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4 abril, 201910min0

Compartimos con uds. una nota de opinión publicada en Pagina12 y firmada por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, con la colaboración de Vanesa Salgado, integrante del OAJ

En una nota de opinión publicada en PáginaI12 el 18 de marzo pasado, “Construir consenso”, Deborah Dobniewski, asesora del ministro Garavano, ensaya un análisis de lo que considera un “enfrentamiento fanático y sintomático” entre el Gobierno y las organizaciones sociales, sobre cuál es la correcta edad mínima de responsabilidad penal”. 

Este debate, dice Dobniewski, obstaculiza hacer foco en el resto. Con el resto se refiere a los cien artículos del proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil que desde hace ya dos años intenta introducir el Gobierno de Cambiemos, bajo la impronta de bajar la edad de la punibilidad.

En la apertura de inicio de sesiones ordinarias de este año electoral, Mauricio Macri puso nuevamente en la agenda del Congreso la reforma de la ley penal juvenil y dijo que la reforma tendería a que el Estado “contenga a los chicos para que no caigan en la delincuencia”. El Estado no tiene que “contener” niños y niñas para que no caigan en la delincuencia, sino que tiene que garantizar derechos para que se desarrollen plenamente. Esta brecha entre los objetivos políticos del Ejecutivo y los de las organizaciones sociales y académicas, e incluso internacionales como es el caso de Unicef Argentina, que se oponen al proyecto no es un simple recurso literario, es todo lo que se discute cuando se discute sobre la ley. 

La decisión del Gobierno de abordar este tema en épocas electorales pone de manifiesto intereses punitivos que nada tienen que ver con los objetivos enunciados para la reforma: no mejora la seguridad ciudadana, no salda la pendiente incorporación de los estándares de derechos necesarios para establecer un régimen penal juvenil democrático. Esto constituye un motivo principal para que organizaciones sociales, profesionales, de derechos humanos y académicas no legitimen su tratamiento.

El “enfrentamiento fanático”, que describe Dobnievski nada tiene de fanatismo, todo lo contrario, es de una racionalidad implacable: el sistema jurídico impide “bajar la edad de punibilidad” por la aplicación de principios y consensos internacionales en materia de derechos de la infancia. Esto lo debe garantizar el Estado. ¿Cómo lo garantiza? Adecuándose a los principios de progresividad y no regresividad políticas, legislaciones y prácticas.  Bajar la edad, es violar los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

El actual proyecto que presentó el Ejecutivo tiene una operación de maquillaje, consecuencia de las numerosas y fundadas críticas que de todos los sectores –incluido el Poder Judicial y operadores del propio Poder Ejecutivo– recibieron las propuestas originarias de Garavano y Bullrich. 

Esta operación, con algunos enunciados formalmente adecuados, no es suficiente para ocultar los numerosos problemas en los que reincide y agrava, más allá de la cuestión de la edad. 

Las organizaciones sociales, de derechos humanos y estatales, jueces y ministerios públicos difundieron numerosos documentos con análisis técnicos que fueron pasados por alto por la cartera de Justicia. Indicaron, entre otros aspectos que fundamentan la oposición al proyecto, que el mismo no preveía topes en las condenas, que las penas eran altísimas y equiparadas a las de adultos; que seguía habilitando la intervención punitiva respecto de los niños y niñas por debajo de los 15 años, como lo hace actualmente el sistema tutelar; y que, más allá de que los nombres hayan cambiado bajo formulas “políticamente correctas”, el fondo del proyecto es reforzar la respuesta penal y debilitar las políticas públicas de protección de derechos, que seguirán siendo implementadas desde la Justicia Penal. Todo lo que el Ejecutivo critica para la prensa lo refuerza en el proyecto. 

La asesora de Garavano indica, hacia el final de su nota, que el sistema que propone el Ejecutivo “hace absoluto foco en la vulnerabilidad social de este grupo etáreo” y luego llama a no politizar y obstaculizar el proyecto ya que resta a la democracia. Es de destacar que el principal causante de la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes es el propio Estado, con el 48 por ciento de chicos por debajo de la línea de pobreza, según datos del Indec, no podemos sino hablar de una política a gran escala que está dejando a esta población en situación de absoluta desprotección. Frente a esto, lejos de dotarse de políticas de emergencia alimentaria, sanitarias, educativa o social, se desfinancian programas y políticas dirigidas a la niñez en general. Al mismo tiempo que se exacerba el discurso punitivo e incrementa el presupuesto en seguridad poniendo en peligro la vida de niños, niñas y adolescentes de los sectores populares. 

No existe consenso sobre el proyecto que el Ejecutivo presentó en el Parlamento para la modificación del régimen penal juvenil, los argumentos fueron esgrimidos en varias oportunidades frente a los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde los debates realizados en el verano de 2017, sumados cientos de pronunciamiento, análisis e investigaciones que se le han acercado al Gobierno en estos dos años.

