3 septiembre, 20202min0

Se abordan las categorías de trayectorias institucionales, diagnósticos psiquiátricos y violencias, a través de un estudio de caso de un adolescente declarado penalmente responsable y luego condenado por la comisión de delitos en Ciudad de Buenos Aires (1993-2005), a través de su expediente tutelar abierto en los juzgados de menores, desde que era menor no punible hasta su mayoría de edad. El análisis se complementa con las sentencias definitivas y normativa relacionada.


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28 octubre, 20191min0

El próximo 7 de noviembre a las 14 hs Natalia Debandi (OAJ – PIUBAMAS), junto a Laura Pautassi y coordinado por Silvia Guemureman (OAJ -PIUBAMAS), presentarán los avances en la construcción de un sistema de indicadores sobre marginaciones sociales. En un segundo momento de la actividad, se presentarán datos en perspectivas comparados sobre estudios sociales en América Latina, a cargo de Martín Moreno (PIUBAMAS).


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21 febrero, 20197min0

Nota publicada en La Nación. Disponible en http://bit.ly/2XhS288

Por: Silvia Guemureman

El Poder Ejecutivo formalizó el envío del proyecto de ley sobre responsabilidad penal juvenil al Congreso. Dicho proyecto recupera el proceso iniciado en 2016 por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que reconoció distintas fases: encuentro con jueces, defensores y fiscales, mesas de diálogo con expertos, funcionarios, organismos de niñez y adolescencia y la plataforma Justicia 2020. Sin embargo, no todas las instancias fueron públicas y el armado del proyecto de ley que acaba de oficializarse fue producto del trabajo de una comisión redactora, integrada solo por algunos representantes designados por el Poder Ejecutivo.

En las reuniones abiertas fue interesante escuchar a los funcionarios judiciales. La contundencia con la que se pronunciaron, con posiciones ancladas en modelos orientados a instituir un sistema opuesto a bajar la edad por razones de política criminal, debería ser ponderada en un escenario donde las relaciones de fuerza podrían augurar un trámite legislativo exitoso para un proyecto que consagre la disminución de la edad de reproche penal.

Los bandos que se pronunciaron a favor y en contra en las comisiones son heterogéneos y contradictorios. Conciliar las garantías con el deseo de punición es un desafío que no augura buenos pronósticos para los adolescentes. Tampoco es una buena solución conciliar decisiones de política criminal y estándares de derechos con miradas compasivas, devaluadas y desresponsabilizantes de los sujetos. Acaso, los cánones de mayores derechos sean la clave para destrabar este conflicto. En tal sentido, hay proyectos con trámite legislativo vigente que condensan el equilibrio entre garantías, derechos y contexto social.

Hasta su oficialización, había nueve proyectos con trámite parlamentario contando ambas cámaras. Seis de ellos mantienen la edad y tres propician la baja a los 14 años. Si sacamos los proyectos cuya motivación destila peligrosismo y tutelarismo extremo y sacrifica las garantías y mejores estándares de derechos, la discusión se reduce a la edad de punibilidad. El núcleo central de la discusión es entre puntos en común, cuyos supuestos están asentados en las garantías, en los estándares internacionales, en el principio de especialidad, que atienden a la administración de justicia en el contexto real y conciben la privación de la libertad como medida de última ratio y por el menor tiempo posible. La divergencia está en la fijación de la edad, una diferencia no menor para aquellos que ingresan al sistema penal.

El Poder Ejecutivo propone los 15 como modo de partir salomónicamente la diferencia al clásico 16 vs. 14. Sin embargo, esta rebaja no contrarresta los peligros que implican el ingreso a un sistema penal violento, donde se suceden muertes, apremios y torturas por parte de las fuerzas de seguridad .

Mantener la edad no es un capricho, es una decisión razonada y sopesada a la luz de las consecuencias nocivas que implica el ingreso al sistema penal.

El proyecto se oficializa en simultáneo a una insólita reducción operada sobre el presupuesto en niñez en virtud de una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, que desconoce el presupuesto aprobado en el Congreso. En septiembre ya se había hecho la previsión de transferir partidas desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la Secretaría Nacional de Niñez y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social hacia el Ministerio de Seguridad.

Los ajustes, el desmantelamiento de programas sociales, la dilación inexplicable en la designación de un defensor/a del niño, sumado a la desinversión en niñez denunciada por Unicef Argentina, no configuran el mejor escenario para proponer proyectos de ley cuya efectividad esté en la protección de derechos. Si la economía distribuye recursos escasos entre fines múltiples, es indiscutible dónde debe asignar la prioridad.Socióloga.

*Investigadora del Conicet. Instituto Gino Germani/UBA. Coordinadora del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes


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3 agosto, 20181min0

Compartimos con ustedes un artículo publicado en el Dossier sobre «Violencias» de la Revista Ensambles Nº7. El mismo lleva por título Violencias y Violencias estatales: hacia un ejercicio de conceptualización, y fue escrito en colaboración por varias/os de los integrantes del OAJ.

El artículo plantea un ejercicio de conceptualización de las violencias estatales a fin de mostrar la especificidad de las violencias que involucran a las agencias del Estado tanto en su faz coactiva punitiva como en su faz proactiva. En una época en la que se promueve el Estado mínimo en lo social y máximo en lo penal, se busca focalizar las demandas y denuncias hacia el Estado como principal responsable de las violencias por acción y por omisión.


