28 febrero, 20202min0

Silvia Guemureman

En Argentina rige el decreto ley 22.278/80 en materia de regulación penal juvenil. Dicho decreto es un resabio de la última dictadura que no fue modificado pese a numerosas iniciativas legislativas que proponen sancionar sistemas o regímenes penales juveniles con estándares de derechos adecuados a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN). La no adecuación coloca al país en flagrante infracción y así fue manifestado en sucesivos informes del Comité de los Derechos del niño. Argentina también fue observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el dictado de sentencias condenatorias a prisión perpetua para quienes cometieron delitos siendo menores de edad, situación de particular gravedad, ya que la mayoría de los países de la región adecuaron sus legislaciones y fijaron topes a penas privativas de la libertad. Al fracaso legislativo, le sigue un punitivismo judicial de hecho. El objetivo del artículo es describir las claves del punitivismo a través del seguimiento de cinco fallos paradigmáticos dictados en los últimos años.

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25 abril, 20191min0

Compartimos la intervención de Vanesa Salgado (OAJ) en el Plenario celebrado el 23 de abril en la Cámara de Diputados como parte de los debates hacia un nuevo Régimen Penal Juvenil.

«Estamos seguros (…) que no se trata de bajar la edad de imputabilidad, se trata de bajar los níveles de desigualdad que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes como sus principales víctimas»



5 abril, 20191min0

Compartimos artículo publicado en Revista Derecho y Ciencias Sociales de la UNLP

Resumen El artículo reflexiona sobre el riesgo y la peligrosidad como matrices de inteligibilidad para analizar los discursos que tematizan a jóvenes y adolescentes en relación a la responsabilidad penal. Se analizan ocho proyectos de ley con estado parlamentario durante el periodo legislativo 2018. INGRESAR y DESCARGAR


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21 febrero, 20197min0

Nota publicada en La Nación. Disponible en http://bit.ly/2XhS288

Por: Silvia Guemureman

El Poder Ejecutivo formalizó el envío del proyecto de ley sobre responsabilidad penal juvenil al Congreso. Dicho proyecto recupera el proceso iniciado en 2016 por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que reconoció distintas fases: encuentro con jueces, defensores y fiscales, mesas de diálogo con expertos, funcionarios, organismos de niñez y adolescencia y la plataforma Justicia 2020. Sin embargo, no todas las instancias fueron públicas y el armado del proyecto de ley que acaba de oficializarse fue producto del trabajo de una comisión redactora, integrada solo por algunos representantes designados por el Poder Ejecutivo.

En las reuniones abiertas fue interesante escuchar a los funcionarios judiciales. La contundencia con la que se pronunciaron, con posiciones ancladas en modelos orientados a instituir un sistema opuesto a bajar la edad por razones de política criminal, debería ser ponderada en un escenario donde las relaciones de fuerza podrían augurar un trámite legislativo exitoso para un proyecto que consagre la disminución de la edad de reproche penal.

Los bandos que se pronunciaron a favor y en contra en las comisiones son heterogéneos y contradictorios. Conciliar las garantías con el deseo de punición es un desafío que no augura buenos pronósticos para los adolescentes. Tampoco es una buena solución conciliar decisiones de política criminal y estándares de derechos con miradas compasivas, devaluadas y desresponsabilizantes de los sujetos. Acaso, los cánones de mayores derechos sean la clave para destrabar este conflicto. En tal sentido, hay proyectos con trámite legislativo vigente que condensan el equilibrio entre garantías, derechos y contexto social.

Hasta su oficialización, había nueve proyectos con trámite parlamentario contando ambas cámaras. Seis de ellos mantienen la edad y tres propician la baja a los 14 años. Si sacamos los proyectos cuya motivación destila peligrosismo y tutelarismo extremo y sacrifica las garantías y mejores estándares de derechos, la discusión se reduce a la edad de punibilidad. El núcleo central de la discusión es entre puntos en común, cuyos supuestos están asentados en las garantías, en los estándares internacionales, en el principio de especialidad, que atienden a la administración de justicia en el contexto real y conciben la privación de la libertad como medida de última ratio y por el menor tiempo posible. La divergencia está en la fijación de la edad, una diferencia no menor para aquellos que ingresan al sistema penal.

