18 julio, 20177min0

En una evidente avanzada para promover la baja la edad de punibilidad sobre los adolescentes en nuestro país, el programa televisivo PPT y sus repercusiones en otros medios del mismo Grupo Clarín, pusieron ayer de manifiesto el rol de los medios masivos de comunicación hegemónicos en la nueva embestida punitiva hacia los niños/as y jóvenes, especialmente a los que habitan las barriadas populares en nuestro país.

Esos niños/as que el Estado ha abandonado, pero que ahora se propone hacerse presente de forma represiva embistiendo sobre ellos/as, en forma de castigo sobre sus cuerpos, porque eso es el sistema penal al cual se los quiere ingresar desde cada vez más pequeños/as, eso es el encierro, el castigo, una forma de ejercer dolor sobre los cuerpos.
La TV expone a un niño de 12 años a contar una historia de profecías autocumplidas, lo expone a contar sus hazañas delictivas (quizás en busca de parecerse a su padre). La TV populariza la frase “no le tengo miedo a nada”. Podemos entender como una características -dentro de las diversas formas de ser adolescente el sentimiento de omnipotencia ante la vida, los jóvenes de clases altas que andan a 200km/hs en autos de alta gama pareciera que tampoco “le tienen miedo a nada”, sin embargo eso no se problematiza, eso no le preocupa al Gobierno, especialmente al Ministerio de DDHH y Justicia aun cuando estén atentando contra sus vidas y la de otros, que vuelve a embestir contra las juventudes pobres.

Luego del informe en directo desde Villa Caraza (conurbano bonaerense), referenciando así la pobreza al delito, y ubicando a esos jóvenes como el peligro, lo peligroso, los causantes de la temida inseguridad, el programa dio lugar a un “debate” de periodistas, supuestos «entendidos» en la cual no participó ningún especialista en el tema expresiones del neoliberalismo en alianza con el progresismo punitivo: en honor a la garantía de derechos la solución que abogan es el encierro.

Desde el OAJ, sostenemos que el sistema penal no fue concebido para restituir derechos, fue concebido para limitar al Estado en las penas sobre los sujetos que cometen un delito. Quien sostenga que los niños/as deben llegar al sistema penal para acceder a derechos, o no entendió el sistema penal o es un cínico/a.
En Argentina hace más de 10 años que están vigentes normas que hablan de la promoción y protección de derechos, normas que se cumplen en forma dispar y con muchísimos déficit, pero se considera que es DELITO el cometido por esos pibes previamente abandonados, no el cometido por el Estado que los abandona.

Es cierto que es URGENTE que el Estado se haga cargo de la niñez, atendiendo que según últimos datos publicados tanto por UNICEF como por el Observatorio de la Deuda social de la UCA, la mitad de los niños/as del país son pobres. Es URGENTE destinar el presupuesto adecuado para el cumplimiento de la ley de promoción y protección de los derechos de todos/as nuestros niños/as. ES URGENTE un Estado social que busque remitir las circunstancias que llevan a los niños/as a vincularse con el delito, a ser el último eslabón de cadenas delictivas.
Es URGENTE que se obligue al periodismo a cumplir la Ley de promoción y protección de derechos de los niños/as, que no es solamente taparles la cara cuando hablan, sino bregar como personas jurídicas de este país a cumplir las leyes, a no criminalizar a los niños/as de nuestro país, a trabajar por promocionar derechos como canales de difusión masivos por excelencia, a dar a conocer las estadísticas existentes sobre delitos, que dicen que el 96,5% de los delitos cometidos en el país los realizan LOS ADULTOS, a denunciar las cadenas delictivas que victimizan a nuestro pibes/as a preguntarse por qué un nene de 12 años tiene un arma? Quien se la vendió? ¿Por qué a los 12 años se enfrentó con un diller? ¿Por qué hay dillers en Villa Caraza? ¿Por qué no va a la escuela, no come todos los días, no juega?

El periodismo debe cumplir las leyes, de lo contrario están cometiendo un delito, disfrazado de un sentimiento de compasión sobre la niñez que sufre, están propiciando mayores sufrimientos para nuestros niños/as.
Señores periodistas de PPT, después de escuchar al POLAQUITO mirándolo cara a cara, de editar sus dichos para configurar en él un monstruo ¿Qué hicieron? Reclamaron al servicio de promoción y protección de derechos de la niñez de Villa Caraza en Lanús que actúen sobre la situación de ese pibe? O sólo salieron a editar una nota amarilla, que atraiga mucha audiencia a la cual llegar con ideas falaces para generar opinión pública que permita y habilite esa represión?

