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4 abril, 201910min0

Compartimos con uds. una nota de opinión publicada en Pagina12 y firmada por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, con la colaboración de Vanesa Salgado, integrante del OAJ

En una nota de opinión publicada en PáginaI12 el 18 de marzo pasado, “Construir consenso”, Deborah Dobniewski, asesora del ministro Garavano, ensaya un análisis de lo que considera un “enfrentamiento fanático y sintomático” entre el Gobierno y las organizaciones sociales, sobre cuál es la correcta edad mínima de responsabilidad penal”. 

Este debate, dice Dobniewski, obstaculiza hacer foco en el resto. Con el resto se refiere a los cien artículos del proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil que desde hace ya dos años intenta introducir el Gobierno de Cambiemos, bajo la impronta de bajar la edad de la punibilidad.

En la apertura de inicio de sesiones ordinarias de este año electoral, Mauricio Macri puso nuevamente en la agenda del Congreso la reforma de la ley penal juvenil y dijo que la reforma tendería a que el Estado “contenga a los chicos para que no caigan en la delincuencia”. El Estado no tiene que “contener” niños y niñas para que no caigan en la delincuencia, sino que tiene que garantizar derechos para que se desarrollen plenamente. Esta brecha entre los objetivos políticos del Ejecutivo y los de las organizaciones sociales y académicas, e incluso internacionales como es el caso de Unicef Argentina, que se oponen al proyecto no es un simple recurso literario, es todo lo que se discute cuando se discute sobre la ley. 

La decisión del Gobierno de abordar este tema en épocas electorales pone de manifiesto intereses punitivos que nada tienen que ver con los objetivos enunciados para la reforma: no mejora la seguridad ciudadana, no salda la pendiente incorporación de los estándares de derechos necesarios para establecer un régimen penal juvenil democrático. Esto constituye un motivo principal para que organizaciones sociales, profesionales, de derechos humanos y académicas no legitimen su tratamiento.

El “enfrentamiento fanático”, que describe Dobnievski nada tiene de fanatismo, todo lo contrario, es de una racionalidad implacable: el sistema jurídico impide “bajar la edad de punibilidad” por la aplicación de principios y consensos internacionales en materia de derechos de la infancia. Esto lo debe garantizar el Estado. ¿Cómo lo garantiza? Adecuándose a los principios de progresividad y no regresividad políticas, legislaciones y prácticas.  Bajar la edad, es violar los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

El actual proyecto que presentó el Ejecutivo tiene una operación de maquillaje, consecuencia de las numerosas y fundadas críticas que de todos los sectores –incluido el Poder Judicial y operadores del propio Poder Ejecutivo– recibieron las propuestas originarias de Garavano y Bullrich. 

Esta operación, con algunos enunciados formalmente adecuados, no es suficiente para ocultar los numerosos problemas en los que reincide y agrava, más allá de la cuestión de la edad. 

Las organizaciones sociales, de derechos humanos y estatales, jueces y ministerios públicos difundieron numerosos documentos con análisis técnicos que fueron pasados por alto por la cartera de Justicia. Indicaron, entre otros aspectos que fundamentan la oposición al proyecto, que el mismo no preveía topes en las condenas, que las penas eran altísimas y equiparadas a las de adultos; que seguía habilitando la intervención punitiva respecto de los niños y niñas por debajo de los 15 años, como lo hace actualmente el sistema tutelar; y que, más allá de que los nombres hayan cambiado bajo formulas “políticamente correctas”, el fondo del proyecto es reforzar la respuesta penal y debilitar las políticas públicas de protección de derechos, que seguirán siendo implementadas desde la Justicia Penal. Todo lo que el Ejecutivo critica para la prensa lo refuerza en el proyecto. 

La asesora de Garavano indica, hacia el final de su nota, que el sistema que propone el Ejecutivo “hace absoluto foco en la vulnerabilidad social de este grupo etáreo” y luego llama a no politizar y obstaculizar el proyecto ya que resta a la democracia. Es de destacar que el principal causante de la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes es el propio Estado, con el 48 por ciento de chicos por debajo de la línea de pobreza, según datos del Indec, no podemos sino hablar de una política a gran escala que está dejando a esta población en situación de absoluta desprotección. Frente a esto, lejos de dotarse de políticas de emergencia alimentaria, sanitarias, educativa o social, se desfinancian programas y políticas dirigidas a la niñez en general. Al mismo tiempo que se exacerba el discurso punitivo e incrementa el presupuesto en seguridad poniendo en peligro la vida de niños, niñas y adolescentes de los sectores populares. 

