Presentación administración judicial

El interés de esta sección radica en conocer los modos en que la justicia penal se despliega sobre jóvenes, autores o presuntos autores de delitos, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Detenerse en las prácticas permite comprender y analizar las acciones desarrolladas por los diferentes agentes que construyen y reproducen la agencia judicial.

Hablamos de administración judicial, y no de justicia en sentido abstracto, dado que nuestro interés se centra en lo que atañe a su ejercicio y a las instancias encargadas de aplicarla.

En Argentina, el marco normativo que regula los delitos cometidos por personas menores de edad es el Régimen Penal de la Minoridad, Ley 22.278, normativa sancionada en el año 1980 y en vigencia hasta hoy a pesar de las numerosas críticas y de los diversos proyectos legislativos que existen para su modificación. Se trata del régimen de administración judicial previsto para los jóvenes de entre 16 a 18 años, dado que, desde la perspectiva jurídica, a las personas menores de 16 años se las considera “inimputables” y “no punibles”, es decir, no se les puede aplicar pena.

La justicia nacional – con asiento en la ciudad de Buenos Aires- está compuesta por siete Juzgados Nacionales de Menores y tres Tribunales Orales de Menores (además de las Defensorías oficiales, las Fiscalías y la Defensoría Pública de Menores e Incapaces, la Unidad Funcional para menores no punibles y la Unidad Coadyuvante del Ministerio Público de la Defensa).

Por su parte, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires rige desde el año 2007 el Régimen Procesal Penal Juvenil de la CABA (Ley 2.451). Si bien aún es materia pendiente la constitución de una justicia penal juvenil en un fuero especializado, desde el 1 de octubre del año 2014, los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 y N° 11 comenzaron a ejercer competencia en materia penal juvenil, mediante la creación de una Secretaría Penal Juvenil en cada juzgado. A su vez, se crea una Oficina de Apoyo a la Justicia Penal Juvenil dependiente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, dentro del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires existe una Oficina de Niñez y Adolescencia de la Secretaría General de Derechos Humanos.

La transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad se está desarrollando de manera progresiva a través de diferentes convenios.

En los delitos no delegados, son los jueces del ámbito nacional quienes continúan teniendo facultad para actuar.

La mayoría de los delitos cometidos o presuntamente cometidos por jóvenes, como los delitos contra la propiedad, permanecen aún en el fuero nacional. La competencia de los Juzgados de Primera Instancia de la Ciudad con competencia en penal juvenil sustraen de los Juzgados Nacionales los delitos de portación y tenencia de arma civil, de abuso de armas, de  delitos de lesiones y atentado y resistencia a la autoridad como los más significativos.

De este modo, cabe mencionar que es por los Juzgados Nacionales por donde ingresan y se tramitan las causas que involucran personas menores de 18 años acusadas de haber cometido un delito en la ciudad de Buenos Aires y se realizan los juicios a los jóvenes implicados en delitos para los que se prevé una pena superior a dos años e inferior a los tres años de privación de la libertad. Si el delito por el cual el joven está acusado prevé una pena de al menos tres años de privación de libertad[1] y hay “prueba suficiente”, la causa pasa para su juzgamiento del juzgado al tribunal oral.

En los Tribunales Orales se da una de las principales particularidades del procedimiento penal para personas menores de edad, en relación a la justicia penal para personas adultas: el desdoblamiento de la sentencia. En la primera sentencia el tribunal valora el “hecho” y la “prueba”, es decir, evalúa si el joven estuvo implicado en el hecho que se le atribuye y declara la “responsabilidad penal”, o no, del mismo. En la segunda sentencia, al cese del período de “tratamiento tutelar”[2], los jueces del tribunal determinan la sanción a aplicar. Al momento de la segunda sentencia, el tribunal evalúa cómo se ha comportado el joven durante el “tratamiento tutelar” –además de las modalidades del hecho, de los antecedentes del menor y de su propia impresión[3]-, y decide si se le impone o no una sanción.

Partimos de considerar que el proceso jurídico (de aplicación de una ley y eventual cálculo de una pena) no es sólo un procedimiento técnico y formal, sino que es también a partir de la subjetividad y la moralidad de los diferentes agentes que intervienen en el proceso que se construyen las decisiones judiciales. Ello es especialmente notorio en la “justicia de menores”, en la cual el propio plano normativo sugiere que las decisiones jurídicas sean fundadas en las “evaluaciones morales” de los actores (Villalta, 1999; Guemureman, 2011). Como fue mencionado, la ley penal de la minoridad en su artículo 4°, es clara en relación a este tema, ya que deja supeditada a “las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez” la aplicación o no de sanción. “La justicia de menores constituye un ámbito en el que disociar el derecho de la moral resulta sumamente dificultoso y la propia ley invita a esta dificultad cada vez que reclama la focalización en las personas y su evolución” (Guemureman, 2011, p. 381).

En esta sección entonces se brindará información acerca de las formas de administración judicial en relación a jóvenes acusados de un delito en la ciudad de Buenos Aires, retomando análisis a partir de investigaciones que fueron realizadas al interior de los Juzgados y Tribunales de Menores nacionales, e incorporando información en función de las nuevas investigaciones. La transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad también será foco de atención, así como la institucionalidad y las reflexiones surgidas a la luz de este traspaso.

En el apartado de prácticas se pueden encontrar trabajos donde se analiza lo que sucede al interior de la administración judicial para personas menores de edad; en legislación se brinda información acerca de la legislación vigente a nivel nacional y de la ciudad de Buenos Aires, así como sobre los proyectos de reforma de la ley penal juvenil presentados en el Congreso Nacional. Por último, en el apartado de estadísticas se sistematizan las estadísticas producidas por la justicia nacional que permiten tomar conocimiento sobre los rasgos salientes de los Juzgados Nacionales de Menores y los Tribunales Orales de Menores.

 

 

[1] Como por ejemplo, el robo con arma que, según la tipificación del Código Penal de la Nación Argentina, es un delito que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión.

[2] Si bien la ley habla en estos términos, al ser una normativa muy cuestionada, algunos actores del campo, aquellos que adhieren a una “perspectiva de protección de derechos”, en contraposición con “lo tutelar”, no están de acuerdo con esta expresión y prefieren hablar de “observación” en vez de  “tratamiento”.

[3] Artículos 40 y 41 del Código Penal de la Nación Argentina. Artículo 4° de la Ley 22.278, Régimen Penal de la Minoridad.