Queremos un régimen penal juvenil democrático, progresivo en materia de derechos, sin confusiones profesas sobre lo que debe ser garantizado por los organismos administrativos del Estado en materia de promoción y protección de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que habitan nuestro país.

* También firman: Espacio No a la Baja, Red Argentina No Baja, Red Sur, Asociación Civil El Arca, Atrapamuros, AulaVereda, C.Re.Ar-Vamos, Casanova en Movimiento, Cedim, Centro de escucha y Resiliencia Popular (CERP), Colectivo de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Colectivo Juguete Rabioso, Colectivo Memoria Militante, CTA Autónoma, Defensa de los Niños y Niñas Internacional (DNI), Foro por la Niñez, Fundación Che Pibe, Fundación Emmanuel, GNRC Argentina, Red Global Regiones a Favor de la Niñez, La Miguelito Pepe, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Misur, Red de Centros Comunitarios de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata en el Conurbano Bonaerense, Niñez y Territorio.

Fuente: Pagina12



22 abril, 20172min0

CzEkUq2WQAAtyRoTras largos años de debate y de lucha por parte de activistas de derechos humanos, organizaciones migrantes, académicos y organismos internacionales el senado brasilero aprobó el pasado 18 de abril la nueva Ley migratoria que incluirá finalmente a Brasil dentro del paradigma desde el cual se viene promoviendo y abordando la migración en Suramérica.

La nueva ley no incluye el derecho a migrar como la argentina y uruguaya pero incorpora específicamente la “no criminalización de la migración” y la no discriminación. Asimismo institucionaliza el mecanismo de visado humanitario que ya viene desplegando Brasil hacia migrantes haitianos y sirios – y que en su dimensión es único en la región.

Queda aún el desafío que Temer sancione el proyecto sin realizar modificaciones sustantivas.

Ver artículo de CONECTAS: http://www.conectas.org/pt/acoes/politica-externa/noticia/47192-nova-lei-de-migracao-e-aprovada-no-congresso

Ver nueva ley migratória brasileira: http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3673566&disposition=inline

 


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15 marzo, 201723min0

Compartimos con ustedes un artículo de análisis publicado en el portal «Va con Firma» de Neuquén, en la que es entrevistada la Dra. Silvia Guemureman, coordinadora del OAJ.

Cambiemos quiere cambiar infancia y adolescencia por encierro

Pese a que en las mesas de discusión sobre la reforma al régimen penal los especialistas se pronunciaron en contra de la iniciativa oficial por amplia mayoría, el gobierno insiste en bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ahora defenderá el objetivo argumentando que se aplicará en casos de delitos “gravísimos” contra la vida, la libertad, y los delitos sexuales. El fogoneo mediático y la falta de relación con los números que arrojan las estadísticas. Los chicos como chivo expiatorio del neoliberalismo.

a de las claves que dejó el vacuo discurso presidencial en el Congreso de la Nación la semana pasada fue la intención de avanzar con lo que el gobierno denomina un “nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”. Mauricio Macri no dio mayores precisiones al respecto, sólo remarcó la necesidad de dar un “debate serio” e incluso se cuidó de evitar una referencia explícita a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Es que luego de haber impulsado una mesa de diálogo con especialistas a principios de enero para avanzar sobre el tema, el Ejecutivo tuvo que volver sobre sus pasos y atenuar al menos sus declaraciones sobre este punto ante un importante sector que se pronunció por el “No a la baja”, frente a posiciones residuales que la defendieron.  No obstante, la iniciativa del oficialismo continúa intacta dado que el proyecto les resulta redituable en términos electorales. Hace tiempo que el tema de la inseguridad está instalado en la sociedad, fogoneado a su vez mediáticamente.

De este modo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, continúa intentando apuntalar la iniciativa aunque con mayor sutileza. En diálogo con radio Rivadavia el funcionario señaló que el gobierno sigue evaluando la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los jóvenes “para hechos muy graves como homicidios y violaciones”.  En su reciente paso por Mendoza, señaló que «los jóvenes son víctimas y victimarios”, en una franja que va de los 13 a los 28 años. «El crecimiento del delito básicamente es un fenómeno urbano, asociado al coeficiente Gini, que mide desigualdad, no pobreza. Cada vez vivimos en centros urbanos más juntos donde la desigualdad es más visible, más palpable”, añadió.

En sintonía, el secretario de Política Criminal, Martín Casares, señaló que el gobierno ya tiene avanzada la redacción de un proyecto para enviar en los próximos meses al Congreso. El mismo incluirá la aplicación de penalidades máximas de entre ocho y diez años de privación de la libertad para los menores hallados culpables de delitos «gravísimos».  “Vamos a bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos gravísimos, contra la vida, la libertad, y los delito sexuales, pero también va haber muchas medidas alternativas», dijo Casares al confirmar el propósito oficial pese a la rotunda negativa de los especialistas a la baja.

