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25 abril, 20191min0

Compartimos la intervención de Vanesa Salgado (OAJ) en el Plenario celebrado el 23 de abril en la Cámara de Diputados como parte de los debates hacia un nuevo Régimen Penal Juvenil.

«Estamos seguros (…) que no se trata de bajar la edad de imputabilidad, se trata de bajar los níveles de desigualdad que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes como sus principales víctimas»


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8 marzo, 20181min0

Desde el OAJ adherimos al paro internacional de mujeres. Quiénes formamos parte de este equipo reclamamos al Estado políticas públicas para garantizar la igualdad entre varones y mujeres, y la plena vigencia de los derechos de todas las mujeres, lesbianas y trans. Además demandamos en particular el cumplimiento de los derechos de niñas y jóvenes, especialmente maltratadas por este sistema patriarcal que mata por ser mujer.
El 8M nos vemos en la calle.

 


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8 marzo, 20171min0

El OAJ comparte las declaraciones de la Conferencia de religiosos y religiosas de Guatemala (CONFREGUA) y de  la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), ante la muerte de 30 niños y niñas en el «Hogar Seguro Virgen de la Asunción».

«No más condiciones indignas para nuestra niñez» (ODHAG)

Pronunciamiento de CONFREGUA ante la trajedia en San Jose Pinula


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6 marzo, 201714min0

Organizaciones y especialistas convocados por el Gobierno Nacional para reformar el régimen penal juvenil frente a la iniciativa de reducir la edad mínima de punibilidad

A comienzos de año, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación convocó a especialistas, operadores jurídicos, autoridades políticas de todo el país, así como a integrantes de ONGs y representantes de organizaciones de derechos humanos para discutir la reforma del régimen penal juvenil.
Sin perjuicio que la convocatoria ocurrió en medio de la confusión y la vorágine de discursos punitivistas ventilados en varios medios, generados por la comisión de un hecho delictivo trágico y violento que se atribuyó con prisa a un joven no punible, las declaraciones públicas del Ministro Germán Garavano, en cuanto a que la reforma ocurriría luego del período electoral y merced a la construcción de consensos entre los actores involucrados, nos persuadió de que –esta vez– la problemática de la infancia y la juventud en relación al conflicto penal no sería tratada con ligereza y, mucho menos, utilizada para obtener un rédito político.
En la instancia final, luego de enviar nuestros aportes y participar en cada una de las mesas en las que las autoridades del Ministerio dividieron el trabajo, se verificó la más amplia y generalizada coincidencia respecto de que no debe ni puede reducirse la edad punibilidad contemplada en la legislación actual en los 16 años de edad.
Efectivamente, frente a las aisladas y escasas opiniones que no se apoyaron en serios y verdaderos diagnósticos, sino en impresiones y posiciones exclusivamente personales, ofrecimos argumentos jurídicos así como datos empíricos que reflejan que la disminución del mínimo de la edad de responsabilidad penal no solo constituye una medida regresiva en materia de derechos –y por tanto contraria a la Constitución Nacional– sino una iniciativa manifiestamente inútil para abordar la situación de los niños y jóvenes respecto del derecho penal. Y esta posición, constituyó a tal punto una mayoría abrumadora, que varios portales de noticias –entre estos “Infobae” y “Clarín”– dieron cuenta a la mañana siguiente que el gobierno daría marcha atrás con la iniciativa.
Sin embargo, a contra mano de la idea de avanzar con mesura y mantener la discusión al margen de disputas electorales, comenzó a trascender ese mismo día en varios medios de comunicación que el gobierno no daría marcha atrás y que el propio Presidente de la Nación enviaría un proyecto de reforma cuyo eje central sería la reducción de la edad mínima punibilidad a los 14 años de edad.
Como si fuera poco, Martín Casares –Subsecretario de Política Criminal– realizó manifestaciones en las que denostó nuestras intervenciones en contra de la baja, señalando que más allá de eso no efectuamos propuestas. Lo que implica desconocer los aportes que se realizaron en las mesas de trabajo que él mismo coordinó, y los recorridos y experiencias de cada uno de los participantes que nos valió ser parte de la convocatoria. Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Justicia trascendió un comunicado en el que se manipuló el número de asistentes para relativizar el consenso que se alcanzó en el encuentro del pasado 23 de febrero.
Frente a este escenario, y teniendo en cuenta que el Presidente anunció en la apertura de sesiones legislativas que una de sus preocupaciones era la reforma del régimen penal juvenil y subrayó que sus banderas de trabajo son el “diálogo”, el “compromiso” y los “derechos humanos de hoy”, esperamos que honre esas máximas y que, de enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación, respete el consenso alcanzado en las mesas respecto del punto a que no debe reducirse la edad mínima de punibilidad.
Marzo de 2017.