No existe consenso sobre el proyecto que el Ejecutivo presentó en el Parlamento para la modificación del régimen penal juvenil, los argumentos fueron esgrimidos en varias oportunidades frente a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde los debates realizados en el verano de 2017, sumados cientos de pronunciamiento, análisis e investigaciones que se le han acercado al Gobierno en estos dos años.

Queremos un régimen penal juvenil democrático, progresivo en materia de derechos, sin confusiones profesas sobre lo que debe ser garantizado por los organismos administrativos del Estado en materia de promoción y protección de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que habitan nuestro país.

* También firman: Espacio No a la Baja, Red Argentina No Baja, Red Sur, Asociación Civil El Arca, Atrapamuros, AulaVereda, C.Re.Ar-Vamos, Casanova en Movimiento, Cedim, Centro de escucha y Resiliencia Popular (CERP), Colectivo de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Colectivo Juguete Rabioso, Colectivo Memoria Militante, CTA Autónoma, Defensa de los Niños y Niñas Internacional (DNI), Foro por la Niñez, Fundación Che Pibe, Fundación Emmanuel, GNRC Argentina, Red Global Regiones a Favor de la Niñez, La Miguelito Pepe, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Misur, Red de Centros Comunitarios de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata en el Conurbano Bonaerense, Niñez y Territorio.

Fuente: Pagina12


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24 julio, 20171min0

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Por Silvia Guemureman (IIGG-OAJ/ Conicet), Vanesa Salgado (IIGG-OAJ), Julia Pasín (IIGG-OAJ) y Denise Fridman (IIGG-OAJ)

El inescrupuloso tratamiento mediático de la figura de un niño de 11 años que realizó el programa conducido por Jorge Lanata en Canal 13 el pasado domingo no es más que un nuevo escalón como parte de una evidente avanzada para promover la baja de la edad de punibilidad en nuestro país.

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22 enero, 201721min0

silviapagina12LA SOCIÓLOGA SILVIA GUEMUREMAN INVESTIGÓ LOS PROYECTOS DE PUNIBILIDAD JUVENIL PRESENTADOS DESDE HACE 20 AÑOS

Guemureman, investigadora del Instituto Gino Germani, analiza el movimiento cíclico de campañas por la baja de la edad de responsabilidad penal. Sostiene que los medios instalan el miedo a los pibes “feos, sucios y malos” e invisibilizan los robos “de un CEO”.

Por Ximena Schinca

Página 12

22/10/2017

A Bian lo estaban esperando para agitar el debate”, afirma Silvia Guemureman, socióloga, especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles. El debate para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años “paga en campaña y por eso se la reaviva permanentemente, aunque sea un arma de doble filo”, asegura la especialista. Guemureman se refiere a que, de un lado del filo, el hilo se corta siempre por lo más delgado: la libertad de los más jóvenes. Del otro lado del filo, aunque el sentido común supone lo contrario, agitar la baja pianta votos. En sus investigaciones Guemureman analiza este fenómeno de agite y retroceso. “En 2013, el tema lo agitó Insaurralde y, aunque del mismo FpV lo salieron a callar, muchos como Scioli habían hecho declaraciones públicas sobre la necesidad de bajar la edad”, explica la investigadora del Conicet en el Instituto Gino Germani.

En su tesis doctoral, Guemureman investigó los fundamentos de las iniciativas para reformar el Régimen Penal de la Minoridad. “Aun en contextos de políticas más inclusivas, fueron muchos los proyectos que se presentaron y que afortunadamente no prosperaron en su objetivo”, destaca. En el año 2002, Guemureman comenzó a analizar las iniciativas con el equipo que dirige en el Observatorio de Adolescencia y Juventud. Desde entonces, cada vez que las voces punitivas agitan el avispero legislativo, un patrón se repite: culpabilización de los jóvenes como chivos expiatorios, exacerbación moral y miedo social conforman el menú que sirven a la mesa medios de comunicación, dirigencia política y sociedad civil. “Brian condensa todos los males: menor no punible, inmigrante que, aunque nacido en la Argentina, se lo muestra como ‘peruano’, hijo de una familia irregular, madre con prisión domiciliaria. O sea, la condensación del mal”, concluye Guemureman y anticipa un escenario desalentador para el no a la baja y de avanzada hacia un Estado policial, penal, punitivo.