El Poder Ejecutivo propone los 15 como modo de partir salomónicamente la diferencia al clásico 16 vs. 14. Sin embargo, esta rebaja no contrarresta los peligros que implican el ingreso a un sistema penal violento, donde se suceden muertes, apremios y torturas por parte de las fuerzas de seguridad .

Mantener la edad no es un capricho, es una decisión razonada y sopesada a la luz de las consecuencias nocivas que implica el ingreso al sistema penal.

El proyecto se oficializa en simultáneo a una insólita reducción operada sobre el presupuesto en niñez en virtud de una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, que desconoce el presupuesto aprobado en el Congreso. En septiembre ya se había hecho la previsión de transferir partidas desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la Secretaría Nacional de Niñez y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social hacia el Ministerio de Seguridad.

Los ajustes, el desmantelamiento de programas sociales, la dilación inexplicable en la designación de un defensor/a del niño, sumado a la desinversión en niñez denunciada por Unicef Argentina, no configuran el mejor escenario para proponer proyectos de ley cuya efectividad esté en la protección de derechos. Si la economía distribuye recursos escasos entre fines múltiples, es indiscutible dónde debe asignar la prioridad.Socióloga.

*Investigadora del Conicet. Instituto Gino Germani/UBA. Coordinadora del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes


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16 enero, 20171min0

Compartimos el documento de Acuerdos básicos para la convocatoria Red Argentina No Baja. La Red Argentina No Baja nace con la vocación de articular las voces de quienes estamos contra la baja de edad de punibilidad. Una iniciativa amplia y plural que albergue a distintas expresiones sociales, culturales y políticas de quienes coincidimos en que nada tiene que ver la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil en base a los derechos humanos de los adolescentes, con la idea demagógica y regresiva de bajar la edad de punibilidad.

ADHERENTES AL 12 DE ENERO – #ARGENTINANOBAJA


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24 septiembre, 201610min0

Compartimos un comunicado de prensa de UNICEF, sobre el encuentro realizado en la Facultad de Derecho, para  debatir una Ley de Justicia Penal Juvenil, que regule la situación de los chicos, las chicas y adolescentes en conflicto con la ley penal.

 

26 de agosto de 2016.-

UNICEF y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación convocaron a jueces, fiscales, defensores, abogados y profesionales del derecho de todo el país a debatir una Ley de Justicia Penal Juvenil, que regule la situación de los chicos, las chicas y adolescentes en conflicto con la ley penal. El objetivo del encuentro es avanzar hacia la redacción de una propuesta de ley que contemple el proceso legal de los jóvenes infractores a la ley penal que sea acorde a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) que en Argentina tiene rango constitucional y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061).

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y la Representante de UNICEF en Argentina, Florence Bauer, cerraron hoy las jornadas que incluyeron paneles centrales con disertantes especialistas en la temática y mesas de debate específico sobre medidas alternativas al proceso judicial, medidas alternativas a la privación de libertad, sanciones y garantías y edad de imputabilidad, entre otros.

“La ley penal (22278) mantiene un régimen inquisitivo, que aún hoy posibilita la ausencia de justicia especializada, la ausencia de aplicación (y de contenidos definidos) de medidas alternativas con contenido socioeducativo, en todo el país” refirió el Ministro de Justicia Germán Garavano. “El Ministerio viene trabajando en diversos temas vinculados con la justicia penal juvenil órganos judiciales de competencia específica, procedimientos adaptados a los adolescentes, instituciones de ejecución especializadas sanciones y medidas alternativas diferentes del régimen general, principio y garantías sustanciales; a través del Programa Justicia 2020, por medio del cual ya se inició un foro virtual e intercambio con actores del país, en el que ya se recibieron propuestas de proyectos y se tiene previsto en los próximos meses viajes programados para Córdoba, San Luis y Salta a fin de continuar profundizando el diálogo, los aportes y relevando la situación de la justicia penal juvenil”.

“El Ministerio de Justicia está también abocado a la sistematización y actualización de estadísticas para conocer la cantidad de NNA que delinquen, diferenciando población etárea, y tipos de delitos cometidos, información fundamental para elaborar un proyecto de ley penal juvenil”, agregó el Ministro. “Estos diálogos pretenden obtener insumos para abordar el proyecto, pero también, relevar necesidades de las provincias para abordar mejoras, más allá de un futuro proyecto de ley, pues sabemos que más allá de la ley, las prácticas pueden adecuarse progresivamente al paradigma de derechos instalados por la Convención”, concluyó.

