28 febrero, 20202min0

Silvia Guemureman

En Argentina rige el decreto ley 22.278/80 en materia de regulación penal juvenil. Dicho decreto es un resabio de la última dictadura que no fue modificado pese a numerosas iniciativas legislativas que proponen sancionar sistemas o regímenes penales juveniles con estándares de derechos adecuados a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN). La no adecuación coloca al país en flagrante infracción y así fue manifestado en sucesivos informes del Comité de los Derechos del niño. Argentina también fue observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el dictado de sentencias condenatorias a prisión perpetua para quienes cometieron delitos siendo menores de edad, situación de particular gravedad, ya que la mayoría de los países de la región adecuaron sus legislaciones y fijaron topes a penas privativas de la libertad. Al fracaso legislativo, le sigue un punitivismo judicial de hecho. El objetivo del artículo es describir las claves del punitivismo a través del seguimiento de cinco fallos paradigmáticos dictados en los últimos años.

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