17 julio, 201910min0

«La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa» (K. Marx: El 18 Brumario de Luis Bonaparte <1869>)

El anuncio por parte del gobierno nacional de creación de un  “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, a ser implementado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), decisión anunciada a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad de la Nación, nos impone hacer memoria y buscar archivo, y reflotar las reflexiones que hiciéramos, también como Observatorio de Adolescentes y Jóvenes en 2010, en ocasión de haber obtenido media sanción en la Honorable Cámara de Senadores, un Proyecto sobre Servicio Cívico Voluntario, con los mismos objetivos de  “Otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo; alentar a través de políticas activas la terminación del ciclo educativo básico y capacitación en artes y oficios de los ciudadanos o ciudadanas ingresados al Servicio Cívico Voluntario, aumentando de ese modo las posibilidades de acceso al mercado laboral; promover el desarrollo de actividades y talleres culturales, artísticas, recreativas y de toda otra temática que fomente la cohesión social;  alentar conductas y programas solidarios y productivos como herramientas de crecimiento personal y social”[1], y con el involucramiento de las Fuerzas Armadas. Para aquel entonces, escribimos indignados el Boletín que abajo reproducimos, en el cual caracterizamos de “bravuconada” legislativa el tratamiento y media sanción de un Proyecto de ley con escasa discusión y conocimiento público. A tal punto que dijimos: “nos enteramos ante el hecho consumado”.  Para entonces, aún no se había creado el Ministerio de Seguridad; para entonces, la Gendarmería como fuerza de seguridad gozaba de algún prestigio (en oposición al desprestigio de la Policía Federal y mucho más al lado de la “maldita”) en los barrios precarios en que había aterrizado en carácter de experiencias piloto (Fuerte Apache, por ejemplo) y para entonces, el Congreso Nacional aún marcaba el paso en materia de legislación.

Desde entonces, para remitirnos a frases comunes que han hecho carne en todos nosotros, pasaron cosas…..

Y entre las cosas que pasaron, es que a finales del año 2010 se creó el Ministerio de Seguridad y con éste la implementación de un Modelo de seguridad democrática que involucró en la seguridad interna a la Gendarmería y a la Prefectura, fuerzas que hasta entonces tenían competencias territoriales más específicas. La intervención multiagencial de las fuerzas de seguridad en operativos como Cinturón Sur, y Escudo Norte, solo por citar algunos de los más conocidos, dejaron sobradas pruebas de la las “nuevas fuerzas” eran tanto o más violentas que las policías nativas de cada una de las jurisdicciones. Los peores fantasmas encontraron realidad en los casos de Santiago Maldonado (2017) y Rafael Nahuel (2017), en que las fuerzas bendecidas por la gestión del Ministerio de Seguridad del actual gobierno, fueron acusadas (con distinto éxito) de homicidios calificados. Pero había antecedentes de flagrante evidencia como  el caso Kevin en Villa Zabaleta (2013) y también casos de Iván y Ezequiel en la Villa 21-24 en Barracas (2016), caso denunciado por Garganta Poderosa y que recibiera un fallo condenatorio ejemplar para los prefectos que participaron en el hecho.  También, hubo un Chocobar, que ejecutó a un joven ya neutralizado y reducido (2017), también hubieron episodios aberrantes como la muerte de Facundo Ferreyra en Tucumán(2018), y mucho más recientemente “pasaron” la masacre de los chicos en Monte, y la muerte de Silvia ejecutada con su bebé en brazos en Santiago del Estero. Y “pasaron” muchas cosas, y muchos más hechos en que jóvenes procedentes de sectores socialmente vulnerables o marginados fueron víctimas de las violencias punitivas estatales por parte de las fuerzas de seguridad.

Por eso, proponer un Servicio Cívico Voluntario “en valores” tutoreado por la Gendarmería es un acto de cínica provocación.

Por eso, redoblar la “bravuconada legislativa” con un “decretazo” del Ministerio de Seguridad, conocido a través del Boletín Oficial, constituye un acto de absoluta falta de vocación democrática. Además, un flagrante desconocimiento del poder legislativo como el legítimo creador de las normas penales.

Debemos advertir que además, este “decretazo” se produce ante el fracaso, una vez más, de discutir un Sistema de Responsabilizarían penal juvenil acorde a los estándares internacionales,  luego de un proceso de consulta en Plenario de Comisiones del Congreso en la que la iniciativa oficial no cosechó ningún apoyo, y sí críticas lapidarias por habilitar condenas altísimas para los jóvenes que hayan cometido delitos siendo menores de edad. Es decir, una propuesta oficial cara a convalidar a través de un punitivismo legislativo, un punitivismo judicial que se produce de hecho con el dictado de condenas excesivas para los jóvenes que han cometido delitos. En ese contexto, es que el Ministerio de Seguridad “le moja la oreja” al Congreso, como si la dedicatoria implícita del decreto fuera: “Uds. legisladores, tuvieron la oportunidad y fracasaron. Nosotros venimos a remediar vuestra impotencia”, y a continuación el decreto de referencia que activa todo nuestro repudio.  

Desde el OAJ repudiamos enérgicamente la medida, que consideramos como otro grave antecedente del incipiente proceso de militarización de la seguridad interior, en este caso, a través de políticas que conllevan grados crecientes de militarización de la propia sociedad civil. 

Por el contrario, atendiendo a la alta vulnerabilidad de la niñez y la juventud que este gobierno no hizo más que agravar, teniendo en cuenta los crecientes niveles de pobreza e indigencia, la reducción en el presupuesto educativo y de los organismos de infancia y adolescencia, y la falta de programas de promoción social, laboral y educativa, se requiere de forma urgente atender a dicho sector con políticas integrales, financiamiento y conocimiento de las áreas competentes del estado argentino y no mediante una fuerza militarizada que no debe, no puede ni sirve para dichos fines. Estos anuncios vacíos de contenido con fines puramente electoralistas no hacen más que ahondar en el abandono estatal de nuestra juventud, estigmatizándola e impidiendo acceder realmente a sus derechos educativos, sociales, sanitarios, habitacionales, y el acceso a la cultura, el arte y el deporte para lograr una vida plena, digna y libre de discriminación tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño.


[1] Objetivos en el Proyecto que obtuvo media sanción. O.D. N° 851/0.