La normativa argentina actual no resulta compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño ni con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo al Régimen Penal de la Minoridad vigente, entre los 16 y los 18 años de edad los adolescentes son punibles penalmente y tienen menos garantías procesales que los adultos. Esta situación presenta grandes diferencias de una provincia a otra, dado que elaboran sus propios regímenes procesales penales con fuertes diferencias en el tratamiento de un mismo delito según el organismo interviniente. La ausencia de una ley marco nacional favorece estas disparidades entre provincias.

“Mejorar la situación de los chicos es un desafío que requiere de la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos”, afirmó Florence Bauer. “Necesitamos una ley que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le apliquen como regla medidas no privativas de la libertad, dejando como sanción excepcional, y sólo en casos de extrema necesidad, la restricción de la libertad personal”.

“Este es el primer diálogo a nivel federal sobre justicia penal juvenil que decidimos coorganizar con UNICEF. EL Ministro tiene previsto para el primer semestre del año 2017 elaborar un nuevo proyecto de ley penal juvenil acorde a los estándares internacionales. No hay ni habrá ningún proyecto sin un previo amplio debate. Procuramos que estén aquí representadas todas las provincias, desde sus poderes ejecutivos, judiciales, ONGsy especialistas. La dinámica del evento se conforma por seis ponencias en total que serán disparadores de los temas a abordar luego en las mesas de debate. La lógica de una mesa de debate armónica, y la capacidad de las salas motiva que este evento tenga un cupo máximo de 120 personas. Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Justicia y DDHH, a través de su programa justicia 2020 tiene ya abierto su foro virtual para dialogar y recibir aportes de todos los ciudadanos del país que así lo deseen, y encuentros presenciales donde podrán inscribirse libremente. Sabemos de los avances en materia penal juvenil: La Argentina hace ya 27 años incorporó la CDN; dictó la Ley Nacional de Protección Integral, muchas provincias se aggiornaron a los estándares internacionales en derechos humanos. Y de los retrocesos: Argentina sigue aplicando una ley penal (22278) dictada en la dictadura militar, arbitraria, sin garantías para niños, niñas y adolescentes. Estos diálogos pretenden obtener insumos para abordar el proyecto, pero también, relevar necesidades de las provincias para abordar mejoras, más allá de un futuro proyecto de Ley” sostuvo el Subsecretario de Política Criminal, Martín Casares.

La primera mesa del encuentro, “Sistema especializado en Justicia Penal Juvenil”, la abrió Pablo Jantus, Juez integrante de la Cámara Nacional de Casación Penal. Los otros paneles centrales del jueves 25 estuvieron a cargo de Alejandro Morlachetti, Experto del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, quien disertó sobre “Medidas alternativas al proceso judicial”; y la Jueza de Garantías del Joven y Presidenta de la Asociación Argentina de Magistrados y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), Patricia Klentak, cuyo tema fue “Medidas alternativas a la privación de libertad como regla y no como excepción”.

La jornada del viernes 26 empezó con otro panel central quese tituló “Delitos y sanciones especializadas acorde a los estándares internacionales y nacionales en materia de niñez y adolescencia” y el expositor fue Pablo Alejandro Barbirotto, Juez a cargo del Despacho del Juzgado Penal de Niños y Adolescentes de Paraná, Entre Ríos.

La segunda mesa acerca de “La discusión sobre la edad de imputabilidad”, estuvo a cargo de Norberto Liwski, Presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos. Siguió Roberto Cipriano García, Director del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la memoria de la Provincia de Buenos Aires, con una ponencia sobre “Centros de privación de libertad. Estructuración conforme a estándares internacionales, monitoreo frecuente e independiente”.

Todas las discusiones y los intercambios de este primer encuentro federal de profesionales del derecho y especialistas en niñez convocados por UNICEF y el Ministerio de Justicia se editarán en un documento de trabajo para avanzar hacia la redacción de una propuesta de Ley de Justicia Penal Juvenil. Participaron del encuentro funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y provinciales, funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación y provinciales, Ministerio de Seguridad de la Nación y provinciales y del Ministerio de Desarrollo Social, jueces, fiscales, defensores, Tribunales Superiores de Justicia provinciales, expertos, miembros de ONG y académicos.