Suscriben:

AJUNAF
Asociación Pensamiento Penal
Colectivo por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, representada por Maricel Segovia.
Colegio de psicólogos de la Prov. de Santa Fe 2° Circ.
Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe
Defensoría General de la Nación
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.
Mesa Ejecutiva del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires.
Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GSPyDH)

Adhieren:
· Agrupación Mujeres al Frente “Marcela Acuña”
· ANDHES
· APDH Catamarca
· APDH Nacional
· APDH Regional Rosario
· Asociación Civil “El Vallecito de la Guadalupe”, ONG del Municipio de San Miguel Prov. de Buenos Aires.
· Asociación Civil Educativa María Montessori.
· Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres, Presidida por Carlos Acosta Flores.
· Asociación de Trabajadores de la Psicología Social de Chaco.
· ATE Filial Chaco.
· Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la UNAF (Formosa)
· Cátedra Derecho Penal -Parte General- de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa.
· Cátedra Libre de Derechos Humanos, UNNE.
· Colectivo Asociación Surcos
· Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes
· Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia
· Colectivo Justicia Legítima Nordeste.
· Colectivo NI UNA MENOS, Resistencia – Chacho.
· Colectivo Solidario “Yaha porá” Corrientes
· Colegio de Profesionales del Trabajo Social de la 2° Cir. De la Prov. de Santa Fe.
· Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz de Corrientes
· Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Avellaneda Lanús.
· Comité para la defensa de la Salud Ética y Derechos humanos (CODESEDH)
· Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la 1° Circ. del Chaco.
· Consejo Provincial de Psicólogos de la Prov. de Santa Fe, integrado por los Colegios de Psicólogos de la 1° y 2° circunscripción.
· Coordinación de la Diplomatura en Derechos de la Niñez de la Universidad Nacional de La Pampa.
· Defensoría General de La Pampa.
· Defensoría General del Poder Judicial de Chaco.
· Escuela Pública de Gestión Social N° 2, Barrio Emerenciano de Resistencia Prov. de Chaco.
· Foro de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires.
· Fundación “Yo Soy”, Resistencia Prov. de Chaco
· Fundación Foro Social NEA.
· Fundación Luci Akatsuki, Resistencia Prov. de Chaco.
· Instituto de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
· Ministerio Público de la Defensa, Provincia de La Pampa
· Movimiento Provincial de Mujeres del Partido Demócrata Cristiano de Corrientes
· Movimiento Socialista Chaco.
· Observatorio Contra la Violencia de Género, Abuso Sexual del Niño y la Persona con Discapacidad
· Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (OAJ) del Instituto Gino Germani de la Fac. de Ciencias Sociales de la UBA
· Partido Socialista Unidos por el Chaco, Presidente Emerenciano Sena.
· Red de Derechos Humanos Corrientes
· Red de Género, Chaco.
· Residencia de Minoridad y Familia, Catedra A – Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia de la Facultad de Derecho de la UNR.
· SEHAS
· Subsecretaría de la Mujer y la Familia, de la Municipalidad de Resistencia Prov. de Chaco.
· Alejandra Carrizo, Psicóloga integrante de la Comisión Directiva APDH regional Formosa, Red por la identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, e integrante de la Comisión de DDHH de FePRA
· Analía Rach Quiroga, Diputada Nacional por Chaco.
· Armando Aquino Britos, Prof. Titular Cátedra Derecho Constitucional y Prof. Adjunto Cátedra Derecho Político de la UNNE, Corrientes.
· Carlos Martínez, Diputado Provincial de Chaco.
· Dr. Alejandro Osio, Profesor Titular de Derecho Penal -Parte General-, de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa.
· Dr. Eduardo Aguirre, Defensor General de la Provincia de La Pampa.
· Dr. Juan Pablo Meacca, Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes de la Prov. de La Pampa
· Dr. Omar Esteban Uria, Presidente del Superior Tribunal de Justicia de San Luis.
· Dra. Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, Jueza del Juzgado Federal de Paso de los Libres
· Dra. Daniela Benenatti, Jefa de la Of. Legal del Ministerio de Desarrollo Social de San Luis
· Dra. Mónica Corbalán, Prof. Titular de la Cátedra de Derecho Civil V, Derecho de Familia, de la Universidad Católica de Cuyo San Luis.
· Dra.Estela Bustos, Prof. Adjunta de la Cátedra de Derecho Civil V, Derecho de Familia, de la Universidad Católica de Cuyo San Luis.
· Francisco Miguel Pesoa, Profesor de Derecho Procesal Penal, Univ. de la Cuenca del Plata
· Guillermo Javier Daniel Susman, Secretario del Centro Judicial de Mediación, Poder Judicial de la Prov. de Corrientes.
· Gustavo L. Vitale, Prof. Titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Comahue y Defensor Público Interamericano por Argentina
· Hebe Vázquez Ojeda, Lic. En Psicología MP 615, Prov. de Corrientes
· Idalai Sandobal, Lic. en MP 493, Prov. de Corrientes.
· José Carlos Retamoso, Psicólogo Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes
· Juan Carlos Goya, Sec. de Derechos Humanos de la Provincia de Chaco.
· Juan Francisco Pérez, Psicólogo Forense, Corrientes.
· Juan Manuel Chapó, Concejal de la Municipalidad de Resistencia, Chaco.
· Juan Manuel Pedrini, Diputado Nacional por Chacho.
· Lic. Graciela Altamirano, Jefa del Servicio de Psicología del Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asis”
· Lucas Crisafulli, Coordinador del Núcleo de Estudios e Intervención en Seguridad Democrática de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
· Lucila Masin, Diputada Nacional por Chaco.
· María Alejandra Montiel, Psicóloga Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.
· Maria Alejandra Mumbach, miembro del Comité de evaluación del seguimiento y aplicación de la Convencion contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes de la Provincia de Corrientes.
· María del Carmen Zarza, Psicóloga Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes
· María Elena Toranzo, Prof. y Psicóloga Clínica Psicoanalítica, Directora del Departamento de Formación Profesional de FAPSI (UN de San Luis), Directora de la Carrera de Especialización en Asistencia y Pomoción de la Salud Mental de Niñez y Adolescencia – FAPSI
· María Fernanda Iris Aguirre, Psicóloga forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, Curzú Cuatiá
· María Inés Pilatti Vergara, Senadora Nacional por Chaco.
· María Magdalena Manonelles, Lic en Psicología MN 5232
· Marisa Liliana Romero, Psicóloga Forense del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.
· Mercedes Carolina Piñeiro, Lic en Psicología y Especialista en Salud Mental, integrante del Servicio de Psicopatología del Hospital San José de Paso de los Libres.
· Norberto Liwski, Docente UNNE e integrante del Servicio Habitacional y de Accion social, Niñez y Juventud (SEHAS)
· Ricardo Alejandro Vassel, miembro de la Asociación de Ex presos Políticos de Corrientes.
· Sonia Cristina Seba, Abogada Especialista en Derecho de Familia.
· Úrsula Ximena Sabarece, Activista y Militante Trans, DNI 25.346.542
· Víctor Hugo Benítez, Abogado y docente UNNE, Corrientes.