–¿Por qué está en contra de bajar la edad para el régimen penal juvenil?

–Hay que aclarar que el término es punibilidad, y no imputabilidad, porque lo que se busca es que el Estado no castigue a cierto segmento de jóvenes como política pública, que el Estado no esté habilitado a disponer de su aparato punitivo, que exista un límite para el Estado. Nosotros creemos que existe una avanzada punitiva que no tiene que lograr su cometido porque tiene a los chicos, una vez más, en el lugar de las víctimas sacrificiales, los chivos expiatorios de una gran cantidad de problemas sociales.

–Quienes ven en la baja de punibilidad la solución al problema insisten en que aquellos que se oponen no tienen propuestas alternativas. ¿Cuál es su propuesta?

–Ese es el gran desafío que tenemos. Es necesario sensibilizar a la sociedad para que se entienda que la cantidad de chicos que comete delitos graves y que no son imputables no es representativa. Además, hay que desterrar la idea de que se trata de una cuestión de segmentos sociales, de que los chicos que cometen crímenes son los pobres. Se trata de ponerle un límite al Estado a partir del cual no puede castigar, y de entender que no es sólo una cuestión de seguridad en términos delictivos, sino de seguridad social, de una gran cantidad de seguridades que se perdieron.

–¿Por qué prendió en la sociedad más el discurso vinculado a lo delictivo que aquel vinculado al acceso a la salud, educación, servicios públicos?

–Ese ha sido un gran triunfo en términos de lo simbólico mediático. La seguridad asociada al miedo a que te asalte un joven feo, sucio y malo, y no que te asalte un empresario, el CEO de una gran compañía, o de que te roben con políticas regresivas en la redistribución del ingreso. Esa inseguridad social está invisibilizada y mediatizada porque no implica el ejercicio de la violencia física directa. Hay un contexto de inseguridad social que tiene que ver con la  precarización laboral, el ajuste del gasto público, el achicamiento a pedido del FMI.

–¿Por qué cada algunos años vuelve a resonar la discusión sobre la baja?

–Desde el Observatorio vemos que se trata de un tema que es cíclico. Se propone y después se caen los consensos para llevarlo adelante. Ya en 1998 se había dado un debate muy fuerte entre Alberto Pierri y Aníbal Ibarra. Pierri fue uno de los primeros en plantear la baja de imputabilidad en el ámbito legislativo porque se trataba de modificar el Régimen Penal de la Minoridad, que es el que aun rige, la ley 22.278, solo en los artículos que tuvieran que ver con la edad. Ese proyecto se propuso nuevamente en el año 2000, y cada vez que perdía estado parlamentario, un senador de su bloque lo volvía a proponer. Nosotros encontramos que hay una historia que se repite en forma cíclica: un episodio violento en el que una persona menor de edad es autora o supuesta autora y se agita la baja de edad de punibilidad. En 2004 se vio muy claramente también con la batería de propuestas de Juan Carlos Blumberg, cuando justamente lo que no prosperó  fue la baja porque no obtuvo plafón.

“Es muy llamativo –subraya la socióloga– porque entonces se hicieron aberraciones jurídicas dentro del Código Penal. Así y todo, el proyecto de la baja de punibilidad no prosperó. El Régimen Penal de la Minoridad es una pesada herencia de la dictadura. Entonces, la edad de punibilidad era a los 14 años. En 1979, se empezó a pensar un régimen penal que fuera un poquito más benévolo, y recién en 1983 se pasó a los 16 años. Además este régimen disponía que si el juez consideraba que un menor de 16 estaba en situación de riesgo moral, podía disponer hasta su mayoría de edad, que entonces era a los 21 años.