Contacto: María José Ravalli Especialista en Comunicación

mjravalli@unicef.org

www.unicef.org.ar



28 junio, 201611min0

El Régimen Penal de la Minoridad, Ley 22.278/80, es el que administra los casos donde un joven menor de 18 años de edad es acusado de cometer un delito. Este Decreto-Ley, modificado en el año 1983 por la Ley 22.803 ha quedado desactualizado en relación a los tratados internacionales que firmó la Argentina en la materia, así como a la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes[1].

En este sentido, muchos han sido los proyectos de Ley que en diferentes momentos se han presentado en las dos Cámaras del Congreso de la Nación, proponiendo una Ley Penal Juvenil. Muchos proyectos se fueron presentando, y luego de discusiones y negociaciones, el 25 de noviembre de 2009 en la Cámara de Senadores fue aprobado uno (si bien había diferentes criterios acerca del proyecto, dado que el mismo proponía bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, luego de algunas negociaciones fue aprobado), denominado Régimen legal aplicable a las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal, que, con esa media sanción, pasó a ser discutido en la Cámara de Diputados, para su efectiva conversión en Ley. Ese proyecto perdió estado parlamentario, y desde entonces no se ha aprobado otro.

Desde el Observatorio hemos relevado y analizado algunos de esos momentos. Los cuadros que pueden consultarse a continuación son una síntesis de las propuestas vigentes cada año que realizamos el relevamiento.

Como se podrá observar, para el año 2016 sólo hay tres proyectos con trámite parlamentario en el Congreso. Por lo general, al ser un tema tan sensible y controversial, las discusiones en el Congreso se activan teniendo muy en cuenta el contexto, por ejemplo, cuando algún hecho mediático con un joven implicado interpela a los legisladores.

Si miramos todos los proyectos presentados y re presentados a lo largo de estos años, podemos observar que, si bien con algunas diferencias significativas como ser la edad de imputabilidad penal, parecería haberse arribado a un consenso en cuanto a la necesidad de una Ley Penal Juvenil, acorde a un Régimen de Responsabilidad Penal, donde los jóvenes tengan un proceso con garantías, diferente al de los adultos, etc.

El no haberse sancionado aún una Ley penal juvenil, brinda un contexto de oportunidades para volver a pensar acerca de qué tipo de normativa proponer, dado que en otros países de la región (caso de chile, por ejemplo) el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil ya ha mostrado sus falencias.

Resulta interesante mencionar que la Comisión de Infancia de Justicia Legítima, compuesta por los Dres. Julián Axat, Mirta López González, Damián Muñoz y Gustavo Caruso, elaboró diez puntos para una futura ley penal juvenil nacional. Estos son los aspectos principales: • El interés de la reforma se funda en la necesidad de establecer un régimen penal juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia. • Una ley penal juvenil implica desterrar el complejo tutelar y separar definitivamente las cuestiones de los NNyA en conflicto con la ley penal de aquellos que se encuentran en situación de vulneración de derechos. • La ley penal juvenil deberá contener la expresa prohibición de judicializar cuestiones que no importen imputaciones de delitos. • La ley no debería bajar la edad de punibilidad fijada en 16 años. • Privación de la libertad como excepción y por plazo breve. • Ejecución progresiva y morigerada de la privación de libertad. Necesidad de fundar la sanción de mayor restricción y tabulación de sanciones conforme proporcionalidad. • La ley penal juvenil deberá priorizar las medidas alternativas al proceso judicial penales, sin excepciones de delitos. Se sugiere que la pena más alta no exceda los 7 (siete) años, aun en los casos de concursos de delitos. • Deberá asegurarse la presencia de la defensa técnica especializada e integral del niño/a o adolescente desde la primera intervención policial y durante todo el proceso penal. • Oportunidad reglada y discrecional. Desjudicialización. Prohibición de la abreviación de los procesos penales juveniles. • La Ley debe garantizar un sistema especializado. De los operadores, del procedimiento y de los dispositivos.