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23 febrero, 201722min0

El OBSERVATORIO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES -OAJ y el GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS HUMANOS- GESPyDH  manifiestan rechazo por la falta de reconocimiento de los CONSENSOS ARRIBADOS en el marco de la Mesa 8-  DEFINICIÓN DE IMPUTABILIDAD DE LOS JÓVENES MENORES DE EDAD, realizada en Ministerio de Justicia el día  Jueves 23 de febrero de 2017. 

En el marco de la decisión del  gobierno de avanzar con la reforma del régimen penal de la minoridad,  se organizaron durante el mes de febrero en el Ministerio de Justicia ocho mesas temáticas que abordaron los diferentes aspectos que tiene que contemplar un futuro régimen de responsabilización penal juvenil. La Mesa 8 fue la última y la más concurrida de las previstas en el proceso de consulta. Hubo mucha demanda de inscripción.

Participaron especialistas en el área y especialmente actores judiciales de este campo. La mesa se realizó como la mayoría de las mesas, en el salón del piso 11 del Ministerio de Justicia y fue precedida y acompañada de una copiosa manifestación de organizaciones que se pronunciaron enfáticamente por el NO A LA BAJA.  Estuvieron los representantes de asociaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos  y promotores y adherentes a los colectivos de No a la Baja y Argentina no baja. La movilización y acto político duró varias horas bajo el tórrido calor de la tarde, se prolongó incluso algunas horas mientras transcurría la discusión en la Mesa.

El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Marín Casares, fue el coordinador de la Mesa y como tal, luego de pasar revista todo el proceso de discusión, describiendo los distintos tipos de reuniones realizadas con diferentes actores (jueces, fiscales y defensores, y legisladores y asesores legislativos), hizo un relato breve de los consensos arribados en las 7 Mesas de trabajo. Los consensos arribados fueron auspiciosos, y permiten pensar en que es posible avanzar en un genuino proceso de debate y construcción de un proyecto de responsabilización penal juvenil con altos estándares jurídicos.

Luego, explicitó la metodología de trabajo: el orden de expositores estaba prefijado y se había realizado en función del grado de participación en las reuniones y los aportes recibidos. Así, a mayor grado de participación, mejor orden de prelación en la posibilidad de hacer uso de la palabra. Para aquellos que solo asistían a esa reunión, se abrió la lista de oradores para que hablaran con posterioridad a la lista inicial. Los oradores anunciados podían hacer uso de la palabra o desistir y pasar de largo. En los casos de las representaciones institucionales, cuando había más de un inscripto, fue decisión de éstos multiplicar las exposiciones o concentrarlas en un solo orador. La metodología fue aceptada y se dio apertura a las exposiciones.

Aquí deviene importante hacer la distinción entre la imputabilidad y la punibilidad que además, era el primero de los ítems de la agenda solicitaba. La imputabilidad, en tanto concebida sea como susceptibilidad de reprochabilidad de un hecho delictivo a un supuesto autor, sea que se la conciba como capacidad de discernimiento, o capacidad de comprensión y orientación de las acciones con arreglo a fines, es bien distinta de la punibilidad, entendida esta sí como potestad o facultad del estado de fijar la edad a partir de la cual los sujetos son pasibles de recibir  sanciones en carácter de reproche a las acciones disvaliosas.  Situar el eje de la discusión en la edad de imputabilidad es bien distinto entonces, de fijar el hecho en la edad de punibilidad. En el primer caso, se alude a la capacidad de orientarse en la norma, y en tal sentido, se fija un piso a partir del cual se entiende que los sujetos están en condiciones de comprender la norma y dirigir sus acciones. En ese caso, inimputables son aquellos que por distintos causales (art. 34 º del CP)  no pudieron motivarse en la norma o no pudieron dirigir sus acciones.