«Sólo en los casos muy graves se prevé el encierro pero dentro de un sistema muy especializado. Esa escala de penas cumple además con la Convención de los Derechos del Niño, de que los menores no pueden tener ni condenas a prisión perpetua ni las mismas penas que los adultos», anticipó dando a conocer los argumentos con que intentarán dar batalla para aprobar la normativa.

Según Silvia Guemureman, socióloga y coordinadora del Observatorio de Adolescentes y del Grupo de Estudio sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para delitos graves, constituye una “avanzada hacer entrar por la ventana lo que no pueden hacer entrar por la puerta”. La investigadora que participó del debate propuesto por el ministerio de Justicia hace unas semanas señaló: “Los que estuvimos ahí aceptamos la convocatoria de buena fe y esperamos que se acepten los resultados”.

“El tema de qué es la gravedad o no, es una vara que va a ser absolutamente de aplicación discrecional. Es complicado el tema de qué valorás”, argumentó y analizó: “Obviamente esto es un modo de hacer entrar el tema de la baja”.

La especialista remarcó que el proyecto sigue siendo “regresivo”, al tiempo que continúa desconociendo profundamente los acuerdos internacionales ya que se baja de un estándar adecuado. “Justamente lo que hablan los tratados es de ir subiendo progresivamente las edades”, explicó.

En coincidencia, a abogada y magíster en criminología Claudia Cesaroni, integrante de la red Argentina No Baja y miembro del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) consideró que cualquier proyecto que proponga la baja de la edad de imputabilidad es inconstitucional, ya que viola el principio de no regresividad. «Sería un retroceso, no se puede regresar de un derecho ya adquirido», expresó.

Pese al abrumador rechazo de  la opinión especializada, el gobierno confía en que podrá sumar a la fuerza parlamentaria de Cambiemos, el respaldo del bloque que responde a Sergio Massa, quien incluyó de manera distintiva la baja en la edad de imputación penal en su plataforma presidencial del 2015.

Para el secretario de Política Criminal, «es probable que haya una ley altamente consensuada salvo en ese punto» de la edad de imputabilidad, donde -según admitió- hay visiones ideológicas muy diferenciadas». «Todos estamos de acuerdo en un régimen de protección integral, en derogar el decreto de la dictadura que fija el régimen tutelar, en que haya una justicia especifica y medida alternativas a la privación de libertad, de justicia restaurativa, conciliación y trabajos sociales que le fije condiciones a los chicos», sostuvo Casares.

Sin embargo, quienes están en contra de la baja advierten que es contradictorio intentar zanjar una ley de la dictadura cívico-militar y, por otro lado coincidir en la baja de la edad de punibilidad, que fue lo que hizo la propia dictadura al bajarla a 14 años para luego volverla a subir.

Por otro lado, Casares indicó que «el principal consenso es que el marco de la ley penal es la prevención fijada por ley nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece que el Estado debe prevenir el delito juvenil mediante políticas públicas de desarrollo social, educación y salud».

Si se tiene en cuenta la crisis económica y social que se profundizó a partir de la llegada al poder del gobierno de Cambiemos donde el ajuste y el desmantelamiento de políticas públicas está a la orden del día, este punto ya estaría en franco incumplimiento.

La opinión especializada se plantó

En la última de ocho mesas de discusión sobre la reforma del régimen penal juvenil convocadas por el ministerio de Justicia, el gobierno se llevó la sorpresa de que 34 de los 40 oradores presentes se opusieron de manera tajante a bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. De los seis restantes, sólo dos defendieron esa opción y los demás quedaron indefinidos.

Entre los detractores de la idea, hubo representantes de la Defensoría General de la Nación,  la Sociedad Argentina de Pediatría, la Procuración Penitenciaria, funcionarios de varias provincias y Unicef cuya representante, Florence Bauer, alertó sobre el riesgo de una discusión apresurada y el tratamiento de edad como un factor aislado cuando no puede desconocerse el contexto.

La Mesa 8 fue la última y la más concurrida de las previstas en el proceso de consulta. La acompañó una copiosa manifestación de organizaciones que defendían enfáticamente la consigna de “No a la baja”.

El “No a la baja” engloba  colectivos bien heterogéneos, muchos derivados de la asimilación entre punibilidad (conducta susceptible de aplicar pena) e imputabilidad (capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes).

