4 septiembre, 20201min0

En este canal del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes nos proponemos compartir, a través de la utilización de lenguaje audiovisual, producciones sobre las temáticas que abordamos en las investigaciones y poner a disposición las presentaciones del equipo en diferentes eventos.

Arrancamos con Fragmentos de la Pandemia, un espacio de entevistas cortas a referentes y actores territoriales vinculados a adolescencia y juventud. El objetivo es recuperar la voz de las y los jóvenes a través del trabajo y contacto que estos referentes realizan diariamente. Estas entrevistas, que son material de trabajo para el OAJ, quedan a disposición en el canal para el acceso de todxs.

Lxs invitamos a ingresar y compartir

https://www.youtube.com/channel/UCXlaXCrw6dPjQ_lkoYyex8w/featured?view_as=subscriber


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24 agosto, 20201min0

El objetivo de este capítulo es ofrecer un panorama analítico acerca de las diversas nociones de riesgo y peligrosidad que se ponen en juego en los discursos que desde el derecho tematizan la responsabilidad penal juvenil en Argentina.



3 junio, 20202min0

El tiempo detenido de adolescentes y jóvenes

La pandemia, y el encierro, no afectan a todos los grupos por igual. Demás es sabido que afecta en forma diferencial según clase social, grupo de edad, ubicación geográfica, condiciones de vivienda, acceso a servicios, y demás variables que determinan e inciden en todos los fenómenos sociales. Del mismo modo que el COVID-19 es más peligroso para las personas mayores en términos de morbilidad, la obligación de encierro y distanciamiento social, ese nuevo “afuera” impacta de forma abrupta en todos los segmentos etarios. Desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) nos interesa reflexionar sobre niñxs, adolescentes y jóvenesi.



2 junio, 20204min0

Al iniciarse el asilamiento obligatorio frente a la llegada del COVID-19 desde el Espacio Agenda Migrante 2020 – un colectivo de organizaciones de migrantes, de derechos humanos y grupos de la academia del cual el OAJ forma parte – se realizó una consulta a personas migrantes y refugiades: “Situación de la población migrante/extranjera residente en Argentina ante el avance del coronavirus”

En relación a la situación económica:

– El 75 % de las personas se encontraba trabajando antes del aislamiento aunque solo el 25% de manera formal.

-Más de 70% de las personas encuestadas declaró que su fuente de ingreso se vio fuertemente afectada al iniciarse el aislamiento: el 58% indicó que dejó de percibir por completo un salario o ingreso y el 13% parcialmente. Entre los rubros más afectados se encuentra el trabajo en casas particulares, la construcción, la actividad fruti hortícola, y la venta ambulante, forman parte de la gama de trabajos informales.

– Solo el 6% de las personas consultadas accedió al IFE. El rechazo se extiende no solo entre las personas con pocos años de residencia sino inclusive con migrantes de largo arraigo.

-El 79% indicó que no recibe ayuda ni beneficios sociales de ningún tipo. Esta alta cifra se debe a obstáculos históricos de acceso de les migrantes a la seguridad social y a pensiones no contributivas, justamente por la exigencia desmesurada de años de residencia.

Ante esta situación de urgencia el Espacio de la Agenda inició un diálogo con el gobierno para solicitar en particular, la atención a la situación de emergencia socioeconómica que está viviendo gran parte de la población migrante, en particular se solicita el acceso al IFE sin restricciones y revisión de las condiciones de tramitación a los programas de protección y contención socio-económica.

El informe completo está disponible en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1bsBrQBf3yZ-PcWIz_LOQ4UUw6NUZSlfj/view?usp=sharing


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13 agosto, 201915min0

Por SILVIA GUEMUREMAN

“A partir de hoy se terminó el concepto de venganza y de grieta”, concluyó su emotivo discurso el candidato del Frente por Todos en su discurso de festejo del notable triunfo obtenido en las PASO del domingo 11 de agosto próximo pasado.

Una muy importante declaración que reafirma a la voluntad de vivir en un estado de derecho, que respete el derecho, y donde la justicia sea el modo de dirimir los conflictos derivados de las infracciones a la ley.