Guemureman recuerda que se había llegado a un consenso para modificar aquel régimen, pero el consenso se rompió, y en 2007, cuando una gran cantidad de proyectos habían confluido en un dictamen de mayoría que podía determinar la baja de edad a los 14 años, la ley no salió. “Era un contexto electoral y no quedaba bien decir que se iba a bajar la edad. En 2009, se obtuvo media sanción. Luego en Diputados se dio una discusión muy fuerte y no se aprobó, hasta que en 2012 el proyecto perdió estado parlamentario.”

–¿Por qué sucede eso?

–En aquel momento, a los proyectos que sólo pedían bajar la edad se sumaron los proyectos que buscaban sancionar un régimen de responsabilización penal juvenil, sosteniendo que la edad era una variable más y que lo más importante era el tema de las garantías. Es decir, no importa si es imputable a los 14 años si no que tenga garantías. Esa fue la posición de gran parte del progresismo que, en realidad, sostenía un discurso liberal en términos de derecho. Un argumento que fue apoyado también por Unicef con recursos y talleres a favor de estos regímenes de responsabilidad penal juvenil.

¿Qué resultados observaron en los países de Latinoamérica que modificaron los regímenes?  

–Las consecuencias fueron que hay muchos más chicos institucionalizados en contextos de encierro punitivo porque, al hacerlos punibles, el Estado puede intervenir, los puede capturar y tomar las medidas que crea necesarias. Chile bajó la edad y hoy tiene una tasa altísima de personas menores de edad institucionalizadas. Así sucedió también en Costa Rica y otros países de la región. No así en Brasil donde, según el Estatuto Da Criança e do Adolescente (ECA), las personas son no punibles hasta los 18 años. Este estatuto tiene jerarquía constitucional.

–¿Se reducen los índices delictivos al bajar la edad de punibilidad?

–Nosotros creemos que no porque la decisión en términos de política criminal sigue siendo la misma. Cuando tenemos una sociedad con una desigualdad enorme, con esquemas desiguales de distribución del ingreso, problemas estructurales de violencia, con su potencia cercenada justamente por ausencia de políticas públicas que instrumenten acciones positivas para que se efectivicen derechos; la política criminal no puede ser bajar la edad de punibilidad porque lo que se habilita es que el Estado ingrese desde su fase punitiva antes a la vida de esas personas. Decimos no a la baja como una decisión de política criminal porque las políticas duras nunca dan los resultados que se proponen, porque han demostrado ser ineficientes, porque tampoco son eficaces realizando los principios de prevención, y porque ninguna ley resuelve los problemas que son de índole social. El aparato punitivo se ha mostrado ineficaz, la cárcel no cura, no resocializa, no reeduca, no rehabilita. La política debiera ser sustraer lo más posible de su ingreso a un sistema penal a un segmento de la sociedad que ya es vulnerable; tenerlo lo más cerca posible de un sistema de protección y promoción de derechos, y lo más lejos del sistema penal.

–¿Cómo funciona el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes?

–Faltan acciones positivas del Estado, programas con alcance territorial que impliquen cobertura a un gran colectivo de personas y que se desarrollen siguiendo un enfoque de derechos; concibiendo al destinatario de ese programa como un ciudadano y no como un asistido. Es necesario abordar la multidimensionalidad de los problemas desde distintas áreas; por el contrario, observamos una ofensiva contra distintos sectores de la sociedad como los jóvenes, los migrantes. Se empezaron a achicar los recursos de promoción social y a trasvestirse hacia la asistencia de quien el Estado supone que “se lo merece”. Se comenzó a cercenar derechos y a desmantelar un modelo de políticas universales. La Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, se empieza a considerar como un asistido y no como un titular de derechos. Lo mismo sucede con una tarifa social para el que hay que presentar certificado de pobreza o con las bonificaciones del PAMI. Es decir, empieza a verse una segmentación en la que unos van a ser más merecedores que otros.

–¿El desmantelamiento se vincula con el punitivismo?

–Se van desmantelando programas de educación, capacitaciones, programas de salud, de acceso a la justicia, salud mental; y en ese contexto de exclusión creciente, la única alternativa es el aumento de los canales de punición. Al mismo tiempo, se empieza a generar en el imaginario de las personas una métrica moral respecto de la gente que la circunda, si son buenos, si merecen ayuda, si se esfuerzan, si son vagos. Y en paralelo, los medios reproducen el discurso sobre el mérito y el esfuerzo individual; es decir, el individuo que puede contra todas las desventajas. Así se despoja de todo lo que implica contar con un dispositivo social que coadyuva a que se desarrollen las capacidades y potencias, y se disminuya la violencia.