Del lado del “No a la baja de punibilidad”, la mayoría advierte sobre el funcionamiento real del sistema penal y las consecuencias del ingreso al mismo como “un auténtico viaje de ida” ya que no cumple con el objetivo de reinsertar socialmente a las personas. “La mayoría de los chicos que llegan al sistema penal que es selectivo, son los chicos que vienen con derechos vulnerados desde la cuna. Lo que se les debería ofrecer son políticas públicas y sociales, es decir, acciones positivas y proactivas para que no lleguen al sistema penal porque ahí no pasa nada bueno”, aseguró la socióloga Silvia Guemureman. Y añadió: “Si bajas la edad de punibilidad lo que vas a tener es más pibes encerrados, se va a legalizar una criminalización que se da de hecho. La policía los hostiga, los persigue, produce detenciones que a veces son arbitrarias. Eso lo hace y no es legítimo”. “Si bajas la edad, eso se va a legitimar”, alertó.

A su vez, entre quienes sostienen el no a la baja, están las posiciones vinculadas a una psicología del desarrollo y las neurociencias que fundamentan las carencias y deficiencias no hacen conveniente el descenso de la edad. Estas posiciones tienen algunos rasgos que las asemejan a las doctrinas del discernimiento.

Guemureman diferenció ambas posturas al explicar que una cosa es concebir al niño como sujeto y titular de derechos y otra como un asistido, un menor o un beneficiario al que hay que tutelar.

En las antípodas, están aquellos que propician la baja de edad de imputabilidad/punibilidad declarándose “garantistas a ultranza”. La Doctora Laura Musa,  ex diputada y ex Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires es una de las exponentes de esta posición que postula que los sujetos son punibles desde que nacen, habida cuenta de las cosas que les pueden pasar, y que entonces, meterlos en el sistema penal es dotarlos de garantías.

Desde “Argentina No Baja”  la abogada Claudia Cesaroni refutó este planteo al manifestar: «Ese es un argumento pseudogarantista que es falaz. Es verdad que el decreto 22278 permite la actividad discrecional de los jueces, pero también es cierto que por encima de esa norma hay leyes superavanzadas como la Constitución Nacional y los tratados internacionales».

Discrepancias entre la “sensación” mediática y las cifras

Los jóvenes y la infancia en los medios no suelen tener buena prensa, especialmente si pertenecen a sectores vulnerables. Cada vez que aparece un caso resonante muchos de los titulares, sócalos y comentarios se apresuran a condenar antes que llegue el fallo judicial.

“Cayó el asesino de Brian: tiene 15 años y sus padres lo habían ayudado a escapar. Se llama igual que el adolescente al que mató el sábado en Flores”, fue el título y la bajada de un conocido diario que, sin esperar resoluciones de la justicia dictó sentencia en sus páginas pasando por alto la protección de identidad de los menores tal como lo exige la ley 20056. La normativa prohíbe la difusión de “sucesos referentes a menores de dieciocho años de edad incursos en hechos que la ley califica como delitos o contravención o que sean víctimas de ellos”. Obviamente no fue el único medio de comunicación que cubrió el tema de esa manera.

El polémico caso Brian fue precisamente el que reflotó el proyecto para bajar la edad de castigo penal a menores que cometen crímenes. A fines de diciembre de 2016 el asesinato del chico de 14 años en el barrio de Flores conmovió a la sociedad y volvió a poner el tema del delito juvenil y la inseguridad en la agenda mediática. Aprovechando el impulso, días después, el ministro Garavano, anunció la intención del Gobierno de comenzar a discutir un nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad.

En medio de un clima caldeado por los despidos, tarifazos y altos índices de inflación, los niños y adolescentes se convirtieron en una cuestión de Estado: un chivo expiatorio, catalizador funcional y distractor de problemas estructurales pateados debajo de la alfombra. El síntoma se transformó en causa como si, además, se tratara de un tema cuantitativamenteexorbitante.

En diferentes intervenciones mediáticas, Gabriel Lerner, ex secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, ex titular de la Sedronar y miembro del Observatorio por los Derechos de la Infancia Eduardo Bustelo, sostiene que la idea de un crecimiento exponencial del delito juvenil carece de bases verificables. Incluso en uno de sus textos (“No aumenta (por ahora) el delito adolescente”) cita el libro «¿Qué Hacer con la Justicia Juvenil?» escrito por Mary Beloff –según él- la jurista que más sabe de derecho penal de “menores” en la Argentina. “En su trabajo, Beloff reproduce estadísticas reveladoras, de origen oficial, publicadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio Publico nacional”, contextualiza Lerner para luego dar paso a un punteo estadístico que muestra que la incidencia de los delitos cometidos por menores de 18 años es pequeña en relación al total de las causas penales y que además la tendencia es decreciente.

