que las penas eran altísimas y equiparadas a las de adultos; que seguía habilitando la intervención punitiva respecto de los niños y niñas por debajo de los 15 años, como lo hace actualmente el sistema tutelar; y que, más allá de que los nombres hayan cambiado bajo formulas “políticamente correctas”, el fondo del proyecto es reforzar la respuesta penal y debilitar las políticas públicas de protección de derechos, que seguirán siendo implementadas desde la Justicia Penal. Todo lo que el Ejecutivo critica para la prensa lo refuerza en el proyecto. 

La asesora de Garavano indica, hacia el final de su nota, que el sistema que propone el Ejecutivo “hace absoluto foco en la vulnerabilidad social de este grupo etáreo” y luego llama a no politizar y obstaculizar el proyecto ya que resta a la democracia. Es de destacar que el principal causante de la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes es el propio Estado, con el 48 por ciento de chicos por debajo de la línea de pobreza, según datos del Indec, no podemos sino hablar de una política a gran escala que está dejando a esta población en situación de absoluta desprotección. Frente a esto, lejos de dotarse de políticas de emergencia alimentaria, sanitarias, educativa o social, se desfinancian programas y políticas dirigidas a la niñez en general. Al mismo tiempo que se exacerba el discurso punitivo e incrementa el presupuesto en seguridad poniendo en peligro la vida de niños, niñas y adolescentes de los sectores populares. 

No existe consenso sobre el proyecto que el Ejecutivo presentó en el Parlamento para la modificación del régimen penal juvenil, los argumentos fueron esgrimidos en varias oportunidades frente a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde los debates realizados en el verano de 2017, sumados cientos de pronunciamiento, análisis e investigaciones que se le han acercado al Gobierno en estos dos años.

Queremos un régimen penal juvenil democrático, progresivo en materia de derechos, sin confusiones profesas sobre lo que debe ser garantizado por los organismos administrativos del Estado en materia de promoción y protección de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que habitan nuestro país.

* También firman: Espacio No a la Baja, Red Argentina No Baja, Red Sur, Asociación Civil El Arca, Atrapamuros, AulaVereda, C.Re.Ar-Vamos, Casanova en Movimiento, Cedim, Centro de escucha y Resiliencia Popular (CERP), Colectivo de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Colectivo Juguete Rabioso, Colectivo Memoria Militante, CTA Autónoma, Defensa de los Niños y Niñas Internacional (DNI), Foro por la Niñez, Fundación Che Pibe, Fundación Emmanuel, GNRC Argentina, Red Global Regiones a Favor de la Niñez, La Miguelito Pepe, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Misur, Red de Centros Comunitarios de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata en el Conurbano Bonaerense, Niñez y Territorio.

Fuente: Pagina12