Existen datos, reflexiones, estudios con información real y análisis sobre la niñez en Argentina, que quienes estudiamos la temática ponemos a disposición en forma gratuita. Pueden informarse señores periodistas, o seguir sumándose a un juego perverso de exterminio de la niñez pobre en nuestro país.


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17 julio, 20177min0

PPT1En una evidente avanzada para promover la baja la edad de punibilidad sobre los adolescentes en nuestro país, el programa televisivo PPT y sus repercusiones en otros medios del mismo Grupo Clarín, pusieron ayer de manifiesto el rol de los medios masivos de comunicación hegemónicos en la nueva embestida punitiva hacia los niños/as y jóvenes, especialmente a los que habitan las barriadas populares en nuestro país.

Esos niños/as que el Estado ha abandonado, pero que ahora se propone hacerse presente de forma represiva embistiendo sobre ellos/as, en forma de castigo sobre sus cuerpos, porque eso es el sistema penal al cual se los quiere ingresar desde cada vez más pequeños/as, eso es el encierro, el castigo, una forma de ejercer dolor sobre los cuerpos.
La TV expone a un niño de 12 años a contar una historia de profecías autocumplidas, lo expone a contar sus hazañas delictivas (quizás en busca de parecerse a su padre). La TV populariza la frase “no le tengo miedo a nada”. Podemos entender como una características -dentro de las diversas formas de ser adolescente el sentimiento de omnipotencia ante la vida, los jóvenes de clases altas que andan a 200km/hs en autos de alta gama pareciera que tampoco “le tienen miedo a nada”, sin embargo eso no se problematiza, eso no le preocupa al Gobierno, especialmente al Ministerio de DDHH y Justicia aun cuando estén atentando contra sus vidas y la de otros, que vuelve a embestir contra las juventudes pobres.

Luego del informe en directo desde Villa Caraza (conurbano bonaerense), referenciando así la pobreza al delito, y ubicando a esos jóvenes como el peligro, lo peligroso, los causantes de la temida inseguridad, el programa dio lugar a un “debate” de periodistas, supuestos «entendidos» en la cual no participó ningún especialista en el tema expresiones del neoliberalismo en alianza con el progresismo punitivo: en honor a la garantía de derechos la solución que abogan es el encierro.

Desde el OAJ, sostenemos que el sistema penal no fue concebido para restituir derechos, fue concebido para limitar al Estado en las penas sobre los sujetos que cometen un delito. Quien sostenga que los niños/as deben llegar al sistema penal para acceder a derechos, o no entendió el sistema penal o es un cínico/a.
En Argentina hace más de 10 años que están vigentes normas que hablan de la promoción y protección de derechos, normas que se cumplen en forma dispar y con muchísimos déficit, pero se considera que es DELITO el cometido por esos pibes previamente abandonados, no el cometido por el Estado que los abandona.

Es cierto que es URGENTE que el Estado se haga cargo de la niñez, atendiendo que según últimos datos publicados tanto por UNICEF como por el Observatorio de la Deuda social de la UCA, la mitad de los niños/as del país son pobres. Es URGENTE destinar el presupuesto adecuado para el cumplimiento de la ley de promoción y protección de los derechos de todos/as nuestros niños/as. ES URGENTE un Estado social que busque remitir las circunstancias que llevan a los niños/as a vincularse con el delito, a ser el último eslabón de cadenas delictivas.
Es URGENTE que se obligue al periodismo a cumplir la Ley de promoción y protección de derechos de los niños/as, que no es solamente taparles la cara cuando hablan, sino bregar como personas jurídicas de este país a cumplir las leyes, a no criminalizar a los niños/as de nuestro país, a trabajar por promocionar derechos como canales de difusión masivos por excelencia, a dar a conocer las estadísticas existentes sobre delitos, que dicen que el 96,5% de los delitos cometidos en el país los realizan LOS ADULTOS, a denunciar las cadenas delictivas que victimizan a nuestro pibes/as a preguntarse por qué un nene de 12 años tiene un arma? Quien se la vendió? ¿Por qué a los 12 años se enfrentó con un diller? ¿Por qué hay dillers en Villa Caraza? ¿Por qué no va a la escuela, no come todos los días, no juega?