“Según la Corte Suprema, en el año 2007 en la ciudad de Buenos Aires se abrieron un total de 233.867 causas penales, de las cuales 6.056 (2,59% del total) correspondían al fuero de “menores”. Cinco años después –2012, último dato publicado de esa serie- el total de las causas fue de 176.422 y las de pibes y pibas menores de 18 años 4.414 (2,50%). De ese cotejo se desprende que el total de las causas del fuero de “menores” se redujo en un 7% mientras que en esos 5 años el porcentaje de delito adolescente no tuvo variaciones significativas (%2,59/%2,50)”,  precisa Lerner y continúa: “Los datos del Ministerio Público -también para la Ciudad, con otra modalidad de cómputo- revelan que el número total de causas penales en 2007 ascendió a 239.014, mientras que los expedientes cuyas aperturas fueron motivadas por delitos presuntamente cometidos por adolescentes fueron 6.905 (2,88%). Ocho años después, en 2015, el número total de causas abiertas fue de 204.158, mientras que el total de las causas abiertas a adolescentes llego a 3.179 (1,56%). En primer lugar aparece una clara reducción del peso relativo de las causas de “menores”; por otra parte aparece una fuerte reducción absoluta en el numero de causas, que se reducen un 54% en 8 años”.

Lerner también cita cifras de la  provincia de Buenos Aires, donde el tema inseguridad  y delito adolescente es de alta sensibilidad social. A partir de los datos arrojados por el Ministerio Público se desprende que “en el periodo 2009/15 la incidencia del delito adolescente se redujo un 17% pasando del %4,34 al %3,59 del total de los ilícitos; por otra parte, el total de procesos abiertos a menores de 18 años se redujo un 7,5%, casi 2.200 IPP menos entre el primero y el séptimo año de la serie”, explica.

En concordancia, la socióloga y plenarista del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires en representación de la Legislatura, Florencia Gentile, sostuvo en una nota de Ámbito Financiero que «la baja de la edad de imputabilidad es ineficaz como respuesta a la inseguridad porque en términos estadísticos el porcentaje de delitos graves cometidos por menores de 18 años en general y más por menores de entre 14 y 16 años -la franja de los que ahora no son punibles- es ínfimo».

“El gobierno -en un contexto de malestar social generalizado, en particular por el descalabro económico-social de su gestión- ha echado mano de alternativas inspiradas en la “demagogia punitiva”. El desdén por los datos estadísticos -su ocultamiento, incluso- o el de la opinión de quienes trabajan con adolescentes infractores es prueba de que no existe el mismo compromiso con los eventuales beneficios o perjuicios que ese cambio pueda acarrear para la población en general y los chicos y chicas en particular”, argumenta Lerner y advierte: “Va a depender, entonces, de la oposición y de los múltiples actores sociales, judiciales, académicos, militantes por los derechos de chicos y chicas que el debate que el gobierno quiere llevar al Congreso se nutra de datos y experiencias acreditables y deje atrás eslóganes tramposos y reduccionistas construidos para asustar y engañar a millones de compatriotas”. “Deberemos demostrar, por ejemplo, que en los últimos 10 a 15 años no ha habido aumento ni del volumen ni de la incidencia de delitos cometidos por chicos y chicas menores de 18 años; y que fueron las políticas educativas, sanitarias, de protección las que explican esos datos. No es casual que quienes hoy desmantelan esas políticas sociales nos ofrezcan a cambio mano dura para la adolescencia pobre”, concluye.


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22 enero, 201721min0

silviapagina12LA SOCIÓLOGA SILVIA GUEMUREMAN INVESTIGÓ LOS PROYECTOS DE PUNIBILIDAD JUVENIL PRESENTADOS DESDE HACE 20 AÑOS

Guemureman, investigadora del Instituto Gino Germani, analiza el movimiento cíclico de campañas por la baja de la edad de responsabilidad penal. Sostiene que los medios instalan el miedo a los pibes “feos, sucios y malos” e invisibilizan los robos “de un CEO”.

Por Ximena Schinca

Página 12

22/10/2017

A Bian lo estaban esperando para agitar el debate”, afirma Silvia Guemureman, socióloga, especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles. El debate para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años “paga en campaña y por eso se la reaviva permanentemente, aunque sea un arma de doble filo”, asegura la especialista. Guemureman se refiere a que, de un lado del filo, el hilo se corta siempre por lo más delgado: la libertad de los más jóvenes. Del otro lado del filo, aunque el sentido común supone lo contrario, agitar la baja pianta votos. En sus investigaciones Guemureman analiza este fenómeno de agite y retroceso. “En 2013, el tema lo agitó Insaurralde y, aunque del mismo FpV lo salieron a callar, muchos como Scioli habían hecho declaraciones públicas sobre la necesidad de bajar la edad”, explica la investigadora del Conicet en el Instituto Gino Germani.

