3 junio, 20202min0

El tiempo detenido de adolescentes y jóvenes

La pandemia, y el encierro, no afectan a todos los grupos por igual. Demás es sabido que afecta en forma diferencial según clase social, grupo de edad, ubicación geográfica, condiciones de vivienda, acceso a servicios, y demás variables que determinan e inciden en todos los fenómenos sociales. Del mismo modo que el COVID-19 es más peligroso para las personas mayores en términos de morbilidad, la obligación de encierro y distanciamiento social, ese nuevo “afuera” impacta de forma abrupta en todos los segmentos etarios. Desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) nos interesa reflexionar sobre niñxs, adolescentes y jóvenesi.


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2 junio, 20201min0

En marzo del corriente salió publicado en el Dossier de la Revista NuestrAmérica un artículo elaborado por el integrante del OAJ, Mg. Joaquín Zajac, avance de su tesis doctoral de investigación. El mismo busca abordar el impacto que ha tenido para la población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los barrios informales de la CABA el despliegue y actividad policial de la Gendarmería Nacional Argentina.


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5 abril, 20192min0

Compartimos con uds. el siguiente artículo, escrito por la Dra. Alejandra Otamendi integrante del OAJ y publicado en la revista «Salud Colectiva».

El artículo analiza el impacto de las armas de fuego en los homicidios de jóvenes en América Latina en la actualidad. Para ello, se realizó un estudio epidemioló-gico descriptivo transversal a partir de los datos de la Organización Panamericana de la Salud. Se encontraron 14.427 muertes por agresiones con armas de fuego de jóvenes, con una tasa de 14,3 por 100.000 jóvenes para el año 2014 en América Latina. Así, el 80% de todos los homicidios de jóvenes de entre 10 a 19 años de la región fueron cometidos con armas de fuego. Esto afecta especialmente a los varones, cuya tasa asciende a 26,5 por 100.000 muertes por agresiones con armas de fuego, aunque en el caso de las mujeres no se descarta que, en su mayoría, se trate de feminicidios. Además, se registraron 1.828 muertes con armas de fuego de intención no determinada (especialmente provenientes de Venezuela y Argentina) y 284 muertes con armas de fuego en intervenciones legales (mostrando la mayor letalidad policial hacia los jóvenes). La tasa corregida pasa a ser de 16,4 por 100.000 jóvenes muertos por terceros con armas de fuego en América Latina. Se plantea la necesidad de políticas de control de armas y desarme, de campañas de desestig-matización y de programas de desarrollo de la juventud, que reduzcan las actuales condi-ciones que propician e invisibilizan el llamado “juvenicidio armado” en América Latina

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2 marzo, 20192min0

Compartimos un artículo co-escrito por la integrante del OAJ Dra. Alejandra Otamendi sobre la gobernabilidad democrática de los sistemas de inteligencia, debate acuciante en la región teniendo en cuenta que los organismos de inteligencia son considerados “enclaves autoritarios” que mantienen prácticas y culturas de trabajo que no se vieron modifcadas sustancialmente como parte de los procesos de democratización general.

En este contexto, el capítulo plantea, en una primera sección, desde una perspectiva de nuevo institucionalismo, las falencias
para democratizar el sector de inteligencia en América Latina. En una
segunda sección, se presenta la Matriz de Gobernabilidad Democrática de la Inteligencia (GDI) elaborada para evaluar el grado de democratización de los sistemas de inteligencia, adaptada al contexto latinoamericano. Allí se incluyen dimensiones que hacen al control político y a la supervisión (económica, externa y pública), los criterios de reclutamiento y entrenamiento del personal, y las normas y prácticas para la recolección de información de inteligencia. Por último, se aplica la matriz a los casos de Argentina y Perú para evaluar el grado de gobernabilidad democrática de sus organismos de inteligencia. A partir de la matriz GDI, se espera contribuir a la evaluación y la reforma de las agencias de inteligencia en la región

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3 agosto, 20181min0

El pasado 12 de junio, el gobierno porteño dio a conocer ante la Comisión de Justicia de la Legislatura el texto de un proyecto de ley (1664-J 18), que busca reformar algunos artículos de las vigentes Ley de Código Contravencional y de Procedimiento Contravencional. En líneas generales, la reforma busca endurecer sanciones y ampliar prerrogativas policiales y judiciales. Desde el OAJ, analizamos el proyecto identificando tres ejes problemáticos: Modificación del régimen de flagrancia contravencional, “desigualdad de género” como excusa para aumentar la punitividad, y endurecimiento del control punitivo-policial sobre actividades de subsistencia en el espacio público.


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3 agosto, 20181min0

Compartimos con ustedes un artículo publicado en el Dossier sobre «Violencias» de la Revista Ensambles Nº7. El mismo lleva por título Violencias y Violencias estatales: hacia un ejercicio de conceptualización, y fue escrito en colaboración por varias/os de los integrantes del OAJ.

El artículo plantea un ejercicio de conceptualización de las violencias estatales a fin de mostrar la especificidad de las violencias que involucran a las agencias del Estado tanto en su faz coactiva punitiva como en su faz proactiva. En una época en la que se promueve el Estado mínimo en lo social y máximo en lo penal, se busca focalizar las demandas y denuncias hacia el Estado como principal responsable de las violencias por acción y por omisión.


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4 junio, 201711min0

Desde el OAJ nos ocupamos de monitorear el despliegue de las agencias de control social penal sobre adolescentes y jóvenes, especialmente en los eslabones más duros de la cadena punitiva, policía, entramado institucional de encierro punitivo, y justicia penal. Las intersecciones múltiples en la vida de estos jóvenes con diversas instituciones, nos han llevado asimismo a observar con mayor atención los organismos rectores de políticas públicas, las instancias administrativas de protección y promoción de derechos, las instancias legislativas de gestación y creación de normas penales, el accionar de la justicia y el tratamiento mediático sobre los adolescentes y jóvenes. Las niñas, adolescentes y jóvenes así como las y los migrantes se han transformado asimismo en grupos específicos que nos interpelan a monitorear de forma particular.

La vertiginosidad de los sucesos de los últimos meses nos obligaron a repensar estrategias de seguimiento que faciliten el análisis. Surge de esta necesidad la línea de tiempo como un organizador y temporalizador de las diversas violencias sobre la población de niños, adolescentes y jóvenes que emergen de nuestras observaciones.

Circunscribimos esas violencias a los ejes cuyo seguimiento hacemos desde el OAJ: migraciones, educación, salud mental y medicalización, justicia, seguridades y violencias punitivas, encierro punitivo y tratamiento mediático. Elegimos el concepto de VIOLENCIA ESTATAL como marco conceptual y común denominador, abarcando no sólo los sucesos sino también y principalmente las respuestas desde las agencias y los actores sociales.

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Inicio de la línea de tiempo del OAJ

Sobre las violencias

Desde el OAJ proponemos el concepto de Violencia estatal como marco específico y diferenciado del concepto de violencia institucional, mayormente utilizado. La violencia institucional, refiere a la violencia que ejercen las instituciones, no supone necesariamente un actor determinado ni un carácter público o privado, es más hace alusión a la violencia que se ejerce desde aquellos que detentan el poder dentro de la institución en desmedro del resto (sean subordinados, subalternos, empleados, pacientes, alumnos, clientes, etc.).  Hace algunos años, definimos la violencia institucional como la emanada de aquellas acciones que, en base a la aplicación de la fuerza física o a la coerción psicológica, se ejercen sobre personas que se encuentran en una posición de vulnerabilidad frente a un otro u otros que ocupan  una posición relativa de mayor poder, ya sea transitoria o permanente. En el uso corriente, el concepto de violencia institucional se utiliza –se banaliza- para referirse a las violencias públicas estatales y punitivas.