El periodismo debe cumplir las leyes, de lo contrario están cometiendo un delito, disfrazado de un sentimiento de compasión sobre la niñez que sufre, están propiciando mayores sufrimientos para nuestros niños/as.
Señores periodistas de PPT, después de escuchar al POLAQUITO mirándolo cara a cara, de editar sus dichos para configurar en él un monstruo ¿Qué hicieron? Reclamaron al servicio de promoción y protección de derechos de la niñez de Villa Caraza en Lanús que actúen sobre la situación de ese pibe? O sólo salieron a editar una nota amarilla, que atraiga mucha audiencia a la cual llegar con ideas falaces para generar opinión pública que permita y habilite esa represión?

Existen datos, reflexiones, estudios con información real y análisis sobre la niñez en Argentina, que quienes estudiamos la temática ponemos a disposición en forma gratuita. Pueden informarse señores periodistas, o seguir sumándose a un juego perverso de exterminio de la niñez pobre en nuestro país.



18 mayo, 201714min0

El tratamiento mediático sobre los jóvenes en lo que va del año ha mantenido algunas regularidades y ha roto otras.

Por una parte se mantienen los tratamientos habituales sobre los jóvenes vinculados a la peligrosidad o la violencia y especialmente focalizando en los jóvenes de clases populares que los relacionan directamente al delito mediante un proceso de criminalización. A su vez en el último año, se han sumado a las noticias sobre jóvenes “delincuentes”, otras que versan sobre un estereotipo de joven que, en contraposición con los primeros, son forjadores de futuro y merecedores de oportunidades y derechos.

Los medios juegan un rol preponderante en la configuración de la “sociedad de la meritocracia”, donde los derechos parecen no estar vinculados a la condición inherente de todo ser humano como tal y no estar consagrados por ningún tratado internacional, ni leyes nacionales, sino que estarían regidos por un “mereciómetro”, operado bajo consideraciones morales regidas por las clases hegemónicas (hoy referenciadas en una gestión de gobierno). Estos jóvenes merecedores son quienes aparecen mediáticamente legitimados para definir qué es democracia, qué es ser bueno, qué prácticas o conductas merecen buenos resultados y cuáles no, basado en que la forma de ganar un lugar en la democracia, la idea de un ascenso social producido solo en función de un esfuerzo individual sumiso Un avance moralizante que parece soslayar las políticas sociales que se desplegaron en la última década en nuestro país.

Coberturas como las siguientes ponen en funcionamiento el “mereciómetro”, promoviendo la idea de que, aquellos jóvenes que por sus propios medios hacen el esfuerzo, serán dignos de oportunidades. Los medios tergiversar así la noción de sujeto de derecho para darle lugar a un merecedor de derechos. Aquí algunos ejemplos paradigmáticos:

La Nación 6/9/2016. Presentan un proyecto para realizar un campus universitario con containers reciclados para estudiantes del interior. Es en el marco de «Potenciate», un concurso de la Ciudad para jóvenes emprendedores.

La Nación 26/10/2016. Crearon una aplicación para armar el CV en video y bajar el desempleo de los chicos que viven en la villa. Una pareja de productores ganaron $ 100.000 en un programa de la Ciudad de Buenos Aires y crearon Tu VideoCV, una plataforma para que cada usuario puede armar su propio curriculum digital en formato audiovisual

Clarín 6/4/2017 “Jóvenes, ocurrentes y divertidos, así son los YouTubers, los nuevos «profesionales» de Internet” es el título para la publicación de un video que muestra estas aptitudes de estos jóvenes denominados YouTubers.

Clarín 7/4/2017 “Jóvenes y apasionados que se la juegan por el tambo”, con párrafos como este: ““Crisis, significa oportunidad”, una frase que se replica en todos los ámbitos de la vida cuando las cosas no salen como se esperaba. Y esta frase le sienta mejor que a nadie a Sofía Imaz, una joven emprendedora de 29 años que durante el año pasado decidió abrir su propio tambo en Coronel Suárez, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, mucho con esfuerzo y dedicación, y así, continuar de lleno con la actividad que tanto la apasiona tras el cierre del establecimiento donde estaba trabajando”, ejemplificador del sentido de lo que merecen aquellos que emprenden: éxito. Sentidos que invaden las páginas y segundos de los medios masivos hegemónicos: éxito, merecer, emprender, esforzarse.