En su tesis doctoral, Guemureman investigó los fundamentos de las iniciativas para reformar el Régimen Penal de la Minoridad. “Aun en contextos de políticas más inclusivas, fueron muchos los proyectos que se presentaron y que afortunadamente no prosperaron en su objetivo”, destaca. En el año 2002, Guemureman comenzó a analizar las iniciativas con el equipo que dirige en el Observatorio de Adolescencia y Juventud. Desde entonces, cada vez que las voces punitivas agitan el avispero legislativo, un patrón se repite: culpabilización de los jóvenes como chivos expiatorios, exacerbación moral y miedo social conforman el menú que sirven a la mesa medios de comunicación, dirigencia política y sociedad civil. “Brian condensa todos los males: menor no punible, inmigrante que, aunque nacido en la Argentina, se lo muestra como ‘peruano’, hijo de una familia irregular, madre con prisión domiciliaria. O sea, la condensación del mal”, concluye Guemureman y anticipa un escenario desalentador para el no a la baja y de avanzada hacia un Estado policial, penal, punitivo.

–¿Por qué está en contra de bajar la edad para el régimen penal juvenil?

–Hay que aclarar que el término es punibilidad, y no imputabilidad, porque lo que se busca es que el Estado no castigue a cierto segmento de jóvenes como política pública, que el Estado no esté habilitado a disponer de su aparato punitivo, que exista un límite para el Estado. Nosotros creemos que existe una avanzada punitiva que no tiene que lograr su cometido porque tiene a los chicos, una vez más, en el lugar de las víctimas sacrificiales, los chivos expiatorios de una gran cantidad de problemas sociales.

–Quienes ven en la baja de punibilidad la solución al problema insisten en que aquellos que se oponen no tienen propuestas alternativas. ¿Cuál es su propuesta?

–Ese es el gran desafío que tenemos. Es necesario sensibilizar a la sociedad para que se entienda que la cantidad de chicos que comete delitos graves y que no son imputables no es representativa. Además, hay que desterrar la idea de que se trata de una cuestión de segmentos sociales, de que los chicos que cometen crímenes son los pobres. Se trata de ponerle un límite al Estado a partir del cual no puede castigar, y de entender que no es sólo una cuestión de seguridad en términos delictivos, sino de seguridad social, de una gran cantidad de seguridades que se perdieron.

–¿Por qué prendió en la sociedad más el discurso vinculado a lo delictivo que aquel vinculado al acceso a la salud, educación, servicios públicos?

–Ese ha sido un gran triunfo en términos de lo simbólico mediático. La seguridad asociada al miedo a que te asalte un joven feo, sucio y malo, y no que te asalte un empresario, el CEO de una gran compañía, o de que te roben con políticas regresivas en la redistribución del ingreso. Esa inseguridad social está invisibilizada y mediatizada porque no implica el ejercicio de la violencia física directa. Hay un contexto de inseguridad social que tiene que ver con la  precarización laboral, el ajuste del gasto público, el achicamiento a pedido del FMI.

–¿Por qué cada algunos años vuelve a resonar la discusión sobre la baja?

–Desde el Observatorio vemos que se trata de un tema que es cíclico. Se propone y después se caen los consensos para llevarlo adelante. Ya en 1998 se había dado un debate muy fuerte entre Alberto Pierri y Aníbal Ibarra. Pierri fue uno de los primeros en plantear la baja de imputabilidad en el ámbito legislativo porque se trataba de modificar el Régimen Penal de la Minoridad, que es el que aun rige, la ley 22.278, solo en los artículos que tuvieran que ver con la edad. Ese proyecto se propuso nuevamente en el año 2000, y cada vez que perdía estado parlamentario, un senador de su bloque lo volvía a proponer. Nosotros encontramos que hay una historia que se repite en forma cíclica: un episodio violento en el que una persona menor de edad es autora o supuesta autora y se agita la baja de edad de punibilidad. En 2004 se vio muy claramente también con la batería de propuestas de Juan Carlos Blumberg, cuando justamente lo que no prosperó  fue la baja porque no obtuvo plafón.

“Es muy llamativo –subraya la socióloga– porque entonces se hicieron aberraciones jurídicas dentro del Código Penal. Así y todo, el proyecto de la baja de punibilidad no prosperó. El Régimen Penal de la Minoridad es una pesada herencia de la dictadura. Entonces, la edad de punibilidad era a los 14 años. En 1979, se empezó a pensar un régimen penal que fuera un poquito más benévolo, y recién en 1983 se pasó a los 16 años. Además este régimen disponía que si el juez consideraba que un menor de 16 estaba en situación de riesgo moral, podía disponer hasta su mayoría de edad, que entonces era a los 21 años.