Es decir, el concepto de violencia institucional se utiliza para dar cuenta de dos tipos bien distintos de acciones: 1) un primer grupo que refiere a aquellas acciones derivadas de la asimetría de poder, y por lo tanto, al abuso de poder. Así, violencia institucional es la atención inadecuada en un hospital, es el abuso de poder en una institución jerárquica como la escuela por parte de directivos a maestros, o en una empresa, por parte de gerentes a empleados o la violencia que sufrimos a diario todos nosotros en carácter de contribuyentes respecto a los oferentes de servicios públicos cuando nos “suspenden” las prestaciones, etc. 2) un segundo grupo, que refiere a la violencia que ejerce la policía, o las fuerzas de seguridad en contra de sectores socialmente vulnerables cuando realiza operativos compulsivos de documentación, requisas, detenciones arbitrarias en la vía pública, o intervenciones que impliquen el uso de la fuerza sea en manifestaciones o en el marco de operativos de rutina de “seguridad” y “orden”. Ahora bien, entre el primer grupo de “violencias” institucionales y el segundo, hay una enorme diferencia, vinculada sobre todo al carácter social de las mismas. Los actores que personifican la violencia institucional en el primer grupo, tienen por común denominador el ejercicio de posiciones de poder desde las cuales ejercen posiciones de dominio para las que apelan al uso de la fuerza o la violencia –material o simbólica-. Los actores del segundo grupo, conforman un conglomerado de actores públicos estatales, a quienes se ha delegado el ejercicio del monopolio de la violencia física legítima, pero con alcances bien definidos, por lo que el “exceso” del uso de la violencia y de la fuerza torna ilegítimo el ejercicio, y el abuso se torna en flagrante violación de los derechos humanos. Por ese motivo, nosotros, decimos que el uso del concepto de violencia institucional para los hechos típicos del segundo grupo, banaliza y  distorsiona la valoración de los hechos e invita a la lectura del “abuso” y no a la violación/vulneración de derechos en tanto violación de derechos humanos. Así,  desde el OAJ como desde el GESPYDH proponemos el uso del concepto de VIOLENCIA ESTATAL, y de VIOLENCIA PUNITIVA ESTATAL, cuando corresponda a la especificidad

El universo de las violencias estatales son múltiples: violencias punitivas, violencias institucionales, violencias de género, y se expresan de variadas formas: en forma material, directa, a través del uso de la fuerza o de la denegación de un derecho o la privación; y en forma simbólica, mediatiza por los procesos de producción de significado, sentido o etiquetas estigmatizantes que producen exclusiones, discriminación y activan procesos desubjetivantes.

Desde el OAJ estamos en esta etapa trabajando en la delimitación y la elaboración de una conceptualización más rigurosa sobre las distintas violencias y su modalidades de ejercicio. En el proceso de conceptualización, tensamos los conceptos categorizando los eventos y los tipos de violencias implicadas.

Nos propusimos sistematizar las violencias en esta clave desde el inicio del 2017, en una línea de tiempo dinámica que permita la actualización constante. El criterio de clasificación fue el de priorizar la violencia predominante conforme a los ejes generales. La clasificación se irá haciendo más exhaustiva en la medida que precisemos los alcances de las conceptualizaciones y habilitemos subcategorías dentro de cada eje.

A modo de advertencia, téngase presente que la línea de tiempo condensa eventos y que las realidades de cada área son mucho más complejas que los eventos en sí.Al respecto, hemos publicado ya cinco Boletines de Coyuntura abordando diferentes temas.

Cuando suceden tantas cosas en períodos tan acotados de tiempo, se tiende a diluir la gravedad y a naturalizar la ocurrencia. Esa naturalización se contrarresta con registro, sistematización y análisis. En tal sentido, es posible pensar la  línea de tiempo como un modo de dimensionar ocurrencias de eventos en un período determinado,  y de interpelar los significados impidiendo la naturalización.

Hechas estas advertencias, les presentamos la línea de tiempo del OAJ.

BOLETÍN DE COYUNTURA Nº6

Año 2 – Número 6 – junio de 2017


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7 abril, 201731min0

El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA cuenta con un equipo de trabajo que, entre sus objetivos, tiene como actividad permanente la construcción de información sobre la cuestión de la vigencia y/o vulneración de derechos humanos de adolescentes y jóvenes “capturados” por las distintas agencias del sistema penal: policía, justicia y encierro punitivo. En este sentido es también clave la consulta, en forma permanente y sistemática, de las fuentes existentes tanto del ámbito ejecutivo como judicial, y también sobre la información producida en diversos organismos de control y monitoreo de derechos humanos. Por ello, son de especial interés y seguimiento por parte de este Observatorio, las acciones interpuestas por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) para logar el ingreso a los Institutos que alojan a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, dependientes hasta el año 2016 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), debido a los impedimentos y obstáculos presentados por este último organismo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

A fines del año 2016, la PPN publicó en su sitio web un artículo en el que prometía un “Diagnóstico integral sobre las condiciones de vida” de los menores presos en institutos, allí se difundía la realización de un censo, entrevistas a autoridades e inspecciones.

Al acceder al archivo publicado como “los primeros resultados del censo”, nos encontramos con un informe que no cumple ninguna expectativa, básicamente por la falta de seriedad de los datos presentados, situación que sorprende ya que la PPN ha producido informes de seriedad y consistencia en relación a la situación de los derechos humanos de las personas detenidas en cárceles federales y en particular, en relación a la problemática de los malos tratos y torturas.

El acceso de la PPN a los espacios de encierro y el reconocimiento de su entidad como organismo de monitoreo fue un logro obtenido a expensas de la judicialización de un conflicto que nunca debería haber tenido lugar.

La PPN está reconocida desde su ley orgánica a ingresar a todos los espacios carcelarios dentro de la órbita federal, sean unidades penitenciarias, alcaidías o comisarías que alojen detenidos en al ámbito federal y la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta facultad de la PPN nunca ha sido puesta en duda y, aun con las dificultades de rigor que siempre suponen la visita de los organismos de inspección, siempre fue respetada, pudiendo siempre los funcionarios de la Procuración Penitenciaria llevar adelante las visitas a las unidades penitenciaras, alcaidías y comisarías en todo el país. En aquellos casos en que tuvieron dificultades, fueron planteadas, y usualmente resueltas en forma favorable sin necesidad de presentar recursos de amparo.

En el caso de los institutos penales y en particular los de máxima seguridad, dependientes de la SENNAF, la situación fue distinta. Ante la negativa a permitir al acceso a los representantes de la PPN, el organismo se vio obligado a presentar un recurso de habeas corpus colectivo. Ello en tanto que el 8 de abril de 2014 la SENNAF impidió ingresar a la PPN a una visita de inspección en el Instituto Belgrano fundada en la resolución administrativa 2237/2009, es decir, una resolución anterior a la sanción de la ley 26.827/12 de Creación de un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ley que termina de consolidar el plexo normativo del país en materia de auditoria y contralor por parte de los organismos específicos de los espacios en donde sean susceptible de producirse estos hechos. La PPN presentó un habeas corpus colectivo, y la Jueza de primera instancia hizo lugar e intimó al entonces Titular de la SENNAF a habilitar el ingreso. La SENNAF, en vez de acatar, presentó un recurso de apelación ante la Cámara V Nacional de Apelaciones, la que confirmó la decisión de primera instancia pero condicionó las inspecciones a la presentación de un plan por parte de PPN a la jueza, y a la acreditación de la especialidad en minoridad de sus funcionarios. Ambas partes (SENNAF y PPN) recurrieron y la Sala III de la Cámara Federal de Casación penal rechazó el habeas corpus y también los respectivos recursos de queja que presentaron tanto la PPN como el Ministerio Publico Fiscal (MPF)

El MPF entendió que no puede restringirse el ingreso de un organismo independiente con facultades legislativas preexistentes, amén de las prerrogativas que le confiere la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sino a costa de agravar las condiciones de detención y aumentar el riesgo al que están expuestas las personas menores de edad. A los argumentos de carácter jurídico, se sumaron los argumentos de carácter fáctico: por cierto había riesgo y de hecho, un joven murió quemado en el instituto Agote a finales de 20141 y otro joven2 murió de igual manera en el instituto Rocca 7 meses después. La Procuradora General ante la Corte consideró que había razones necesarias y suficientes para interponer un recurso extraordinario en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (15/07/2015) que fue admitido por el máximo tribunal el 5 de abril de 2016.