Esta distinción no es menor, es sustancial, y la pronuncia Alberto, que además de candidato a presidente es abogado penalista, y no cualquier abogado penalista, uno de nuestros mejores abogados penalistas y mejores profesores universitarios. Por eso, cuando Alberto habla de catapultar la venganza, y de catapultar la grieta, no renuncia, ni resigna la pretensión de un país donde impere la justicia, y donde lo justo, tal como dirá Derrida[1], sea fuerte, donde lo justo sea un pilar del estado de derecho:

“La justicia sin la fuerza es impotente {dicho de otra manera, la justicia no es la justicia, no se realiza, si no tiene la fuerza de ser enforced; una justicia impotente no es justicia en el sentido del derecho}; la fuerza sin la justicia es tiránica. La justicia sin la fuerza es contradicha porque siempre hay malvados; la fuerza sin la justicia es acusada. Por lo tanto, hay que poner juntas la justicia y la fuerza; y para ello, hacer que lo es justo sea fuerte, y lo que es fuerte sea justo” (Derrida, ob.cit.:26)

Derrida (1997) hace una distinción que habrá de sernos muy útil aquí, y que es necesario enunciar, y es la distinción entre justicia y derecho, que como nos advierte, suelen confundirse aunque su entidad sea absolutamente diferente, y hasta antagónica. Derrida sostiene que la diferencia entre justicia y derecho es una distinción difícil e inestable “entre de un lado la justicia (infinita, incalculable, rebelde, extraña a la simetría, heterogénea), y de otro, el ejercicio de la justicia como derecho, legitimidad o legalidad, dispositivo estabilizante, estatutorio, calculable, sistema de prescripciones reguladas y codificadas. (…) Todo sería todavía simple si esta distinción entre justicia y derecho fuera una verdadera distinción, una oposición cuyo funcionamiento esté lógicamente regulado y sea dominable pronto pero sucede que el derecho pretende ejercerse en nombre de la justicia y que la justicia exige instalarse en un derecho que le exige ser puesto en práctica (constituido y aplicado) por la fuerza”.

Si para Jacques Derrida el derecho es el dispositivo con el cual se ejerce la justicia, para Pierre Bourdieu (1986)[2] el derecho puede entenderse partiendo de dos aspectos inseparables entre sí: el derecho como discurso, y el derecho como campo social en el que se produce y negocia ese discurso, que no será ajeno a la red de relaciones de la cual emerge[3]. El derecho por lo tanto sería el resultado de las luchas que se desarrollan entre agentes especializados en competencia por el monopolio del capital jurídico, y la Justicia sería el espacio de concurrencia de los  distintos agentes investidos de una capacidad social y técnica que los habilita a interpretar un corpus de textos legales, interpretación que no se da sin conflicto.

A los efectos del análisis que se propone aquí, dos autores han de resultar de gran utilidad. Efectivamente Derrida (1997) y Bourdieu (1986) ambos reflexionan sobre el derecho, y la fuerza del derecho. Un nexo posible de ser establecido entre ambos autores, es que ambos creen que la fuerza es necesaria, y que una justicia sin fuerza es débil y por lo tanto, es el estado de derecho el que se debilita con una justicia sin fuerza y una justicia abaratada al estatuto de venganza, en que el carácter retributivo, se distorsiona en la pretensión de restituir el orden social, la armonía y la calidad de vida ciudadana resguardada en las garantías y respeto por los derechos que cada sujeto acredita por su condición de titular de derecho y de ciudadano.

Recurro a la brillantez del excelente jurista italiano, Luigi Ferrajoli[4] para explicarme mejor:

“En efecto, el derecho penal no nace como negación de la venganza sino como desarrollo, no como continuidad sino como discontinuidad y en conflicto con ella; y se justifica no ya con el fin de asegurarla, sino con el de impedirla. Es verdad que la pena, históricamente, substituye a la venganza privada. Pero esta substitución no es ni explicable históricamente ni tanto menos justificable axiológicamente con el fin de mejor satisfacer el deseo de venganza; por el contrario, sólo se puede justificar con el fin de poner remedio y de prevenir las manifestaciones. En este sentido es posible decir que la historia del derecho penal y de la pena puede ser leída como la historia de una larga lucha contra la venganza. El primer paso de esta historia se da cuando la venganza fue regulada como derecho-deber privado, superando a la parte ofendida y a su grupo parental según los principios de la venganza de la sangre y la ley del talión. El segundo paso, mucho más decisivo, se marcó cuando se produjo una disociación entre el juez y la parte ofendida, de modo que la justicia privada -los duelos, los linchamientos, las ejecuciones sumarias, los ajustes de cuentas- fue no sólo dejada sin tutela sino también prohibida. El derecho penal nace precisamente en este momento, o sea cuando la relación bilateral parte ofendida/ofensor es substituida por una relación trilateral, que ve en tercera posición o como imparcial a una autoridad judicial. Es por esto que cada vez que un juez aparece animado por sentimientos de venganza, o parciales, o de defensa social, o bien el Estado deja un espacio a la justicia sumaria de los particulares, quiere decir que el derecho penal regresa a un estado salvaje, anterior al nacimiento de la civilización.(…)

(…) Esto no significa, naturalmente, que el fin de la prevención general de los delitos no constituya una finalidad esencial del derecho penal. Significa más bien que el derecho penal está dirigido a cumplir una doble función preventiva, una como otra negativa, o sea a la prevención de los delitos y a la prevención general de las penas privadas o arbitrarias o desproporcionadas. La primera función indica el límite mínimo, la segunda el límite máximo de las penas. De los dos fines, el segundo, a menudo abandonado, es sin embargo el más importante. Esto es así pues, mientras es indudable la idoneidad del derecho penal para satisfacer eficazmente al primero -no pudiéndose desconocer las complejas razones sociales, psicológicas y culturales, no ciertamente neutralizables con el único temor de las penas- es en cambio mucho más cierta su idoneidad, además que su necesidad, para satisfacer el segundo, aun cuando se haga con penas modestas y poco más que simbólicas.