Por su parte en los últimos meses este nuevo tratamiento mediático sobre los jóvenes “merecedores”, se ha visto especialmente impactado por el recrudecimiento de un tratamiento típico para los medios masivos de comunicación (que convive con el nuevo) y es el de la construcción de un sujeto “menor” que no es el hijo de las clases altas, que no es el hijo de los consumidores promedio de los productos periodísticos de los mass media. Es ese “otro”, el pibe pobre que por tal es probablemente chorro y como tal es potencial productor de “inseguridad”.

Esta nueva embestida punitiva sobre los jóvenes de sectores populares(propiciada por los medios) se da otra vez en un año electoral, en el cual, sin ninguna base empírica, sin ninguna estadística que lo sustente, se vuelve a pretender instalar que los jóvenes que habitan las barriadas son nuestros enemigos, los productores de inseguridad.

Hagamos un poco de memoria: el inicio de esta nueva embestida utilizó el caso conocido como “Brian” sucedido a fin de 2016.

Clarín 30/12/2016 – Un nuevo detenido por el crimen de Brian, el chico asesinado en Flores. Tiene 26 años, cayó en la villa 1-11-14 y sería el cómplice del chico de 15 años que Interpol detuvo en Chile y que está llegando a Aeroparque…….Mientras tanto, en un vuelo que une Mendoza con Aeroparque, están viajando el menor de 15 años y su padre, que lo había recibido en el país trasandino, ambos detenidos ayer en Chile por Interpol.

El asesinato de Brian se llevó 22 notas solamente en el diario Clarín.

Luego de este caso en el cual luego el imputado del crimen fue declarado inocente del mismo, siguieron notas que abonan el pedido de un estado mas represivo. Notas como las que siguen son unívocas en su construcción de sentido: los chicos cometen delitos cada vez más chicos, y la forma en la que hay que abordarlos es el sistema penal.

La Nación 17/3/2017 –“Fueron inimputables un tercio de los menores detenidos en Capital en 2016”.“En la mayoría de esos casos, 452 en ambos sexos, se trató de adolescentes de entre 13 y 15 años. Pero la estadística marcó un inicio más bajo en la delincuencia, ya que se notificó la detención de 32 niños y niñas con edades entre los 10 y los 12 años, e incluso tres casos de chicos de menos de 9 años apresados.”

Otro caso fue el dado a conocer como “Masita” fue cubierto por 15 notas en La Nación, y 21 en Clarín, sumando las pariciones que hicieron referencia al suceso para justificar el pedido de debate sobre la baja en la edad de punibilidad entre otras medidas punitivas. Los medios empalmaron este caso con el de Brian que permitió en enero 2017 alentar paradójicamente el pedido de más castigo penal para resolver problemas sociales.

Clarín, 2/4/2017 – El joven había sido premiado por la NASA. Juicio por el crimen de David Varlotta: «Hay que acabar con el ‘dispará total sos menor”. Lo dice la mamá de la víctima. El acusado de balearlo es «Masita», quien tenía 17 años en el momento del asesinato en Villa de Mayo.

Clarín, 5/4/2017 Condenaron a «Masita» por el crimen del joven distinguido por la NASA –La sentencia se conocerá recién en mayo pero el fiscal pidió que le den 22 años de cárcel. Párrafos como: En Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, lo conocen como “Masita”, un pibe que desde los 14 entra y sale de las comisarías, y que el año pasado cayó preso por el crimen de David Varlotta (24), el joven que llegó a ser reconocido por la NASA y fue asesinado durante un asalto en la puerta de su casa, ubicada también en Villa de Mayo. Al momento del homicidio, “Masita” era menor de edad y recién ahora que tiene 18 pudo ser juzgado: lo encontraron culpable.