El 22 de septiembre de 2016, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (en diferente composición que la vez anterior), hizo lugar al planteo de la PPN y dispuso habilitar a este organismo para ingresar de manera irrestricta a los centros de detención dependientes de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia donde se encuentren alojados niñas, niños y adolescentes privados de su libertad, de acuerdo a los establecido por las leyes 25.875/04 y 26.827/20133.

El fallo expresa en uno de sus párrafos: “no dejan lugar a dudas respecto a las facultades de control, sin condicionamiento alguno, de la Procuración Penitenciaria de la Nación respecto de las condiciones de alojamiento de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad en establecimientos dependientes de la SENAF”. Además de fundamentar la legislación que da soporte a la legitimidad de la PPN en tanto organismo de contralor, independiente, y habilitado a ingresar en cualquier dependencia donde se alojen personas privadas de libertad en su jurisdicción, sin aviso previo, es decir, sólo con las facultades conferidas por su propia misión y función, a las que se añaden las devenidas de la ratificación por parte de la Argentina de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada en 2004 y su protocolo Facultativo (ley 25.932/04), además de la creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por ley 26.827.

Así las cosas, la PPN a partir de setiembre de 2016 quedó habilitada sin restricción alguna a ingresar a los Centros de detención e Institutos que alojen a personas menores de edad. Habiendo sido tan costoso lograr el ingreso irrestricto, la función de contralor adquiere una especial relevancia, y a todos cabía esperar que la PPN elaborara informes de contundencia en cuanto a la cantidad y calidad de la información y de rigurosidad en términos de metodológica básica, requisito indispensable y diferenciable en relación a la información producida desde el ámbito ejecutivo en esta materia.

Acerca de producir desinformación4

El Informe publicado y que se mantiene en el sitio web de la PPN

El 22 de diciembre de 2016 la PPN ha publicado en su sitio web lo que promete ser un “Diagnóstico integral sobre las condiciones de vida” de los menores presos en institutos. Al linkear la nota de portada (ver imagen de abajo) accedemos a un texto en el que se anuncia que “la Procuración se abocó a realizar un exhaustivo diagnóstico para conocer las condiciones de vida en los institutos” y que en ese marco se han realizado tres actividades: un censo el 13/06/16, un conjunto de entrevistas a las autoridades y una inspección de los institutos, y se nos promete una actualización “mensual” de datos. Estos anuncios promisorios pronto son defraudados por la misma publicación, que consultada en febrero no tiene ninguna actualización referida a otros resultados del CENSO, ni a informes de inspecciones y la situación de los derechos humanos de adolescentes y jóvenes en el marco del encierro punitivo en institutos de máxima seguridad. La única “actualización” refiere a la “población de adolescentes y jóvenes detenidos en institutos” que solo indica un “acceso” a los partes diarios de detenidos.

Asimismo, este informe tampoco está firmado, es decir, no hay ningún funcionario o equipo de trabajo que se asigne la responsabilidad de la producción de información y tampoco aparece atribuido a una dependencia específica del organigrama de la PPN, lo cual permitiría desde diferentes ámbitos, académicos, institucionales del ejecutivo y/o judicial y otros organismos, realizar consultas acerca de “esta información” publicada. Normas mínimas en la producción de información.

El Diagnóstico integral: Infografía des-informativa

En este sentido es que se señala que los datos presentados en los 8 gráficos de torta o círculo elaborados desde el menú de gráficos del Excel/Office, carecen de información fundamental y elemental, tales como la cantidad total de casos (¡¡para un censo!!) –que no se explicita-. Es necesario hacer la suma por nuestra cuenta para acceder al dato de la cantidad total de individuos de la población en estudio.

Los “primeros resultados del censo”, publicados y mantenidos durante dos meses en el sitio web de la PPN, fueron condensados en ocho gráficos de torta, como el copiado ut supra. Aun cuando se haya asumido el carácter preliminar de los resultados desde el propio título, no por ello la presentación debería estar eximida de consignar la ficha técnica-metodológica de rigor (fuentes, N total <cantidad de casos>, instrumentos, autores, etc.). Tampoco fue acompañado de lecturas descriptivas y/o explicativas de los datos publicados, ni siquiera a modo de presentación.

El título de la publicación refiere a un censo de Privados de Libertad en Centros de Régimen Cerrado de la Ciudad de Buenos Aires. El “censo” toma los tres centros cerrados de la Ciudad de Buenos Aires (San Martín, Belgrano y Agote) pero omite incluir en el relevamiento otros centros de detención que dependen de la misma autoridad ejecutiva (antes SENNAF, ahora Consejo de Derechos), y que en todos los casos receptan jóvenes exclusivamente desde la justicia nacional de menores. Estos establecimientos son, además de la alcaidía/comisaría de menores (CAD), otros de permanencia prolongada pero que se emplazan en territorio de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo la “Residencia Educativa” (sic) “Colonia Ricardo Gutiérrez”. A su vez, en la propia Ciudad de Buenos Aires se emplazan otras “Residencias Educativas” dependientes de la misma esfera estatal tales como la “Juana Azurduy”, “Simón Rodríguez” y “Almafuerte”, todas ellas de mediana seguridad o “semi-cerradas” (o semi-abiertas), aspectos que las categorizan como “residencias” y no como “centros”. El “censo de privación de libertad” oculta un dato central: el criterio de selección del “universo” fue el de los centros de modalidad cerrada (mayor gradiente de punición posible) dejando por fuera los de modalidades de coerción menos severas (como las “residencias”) pero que igualmente constituyen situaciones de privación de libertad para los jóvenes, atendiendo a lo definido por la ya conocida y generalizada Regla 11.b de Beijing donde se define la privación de libertad como toda modalidad institucional que implique restricción de la libertad ambulatoria, por ende, incluye también a los dispositivos “semi-cerrados”. El recorte privilegiado en el Censo supone, entonces, reducir la cuestión de la privación de libertad a la modalidad más dura, invisibilizando de la “estadística” otras institucionalizaciones como las clínicas psiquiátricas, comunidades terapéuticas y otras modalidades similares que suelen ser también lugares de privación de libertad utilizados por los jueces penales de menores. Quizás, de tener algún encuadre conceptual o metodológico, la publicación podría dar cuenta de estas decisiones y sus razones, pero carecemos de elemento textual alguno que acompañe el derrotero de cuadros sin base, fuente ni aclaraciones técnicas básicas.

Producir información es un acto teórico-metodológico pero también político. Así, la pregunta se impone: ¿qué quiere transmitir este conjunto de cuadros? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice?

Consideramos que un organismo de monitoreo y control de cumplimiento de derechos humanos, dotado de recursos técnicos en materia de ciencias sociales, no puede producir información que no contenga los mínimos requisitos metodológicos para su producción, procesamiento y lectura. No existen dos o tres formas de hacerlo, sino una. El rigor teórico y metodológico de la construcción de indicadores en ciencias sociales no tiene un estándar de exigibilidad menor al que se puede esperar de litigios jurídicos, pericias y relevamientos médicos o informes de ingeniería en infraestructura. En otras palabras: quienes desde los saberes propios de las ciencias sociales aportan al trabajo en materia de defensa de los derechos humanos deben producir información y conocimiento con rigurosidad, exhaustividad y en forma consolidada. De lo contrario, al histórico menosprecio de los funcionarios a la buena calidad de la información, se sumará una producción a ello funcional, que nada significativo dice y que, aún más, produce ambigüedad.

Los datos publicados confirman el carácter preliminar del documento (por lo escueto de los datos y nada analizados) y realmente, poco aportan al anunciado “diagnóstico integral sobre las condiciones de vida” y menos revelan de la exhaustividad anunciada.

Los primeros tres gráficos dan cuenta de distribuciones sociodemográficas (por instituto, edad y género) los tres siguientes son referentes a la relación con otras agencias penales: policía y justicia (se refieren a la fuerza de seguridad que los detuvo y a si tienen entrevistas con sus defensores penales y de menores), los dos últimos, que podrían referirse a las condiciones de vida en los institutos ya que apuntan al padecimiento de agresiones verbales y físicas, justamente no especifican y ni el lugar y ni el agente de la agresión (podrían ser los celadores, los policías, otros detenidos o sus familiares).

