3 junio, 20202min0

El tiempo detenido de adolescentes y jóvenes

La pandemia, y el encierro, no afectan a todos los grupos por igual. Demás es sabido que afecta en forma diferencial según clase social, grupo de edad, ubicación geográfica, condiciones de vivienda, acceso a servicios, y demás variables que determinan e inciden en todos los fenómenos sociales. Del mismo modo que el COVID-19 es más peligroso para las personas mayores en términos de morbilidad, la obligación de encierro y distanciamiento social, ese nuevo “afuera” impacta de forma abrupta en todos los segmentos etarios. Desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) nos interesa reflexionar sobre niñxs, adolescentes y jóvenesi.


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2 junio, 20201min0

En marzo del corriente salió publicado en el Dossier de la Revista NuestrAmérica un artículo elaborado por el integrante del OAJ, Mg. Joaquín Zajac, avance de su tesis doctoral de investigación. El mismo busca abordar el impacto que ha tenido para la población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los barrios informales de la CABA el despliegue y actividad policial de la Gendarmería Nacional Argentina.


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5 abril, 20191min0

Compartimos la última versión del informe elaborado en conjunto entre la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con información de la Base General de datos de Niños, Niñas y Adolescentes Institucionalizados (BGD). Desde el año 2007 la BGD aporta información cualitativa y estadística sobre el universo de personas menores de 18 años que transitan por alguna de las instancias judiciales previstas en el Régimen Penal de la Minoridad (Decreto Ley 22.278) en el ámbito del Fuero Nacional de Menores y en el Fuero Federal.


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5 abril, 20192min0

Compartimos con uds. el siguiente artículo, escrito por la Dra. Alejandra Otamendi integrante del OAJ y publicado en la revista «Salud Colectiva».

El artículo analiza el impacto de las armas de fuego en los homicidios de jóvenes en América Latina en la actualidad. Para ello, se realizó un estudio epidemioló-gico descriptivo transversal a partir de los datos de la Organización Panamericana de la Salud. Se encontraron 14.427 muertes por agresiones con armas de fuego de jóvenes, con una tasa de 14,3 por 100.000 jóvenes para el año 2014 en América Latina. Así, el 80% de todos los homicidios de jóvenes de entre 10 a 19 años de la región fueron cometidos con armas de fuego. Esto afecta especialmente a los varones, cuya tasa asciende a 26,5 por 100.000 muertes por agresiones con armas de fuego, aunque en el caso de las mujeres no se descarta que, en su mayoría, se trate de feminicidios. Además, se registraron 1.828 muertes con armas de fuego de intención no determinada (especialmente provenientes de Venezuela y Argentina) y 284 muertes con armas de fuego en intervenciones legales (mostrando la mayor letalidad policial hacia los jóvenes). La tasa corregida pasa a ser de 16,4 por 100.000 jóvenes muertos por terceros con armas de fuego en América Latina. Se plantea la necesidad de políticas de control de armas y desarme, de campañas de desestig-matización y de programas de desarrollo de la juventud, que reduzcan las actuales condi-ciones que propician e invisibilizan el llamado “juvenicidio armado” en América Latina

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6 diciembre, 20181min0

En ediciones anteriores de nuestro boletín, alertábamos sobre los peligros de la “militarización de la seguridad” en nuestro país, desde el ascenso al gobierno de la Alianza Cambiemos, en diciembre de 2015. En el corriente año, el gobierno de Cambiemos ha dado pasos sumamente graves en este sentido. En el presente boletín, haremos un repaso por los antecedentes que nos han llevado hasta la presente situación, tanto de los gobiernos anteriores como del actual. Para finalizar, revisaremos los decretos y medidas gubernamentales que este año han promovido la militarización de la seguridad interior de forma unilateral, sin debates en el Congreso, poniendo en crisis los consensos básicos de nuestra democracia.


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3 agosto, 20181min0

Compartimos con ustedes un artículo publicado en el Dossier sobre «Violencias» de la Revista Ensambles Nº7. El mismo lleva por título Violencias y Violencias estatales: hacia un ejercicio de conceptualización, y fue escrito en colaboración por varias/os de los integrantes del OAJ.

El artículo plantea un ejercicio de conceptualización de las violencias estatales a fin de mostrar la especificidad de las violencias que involucran a las agencias del Estado tanto en su faz coactiva punitiva como en su faz proactiva. En una época en la que se promueve el Estado mínimo en lo social y máximo en lo penal, se busca focalizar las demandas y denuncias hacia el Estado como principal responsable de las violencias por acción y por omisión.


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3 agosto, 20181min0

El pasado 12 de junio, el gobierno porteño dio a conocer ante la Comisión de Justicia de la Legislatura el texto de un proyecto de ley (1664-J 18), que busca reformar algunos artículos de las vigentes Ley de Código Contravencional y de Procedimiento Contravencional. En líneas generales, la reforma busca endurecer sanciones y ampliar prerrogativas policiales y judiciales. Desde el OAJ, analizamos el proyecto identificando tres ejes problemáticos: Modificación del régimen de flagrancia contravencional, “desigualdad de género” como excusa para aumentar la punitividad, y endurecimiento del control punitivo-policial sobre actividades de subsistencia en el espacio público.


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20 marzo, 20181min0

Reproducimos y acompañamos al comunicado del GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS HUMANOS (GESPyDH)

Marzo 2018 LA REPRESIÓN, MATA. NO A LA PENA DE MUERTE. Desde el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) expresamos, una vez más, que el Estado mata y lo hace construyendo su propia impunidad. El caso de Santiago Maldonado es un claro ejemplo, un accionar represivo desplegado por la Gendarmería y dispuesto por una orden judicial es lo que causa su muerte. La persecución, aún en predios no autorizados para el ingreso de la Gendarmería, fue la clave para que esta muerte sea una clara consecuencia del accionar represivo del estado. El gobierno tiene la obligación de no ejercer niveles de violencia que impliquen posibles consecuencias letales contra la ciudadanía, y más aún, en el marco de la protesta social.

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8 noviembre, 20161min0

Compartimos con ustedes un documento elaborado por Convergencia XXI, CELS e ILSED, así como diversos especialistas en la temática de las fuerzas de seguridad entre quienes se encuentra la Dra. Alejandra Otamendi, integrante del OAJ, quienes advierten, en consonancia con varios de los puntos que que advertíamos en el Boletín de Coyuntura Nº1, los riesgos de una progresiva militarización de la seguridad interior en Argentina.

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