Por su parte otros episodios que involucran niños y jóvenes,  aparecen con muchos menos espacios, el mínimo centimetraje posible, este fue el caso de la cobertura de un episodio en donde un cuerpo armado de policía municipal irrumpió en un comedor infantil de Lanús (PBA), a tiros, golpes y gases sobre niños/as comiendo. Ya lo decía León Gieco recogiendo las palabras del  Pocho Lepratti[i] “Bajen las armas, aquí solo hay pibes comiendo”. Hay pocas cosas más inseguras que estar comiendo y que la policía pueda balearte. Pero no, la construcción de sentido sobre la inseguridad impone creer que el problema son ellos/as, los/las pibes, quienes son en realidad las primeras víctimas de una sociedad que avanza en sus facetas punitivas y retrocede en las sociales.

La cobertura de este caso fue muy escasa en Clarín (2 notas) y la Nación (1 nota) donde los titulares vinculaban el hecho a la persecución de un prófugo que se habría refugiado allí, buscando que eso explicara el brutal accionar.

Clarín 31/03/2017- “Denuncian que policías entraron a los tiros a un comedor comunitario”. Iban persiguiendo a un joven buscado por homicidio que se refugió allí. Dicen que tiraron gas pimienta.

La Nación 30/3/2017: “Tensión en Lanús: vecinos denuncian incidentes con la policía en un comedor comunitario”.  El merendero pertenece al Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE); funcionarios y la policía desmienten que haya habido represión.

Los medios masivos son grandes generadores de sentido, de consensos para que un Estado represivo despliegue sus peores armas sobre nuestros/as pibes/as, con el discurso vacío y falaz de que así resolverá problemas de seguridad ciudadana.

Merecer vs padecer, dos caras de un despliegue punitivo.

 

[i] Cura Villero asesinado por la policía provincial de Santa Fe, en Rosario durante la crisis del 2001



22 abril, 20172min0

CzEkUq2WQAAtyRoTras largos años de debate y de lucha por parte de activistas de derechos humanos, organizaciones migrantes, académicos y organismos internacionales el senado brasilero aprobó el pasado 18 de abril la nueva Ley migratoria que incluirá finalmente a Brasil dentro del paradigma desde el cual se viene promoviendo y abordando la migración en Suramérica.

La nueva ley no incluye el derecho a migrar como la argentina y uruguaya pero incorpora específicamente la “no criminalización de la migración” y la no discriminación. Asimismo institucionaliza el mecanismo de visado humanitario que ya viene desplegando Brasil hacia migrantes haitianos y sirios – y que en su dimensión es único en la región.

Queda aún el desafío que Temer sancione el proyecto sin realizar modificaciones sustantivas.

Ver artículo de CONECTAS: http://www.conectas.org/pt/acoes/politica-externa/noticia/47192-nova-lei-de-migracao-e-aprovada-no-congresso

Ver nueva ley migratória brasileira: http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3673566&disposition=inline

 


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22 enero, 201721min0

silviapagina12LA SOCIÓLOGA SILVIA GUEMUREMAN INVESTIGÓ LOS PROYECTOS DE PUNIBILIDAD JUVENIL PRESENTADOS DESDE HACE 20 AÑOS

Guemureman, investigadora del Instituto Gino Germani, analiza el movimiento cíclico de campañas por la baja de la edad de responsabilidad penal. Sostiene que los medios instalan el miedo a los pibes “feos, sucios y malos” e invisibilizan los robos “de un CEO”.

Por Ximena Schinca

Página 12

22/10/2017

A Bian lo estaban esperando para agitar el debate”, afirma Silvia Guemureman, socióloga, especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles. El debate para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años “paga en campaña y por eso se la reaviva permanentemente, aunque sea un arma de doble filo”, asegura la especialista. Guemureman se refiere a que, de un lado del filo, el hilo se corta siempre por lo más delgado: la libertad de los más jóvenes. Del otro lado del filo, aunque el sentido común supone lo contrario, agitar la baja pianta votos. En sus investigaciones Guemureman analiza este fenómeno de agite y retroceso. “En 2013, el tema lo agitó Insaurralde y, aunque del mismo FpV lo salieron a callar, muchos como Scioli habían hecho declaraciones públicas sobre la necesidad de bajar la edad”, explica la investigadora del Conicet en el Instituto Gino Germani.