Así estos datos, que podrían ser de un auténtico interés, en el contexto de un verdadero diagnóstico, poco aportan finalmente a conocer las condiciones de vida en los institutos vedadas por tantos años al control público. Pronto a cumplirse un año del reconocimiento de la CSJN de la competencia de la PPN para controlar los institutos y a más de seis meses de realizado el censo, si esto es todo lo que puede decirse, quedan dos posibilidades: o no hay nada anómalo que denunciar o no hay interés en hacerlo.

El imperativo de producir buena información

En momentos en que se impulsan desde el gobierno y debaten en distintas instancias institucionales temas de alta sensibilidad para el campo de los derechos humanos de los más jóvenes, con implicancias gravísimas en caso de prosperar las propuestas de baja de edad de punibilidad, producir información sin rigurosidad ni calidad, que resulta ambigua y que desinforma, es altamente preocupante, cuando además es “producida” por un Organismo de control en materia de derechos humanos que debería auditar y denunciar las situaciones de vulneración de derechos.

Desde el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes sostenemos que un modo de tratar seriamente las violencias punitivas estatales (policial y de las fuerzas de seguridad) que los adolescentes y jóvenes sufren a diario, es ser serios en el relevamiento, procesamiento y elaboración de información que les concierne.

Añade preocupación que se presente un informe con las características señaladas, luego de litigar llegando hasta la Corte Suprema de Justicia que hubo de revalidar la facultad de la PPN de revestir el carácter de organismo de monitoreo.

Por último, como ya lo hemos expresado en párrafos anteriores, debemos encuadrar este informe en el contexto actual. El proceso de consulta convocado desde el Ministerio de Justicia, concluyó con una contundente oposición a la baja de edad de punibilidad por parte de distintos actores institucionales. De todas formas el Gobierno pretende reasumir la iniciativa interpelando a la sociedad desde el populismo punitivo: “propondremos la baja de edad solo para delitos graves”. Y nosotros replicamos la misma posición: tampoco para delitos graves.

Para sostener esta postura es importante disponer de datos que muestren la evolución de las tasas delictuales según edad en forma consistente, y rigurosa y en series sincrónicas, como lo hemos hecho en tantas oportunidades5. Por cierto, nos quejamos y con justa razón cuando la información no es de acceso público y no está disponible impidiendo dar debates informados. Del mismo modo, nos quejamos cuando una vez generadas las condiciones de posibilidad de realización de determinados relevamientos sobre temas sensibles como el encierro de adolescentes en instituciones penales, estas son malogradas con informes de deficiente calidad metodológica que no dan cuenta de los padecimientos de los adolescentes en contextos de encierro.

Por eso, producir desinformación es una práctica político-institucional de ineludible responsabilidad técnica y política que compromete a las posibilidades de un ejercicio más profundo de la democracia y que pone en juego a los derechos humanos de los adolescentes atrapados por el sistema penal. En la dinámica de la defensa de los derechos humanos, la calidad y el rigor de la información, así como su publicación y difusión, constituyen aspectos centrales y de relevancia. Producir información de mala calidad siempre produce consecuencias institucionales desfavorables para la clientela del sistema penal.

Notas

1 Tal como en su momento lo denunciamos: “La muerte de Diego. Un homicidio intencional disponible en  http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/pronunciamientos-politicos/actualidad/

2 Se trató del joven Lucas Simone, el 10 de julio de 2015.

3 Se toma el año de su promulgación.

4 Merece un párrafo particular un archivo publicado en diciembre en la Web de la PPN y que prontamente fue retirado. Este archivo, detectado por el equipo del Observatorio es el que motivó un seguimiento especial de la información que se publicaría en relación a Institutos. El archivo, que constaba de una planilla de excel pasada a formato PDF, nos mostraba dos tablas y tres cuadros sin ninguna lectura descriptiva y/o explicativa, y carente por completo de cualquier dato técnico (fuente, metodología, autores, etc.). Las tablas y uno de los cuadros daban cuenta de las frecuencias de edad por género y por instituto, pero lo más interesante son los otros dos cuadros que daban cuenta de “los delitos” (¿Imputados a los detenidos? ¿Cometidos por los detenidos? Bueno poco importa la diferencia a la hora de la objetivación criminal…) primero agrupados y cruzados por género y luego desagregados y cruzados por edad e instituto, en un cuadro de 19 filas por 13 columnas –sin contar subtotales-, o sea de 247 celdas de frecuencia PARA 103 CASOS, algo, cuando menos, desaconsejado desde los primeros pasos de la metodología. Quizá se trataba de un borrador de trabajo o un documento usado como fuente, publicados por error, pero tiene la reveladora claridad de un síntoma: dar cuenta del interés del investigador en escudriñar la tan en boga relación entre delito y edad. Algo que poco importa a la hora de proteger, o al menos dar cuenta de los derechos respetados (a veces) y vulnerados (casi siempre) de las personas menores de edad presas.


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7 abril, 201734min0

Por Silvia Guemureman

El comienzo del año 2017 nos sorprendió con la renovada cruzada por la reforma del régimen penal de la minoridad y de la bajar la edad de punibilidad.

Una cronología simple, tantas veces repetida, que solo cambian los personajes de turno.

Un homicidio, escabroso, violento, interclase, que presuntamente involucra a un menor de edad, y se activa el coro adormecido de los fanatismos punitivos, ese que cree que el antídoto a todos los males de la violencia urbana y el delito se resuelven con más sistema penal. El crimen de Brian Aguinaco, de 14 años como consecuencia de un hecho ocurrido el 24 de diciembre de 2016 en el Bajo Flores, a pocas cuadras del acceso a la villa 1-11-14, fue el disparador de esta nueva avanzada en favor de la baja de edad de edad de imputabilidad/punibilidad. Aquel día, dos asaltantes en moto sorprendieron a dos mujeres que caminaban por la zona. Uno se bajó, las apuntó con un arma, instancia en que el abuelo de Brian Aguinaco, intentó interceder en la defensa de las mujeres cercando a los asaltantes, que dispararon hiriendo a su nieto. El joven fue trasladado hasta el Hospital Piñero, luego al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y lamentablemente murió, lo que ocasionó la furia de los vecinos que tomaron la Comisaría 38. Luego de los hechos, empezaron los trascendidos sobre la identidad de los atacantes. Así, cobró relevancia la participación de Brian Joel Cruz González (BJ), de 15 años como supuesto autor de los disparos. BJ estaba en Chile y fue detenido allí por interpol quien lo expulsó del vecino país. De regreso a la Argentina, fue llamado a declarar por el Juez Nacional de Menores en turno, quien resolvió sobreseerlo por su carácter de no punible. La criminalidad mediática operó con tanta eficacia que pocos repararon en que BJ no había sido reconocido en la ronda de reconocimiento por ninguno de los interesados y que en términos procesales no había elementos suficientes para vincular a BJ al hecho. Dictado el sobreseimiento, los vecinos que reclamaban medidas más punitivas, se enojaron. El juez resolvió entonces, enviar a BJ a Perú a permanecer con sus abuelos. Ese envío asumió el carácter de expulsión, toda vez que se da en el marco de una política xenófoba por parte de los encumbrados funcionarios del gabinete nacional, una especial estigmatización a migrantes peruanos, paraguayos y bolivianos y un “combate” al narcotráfico.

Si bien como tantas otras veces fue un episodio lamentable lo que reinstaló el debate, lo cierto es que prevalece un consenso unánime sobre la necesidad de reformar el régimen penal de la minoridad, pesada herencia de la última dictadura militar que más de 33 años de democracia no lograron remontar. Tampoco alcanzó con la ratificación de la Convención de los derechos del niño en 1990, ni siquiera con su incorporación –entre muchos otros Tratados y Convenciones- a nuestra Carta Magna en 1994, y el compromiso asumido de adecuar la legislación interna. Así, la necesidad de reforma se ha tornado en una verdad autoevidente.