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24 julio, 20171min0

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Por Silvia Guemureman (IIGG-OAJ/ Conicet), Vanesa Salgado (IIGG-OAJ), Julia Pasín (IIGG-OAJ) y Denise Fridman (IIGG-OAJ)

El inescrupuloso tratamiento mediático de la figura de un niño de 11 años que realizó el programa conducido por Jorge Lanata en Canal 13 el pasado domingo no es más que un nuevo escalón como parte de una evidente avanzada para promover la baja de la edad de punibilidad en nuestro país.

Ver articulo completo acá


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5 enero, 20172min0

Como otras tantas veces, el tema se activa a partir de episodios violentos, y como otras tantas veces, la agitación del tema no está ajena a las especulaciones del mercado de los réditos políticos y los escenarios electorales.
Desde el OAJ hace muchos años que hemos venimos sentando posición a través de comunicados, boletines y documentos.
También hemos escrito artículos en diversas revistas y participado en eventos de discusión, eventos y seminarios.

Cambia el contexto, cambian las gestiones políticas, nuestras convicciones son las mismas.

Ponemos al alcance de Uds. algunos materiales producidos en los últimos años que conservan vigencia:

1) Jóvenes y Sistema Penal. De la leyes que no fueron a las leyes que pueden ser. Por Silvia Guemureman. (Diciembre 2015)
2) Demonización de jóvenes y demanda social de castigo: de los episodios delictivos a los réditos electorales.Cuadernos por una nueva Independencia Nro 3. (Marzo 2015)
3) Artículo en Dossier de Jóvenes y Legalidad. Observatorio de Jóvenes y Medios UNLP (2012)
5) Declaración del OAJ y el GESPYDH contra la baja de edad de punibilidad (2013)
4) Argumentos de peso para oponerse a la baja de la edad de imputabilidad penal. (2011)
5) Entrevista a Vanesa Salgado en Programa Te quiero AM 750 – 05/01/2017

 



23 noviembre, 20152min0

Jorge Carpio y Alberto Minujin (compiladores).
EDUNTREF, 2014 

ciudades-divididasEste libro condensa las presentaciones realizadas en el marco del Seminario internacional Desigualdades urbanas en la infancia y la adolescencia: derechos y políticas sociales, en julio de 2013 en la sede porteña de la UNTREF. Allí, hubo participaciones de expertos internacionales y locales que se nuclearon en torno a la discusión de diferentes ejes: 1) Derechos de la infancia y desigualdades urbanas; 2) Monitoreo, experiencias de participación para la equidad, experiencias a nivel local; y 3) Actores gubernamentales y no gubernamentales. Políticas sociales para la infancia. Estos tres ejes vertebran las tres partes de las que se compone el libro.

El Observatorio de adolescentes y jóvenes a través de Silvia Guemureman presentó una comunicación en el segundo eje describiendo y analizando la experiencia del Observatorio de adolescentes y jóvenes en tanto auditor de políticas públicas de infancia. En ese mismo eje, disertó Francesco Tonucci y Javier Rodriguez sobre las ciudades y los niños; Cristina Erbaro y Verónica Lewkowicz pusieron de relieve la retórica en políticas con enfoque de derechos; y Javier Rodriguez y Santos Lío presentaron el Educometro como estrategia de analisis y evaluación en la distribución de oportunidades educativas.

El libro condensa una cantidad de temas y el abordaje planteado amerita su lectura


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21 mayo, 20153min0

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Directora y compiladora: SIlvia Guemureman

Autoras: Natalia Debandi, Silvia Guemureman, Marisa Herrera, Karen Jorolonsky, Florencia Graziano, Ana Laura López, Julia Pasín y Vanesa Salgado

Editorial Rubenstein, 2015.

En este libro se condensan los resultados de un proyecto de investigación que insumió muchos años (Proyecto Plurianual financiado por el CONICET). Esta investigación desde el mismo momento en que fue concebido, alentó la expectativa de verse plasmado en resultados que honren la producción de conocimiento sobre temas en los cuales hay gran cantidad de vacancias. Hay temas de los que decididamente se sabe muy poco, y en esta categoría de temas se encuentra el despliegue de las agencias de control social penal y las políticas penales en su conjunto.

La pretensión de este libro es la de contar sencillamente lo que el equipo de investigación que integró el proyecto realizó durante estos años en virtud de cumplir los objetivos propuestos, inscriptos en los objetivos particulares de cada uno en sus respectivas preocupaciones académicas, políticas e intelectuales. Este proyecto reconoció una ingeniería particular: los objetivos del proyecto se construyeron en función de los planes de trabajo y proyectos de tesis de cada una de las integrantes del equipo, de modo de producir a la vez el avance individual y el aporte colectivo.

El tratamiento de la niñez, la adolescencia y la juventud en la Argentina ha indudablemente sufrido en el último periodo. Solo para situar un anclaje en el tiempo,  tomaremos la ratificación de la CDN en 1990 como punto de inflexión. Desde 1990 hasta el año 2014, momento en que se está escribiendo esta obra colectiva, han tenido lugar cuantiosos eventos que sitúan a la niñez y la adolescencia en un estatuto distinto de entonces. El período consignado para la investigación arrancó en el año 2000 para su contextualización, en tanto para el trabajo analítico de prácticas y dispositivos institucionales, el inicio se situó en el año 2005 y si bien la previsión inicial era tomar hasta el año 2010, los significativos sucesos acaecidos durante los últimos años extendieron el período hasta 2012, especialmente en el ámbito de monitoreo de movimiento legislativo, de administración de justicia y de observación de espacios de encierro punitivo.

La investigación estuvo situada en las jurisdicciones de la  Ciudad de Buenos Aires y de  la Provincia de Buenos Aires.