Asimismo, cabe mencionar que el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, ha elaborado hasta el momento cuatro Actas compromiso (2008, 2011, 2014 y 2015) que se erigen como base de la política en la materia del Sistema Penal Juvenil. Su objetivo es adecuar el régimen penal juvenil a un sistema respetuoso de los Derechos Humanos, bajo los estándares previstos en la Constitución Nacional y en la normativa internacional que rige en la materia. En el Acta Compromiso que se firma en el año 2015, “Acta Declaración contenidos mínimos de una nueva ley penal juvenil” los consejeros mencionan cuáles son las normas que debería contener una nueva ley penal[2].

Desde el Observatorio, estamos muy atentos a las nuevas discusiones que puedan producirse, esperando que las mismas no tengan que ver con el fervor punitivo-represivo, sino en pensar una Ley que pueda enmarcar la administración judicial para jóvenes pensando en ellos.

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[1] Cabe mencionar que muchas Provincias han hecho un esfuerzo para incorporar a su normativa procesal herramientas jurídicas que permiten que esos procedimientos contengan los principios previstos en los instrumentos internacionales de Justicia juvenil.

[2] Dichas normas, publicadas en el Relevamiento Nacional de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (año 2015), Ministerio de Desarrollo social y UNICEF, son:
1. La edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, en respeto al principio de no regresividad y de progresividad en la garantía de los derechos. Sin perjuicio de las medidas especiales que en protección de los derechos del niño puedan adoptarse.
2. Las personas punibles menores de edad contarán, como mínimo, con las mismas garantías procesales que los adultos; es decir, proceso penal, abogado defensor oficial o particular, intervención del fiscal, fundamentación de las resoluciones, control de medidas cautelares, recurso y revisión por órgano superior.
3. Mantener la eximición de pena a partir de la conducta que tuvieran luego del delito, ya que el fin del sistema no es retributivo sino resocializador en concordancia con los tratados de Derechos Humanos; (Antecedente: Corte Suprema de Justicia, caso Maldonado) ha limitado el monto de pena aplicable a esta franja a la que le corresponde excepcionalmente y solo en caso de ser necesario un tercio de la pena aplicable a los adultos (tentativa);
4. La remisión y la suspensión del juicio a prueba, con contenidos específicos en la reparación del daño y la participación de la víctima;
5. Medidas alternativas como la mediación, conciliación, reparación, requeridos por las normas internacionales (justicia restaurativa),
6. Que el proceso concluye con la absolución del acusado o la declaración penalmente responsable con la imposición de una pena basada en una escala penal atenuada.
7. Un máximo de duración de la medida.
8. Establecer taxativamente las medidas a aplicarse en relación a los hechos tipificados por los cuales son sospechados de responsabilidad penal.
9. Aplicar medidas de restricción de derechos que pueden ir desde la libertad asistida o vigilada (supervisión y monitoreo), así como otras medidas que impliquen obligaciones de cumplimiento efectivo o prohibiciones, hasta la internación en régimen cerrado, semiabierto o abierto.
10. Resguardar la especialización hasta la etapa de ejecución penal incluida.
11. Permitir la determinación de la pena hasta los 21 años de edad haciendo posible una intervención estatal más prolongada en términos de restablecimiento de derechos y posibilidad de articulación con los sistemas administrativos y judiciales (Observación general Nro. 10).

 

 

Cuadro resumen de Proyectos de Ley Penal Juvenil 2016

Cuadro resumen Proyectos de Ley Penal Juvenil 2015

Cuadro resumen Proyectos de Ley Penal Juvenil 2012

Cuadro resumen Proyectos de Ley Penal Juvenil 2009

Cuadro resumen Proyectos de Ley Penal Juvenil 2007

 

 



1 febrero, 20111min0

sin titulo 60Se discute mucho sobre la conveniencia de reformar el Régimen penal de la minoridad, y en el marco del consenso establecido en torno a la instauración de un Régimen de responsabilización  penal  juvenil, se cuela la nunca saldada cuestión de bajar la edad de imputabilidad penal.

 

Así como en nuestro pronunciamiento anterior dejamos claramente establecido los motivos de política criminal por los cuales nos oponemos a la baja, en esta ocasión nos parece de carácter indispensable proporcionar respaldo empírico a nuestras afirmaciones e invitar a los actores a dar un debate informado, no especulativo, no ideológico, sino sustentado en argumentaciones y datos.

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