En un primer momento, ésta fue anunciada con sosegada moderación por el Ministro de Justicia quien afirmó que la discusión se daría durante todo el año, y que se esperaba que el proceso legislativo transcurriera lejos del contexto electoral.1 Una declaración de encomiable sensatez que no resistió a las presiones securitarias insufladas por la Ministra de Seguridad, y avaladas por el propio Presidente de la Nación. En pocos días pasamos de la propuesta de una discusión alejada de los réditos políticos de las campañas electorales, a una propuesta de discusión exprés convocada por el Ministerio de Justicia a través de una agenda de discusión en 8 comisiones cuyas reuniones estuvieron previstas durante el mes de febrero a razón de dos horas por Comisión.

El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes se inscribió en cuatro comisiones, participando efectivamente en 3, y accediendo a los documentos de los consensos arribados de las restantes, además de los reportes de otros participantes.

Las comisiones fueron:

  1. Abordaje temprano prevención
  2. Justicia especializada
  3. Medidas alternativas a la privación de libertad, medidas alternativas al proceso y medidas restaurativas como posibles sanciones
  4. Delitos y sanciones acordes a la convención sobre los derechos del niño
  5. Condiciones de detención que fomenten la reinserción
  6. Sistema de articulación permanente intersectorial / dotación de recursos
  7. Sistema de información
  8. Definición de imputabilidad de los jóvenes menores de edad

En las primeras siete mesas prevalecieron los consensos y se arribó a acuerdos que bien pueden ser puntos de partida para pensar en un proyecto de responsabilidad penal juvenil2. Emergieron como denominadores comunes la necesidad de políticas públicas y acciones de prevención “ex ante”; la necesidad de especialización, la capacitación y formación de todos los operadores y funcionarios que intervienen con NNYA; la reducción de las medidas de intervención coercitivas reducidas a la mínima expresión, y la necesidad de pensar en dispositivos y estrategias de resolución de conflictos. Distintos actores, diferentes pertenencias institucionales, disciplinarias y corporativas, especialistas reconocidos, asesores y funcionarios, en todas las comisiones prevalecieron las buenas razones y las posiciones alejadas de los estándares internacionales de derechos fueron rápidamente neutralizadas por el consenso mayoritario de adecuar la normativa, los sanciones, las condiciones de detención, los sistemas de información y las articulaciones intersectoriales en cánones respaldados por la legislación de avanzada, los tratados y convenciones internacionales a los cuales Argentina ha suscripto.

La discusión en la octava comisión, tuvo otros ribetes. Todos los actores sabíamos que es lo que estaba en juego en esa Comisión. Aun así, muchos actores aceptamos las reglas de juego: ir a presentar y argumentar posición en la mesa de debate, con la expectativa de “fair play”, esto es, el respeto indiscutible de los resultados. Si es un juego regulado, los participantes de buena fe juegan el juego, y una vez consumados los resultados, estos son reconocidos públicamente y adquieren el estatuto de los consensos arribados, del mismo modo que se hizo en todas las otras Comisiones.

Imputabilidad/Punibilidad: El quid de la cuestión

Antes de relatar y resumir sucintamente posiciones y resultados, cabe contextualizar la realización de la Mesa 83. Fue la mesa más concurrida. Hubo mucha demanda de inscripción y aquellos que se demoraron en solicitar su inscripción, no obtuvieron plaza por falta de cupo. Aun así, la mesa contaba con 68 inscriptos consolidados que se incrementaron a 80 con las últimas inscripciones aceptadas.

La mesa se realizó como la mayoría de las mesas, en el salón del piso 11 del Ministerio de Justicia y fue precedida y acompañada de una copiosa manifestación de organizaciones que se pronunciaron enfáticamente por el NO A LA BAJA. Estuvieron los representantes de asociaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y promotores y adherentes a los colectivos de No a la Baja y Argentina no baja. La movilización y acto político se prolongó por algunas horas. El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Marín Casares, fue el coordinador de la Mesa y como tal, luego de pasar revista todo el proceso de discusión, describiendo los distintos tipos de reuniones realizadas con diferentes actores (jueces, fiscales y defensores, y legisladores y asesores legislativos), hizo un relato breve de los consensos arribados en las siete mesas de trabajo. Tal como documentamos más arriba, los consensos arribados fueron auspiciosos.

Luego, explicitó la metodología de trabajo: el orden de expositores estaba prefijado y se había realizado en función del grado de participación en las reuniones y los aportes recibidos. Así, a mayor grado de participación, mejor orden de prelación en la posibilidad de hacer uso de la palabra. Para aquellos que solo asistían a esa reunión, se abrió la lista de oradores para que hablaran con posterioridad a la lista inicial. Los oradores anunciados podían hacer uso de la palabra o desistir y pasar de largo. Se escucharon 42 exposiciones.

El primer ítem de la agenda de la orden del día proponía distinguir entre “imputabilidad” y “punibilidad”.

Es importante detenerse en esta distinción ya que es fuente de múltiples confusiones. Por imputabilidad debe entenderse: a) susceptibilidad de reprochabilidad de un hecho delictivo a un supuesto autor; b) capacidad de discernimiento; o c) capacidad de comprensión y orientación de las acciones con arreglo a fines. IMPUTABILIDAD remite al individuo.

Por punibilidad debe entenderse como potestad o facultad del Estado de fijar la edad a partir de la cual los sujetos son pasibles de recibir sanciones en carácter de reproche a las acciones disvaliosas. PUNIBILIDAD remite a una decisión de política criminal, y por ende, al estado.

Situar el eje de la discusión en la edad de imputabilidad es bien distinto entonces, de fijar el eje en la edad de punibilidad. En el primer caso, se alude a la capacidad de orientarse en la norma, y en tal sentido, se fija un piso a partir del cual se entiende que los sujetos están en condiciones de comprender la norma y dirigir sus acciones. En ese caso, inimputables son aquellos que por distintos causales (art. 34 º del CP) no pudieron motivarse en la norma o no pudieron dirigir sus acciones.

Siguiendo este razonamiento, es fácil deducir que “inimputable” no es lo mismo que “no punible”, aun cuando un “inimputable, puede ser no punible, pero no necesariamente un no punible debe ser “inimputable”, siguiendo los propios causales que nos brinda nuestro código penal. Coextensivamente, entonces, cuando hablamos de NO BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD, LO QUE ESTAMOS RECLAMANDO ES QUE EL ESTADO NO SE ARROGUE LA FACULTAD DE IMPONER SANCIONES A UNA EDAD MÁS TEMPRANA SUSTENTADO EN UNA DECISIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL.

Es importante aclarar esto porque son muchos los actores que se pronuncian en contra de la baja de edad de imputabilidad/punibilidad y que asimilan estos conceptos. De allí derivan confusiones. Es importante aclarar que no todos los actores que participamos en el debate y que estamos “en contra de la baja” sostenemos las mismas posturas. El NO A LA BAJA engloba colectivos bien heterogéneos, muchos derivados de la asimilación entre punibilidad e imputabilidad.

Posiciones contrarias a la Baja de Punibilidad/Imputabilidad

Del lado del no a la baja de punibilidad, el espectro es estrecho: la posición dominante abona la tesitura de la decisión de política criminal, y en tal sentido, sostiene que siendo que el sistema penal fracasa conforme a sus objetivos declarados, es harto conveniente sustraer lo más posible a los sujetos del ingreso al sistema penal. Antes bien, aceitar los programas de prevención, las políticas públicas y las acciones tendientes a que los más chicos crezcan en condiciones de vida que los doten de perspectivas de desarrollo potencial, que esas perspectivas no aborten su potencia en acto, es decir que se potencien a través de acciones proactivas en forma de programas y políticas públicas dotados de presupuesto y condiciones de posibilidad. También la mayoría de estos actores advierte sobre el funcionamiento real del sistema penal, y las consecuencias del ingreso al mismo con las violencias punitivas agregadas. Además, advierten sobre el carácter regresivo que implicaría bajar la edad cuando los estándares internacionales abogan en el sentido de subirla paulatinamente. Destacan a su vez que este fue uno de los aspectos que no fue observado por la CIDH cuando sancionó al país por la aplicación de sentencias condenatorias a prisión perpetua a jóvenes que cumplieron delitos siendo menores de 18 años.