Siguiendo este razonamiento,  es fácil deducir que “inimputable” no es lo mismo que “no punible”, aun cuando un “inimputable, puede ser no punible, pero no necesariamente un no punible debe ser “inimputable”, siguiendo los propios causales que nos brinda nuestro código penal.  Coextensivamente, entonces, cuando hablamos de NO BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD, LO QUE ESTAMOS RECLAMANDO ES QUE EL ESTADO NO SE ARROGUE LA FACULTAD DE IMPONER SANCIONES A UNA EDAD MÁS TEMPRANA SUSTENTADO EN UNA DECISIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL.

Es importante aclarar esto porque son muchos los actores que se pronuncian en contra de la baja de edad de imputabilidad/punibilidad y que asimilan estos conceptos. De allí derivan confusiones. Es importante aclarar que no todos los actores que participamos en el debate y que estamos “en contra de la baja” sostenemos las mismas posturas. El NO A LA BAJA engloba  colectivos bien heterogéneos, muchos derivados de la asimilación entre punibilidad e imputabilidad.

Del lado del no a la baja de punibilidad, el espectro es más estrecho: la mayoría abona la tesitura de la decisión de política criminal, y en tal sentido, sostiene que siendo que el sistema penal fracasa conforme a sus objetivos declarados, es harto conveniente sustraer lo más posible a los sujetos del ingreso al sistema penal. Antes bien, aceitar los programas de prevención, las políticas públicas y las acciones tendientes a que los más chicos crezcan en condiciones de vida que los doten de perspectivas de desarrollo potencial, que esas perspectivas no aborten su potencia en acto, es decir que se potencien a través de acciones proactivas en forma de programas y políticas públicas dotados de presupuesto y condiciones de posibilidad. También la mayoría de estos actores advierte sobre el funcionamiento real del sistema penal, y las consecuencias del ingreso al mismo “un auténtico viaje de ida”. Y que como siempre son determinados sectores sociales y sus acciones “disvaliosas” la que el sistema penal persigue y ahora además pretende poder encerrar “legítimamente” a jóvenes de esos sectores a partir de los 14 años. Además, advierten sobre el carácter regresivo que implicaría bajar la edad cuando los estándares internacionales abogan en el sentido de subirla paulatinamente. Destacan a su vez que este fue uno de los aspectos que no fue observado por la CIDH  cuando sancionó al país por la aplicación de sentencias condenatorias a prisión perpetua a jóvenes que cumplieron delitos siendo menores de 18 años. Con estos argumentos, abrió la exposición el Dr. Damián Muñoz en representación de la Defensoría General de la Nación[1]. Los argumentos fueron contundentes y fueron referencia obligada de todos los que abonamos la tesitura de NO LA BAJA POR RAZONES DE POLÍTICA CRIMINAL.

De otro lado, entre quienes sostienen el no a la baja, están las posiciones vinculadas a una psicología del desarrollo, en las neurociencias, y en análisis de la biomedicina que fundamentan carencias y deficiencias que no hacen conveniente el descenso de la edad. Estas posiciones tienen algunos rasgos que las asemejan peligrosamente a las doctrinas del discernimiento. También, abonan la tesitura de no a la baja aquellos que sin abundar en explicaciones de tipo evolutivo, entienden que las condiciones deprivación y pobreza extrema son de por sí un argumento de peso para hacer a un lado al sistema penal como horizonte de posibilidad, y en cambio, proponer más estado social como forma de reparar y garantizar derechos.

De la mano de Nora Cortiñas en representación de las organizaciones sociales fueron los propios niños que se manifestaron en contra de la baja denunciando las cosas que les pasan.

En un lugar destacado, cabe mencionar aquellos que sostienen que bajar la edad no  solo no es   necesario, sino que además constituye un riesgo, amén de connotar el apuro y la premura del proceso de debate todo. Esta posición fue esgrimida por la representante de UNICEF en Argentina, Florence Bauer quien alertó sobre el riesgo de una discusión apresurada y el tratamiento de edad como un factor aislado cuando no puede desconocerse el contexto.

Entre todas estas posiciones hay matices, claro está, pero en definitiva todos coinciden en que el sistema penal no pude arreglar las cosas. El sistema penal, desde el encierro punitivo a los controles en territorio, nunca restituye derechos, ni a los adultos ni a los más jóvenes, NUNCA.