Guemureman recuerda que se había llegado a un consenso para modificar aquel régimen, pero el consenso se rompió, y en 2007, cuando una gran cantidad de proyectos habían confluido en un dictamen de mayoría que podía determinar la baja de edad a los 14 años, la ley no salió. “Era un contexto electoral y no quedaba bien decir que se iba a bajar la edad. En 2009, se obtuvo media sanción. Luego en Diputados se dio una discusión muy fuerte y no se aprobó, hasta que en 2012 el proyecto perdió estado parlamentario.”

–¿Por qué sucede eso?

–En aquel momento, a los proyectos que sólo pedían bajar la edad se sumaron los proyectos que buscaban sancionar un régimen de responsabilización penal juvenil, sosteniendo que la edad era una variable más y que lo más importante era el tema de las garantías. Es decir, no importa si es imputable a los 14 años si no que tenga garantías. Esa fue la posición de gran parte del progresismo que, en realidad, sostenía un discurso liberal en términos de derecho. Un argumento que fue apoyado también por Unicef con recursos y talleres a favor de estos regímenes de responsabilidad penal juvenil.

¿Qué resultados observaron en los países de Latinoamérica que modificaron los regímenes?  

–Las consecuencias fueron que hay muchos más chicos institucionalizados en contextos de encierro punitivo porque, al hacerlos punibles, el Estado puede intervenir, los puede capturar y tomar las medidas que crea necesarias. Chile bajó la edad y hoy tiene una tasa altísima de personas menores de edad institucionalizadas. Así sucedió también en Costa Rica y otros países de la región. No así en Brasil donde, según el Estatuto Da Criança e do Adolescente (ECA), las personas son no punibles hasta los 18 años. Este estatuto tiene jerarquía constitucional.

–¿Se reducen los índices delictivos al bajar la edad de punibilidad?

–Nosotros creemos que no porque la decisión en términos de política criminal sigue siendo la misma. Cuando tenemos una sociedad con una desigualdad enorme, con esquemas desiguales de distribución del ingreso, problemas estructurales de violencia, con su potencia cercenada justamente por ausencia de políticas públicas que instrumenten acciones positivas para que se efectivicen derechos; la política criminal no puede ser bajar la edad de punibilidad porque lo que se habilita es que el Estado ingrese desde su fase punitiva antes a la vida de esas personas. Decimos no a la baja como una decisión de política criminal porque las políticas duras nunca dan los resultados que se proponen, porque han demostrado ser ineficientes, porque tampoco son eficaces realizando los principios de prevención, y porque ninguna ley resuelve los problemas que son de índole social. El aparato punitivo se ha mostrado ineficaz, la cárcel no cura, no resocializa, no reeduca, no rehabilita. La política debiera ser sustraer lo más posible de su ingreso a un sistema penal a un segmento de la sociedad que ya es vulnerable; tenerlo lo más cerca posible de un sistema de protección y promoción de derechos, y lo más lejos del sistema penal.

–¿Cómo funciona el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes?

–Faltan acciones positivas del Estado, programas con alcance territorial que impliquen cobertura a un gran colectivo de personas y que se desarrollen siguiendo un enfoque de derechos; concibiendo al destinatario de ese programa como un ciudadano y no como un asistido. Es necesario abordar la multidimensionalidad de los problemas desde distintas áreas; por el contrario, observamos una ofensiva contra distintos sectores de la sociedad como los jóvenes, los migrantes. Se empezaron a achicar los recursos de promoción social y a trasvestirse hacia la asistencia de quien el Estado supone que “se lo merece”. Se comenzó a cercenar derechos y a desmantelar un modelo de políticas universales. La Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, se empieza a considerar como un asistido y no como un titular de derechos. Lo mismo sucede con una tarifa social para el que hay que presentar certificado de pobreza o con las bonificaciones del PAMI. Es decir, empieza a verse una segmentación en la que unos van a ser más merecedores que otros.

–¿El desmantelamiento se vincula con el punitivismo?

–Se van desmantelando programas de educación, capacitaciones, programas de salud, de acceso a la justicia, salud mental; y en ese contexto de exclusión creciente, la única alternativa es el aumento de los canales de punición. Al mismo tiempo, se empieza a generar en el imaginario de las personas una métrica moral respecto de la gente que la circunda, si son buenos, si merecen ayuda, si se esfuerzan, si son vagos. Y en paralelo, los medios reproducen el discurso sobre el mérito y el esfuerzo individual; es decir, el individuo que puede contra todas las desventajas. Así se despoja de todo lo que implica contar con un dispositivo social que coadyuva a que se desarrollen las capacidades y potencias, y se disminuya la violencia.

–¿Prende más esa lógica que la de inclusión y ampliación de derechos?