También, entre quienes sostienen el no a la baja, están las posiciones que postulan su desacuerdo con la baja de edad de imputabilidad. Estas posiciones aparecen vinculadas a la psicología del desarrollo, a las neurociencias, y a los análisis de la biomedicina que fundamentan carencias y deficiencias que no hacen conveniente el descenso de la edad. Estas posiciones tienen algunos rasgos que las asemejan peligrosamente a las doctrinas del discernimiento.

Una posición intermedia, la constituyen aquellos que abonan la tesitura de no a la baja aquellos argumentando que las condiciones de deprivación y pobreza extrema delatan con meridiana claridad la ausencia de estado social y proponen que se avance en la efectivización de un sistema integral de protección de derechos, que garantice el goce efectivo de derechos y repare su vulneración. El sistema penal debe ser dejado de lado como horizonte de posibilidad en el tránsito de estos niños y adolescentes deprivados y vulnerados.

Otra posición contraria a la baja, sostiene que la baja de edad no es necesaria ni urgente, y la premura del proceso de debate constituye un riesgo ya que pondera el tratamiento de edad como un factor aislado por sobre el contexto social, institucional y político4.

Todas estas posiciones coinciden en que el sistema penal no pude arreglar las cosas, no puede mejorar la sensación de inseguridad, y no puede mejorar a los sujetos.

Posiciones a favor de la Baja

Aquellos que propician la baja de edad, reproducen las confusiones entre imputabilidad/punibilidad. Fueron residuales las exposiciones que apoyaron la baja de edad. De un lado los falazmente garantistas, que tensan el concepto de garantías al extremo de sostener que los sujetos son punibles desde que nacen, habida cuenta de las cosas que les pueden pasar, y que entonces, meterlos en el sistema penal es dotarlos de garantías, de las garantías que ofrece el sistema penal, claro está, deficientes como todas las garantías que ofrece el sistema penal. Con estas garantías se acotaría el espectro de las cosas que les pueden pasar, como estar presos o privados de la libertad, aun cuando no pueden explicar cómo esas garantías operarían como antídoto de las violencias punitivas estatales por parte de las fuerzas de seguridad en territorio, que afectan la vida cotidiana de NNYA. El riesgo de esta posición es inducir a la errónea creencia de que bajando la edad y haciéndolo punible “con garantías”, la gravedad de la privación de la libertad desaparece. Esta posición falazmente garantista propone el sistema penal como oposición a un sistema falsamente proteccionista y tutelar. Las garantías serían la llave maestra, que a lo que es vicio convierte en virtud. El discurso de las garantías que podría ser esgrimido con fervor republicano en una verdadera república, hace agua en un estado de derecho que recibe sanciones de organismos internacionales justamente por violar la observancia de tratados y convenciones de derechos humanos, de detenciones arbitrarias o de vejámenes, torturas y malos tratos. Las garantías no se cumplen ni para aquellos que ya están dentro del sistema penal, y de eso cualquier informe de los organismos de derechos humanos o de contralor puede dar acabada cuenta.

En el otro extremo, también abogando por la baja, están las posiciones emitidas desde la reacción victimológica, proponen más sistema penal, más punición aún a sabiendas que el sistema penal no podrá reparar lo irreparable que es la pérdida de seres queridos. Estas posiciones usualmente son personificadas por quienes han sufrido pérdidas lamentables de seres queridos en eventos delictivos.

Es interesante connotar las posiciones de quienes están a favor de la baja: por una lado los “falazmente garantistas”, y por el otro lado “los justicieros”, que más que justicia, tienen sed de expiación, venganza y castigo. Los pro-garantías y los pro-castigo. Curiosos encuentros para los que aún la imaginación sociológica, la jurídica ni la política tienen respuestas. Acaso sea menos difícil, y solo se trate de pragmatismos y oportunidades.

Los Ni-Ni

Los Ni-NI son aquellos que no se expidieron taxativamente ni a favor de la baja, ni en contra de la baja. Poco queda para agregar sobre estas presentaciones que seguramente, fueron sutiles apoyos a la baja de edad, aun cuando no tuvieran la suficiente convicción como para defender abiertamente la posición debido a su poca consistencia argumentativa y su ambigüedad política.

Los consensos arribados

Al cierre de la jornada a todos quedó claro que los consensos arribados fueron a favor de avanzar en la discusión de un régimen de responsabilidad penal juvenil pero en contra de la baja de imputabilidad/punibilidad. Incluso el experto internacional al que invitaron expresamente, el Dr. Miguel Cillero, acordó con el consenso y alentó a trabajar con más tiempo y deslizó su apreciación negativa sobre la reforma aplicada en Chile.

El comunicado de UNICEF fue elocuente al respecto5, y en idéntico sentido aparecieron las primeras declaraciones reconociendo por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia el estado de situación6 y hasta el diario Clarín se hizo eco7.

Sin embargo, en muy pocas horas, el gobierno se rearticuló y subió la apuesta con estas declaraciones:

  • “El Gobierno ratificó su proyecto para bajar la edad de imputabilidad”8, y más tarde:

  • “Mauricio Macri anunciará su iniciativa para bajar la edad de imputabilidad el próximo miércoles”9.

  • En ese contexto, desde el OAJ y el GESPYDH emitimos un Comunicado de Alerta10, manifestando preocupación ante la eventualidad que el Gobierno no acepte los resultados de una consulta promovida desde el propio gobierno y en los que muchos participamos de buena fe en un debate dado sobre opiniones fundadas, argumentadas, sustentadas tanto en la información disponible como en el conocimiento de funcionamiento real del sistema penal, aspecto que los funcionarios de la justicia, jueces, fiscales, defensores, equipos técnicos interdisciplinarios, conocen mejor que nadie en el día a día. Los representantes jurisdiccionales de Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Formosa, Santa Cruz, y representantes de algunos Departamentos Judiciales de la PBA se expresaron casi en forma unánimes, denunciando las falencias y carencias institucionales.

La post verdad

En la inauguración del período legislativo, el pasado 1 de marzo, el presidente NO ANUNCIÓ LA BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD, AUNQUE SÍ LA NECESIDAD DE UNA REFORMA. Sin embargo, muy pocos días después, la iniciativa gubernamental volvió a expresarse proponiendo, en consonancia con la línea de populismo punitivo que rentabiliza en votos, bajar la edad, solo para delitos graves, homicidios, y delitos contra las personas violentos.11 A través de esta propuesta, la intención punitiva se traviste de legitimidad apelando al horror por la violencia gratuita que todos sentimos y todos repudiamos. Aquello que no pudo entrar por la puerta grande de los consensos arribados en el libre juego democrático que el propio gobierno abrió para la discusión a través de las Comisiones de Expertos, lo tratan de “colar” por la ventana, o por el patio trasero, apelando a la complicidad del horror12. Ahí, nos obligan a dar la discusión en ese terreno, y afinar la artillería de los datos, de los malos datos disponibles, que aún malos, fragmentados, e incompletos, nos permiten mostrar que la entidad conferida al problema está sobredimensionada, pero lo que es más grave, es que no permite demostrar la urgencia de la reforma, sobre todo, cuando los datos se tiñen del pragmatismo del funcionamiento del sistema penal real, situado, en contexto en la Argentina de hoy, donde los pibes la pasan mal en la calle, y mucho peor en los espacios de encierro, donde siguen siendo el blanco de atropellos y violencias institucionales. El caso del comedor en Lanús el pasado jueves 30 de marzo, no es más que un ejemplo paradigmático, tristemente paradigmático de cómo funciona el sistema penal, y de porque la decisión de sustraer lo más posible a los más chicos del sistema penal es una decisión de política criminal, y como tal, una decisión primordialmente política.

Ver Entrevista a Silvia Guemureman: Cambiemos quiere cambiar infancia y adolescencia por encierro

Notas

1 Cf. Telam 04/01/2017 RÉGIMEN PENAL JUVENIL:Para Garavano, la baja de la edad de imputabilidad de menores debe ser «en base a consensos»

2 Los documentos que contienen los consensos arribados de las primeras 7 Comisiones fueron subidas por los coordinadores del Ministerio de Justicia en Plataforma 2020, no así la de la última Comisión.