Del otro lado, están aquellos que propician la baja de edad de imputabilidad/punibilidad. Aun siendo posiciones residuales, solamente 4 participantes se expidieron en ese sentido, es un desafío a la imaginación sociológica, jurídica y política  explicar los curiosos encuentros que se proponen entre quienes proponen bajar la edad de imputabilidad/punibilidad: De un lado los que se declaran “garantistas a ultranza”, y que aseveran  que los sujetos son punibles desde que nacen, habida cuenta de las cosas que les pueden pasar, y que entonces, meterlos en el sistema penal es dotarlos de garantías, para acotar el espectro de las cosas que les pueden pasar, como estar presos o privados de la libertad (no se explayan sobre las violencias punitivas estatales por parte de las fuerzas de seguridad, para eso, parece que no fueran un eficaz antídoto las garantías). Esta posición falazmente garantista propone el sistema penal como oposición a un sistema falsamente proteccionista y tutelar. Las garantías serían la llave maestra, que a lo que es vicio convierte en virtud. La exponente de esta posición fue la Doctora Laura Musa,  ex diputada y ex Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Ella compartió con todos el horror de la existencia de un menor no punible preso, pero el foco del horror lo ubicó en su carácter de no punible, no es su carácter de privado de libertad. El riesgo de esta posición es inducir a la errónea creencia de que bajando la edad y haciéndolo  punible “con garantías”, la gravedad de la privación de la libertad desaparece.  El discurso de las garantías que podría ser esgrimido con fervor republicano en una verdadera república, hace agua en un estado de derecho en el que se dan cuenta periódicamente de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el estado en los espacios de encierro punitivo, vale en este sentido los 6 informes anuales registro nacional de casos de torturas. Un “estado de derecho” que justamente por ello recibe sanciones de organismos internacionales justamente por violar la observancia de tratados y convenciones de derechos humanos, de detenciones arbitrarias o de vejámenes, torturas y malos tratos. Las garantías no se cumplen ni para aquellos que ya están dentro del sistema penal, y de eso cualquier informe de los organismos de derechos humanos o de contralor puede dar acabada cuenta.  Estas posiciones “falazmente garantistas” se tocan con aquellas que emitidas desde la reacción victimológica, que proponen más sistema penal, más punición aún a sabiendas que el sistema penal no podrá reparar lo irreparable que es la pérdida de seres queridos. Esta posición fue expresada por la Doctora Diana Cohen Agrest quien sufrió la lamentable pérdida de un hijo a manos de un victimario que, nobleza obliga connotar NO ERA MENOR DE EDAD, ERA MAYOR DE EDAD Y PUNIBLE CON TODAS LAS GARANTÍAS. Es interesante connotar las posiciones de quienes están a favor de la baja: por una lado los “garantistas”, y por el otro lado “los justicieros”, que más que justicia, tienen sed de expiación, venganza y castigo, comprensible quizá, pero no admisible como parte y menos “argumento” para debatir sobre los límites y alcances punitivos del Estado.

En el medio, quedan los  NI NI, aquellos que no se expidieron taxativamente ni por la baja, ni a en contra de la baja. Poco queda para agregar sobre estas presentaciones que seguramente, fueron   “sutiles”  apoyos a la baja de edad, aun cuando no tuvieran la suficiente convicción debido a su poca consistencia argumentativa y su ambigüedad política que no les permite defender abiertamente esa posición. Solamente dos expositores quedaron en este rango de “indefinición”.

Al cierre de la jornada quedó claro para TODOS los participantes que los consensos arribados estaban a favor de avanzar en la discusión de un régimen de responsabilidad penal juvenil pero en contra de la baja de imputabilidad/punibilidad.   Incluso el experto internacional al que invitaron expresamente, el Dr. Miguel Cillero, acordó con el consenso y alentó a trabajar con más tiempo y deslizó su apreciación negativa sobre la reforma aplicada en Chile.

El comunicado de UNICEF fue elocuente al respecto[2], y en idéntico sentido aparecieron las primeras declaraciones reconociendo  por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia el estado de situación[3] y hasta el diario Clarín se hizo eco[4].

Sin embargo, en muy pocas horas,  el gobierno se rearticuló y subió la apuesta con estas  declaraciones:

“El Gobierno ratificó su proyecto para bajar la edad de imputabilidad”[5], y más tarde:

“Mauricio Macri anunciará su iniciativa para bajar la edad de imputabilidad el próximo miércoles”[6].

Es altamente preocupante que este  Gobierno no acepte los resultados de una consulta promovida desde el propio gobierno y en los que muchos participamos  para plantear posicionamientos con relación a una trayectoria de compromisos asumidos desde siempre con los derechos humanos que se traduce en acciones que pongan los  límites necesarios al avance de los populismos punitivos y de los “progresismos de derechas” en materia penal.

Es desvergonzado, y cínico por parte de los funcionarios del ministerio de justicia, en particular del propio Ministro Garavano,  convocar para promover consensos y luego desconocer los mismos,  logrados además por amplia mayoría. Una vez más, un profundo desprecio por lo mejor de la política: la discusión fundada, el debate, el respeto a las diferencias  y la construcción de consensos por mayoría.

Convocamos a todos los actores que se manifestaron en contra de la baja a repudiar la decisión de gobierno de presentar el proyecto de ley desconociendo los consensos y los resultados alcanzados en el marco del trabajo en las comisiones, así como también convocamos a todas las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sectores políticos,   académicos y profesionales a profundizar la lucha NO A LA BAJA

______________________________________________________________________________________________________

[1] LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN RECHAZA ENFÁTICAMENTE LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD. Subdirección de Comunicación institucional. DGN. MPD., 24/02/2017

[2] Amplio consenso para no bajar la edad de imputabilidad en el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, disponible en https://www.unicef.org/argentina/spanish/media_35638.html

[3] La baja en la edad de imputabilidad sumó algunos rechazos.