–¿Prende más esa lógica que la de inclusión y ampliación de derechos?

–Se empieza a observar con preocupación una generación de excedencia social, los que sobran, los que están de más, los parias urbanos; por un lado, una multiplicación de gente que sobra, y por el otro, una política de Estado orientada a administrar la exclusión y que instala un discurso privatizador del salvese quien pueda. No es casualidad que fuera en la década de los años noventa que la gente migró masivamente a la educación privada, a la prepaga, la seguridad privada. Luego, la sociedad se olvidó que pudo comprar todo eso porque fue agente de intercambio: si estás despojado, no sos un agente de intercambio del mercado porque estás afuera y no podés comprar nada. Entonces, si el Estado no provee salud, educación, seguridad en sentido amplio, estás absolutamente despojado.

–¿Qué lugar tiene la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes en el país en este contexto?

–Habíamos logrado avanzar bastante. Sucede que en muchas cosas, como decía Eligio Resta, el discurso de los derechos se convirtió en retórica de los derechos: el derecho a la salud se transformó en tener derecho al derecho a la salud, y para que se haga efectivo, hay que judicializarlo. Ha costado mucho revertir situaciones de exclusión, por eso, la preocupación es alta cuando se observa el desmantelamiento de pequeños avances. No estaba todo bien, pero habíamos empezado a revertir los procesos de marginación social. Las contingencias y coyunturas no ayudan, y los chicos quedan encerrados en peleas que no les corresponden. Los chicos debieran ser una prioridad sin importar el signo partidario del gobierno; debería haber un consenso social porque todos los chicos son vulnerables por edad y necesitan que se protejan las condiciones para desarrollar su potencial. En Argentina, no existe una convicción fuerte de que los chicos deben ser prioridad y de que hay espacios, como la educación pública, que deben defenderse ocupándolos con el cuerpo.

–¿Cómo interpreta la repercusión del caso Brian, en el barrio de Flores?

–Fue un detonante, pero podría haber sido otro. En 2009, fueron el caso Cáceres y el caso Capristo, y en 2008, el caso del ingeniero Barrenechea. Desde el Observatorio, se analizó el tratamiento mediático de los casos y se determinó que estos casos sirvieron en la medida en que alimentaron el pánico moral y exacerbaron la sensibilidad punitiva. El caso de Cáceres es muy notable porque cuando el jugador de fútbol que había sido baleado aparece en una silla de ruedas con un cartel diciendo “no al encierro de los jóvenes”, los medios no lo entrevistaron nunca más. Sucedió que Cáceres no habló con el odio de haber sido víctima, sino que habló desde su origen de clase y dejó de ser funcional a los medios. En el contexto de un gobierno neoliberal o neoconservador, era previsible que se reavivara la discusión por la baja en la edad de punibilidad, ante cualquier hecho que involucrara una persona menor de 16 años. A Brian lo estaban esperando.

–¿Qué representación de los jóvenes predomina en los medios?

–Está segmentada. De los chicos que murieron en la Time Warp no se habló más. No sabemos qué pudo haber pasado. Para ir a esa fiesta, los pibes necesitaban disponer de una gran cantidad de dinero, y de eso no se habló más. Esos pibes salen en las páginas de Sociedad de los diarios; los otros salen en las Policiales. En paralelo, circula un estereotipo muy fuerte del ‘pobre bueno que merece ayuda’ y del pobre despreciable que ‘está ahí porque quiere y elige’, al tiempo que se reproducen lógicas voluntaristas.



1 junio, 20161min0

En este artículo Guemureman reflexiona sobre casos de violencia que han tenido a adolescentes y jóvenes como protagonistas y que han recibido tratamiento mediático y criminalización mediática.

A lo largo del relato es factible advertir como los ejes de la criminalización de los jóvenes se desplazado desde la atribución de peligrosidad por la comisión de delitos graves, hacia la estigmatización y criminalización por ilegalismos y transgresiones.

El articulo fue publicado en los CUADERNOS PARA LA NUEVA INDENPENDENCIA N°3, ABRIL DE 2015

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