3 Definición de Imputabilidad de los jóvenes menores de edad

4 Esta posición fue liderada por Unicef-Argentina a través de su máxima representante.

5 Amplio consenso para no bajar la edad de imputabilidad en el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, disponible en https://www.unicef.org/argentina/spanish/media_35638.html

6 La baja en la edad de imputabilidad sumó algunos rechazos. Especialistas que estuvieron el jueves en la última reunión de debate promovida por el Gobierno manifestaron sus reparos. http://www.infobae.com/politica/2017/02/25/el-gobierno-ya-no-buscara-bajar-la-edad-de-imputabilidad/ Sábado 25 de Febrero de 2017

7 Al final, el Gobierno no impulsará una baja en la edad de imputabilidad. Había anunciado que la fijaría en 14 años. Pero la comisión creada por el Ministerio de Justicia para debatir el régimen penal de menores lo rechazó. Era central, admitieron. 25/02/2017 – 01:01 Clarin.com

8 El Presidente hablará sobre la importancia de dar la discusión en su discurso ante la Asamblea Legislativa. http://www.infobae.com/politica/2017/02/25/el-gobierno-ratifico-su-proyecto-para-bajar-la-edad-de-imputabilidad/Sábado 25 de Febrero de 2017

9 Será uno de los ejes en su discurso en la Asamblea Legislativa. http://www.lanacion.com.ar/1987968-mauricio-macri-anunciara-la-baja-en-la-edad-de-imputabilidad-el-proximo-miercoles SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2017 • 17:01

11 Garavano: “La baja de imputabilidad a 14 años será sólo para «delitos gravísimos» contra la vida, los secuestros extorsivos y la integridad sexual”,4/03/2017, en http://www.eldiario24.com/nota/argentina/394808/baja-imputabilidad-14-anos-sera-solo-para-delitos-gravisimos.html . También en http://www.lanacion.com.ar/1990079-german-garavano-planteamos-reducir-la-imputabilidad-a-14-anos-para-delitos-gravisimos.


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22 enero, 201721min0

silviapagina12LA SOCIÓLOGA SILVIA GUEMUREMAN INVESTIGÓ LOS PROYECTOS DE PUNIBILIDAD JUVENIL PRESENTADOS DESDE HACE 20 AÑOS

Guemureman, investigadora del Instituto Gino Germani, analiza el movimiento cíclico de campañas por la baja de la edad de responsabilidad penal. Sostiene que los medios instalan el miedo a los pibes “feos, sucios y malos” e invisibilizan los robos “de un CEO”.

Por Ximena Schinca

Página 12

22/10/2017

A Bian lo estaban esperando para agitar el debate”, afirma Silvia Guemureman, socióloga, especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles. El debate para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años “paga en campaña y por eso se la reaviva permanentemente, aunque sea un arma de doble filo”, asegura la especialista. Guemureman se refiere a que, de un lado del filo, el hilo se corta siempre por lo más delgado: la libertad de los más jóvenes. Del otro lado del filo, aunque el sentido común supone lo contrario, agitar la baja pianta votos. En sus investigaciones Guemureman analiza este fenómeno de agite y retroceso. “En 2013, el tema lo agitó Insaurralde y, aunque del mismo FpV lo salieron a callar, muchos como Scioli habían hecho declaraciones públicas sobre la necesidad de bajar la edad”, explica la investigadora del Conicet en el Instituto Gino Germani.

En su tesis doctoral, Guemureman investigó los fundamentos de las iniciativas para reformar el Régimen Penal de la Minoridad. “Aun en contextos de políticas más inclusivas, fueron muchos los proyectos que se presentaron y que afortunadamente no prosperaron en su objetivo”, destaca. En el año 2002, Guemureman comenzó a analizar las iniciativas con el equipo que dirige en el Observatorio de Adolescencia y Juventud. Desde entonces, cada vez que las voces punitivas agitan el avispero legislativo, un patrón se repite: culpabilización de los jóvenes como chivos expiatorios, exacerbación moral y miedo social conforman el menú que sirven a la mesa medios de comunicación, dirigencia política y sociedad civil. “Brian condensa todos los males: menor no punible, inmigrante que, aunque nacido en la Argentina, se lo muestra como ‘peruano’, hijo de una familia irregular, madre con prisión domiciliaria. O sea, la condensación del mal”, concluye Guemureman y anticipa un escenario desalentador para el no a la baja y de avanzada hacia un Estado policial, penal, punitivo.

–¿Por qué está en contra de bajar la edad para el régimen penal juvenil?

–Hay que aclarar que el término es punibilidad, y no imputabilidad, porque lo que se busca es que el Estado no castigue a cierto segmento de jóvenes como política pública, que el Estado no esté habilitado a disponer de su aparato punitivo, que exista un límite para el Estado. Nosotros creemos que existe una avanzada punitiva que no tiene que lograr su cometido porque tiene a los chicos, una vez más, en el lugar de las víctimas sacrificiales, los chivos expiatorios de una gran cantidad de problemas sociales.

–Quienes ven en la baja de punibilidad la solución al problema insisten en que aquellos que se oponen no tienen propuestas alternativas. ¿Cuál es su propuesta?

–Ese es el gran desafío que tenemos. Es necesario sensibilizar a la sociedad para que se entienda que la cantidad de chicos que comete delitos graves y que no son imputables no es representativa. Además, hay que desterrar la idea de que se trata de una cuestión de segmentos sociales, de que los chicos que cometen crímenes son los pobres. Se trata de ponerle un límite al Estado a partir del cual no puede castigar, y de entender que no es sólo una cuestión de seguridad en términos delictivos, sino de seguridad social, de una gran cantidad de seguridades que se perdieron.

–¿Por qué prendió en la sociedad más el discurso vinculado a lo delictivo que aquel vinculado al acceso a la salud, educación, servicios públicos?

–Ese ha sido un gran triunfo en términos de lo simbólico mediático. La seguridad asociada al miedo a que te asalte un joven feo, sucio y malo, y no que te asalte un empresario, el CEO de una gran compañía, o de que te roben con políticas regresivas en la redistribución del ingreso. Esa inseguridad social está invisibilizada y mediatizada porque no implica el ejercicio de la violencia física directa. Hay un contexto de inseguridad social que tiene que ver con la  precarización laboral, el ajuste del gasto público, el achicamiento a pedido del FMI.

–¿Por qué cada algunos años vuelve a resonar la discusión sobre la baja?

–Desde el Observatorio vemos que se trata de un tema que es cíclico. Se propone y después se caen los consensos para llevarlo adelante. Ya en 1998 se había dado un debate muy fuerte entre Alberto Pierri y Aníbal Ibarra. Pierri fue uno de los primeros en plantear la baja de imputabilidad en el ámbito legislativo porque se trataba de modificar el Régimen Penal de la Minoridad, que es el que aun rige, la ley 22.278, solo en los artículos que tuvieran que ver con la edad. Ese proyecto se propuso nuevamente en el año 2000, y cada vez que perdía estado parlamentario, un senador de su bloque lo volvía a proponer. Nosotros encontramos que hay una historia que se repite en forma cíclica: un episodio violento en el que una persona menor de edad es autora o supuesta autora y se agita la baja de edad de punibilidad. En 2004 se vio muy claramente también con la batería de propuestas de Juan Carlos Blumberg, cuando justamente lo que no prosperó  fue la baja porque no obtuvo plafón.

“Es muy llamativo –subraya la socióloga– porque entonces se hicieron aberraciones jurídicas dentro del Código Penal. Así y todo, el proyecto de la baja de punibilidad no prosperó. El Régimen Penal de la Minoridad es una pesada herencia de la dictadura. Entonces, la edad de punibilidad era a los 14 años. En 1979, se empezó a pensar un régimen penal que fuera un poquito más benévolo, y recién en 1983 se pasó a los 16 años. Además este régimen disponía que si el juez consideraba que un menor de 16 estaba en situación de riesgo moral, podía disponer hasta su mayoría de edad, que entonces era a los 21 años.