Especialistas que estuvieron el jueves en la última reunión de debate promovida por el Gobierno manifestaron sus reparos Sábado 25 de Febrero de 2017

http://www.infobae.com/politica/2017/02/25/el-gobierno-ya-no-buscara-bajar-la-edad-de-imputabilidad/

[4] Al final, el Gobierno no impulsará una baja en la edad de imputabilidad. Había anunciado que la fijaría en 14 años. Pero la comisión creada por el Ministerio de Justicia para debatir el régimen penal de menores lo rechazó. Era central, admitieron. 25/02/2017 – 01:01Clarin.com

[5] El Presidente hablará sobre la importancia de dar la discusión en su discurso ante la Asamblea Legislativa. http://www.infobae.com/politica/2017/02/25/el-gobierno-ratifico-su-proyecto-para-bajar-la-edad-de-imputabilidad/  Sábado 25 de Febrero de 2017

[6] Será uno de los ejes en su discurso en la Asamblea Legislativa. http://www.lanacion.com.ar/1987968-mauricio-macri-anunciara-la-baja-en-la-edad-de-imputabilidad-el-proximo-miercoles  SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2017 • 17:01


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22 febrero, 201715min0

Flyer 23Las organizaciones, organismos, espacios sindicales, académicos, de investigación, político sociales, y personas, abajo firmantes, nos pronunciamos en contra de la criminalización de los niños, niñas y adolescentes y el nuevo intento de “bajar la edad de imputabilidad” , anunciado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Advertimos a la sociedad que la propuesta es ineficaz y anticipamos que sólo empeorará y reforzará la violencia que pretende resolver, estigmatizará a los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los más pobres, reforzando su vulnerabilidad a la persecución policial y profundizará la política de abandono de las políticas sociales, educativas, de salud y de desarrollo social por parte del Estado.

Si bien la propuesta afecta al conjunto de la población de niños, niñas y adolescentes, se enfoca en la criminalización de aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad social. El sistema penal juvenil actúa judicializando la pobreza sin aportar estrategias y recursos concretos para que los niños, niñas y adolescentes tengan sus derechos garantizados.  Denunciamos que detrás de esta “discusión” no hay una decisión política de mejorar la situación de los más jóvenes sino usar este tema como anzuelo ante las próximas elecciones y que este debate, en el que se expresa que bajando la edad de la punibilidad se logrará mayor seguridad, e instalado mediáticamente por parte del oficialismo, se nutre de premisas y diagnósticos falsos. 

DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que es alta la incidencia de delitos violentos entre los más jóvenes, no existen datos públicos a nivel nacional sobre esto, lo cual es un grave problema para elaborar políticas para la infancia. Aún así, la información estadística de la provincia de Buenos Aires desmiente esta afirmación, y resulta ser un indicador altamente significativo dado que allí reside el 40% de la población del país.  De las causas penales iniciadas sólo el 3,6% de los hechos son atribuidos a personas menores de edad, cifra residual dentro del espectro de delitos. Dentro de ese 3,6% sólo el 0,55% son homicidios, incluidos los culposos[1]. La incidencia de delitos graves es ínfima  aún entre los adolescentes punibles (entre los 16 y 18 años) pese a su sobrerrepresentación en la prensa.

DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que hay que bajar la edad de la punibilidad porque las bandas criminales utilizan a lxs niñxs para cometer delitos: si una organización criminal o las propias fuerzas de seguridad utilizan (u obligan) a unx niñx a cometer un delito, el delito es del adulto, el niñx es víctima y como tal debe ser abordado. Los organismos internacionales especializados en trata y explotación de personas han recomendado a los países que incorporen estas conductas en sus legislaciones penales.

DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que la forma de mejorar lo que hoy existe es bajar la edad de punibilidad y reconocer a los más pequeños un proceso con garantías. El sistema actual desconoce los derechos de lxs niñxs y adolescentes que ingresan al sistema penal, pero no es legalizando lo que ocurre ilegítimamente que se va a mejorar la situación. No es aceptando  la criminalización de lxs chicxs de menos de 16 años sino impidiendo su ingreso al sistema penal, como se mejora su situación. La fórmula de bajar la edad y garantizar derechos básicos durante el proceso penal ya  se aplicó y fracasó en varios países de Latinoamérica, en alguno de los cuales se bajó la edad hasta los 7 años. El resultado es que el delito infantil no disminuyó, por el contrario se criminalizó más a lxs niñxs y aumentaron lxs niñxs privadxs de su libertad en la edad en la que el Estado aún no ha concluido con sus obligaciones de protección especial a la infancia.

DECIMOS NO A LA BAJA  porque es mentira que hoy a los niños, niñas y adolescentes no les pasa nada si cometen un delito,  no sólo “les pasa” si cometen un delito, también tienen consecuencias penales cuando no lo cometen ya que el Juez está facultado incluso a privarlos de la libertad sin haber determinado su participación en el hecho, y con la excusa de su cuidado. El régimen penal actual (ley 22.278) es tan arbitrario que permite que estén presxs por motivos por los que un adulto no lo estaría. Por eso existen Juzgados Penales de Menores y de Responsabilidad Penal Juvenil, y cárceles para niñxs llamadas Institutos de Menores donde a pesar del compromiso de muchos de los trabajadores con los derechos, el trabajo socioeducativo y la inclusión, los institutos están sobrepasados en su capacidad,  lxs chicxs están mal comidxs, sin atención adecuada de su salud física y psíquica, torturadxs, deprimidxs, psiquiatrizadxs, con escasas horas de escolarización y suicidadxs antes de que su infancia se termine. Hacia el 2015 había 3908 niñxs privadxs de la libertad de menos de 18 años[2].

DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que  el sistema penal no hace nada con lxs chicxs de menos de 16 años acusadxs de un delito,  porque tal como ocurre con los  adolescentes de entre 16 y 18, también a estos se les abre una causa penal aún por delitos leves y se los puede encarcelar por tiempo indeterminado más allá de si se probó o no su culpabilidad o de si se los “declara inimputables” por la edad. Hacia el año 2015 había 412 chicos presos por debajo de los 16 años[3].

DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que el sistema penal es leve con las personas menores de edad: el sistema penal que hoy se les aplica, usa la prisión como única medida; además, es  arbitrario ya que los requisitos para salir en libertad no dependen de lxs pibxs sino de políticas que el Estado debe garantizar (escuela, tratamientos de adicciones, familias con empleos dignos, vivienda) y  admite que se apliquen condenas gravísimas: como el caso de las condenas de prisión perpetua a adolescentes, por las que Argentina fue sancionada ante Organismos Internacionales.

DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que nuestra oposición a que se baje la edad de punibilidad nos convierta en defensores del actual Régimen Penal de Menores, estamos en contra y diariamente lo combatimos, pero es manifiesto el oportunismo político que rodea esta nueva arremetida, que no pretende mejorar la situación que hoy padecen los más jóvenes sino tener un slogan de campaña del que se hagan eco los medios de comunicación cómplices del recorte y el despojo a las familias trabajadoras.

DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es que la causa de violencia en los barrios es la falta de oportunidades, el hambre, la explotación sexual y laboral, el hostigamiento al que las fuerzas de seguridad someten a lxs niñxs y jóvenes, la violencia machista y el manejo de los territorios por bandas de comercio de drogas que actúan en connivencia con el poder político y policial, de los cuales lxs pibxs son víctimas.

DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es que se trata de una política regresiva y demagógica y lo que debe garantizar la ley es que lxs pibxs de menos de 16 años directamente no tomen contacto con el sistema penal; mientras que entre los 16 y 18 se reduzca su ingreso en el marco de un sistema en el que primen las garantías y las sanciones no privativas de la libertad y con contenido socioeducativo.

DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es que la criminalización de lxs pibxs es la forma en que cierra el modelo de precarización social y que esta nueva arremetida oficialista  es parte de un proyecto político, económico y social  en el que se benefician las patronales, se refuerzan poderes a las fuerzas de seguridad y el ejército, se reconcentran los medios de comunicación obturando la pluralidad de voces, se paga a los fondos buitre y se saquea el país en beneficio de los  capitales directamente instalados en el poder político; en un contexto  de despidos de trabajadorxs, retaceos en las paritarias, avance de la represión de la protesta social, recortes presupuestarios y especialmente de los programas socioeducativos del Ministerio de Educación; negacionismo de los crímenes de la dictadura, recrudecimiento de las prácticas del gatillo fácil y la violencia policial, la represión a los movimientos de mujeres, de diversidad sexual, pueblos originarios, defensores de los recursos naturales, migrantes, trabajadores de la economía popular, recorte de las prestaciones mínimas a los jubilados y el endurecimiento de leyes penales.

POR ESO EXIGIMOS:

– AUMENTAR LOS RECURSOS Y PRESUPUESTOS DE LAS POLÍTICAS  DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA, EN PARTICULAR, EDUCATIVAS Y CULTURALES, DE SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

– QUE SE PONGA FIN A LASPOLÍTICAS DE AJUSTE QUE DEJAN SIN TRABAJO A LAS FAMILIAS.

– QUE SE DESBARATEN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN A LAS REDES DELICTIVAS Y PARTICULARMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE LES CABE A FUNCIONARIOS ESTATALES Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD QUE SE VALEN DE NIÑXS PARA SUS FINES.

– QUE SE DÉ INSTRUCCIONES PRECISAS A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y DE CUSTODIA, PROHIBIENDO EL USO DE ARMAS DE FUEGO CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, COMO LO PREVÉN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y SE SANCIONEN CON SEVERIDAD LAS TORTURAS Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS Y DEGRADANTES, CONTRA LOS MÁS JÓVENES.

FINALMENTE, REAFIRMAMOS QUE UN PAÍS QUE CONDENA A SUS NIÑXS A LAS MÍNIMAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO ES UN PAÍS QUE SE CONDENA A SÍ MISMO. UN PAÍS SIN UN PROYECTO ESPECÍFICO PARA LA INFANCIA ES EN SENTIDO ESTRICTO UN PAÍS SIN PROYECTO.

 

POR ESO DECIMOS: LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD NO ES LA SOLUCION

 

Flyer 23

[1] Ver base de datos en https://www.mpba.gov.ar/estadisticas.html

[2]Informe 2015 por UNICEF Argentina https://www.unicef.org/argentina/spanish/PROTECCION_AdolescConflictoLeyPenal_Final.pdf

[3] ídem.