En su tesis doctoral, Guemureman investigó los fundamentos de las iniciativas para reformar el Régimen Penal de la Minoridad. “Aun en contextos de políticas más inclusivas, fueron muchos los proyectos que se presentaron y que afortunadamente no prosperaron en su objetivo”, destaca. En el año 2002, Guemureman comenzó a analizar las iniciativas con el equipo que dirige en el Observatorio de Adolescencia y Juventud. Desde entonces, cada vez que las voces punitivas agitan el avispero legislativo, un patrón se repite: culpabilización de los jóvenes como chivos expiatorios, exacerbación moral y miedo social conforman el menú que sirven a la mesa medios de comunicación, dirigencia política y sociedad civil. “Brian condensa todos los males: menor no punible, inmigrante que, aunque nacido en la Argentina, se lo muestra como ‘peruano’, hijo de una familia irregular, madre con prisión domiciliaria. O sea, la condensación del mal”, concluye Guemureman y anticipa un escenario desalentador para el no a la baja y de avanzada hacia un Estado policial, penal, punitivo.

–¿Por qué está en contra de bajar la edad para el régimen penal juvenil?

–Hay que aclarar que el término es punibilidad, y no imputabilidad, porque lo que se busca es que el Estado no castigue a cierto segmento de jóvenes como política pública, que el Estado no esté habilitado a disponer de su aparato punitivo, que exista un límite para el Estado. Nosotros creemos que existe una avanzada punitiva que no tiene que lograr su cometido porque tiene a los chicos, una vez más, en el lugar de las víctimas sacrificiales, los chivos expiatorios de una gran cantidad de problemas sociales.

–Quienes ven en la baja de punibilidad la solución al problema insisten en que aquellos que se oponen no tienen propuestas alternativas. ¿Cuál es su propuesta?

–Ese es el gran desafío que tenemos. Es necesario sensibilizar a la sociedad para que se entienda que la cantidad de chicos que comete delitos graves y que no son imputables no es representativa. Además, hay que desterrar la idea de que se trata de una cuestión de segmentos sociales, de que los chicos que cometen crímenes son los pobres. Se trata de ponerle un límite al Estado a partir del cual no puede castigar, y de entender que no es sólo una cuestión de seguridad en términos delictivos, sino de seguridad social, de una gran cantidad de seguridades que se perdieron.

–¿Por qué prendió en la sociedad más el discurso vinculado a lo delictivo que aquel vinculado al acceso a la salud, educación, servicios públicos?

–Ese ha sido un gran triunfo en términos de lo simbólico mediático. La seguridad asociada al miedo a que te asalte un joven feo, sucio y malo, y no que te asalte un empresario, el CEO de una gran compañía, o de que te roben con políticas regresivas en la redistribución del ingreso. Esa inseguridad social está invisibilizada y mediatizada porque no implica el ejercicio de la violencia física directa. Hay un contexto de inseguridad social que tiene que ver con la  precarización laboral, el ajuste del gasto público, el achicamiento a pedido del FMI.

–¿Por qué cada algunos años vuelve a resonar la discusión sobre la baja?

–Desde el Observatorio vemos que se trata de un tema que es cíclico. Se propone y después se caen los consensos para llevarlo adelante. Ya en 1998 se había dado un debate muy fuerte entre Alberto Pierri y Aníbal Ibarra. Pierri fue uno de los primeros en plantear la baja de imputabilidad en el ámbito legislativo porque se trataba de modificar el Régimen Penal de la Minoridad, que es el que aun rige, la ley 22.278, solo en los artículos que tuvieran que ver con la edad. Ese proyecto se propuso nuevamente en el año 2000, y cada vez que perdía estado parlamentario, un senador de su bloque lo volvía a proponer. Nosotros encontramos que hay una historia que se repite en forma cíclica: un episodio violento en el que una persona menor de edad es autora o supuesta autora y se agita la baja de edad de punibilidad. En 2004 se vio muy claramente también con la batería de propuestas de Juan Carlos Blumberg, cuando justamente lo que no prosperó  fue la baja porque no obtuvo plafón.

“Es muy llamativo –subraya la socióloga– porque entonces se hicieron aberraciones jurídicas dentro del Código Penal. Así y todo, el proyecto de la baja de punibilidad no prosperó. El Régimen Penal de la Minoridad es una pesada herencia de la dictadura. Entonces, la edad de punibilidad era a los 14 años. En 1979, se empezó a pensar un régimen penal que fuera un poquito más benévolo, y recién en 1983 se pasó a los 16 años. Además este régimen disponía que si el juez consideraba que un menor de 16 estaba en situación de riesgo moral, podía disponer hasta su mayoría de edad, que entonces era a los 21 años.