Guemureman recuerda que se había llegado a un consenso para modificar aquel régimen, pero el consenso se rompió, y en 2007, cuando una gran cantidad de proyectos habían confluido en un dictamen de mayoría que podía determinar la baja de edad a los 14 años, la ley no salió. “Era un contexto electoral y no quedaba bien decir que se iba a bajar la edad. En 2009, se obtuvo media sanción. Luego en Diputados se dio una discusión muy fuerte y no se aprobó, hasta que en 2012 el proyecto perdió estado parlamentario.”

–¿Por qué sucede eso?

–En aquel momento, a los proyectos que sólo pedían bajar la edad se sumaron los proyectos que buscaban sancionar un régimen de responsabilización penal juvenil, sosteniendo que la edad era una variable más y que lo más importante era el tema de las garantías. Es decir, no importa si es imputable a los 14 años si no que tenga garantías. Esa fue la posición de gran parte del progresismo que, en realidad, sostenía un discurso liberal en términos de derecho. Un argumento que fue apoyado también por Unicef con recursos y talleres a favor de estos regímenes de responsabilidad penal juvenil.

¿Qué resultados observaron en los países de Latinoamérica que modificaron los regímenes?  

–Las consecuencias fueron que hay muchos más chicos institucionalizados en contextos de encierro punitivo porque, al hacerlos punibles, el Estado puede intervenir, los puede capturar y tomar las medidas que crea necesarias. Chile bajó la edad y hoy tiene una tasa altísima de personas menores de edad institucionalizadas. Así sucedió también en Costa Rica y otros países de la región. No así en Brasil donde, según el Estatuto Da Criança e do Adolescente (ECA), las personas son no punibles hasta los 18 años. Este estatuto tiene jerarquía constitucional.

–¿Se reducen los índices delictivos al bajar la edad de punibilidad?

–Nosotros creemos que no porque la decisión en términos de política criminal sigue siendo la misma. Cuando tenemos una sociedad con una desigualdad enorme, con esquemas desiguales de distribución del ingreso, problemas estructurales de violencia, con su potencia cercenada justamente por ausencia de políticas públicas que instrumenten acciones positivas para que se efectivicen derechos; la política criminal no puede ser bajar la edad de punibilidad porque lo que se habilita es que el Estado ingrese desde su fase punitiva antes a la vida de esas personas. Decimos no a la baja como una decisión de política criminal porque las políticas duras nunca dan los resultados que se proponen, porque han demostrado ser ineficientes, porque tampoco son eficaces realizando los principios de prevención, y porque ninguna ley resuelve los problemas que son de índole social. El aparato punitivo se ha mostrado ineficaz, la cárcel no cura, no resocializa, no reeduca, no rehabilita. La política debiera ser sustraer lo más posible de su ingreso a un sistema penal a un segmento de la sociedad que ya es vulnerable; tenerlo lo más cerca posible de un sistema de protección y promoción de derechos, y lo más lejos del sistema penal.

–¿Cómo funciona el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes?

–Faltan acciones positivas del Estado, programas con alcance territorial que impliquen cobertura a un gran colectivo de personas y que se desarrollen siguiendo un enfoque de derechos; concibiendo al destinatario de ese programa como un ciudadano y no como un asistido. Es necesario abordar la multidimensionalidad de los problemas desde distintas áreas; por el contrario, observamos una ofensiva contra distintos sectores de la sociedad como los jóvenes, los migrantes. Se empezaron a achicar los recursos de promoción social y a trasvestirse hacia la asistencia de quien el Estado supone que “se lo merece”. Se comenzó a cercenar derechos y a desmantelar un modelo de políticas universales. La Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, se empieza a considerar como un asistido y no como un titular de derechos. Lo mismo sucede con una tarifa social para el que hay que presentar certificado de pobreza o con las bonificaciones del PAMI. Es decir, empieza a verse una segmentación en la que unos van a ser más merecedores que otros.

–¿El desmantelamiento se vincula con el punitivismo?

–Se van desmantelando programas de educación, capacitaciones, programas de salud, de acceso a la justicia, salud mental; y en ese contexto de exclusión creciente, la única alternativa es el aumento de los canales de punición. Al mismo tiempo, se empieza a generar en el imaginario de las personas una métrica moral respecto de la gente que la circunda, si son buenos, si merecen ayuda, si se esfuerzan, si son vagos. Y en paralelo, los medios reproducen el discurso sobre el mérito y el esfuerzo individual; es decir, el individuo que puede contra todas las desventajas. Así se despoja de todo lo que implica contar con un dispositivo social que coadyuva a que se desarrollen las capacidades y potencias, y se disminuya la violencia.

–¿Prende más esa lógica que la de inclusión y ampliación de derechos?

–Se empieza a observar con preocupación una generación de excedencia social, los que sobran, los que están de más, los parias urbanos; por un lado, una multiplicación de gente que sobra, y por el otro, una política de Estado orientada a administrar la exclusión y que instala un discurso privatizador del salvese quien pueda. No es casualidad que fuera en la década de los años noventa que la gente migró masivamente a la educación privada, a la prepaga, la seguridad privada. Luego, la sociedad se olvidó que pudo comprar todo eso porque fue agente de intercambio: si estás despojado, no sos un agente de intercambio del mercado porque estás afuera y no podés comprar nada. Entonces, si el Estado no provee salud, educación, seguridad en sentido amplio, estás absolutamente despojado.

–¿Qué lugar tiene la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes en el país en este contexto?

–Habíamos logrado avanzar bastante. Sucede que en muchas cosas, como decía Eligio Resta, el discurso de los derechos se convirtió en retórica de los derechos: el derecho a la salud se transformó en tener derecho al derecho a la salud, y para que se haga efectivo, hay que judicializarlo. Ha costado mucho revertir situaciones de exclusión, por eso, la preocupación es alta cuando se observa el desmantelamiento de pequeños avances. No estaba todo bien, pero habíamos empezado a revertir los procesos de marginación social. Las contingencias y coyunturas no ayudan, y los chicos quedan encerrados en peleas que no les corresponden. Los chicos debieran ser una prioridad sin importar el signo partidario del gobierno; debería haber un consenso social porque todos los chicos son vulnerables por edad y necesitan que se protejan las condiciones para desarrollar su potencial. En Argentina, no existe una convicción fuerte de que los chicos deben ser prioridad y de que hay espacios, como la educación pública, que deben defenderse ocupándolos con el cuerpo.

–¿Cómo interpreta la repercusión del caso Brian, en el barrio de Flores?

–Fue un detonante, pero podría haber sido otro. En 2009, fueron el caso Cáceres y el caso Capristo, y en 2008, el caso del ingeniero Barrenechea. Desde el Observatorio, se analizó el tratamiento mediático de los casos y se determinó que estos casos sirvieron en la medida en que alimentaron el pánico moral y exacerbaron la sensibilidad punitiva. El caso de Cáceres es muy notable porque cuando el jugador de fútbol que había sido baleado aparece en una silla de ruedas con un cartel diciendo “no al encierro de los jóvenes”, los medios no lo entrevistaron nunca más. Sucedió que Cáceres no habló con el odio de haber sido víctima, sino que habló desde su origen de clase y dejó de ser funcional a los medios. En el contexto de un gobierno neoliberal o neoconservador, era previsible que se reavivara la discusión por la baja en la edad de punibilidad, ante cualquier hecho que involucrara una persona menor de 16 años. A Brian lo estaban esperando.

–¿Qué representación de los jóvenes predomina en los medios?

–Está segmentada. De los chicos que murieron en la Time Warp no se habló más. No sabemos qué pudo haber pasado. Para ir a esa fiesta, los pibes necesitaban disponer de una gran cantidad de dinero, y de eso no se habló más. Esos pibes salen en las páginas de Sociedad de los diarios; los otros salen en las Policiales. En paralelo, circula un estereotipo muy fuerte del ‘pobre bueno que merece ayuda’ y del pobre despreciable que ‘está ahí porque quiere y elige’, al tiempo que se reproducen lógicas voluntaristas.