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16 enero, 20171min0

Compartimos el documento de Acuerdos básicos para la convocatoria Red Argentina No Baja. La Red Argentina No Baja nace con la vocación de articular las voces de quienes estamos contra la baja de edad de punibilidad. Una iniciativa amplia y plural que albergue a distintas expresiones sociales, culturales y políticas de quienes coincidimos en que nada tiene que ver la necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil en base a los derechos humanos de los adolescentes, con la idea demagógica y regresiva de bajar la edad de punibilidad.

ADHERENTES AL 12 DE ENERO – #ARGENTINANOBAJA


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20 octubre, 20162min0

la familia de juanito 1970Este tercer boletín de coyuntura del OAJ se ocupa de sistematizar y problematizar los cambios recientes que se han producido en Argentina en relación a las migraciones y que afectan de manera directa o indirecta a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Asimismo nos interesa contextualizar estos cambios en la llamada “crisis migratoria” o “crisis de refugiados” y que ha dado lugar, entre otras cosas, a una Reunión de Alto Nivel en Naciones Unidas el pasado mes de septiembre la cual sin embargo no ha tenido el impacto esperado.

En este número:
1.La niñez en el contexto de la movilidad
2. Declaración de Nueva York
3. Giro punitivo en la política migratoria Argentina
3.1 Cierre del Programa “Abordaje Territorial” de la Dirección Nacional de Migraciones
3.2 Cierre de la sede de la DNM ubicada Florencio Varela, Prov. de Buenos Aires
3.3 Creación de un Centro de detención para migrantes
3.4 Cese de la Mesa de Diálogo Migratorio de la DNM con Organizaciones de la Sociedad Civil
3.5 Masividad de los controles migratorios
4.Nuevo código civil y comercial: cambios para la niñez y adolescencia migrante
5.Fallo CFCR: La Justicia ordenó dar la Asignación Universal por Hijo a tres niños extranjeros
6.Instalación mediática de las migraciones como carga y problema

Descargar boletín en PDF

 

 



27 septiembre, 20165min0

El viernes 16 de septiembre durante la inauguración del Hospital Escuela Veterinario de la Universidad Nacional de Río Negro en la ciudad de Choele Choel, el Ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, expresó en su discurso que «Esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación.». De ese modo comparó el avance en maconquista desiertoteria educativa  con el desalojo y matanza de pueblos originarios durante la llamada «campaña del desierto». Frente a dicha manifestación, compartimos la declaración de rechazo de la Universidad de Río Negro que se suma a diversos repudios que circularon por medios y redes sociales. 

 

Bariloche 16 de septiembre 2016

Los abajo firmantes, becarios, investigadores, docentes y personal del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio de la Universidad Nacional de Río Negro y del CONICET, expresamos nuestro profundo rechazo a las declaraciones del Sr. Ministro de Educación Esteban Bullrich realizadas en nuestra casa de estudios en Choele Choel, en las cuales compara el avance de nuestra universidad en términos de una““nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación.”

Desde las investigaciones científicas realizadas en nuestra institución, desde la memoria social en nuestra región y desde el sentido común aquello que usted, Sr. Ministro de Educación, refiere como hecho histórico en términos de “campaña del desierto” ha sido un genocidio. Bajo ningún concepto puede aceptarse que un crimen de lesa humanidad pueda ser utilizado como metáfora para referir a una política pública. Esto supone o bien una supina ignorancia e indiferencia ante la historia de nuestro pueblo, o bien una propuesta educativa, en este caso, que comparte los lineamientos principales con aquello que se compara.

Ambas son preocupantes, ya que en efecto la llamada “campaña del desierto” no se realizó sólo con la espada, como usted afirma, sino a través del apoyo financiero de sectores que se enriquecieron con el despojo de los pueblos originarios, de la concentración, deportación y división de las familias sometidas, de su distribución como fuerza de trabajo semiesclavizada para el beneficio de distintos sectores de poder en el país, de la entrega y borramiento de la identidad de miles de niños separados de sus familias. Usted habla de hacer una “nueva campaña” con la educación, desconociendo que ha sido precisamente el sistema educativo en nuestro país un responsable directo de que los prejuicios y discriminaciones se hayan perpetuado, construyendo a los pueblos originarios como “salvajes”, “extranjeros” y “ladrones”, y a la región en que vivimos como un “desierto”.

No podemos compartir ni aceptar ninguna otra campaña al desierto. Convocamos a usted, Sr. Ministro a desandar, a través de la historia y de una reflexión honesta sobre las asimetrías y desigualdades de nuestra sociedad, las políticas que sometieron a los pueblos originarios al genocidio. Sólo así podremos pensar en políticas educativas interculturales, en un plano de igualdad, de respeto y verdadera participación ciudadana.

Delrio, Walter; Malvestitti, Marisa; Briones, Claudia; Lanata, José Luis; Mereb, Ayelén; Barros, Mercedes; Galante, Florencia; Quintana, María Marta; Barelli, Inés; Pérez, Pilar; Barés, Aymará; Nicoletti, María Andrea; Lezcano, Maximiliano; Stella, Valentina; Sabatella, María Emilia; Scartascini, Federico; Assaneo, Agustín; Bechis, Florencia; Tozzini, Alma; Conti, Santiago; Vargas, Emanuel; Azcoitia, Alfredo; Vejbjerg, Laila; Benclowicz, José; Kropff, Laura; Navarro Nicoletti, Felipe; siguen las adhesiones…