(….)El fin primario del derecho penal, se ha dicho, es el de impedir o prevenir las reacciones informales al delito. Este fin se articula a su vez en dos finalidades: la prevención general de la venganza privada, individual y colectiva, tal como se expresa en la venganza de la sangre, en la razón construida, en el linchamiento, en la represalia y similares; y la prevención general de la venganza pública que sería cumplida, en ausencia de derecho penal, por los poderes soberanos de tipo absoluto y despótico no regulados ni limitados por normas y por garantías. De estos dos sistemas punitivos, que he denominado «salvajes», el primero pertenece a una fase primordial de nuestra historia, aun cuando no debe descuidarse su reaparición en fenómenos modernos como las policías privadas, las escuadras de vigilantes, las justicias penales domésticas y, en general, la relativa anarquía y autonomía punitiva presente en las zonas sociales marginadas o periféricas también de los países evolucionados. El segundo, aunque correspondiendo a ordenamientos arcaicos de tipo prepenal, es virtualmente inherente a todo momento de crisis del derecho penal, a las que éste retrocede siempre que se debilitan los vínculos garantistas del poder punitivo y se amplían sus espacios de arbitrio.

Por eso, Alberto se expidió por finalizar con el concepto de venganza, pero no de justicia.

Esta aspiración de Alberto es compartida por todos, por todos aquellos ciudadanos de buena fé, que como dijo Foucault en su brillante alocución sobre los derechos humanos, “Los aquí reunidos somos únicamente hombres privados que para hablar, para expresarse juntos, no poseen otro título que una cierta dificultad común para soportar lo que está pasando”[5].


[1] Cf. Derrida, Jacques, Fuerza de ley. El Fundamento místico de la autoridad, Editorial Tecnos, Madrid, 1997. (Pág. 60-61).

[2] Bourdieu, P., La fuerza del derecho. Elementos para una sociología del campo jurídico, (original, primera edición en Les actes de recherche de sciences sociales 64,  1986). Versión utilizada: García Inda (comp.), Poder, derecho y clases sociales, Capitulo V, Editorial PALIMPESTO, Bilbao, 2000.

[3] Bourdieu (1986) dice que “los elementos solo tienen propiedades en virtud de las relaciones que mantienen con otros en un sistema”, o la referencia mucho más conocida de “que lo real es relacional”

[4] Ferrajoli, Luigi: “El derecho penal mínimo” CF. el artículo entero en https://neopanopticum.wordpress.com/2006/07/06/el-derecho-penal-mnimo-l-ferrajoli/

[5] Foucault, Michel (1996) [1984]. Frente a los gobiernos, los derechos humanos. En «La vida de los hombres infames». pp. 211-212. Buenos Aires: Ed. Altamira.



17 julio, 201910min0

«La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa» (K. Marx: El 18 Brumario de Luis Bonaparte <1869>)

El anuncio por parte del gobierno nacional de creación de un  “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, a ser implementado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), decisión anunciada a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad de la Nación, nos impone hacer memoria y buscar archivo, y reflotar las reflexiones que hiciéramos, también como Observatorio de Adolescentes y Jóvenes en 2010, en ocasión de haber obtenido media sanción en la Honorable Cámara de Senadores, un Proyecto sobre Servicio Cívico Voluntario, con los mismos objetivos de  “Otorgar espacios de contención a jóvenes en situación de riesgo; alentar a través de políticas activas la terminación del ciclo educativo básico y capacitación en artes y oficios de los ciudadanos o ciudadanas ingresados al Servicio Cívico Voluntario, aumentando de ese modo las posibilidades de acceso al mercado laboral; promover el desarrollo de actividades y talleres culturales, artísticas, recreativas y de toda otra temática que fomente la cohesión social;  alentar conductas y programas solidarios y productivos como herramientas de crecimiento personal y social”[1], y con el involucramiento de las Fuerzas Armadas. Para aquel entonces, escribimos indignados el Boletín que abajo reproducimos, en el cual caracterizamos de “bravuconada” legislativa el tratamiento y media sanción de un Proyecto de ley con escasa discusión y conocimiento público. A tal punto que dijimos: “nos enteramos ante el hecho consumado”.  Para entonces, aún no se había creado el Ministerio de Seguridad; para entonces, la Gendarmería como fuerza de seguridad gozaba de algún prestigio (en oposición al desprestigio de la Policía Federal y mucho más al lado de la “maldita”) en los barrios precarios en que había aterrizado en carácter de experiencias piloto (Fuerte Apache, por ejemplo) y para entonces, el Congreso Nacional aún marcaba el paso en materia de legislación.