Guemureman recuerda que se había llegado a un consenso para modificar aquel régimen, pero el consenso se rompió, y en 2007, cuando una gran cantidad de proyectos habían confluido en un dictamen de mayoría que podía determinar la baja de edad a los 14 años, la ley no salió. “Era un contexto electoral y no quedaba bien decir que se iba a bajar la edad. En 2009, se obtuvo media sanción. Luego en Diputados se dio una discusión muy fuerte y no se aprobó, hasta que en 2012 el proyecto perdió estado parlamentario.”

–¿Por qué sucede eso?

–En aquel momento, a los proyectos que sólo pedían bajar la edad se sumaron los proyectos que buscaban sancionar un régimen de responsabilización penal juvenil, sosteniendo que la edad era una variable más y que lo más importante era el tema de las garantías. Es decir, no importa si es imputable a los 14 años si no que tenga garantías. Esa fue la posición de gran parte del progresismo que, en realidad, sostenía un discurso liberal en términos de derecho. Un argumento que fue apoyado también por Unicef con recursos y talleres a favor de estos regímenes de responsabilidad penal juvenil.

¿Qué resultados observaron en los países de Latinoamérica que modificaron los regímenes?  

–Las consecuencias fueron que hay muchos más chicos institucionalizados en contextos de encierro punitivo porque, al hacerlos punibles, el Estado puede intervenir, los puede capturar y tomar las medidas que crea necesarias. Chile bajó la edad y hoy tiene una tasa altísima de personas menores de edad institucionalizadas. Así sucedió también en Costa Rica y otros países de la región. No así en Brasil donde, según el Estatuto Da Criança e do Adolescente (ECA), las personas son no punibles hasta los 18 años. Este estatuto tiene jerarquía constitucional.

–¿Se reducen los índices delictivos al bajar la edad de punibilidad?

–Nosotros creemos que no porque la decisión en términos de política criminal sigue siendo la misma. Cuando tenemos una sociedad con una desigualdad enorme, con esquemas desiguales de distribución del ingreso, problemas estructurales de violencia, con su potencia cercenada justamente por ausencia de políticas públicas que instrumenten acciones positivas para que se efectivicen derechos; la política criminal no puede ser bajar la edad de punibilidad porque lo que se habilita es que el Estado ingrese desde su fase punitiva antes a la vida de esas personas. Decimos no a la baja como una decisión de política criminal porque las políticas duras nunca dan los resultados que se proponen, porque han demostrado ser ineficientes, porque tampoco son eficaces realizando los principios de prevención, y porque ninguna ley resuelve los problemas que son de índole social. El aparato punitivo se ha mostrado ineficaz, la cárcel no cura, no resocializa, no reeduca, no rehabilita. La política debiera ser sustraer lo más posible de su ingreso a un sistema penal a un segmento de la sociedad que ya es vulnerable; tenerlo lo más cerca posible de un sistema de protección y promoción de derechos, y lo más lejos del sistema penal.

–¿Cómo funciona el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes?

–Faltan acciones positivas del Estado, programas con alcance territorial que impliquen cobertura a un gran colectivo de personas y que se desarrollen siguiendo un enfoque de derechos; concibiendo al destinatario de ese programa como un ciudadano y no como un asistido. Es necesario abordar la multidimensionalidad de los problemas desde distintas áreas; por el contrario, observamos una ofensiva contra distintos sectores de la sociedad como los jóvenes, los migrantes. Se empezaron a achicar los recursos de promoción social y a trasvestirse hacia la asistencia de quien el Estado supone que “se lo merece”. Se comenzó a cercenar derechos y a desmantelar un modelo de políticas universales. La Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, se empieza a considerar como un asistido y no como un titular de derechos. Lo mismo sucede con una tarifa social para el que hay que presentar certificado de pobreza o con las bonificaciones del PAMI. Es decir, empieza a verse una segmentación en la que unos van a ser más merecedores que otros.

–¿El desmantelamiento se vincula con el punitivismo?