–Se empieza a observar con preocupación una generación de excedencia social, los que sobran, los que están de más, los parias urbanos; por un lado, una multiplicación de gente que sobra, y por el otro, una política de Estado orientada a administrar la exclusión y que instala un discurso privatizador del salvese quien pueda. No es casualidad que fuera en la década de los años noventa que la gente migró masivamente a la educación privada, a la prepaga, la seguridad privada. Luego, la sociedad se olvidó que pudo comprar todo eso porque fue agente de intercambio: si estás despojado, no sos un agente de intercambio del mercado porque estás afuera y no podés comprar nada. Entonces, si el Estado no provee salud, educación, seguridad en sentido amplio, estás absolutamente despojado.

–¿Qué lugar tiene la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes en el país en este contexto?

–Habíamos logrado avanzar bastante. Sucede que en muchas cosas, como decía Eligio Resta, el discurso de los derechos se convirtió en retórica de los derechos: el derecho a la salud se transformó en tener derecho al derecho a la salud, y para que se haga efectivo, hay que judicializarlo. Ha costado mucho revertir situaciones de exclusión, por eso, la preocupación es alta cuando se observa el desmantelamiento de pequeños avances. No estaba todo bien, pero habíamos empezado a revertir los procesos de marginación social. Las contingencias y coyunturas no ayudan, y los chicos quedan encerrados en peleas que no les corresponden. Los chicos debieran ser una prioridad sin importar el signo partidario del gobierno; debería haber un consenso social porque todos los chicos son vulnerables por edad y necesitan que se protejan las condiciones para desarrollar su potencial. En Argentina, no existe una convicción fuerte de que los chicos deben ser prioridad y de que hay espacios, como la educación pública, que deben defenderse ocupándolos con el cuerpo.

–¿Cómo interpreta la repercusión del caso Brian, en el barrio de Flores?

–Fue un detonante, pero podría haber sido otro. En 2009, fueron el caso Cáceres y el caso Capristo, y en 2008, el caso del ingeniero Barrenechea. Desde el Observatorio, se analizó el tratamiento mediático de los casos y se determinó que estos casos sirvieron en la medida en que alimentaron el pánico moral y exacerbaron la sensibilidad punitiva. El caso de Cáceres es muy notable porque cuando el jugador de fútbol que había sido baleado aparece en una silla de ruedas con un cartel diciendo “no al encierro de los jóvenes”, los medios no lo entrevistaron nunca más. Sucedió que Cáceres no habló con el odio de haber sido víctima, sino que habló desde su origen de clase y dejó de ser funcional a los medios. En el contexto de un gobierno neoliberal o neoconservador, era previsible que se reavivara la discusión por la baja en la edad de punibilidad, ante cualquier hecho que involucrara una persona menor de 16 años. A Brian lo estaban esperando.

–¿Qué representación de los jóvenes predomina en los medios?

–Está segmentada. De los chicos que murieron en la Time Warp no se habló más. No sabemos qué pudo haber pasado. Para ir a esa fiesta, los pibes necesitaban disponer de una gran cantidad de dinero, y de eso no se habló más. Esos pibes salen en las páginas de Sociedad de los diarios; los otros salen en las Policiales. En paralelo, circula un estereotipo muy fuerte del ‘pobre bueno que merece ayuda’ y del pobre despreciable que ‘está ahí porque quiere y elige’, al tiempo que se reproducen lógicas voluntaristas.


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3 septiembre, 20161min0

A partir del debate suscitado en estos últimos días en torno a la tenencia y uso civil de armas de fuego, compartimos con ustedes una nota en la que es entrevistada la Dra. Alejandra Otamendi, integrante de este Observatorio. Los datos que surgen del ex RENAR y de ONGs que trabajan sobre el mercado ilegal, calculan que hay unos cuatro millones de armas en manos de civiles en todo el país. El 10% de los argentinos estaría armado. De ese número, sólo poco más del 30% está registrada. Como parte del Plan de Desarme desde el 2007 se entregaron apenas 174.902.


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16 marzo, 20161min0

En esta Sección presentaremos una panorama del tratamiento que se brinda a la niñez y la adolescencia en relación a las temáticas vinculadas a la salud mental y los procesos de medicalización de la infancia focalizando en el contexto argentino y con el marco regulatorio de la ley 26.657/10 y su Decreto reglamentario 603/13.
Esta ley fue promulgada en 2010, y reglamentada en 2013.[1] Se trata de una ley de orden público, es decir que responde a un interés general, colectivo, y por ello su cumplimiento es irrenunciable en todo el territorio nacional.
Esta ley define la salud mental en un sentido amplio, y por tanto, permite cobijar bajo el amplio paraguas del padecimiento mental una cantidad y variedad de situaciones, muchas de las cuales otrora se inscribían las situaciones de “riesgo moral y material”.  Por eso, conviene hacer una muy breve reseña de los modos que históricamente se gestionó el control de la infancia.