Desde entonces, para remitirnos a frases comunes que han hecho carne en todos nosotros, pasaron cosas…..

Y entre las cosas que pasaron, es que a finales del año 2010 se creó el Ministerio de Seguridad y con éste la implementación de un Modelo de seguridad democrática que involucró en la seguridad interna a la Gendarmería y a la Prefectura, fuerzas que hasta entonces tenían competencias territoriales más específicas. La intervención multiagencial de las fuerzas de seguridad en operativos como Cinturón Sur, y Escudo Norte, solo por citar algunos de los más conocidos, dejaron sobradas pruebas de la las “nuevas fuerzas” eran tanto o más violentas que las policías nativas de cada una de las jurisdicciones. Los peores fantasmas encontraron realidad en los casos de Santiago Maldonado (2017) y Rafael Nahuel (2017), en que las fuerzas bendecidas por la gestión del Ministerio de Seguridad del actual gobierno, fueron acusadas (con distinto éxito) de homicidios calificados. Pero había antecedentes de flagrante evidencia como  el caso Kevin en Villa Zabaleta (2013) y también casos de Iván y Ezequiel en la Villa 21-24 en Barracas (2016), caso denunciado por Garganta Poderosa y que recibiera un fallo condenatorio ejemplar para los prefectos que participaron en el hecho.  También, hubo un Chocobar, que ejecutó a un joven ya neutralizado y reducido (2017), también hubieron episodios aberrantes como la muerte de Facundo Ferreyra en Tucumán(2018), y mucho más recientemente “pasaron” la masacre de los chicos en Monte, y la muerte de Silvia ejecutada con su bebé en brazos en Santiago del Estero. Y “pasaron” muchas cosas, y muchos más hechos en que jóvenes procedentes de sectores socialmente vulnerables o marginados fueron víctimas de las violencias punitivas estatales por parte de las fuerzas de seguridad.

Por eso, proponer un Servicio Cívico Voluntario “en valores” tutoreado por la Gendarmería es un acto de cínica provocación.

Por eso, redoblar la “bravuconada legislativa” con un “decretazo” del Ministerio de Seguridad, conocido a través del Boletín Oficial, constituye un acto de absoluta falta de vocación democrática. Además, un flagrante desconocimiento del poder legislativo como el legítimo creador de las normas penales.

Debemos advertir que además, este “decretazo” se produce ante el fracaso, una vez más, de discutir un Sistema de Responsabilizarían penal juvenil acorde a los estándares internacionales,  luego de un proceso de consulta en Plenario de Comisiones del Congreso en la que la iniciativa oficial no cosechó ningún apoyo, y sí críticas lapidarias por habilitar condenas altísimas para los jóvenes que hayan cometido delitos siendo menores de edad. Es decir, una propuesta oficial cara a convalidar a través de un punitivismo legislativo, un punitivismo judicial que se produce de hecho con el dictado de condenas excesivas para los jóvenes que han cometido delitos. En ese contexto, es que el Ministerio de Seguridad “le moja la oreja” al Congreso, como si la dedicatoria implícita del decreto fuera: “Uds. legisladores, tuvieron la oportunidad y fracasaron. Nosotros venimos a remediar vuestra impotencia”, y a continuación el decreto de referencia que activa todo nuestro repudio.  

Desde el OAJ repudiamos enérgicamente la medida, que consideramos como otro grave antecedente del incipiente proceso de militarización de la seguridad interior, en este caso, a través de políticas que conllevan grados crecientes de militarización de la propia sociedad civil. 

Por el contrario, atendiendo a la alta vulnerabilidad de la niñez y la juventud que este gobierno no hizo más que agravar, teniendo en cuenta los crecientes niveles de pobreza e indigencia, la reducción en el presupuesto educativo y de los organismos de infancia y adolescencia, y la falta de programas de promoción social, laboral y educativa, se requiere de forma urgente atender a dicho sector con políticas integrales, financiamiento y conocimiento de las áreas competentes del estado argentino y no mediante una fuerza militarizada que no debe, no puede ni sirve para dichos fines. Estos anuncios vacíos de contenido con fines puramente electoralistas no hacen más que ahondar en el abandono estatal de nuestra juventud, estigmatizándola e impidiendo acceder realmente a sus derechos educativos, sociales, sanitarios, habitacionales, y el acceso a la cultura, el arte y el deporte para lograr una vida plena, digna y libre de discriminación tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño.


[1] Objetivos en el Proyecto que obtuvo media sanción. O.D. N° 851/0.