–Se van desmantelando programas de educación, capacitaciones, programas de salud, de acceso a la justicia, salud mental; y en ese contexto de exclusión creciente, la única alternativa es el aumento de los canales de punición. Al mismo tiempo, se empieza a generar en el imaginario de las personas una métrica moral respecto de la gente que la circunda, si son buenos, si merecen ayuda, si se esfuerzan, si son vagos. Y en paralelo, los medios reproducen el discurso sobre el mérito y el esfuerzo individual; es decir, el individuo que puede contra todas las desventajas. Así se despoja de todo lo que implica contar con un dispositivo social que coadyuva a que se desarrollen las capacidades y potencias, y se disminuya la violencia.

–¿Prende más esa lógica que la de inclusión y ampliación de derechos?

–Se empieza a observar con preocupación una generación de excedencia social, los que sobran, los que están de más, los parias urbanos; por un lado, una multiplicación de gente que sobra, y por el otro, una política de Estado orientada a administrar la exclusión y que instala un discurso privatizador del salvese quien pueda. No es casualidad que fuera en la década de los años noventa que la gente migró masivamente a la educación privada, a la prepaga, la seguridad privada. Luego, la sociedad se olvidó que pudo comprar todo eso porque fue agente de intercambio: si estás despojado, no sos un agente de intercambio del mercado porque estás afuera y no podés comprar nada. Entonces, si el Estado no provee salud, educación, seguridad en sentido amplio, estás absolutamente despojado.

–¿Qué lugar tiene la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes en el país en este contexto?

–Habíamos logrado avanzar bastante. Sucede que en muchas cosas, como decía Eligio Resta, el discurso de los derechos se convirtió en retórica de los derechos: el derecho a la salud se transformó en tener derecho al derecho a la salud, y para que se haga efectivo, hay que judicializarlo. Ha costado mucho revertir situaciones de exclusión, por eso, la preocupación es alta cuando se observa el desmantelamiento de pequeños avances. No estaba todo bien, pero habíamos empezado a revertir los procesos de marginación social. Las contingencias y coyunturas no ayudan, y los chicos quedan encerrados en peleas que no les corresponden. Los chicos debieran ser una prioridad sin importar el signo partidario del gobierno; debería haber un consenso social porque todos los chicos son vulnerables por edad y necesitan que se protejan las condiciones para desarrollar su potencial. En Argentina, no existe una convicción fuerte de que los chicos deben ser prioridad y de que hay espacios, como la educación pública, que deben defenderse ocupándolos con el cuerpo.

–¿Cómo interpreta la repercusión del caso Brian, en el barrio de Flores?

–Fue un detonante, pero podría haber sido otro. En 2009, fueron el caso Cáceres y el caso Capristo, y en 2008, el caso del ingeniero Barrenechea. Desde el Observatorio, se analizó el tratamiento mediático de los casos y se determinó que estos casos sirvieron en la medida en que alimentaron el pánico moral y exacerbaron la sensibilidad punitiva. El caso de Cáceres es muy notable porque cuando el jugador de fútbol que había sido baleado aparece en una silla de ruedas con un cartel diciendo “no al encierro de los jóvenes”, los medios no lo entrevistaron nunca más. Sucedió que Cáceres no habló con el odio de haber sido víctima, sino que habló desde su origen de clase y dejó de ser funcional a los medios. En el contexto de un gobierno neoliberal o neoconservador, era previsible que se reavivara la discusión por la baja en la edad de punibilidad, ante cualquier hecho que involucrara una persona menor de 16 años. A Brian lo estaban esperando.

–¿Qué representación de los jóvenes predomina en los medios?

–Está segmentada. De los chicos que murieron en la Time Warp no se habló más. No sabemos qué pudo haber pasado. Para ir a esa fiesta, los pibes necesitaban disponer de una gran cantidad de dinero, y de eso no se habló más. Esos pibes salen en las páginas de Sociedad de los diarios; los otros salen en las Policiales. En paralelo, circula un estereotipo muy fuerte del ‘pobre bueno que merece ayuda’ y del pobre despreciable que ‘está ahí porque quiere y elige’, al tiempo que se reproducen lógicas voluntaristas.


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8 noviembre, 20161min0

Dando continuidad a la nota “Instalación mediática de las migraciones como carga y problema” que aparece en el último Boletín del OAJ (Octubre 2016), volvemos a notar con mucha preocupación una serie noticias en diarios y programas televisivos que condensan en la figura del “inmigrante” sentidos negativos y peyorativos.