Boletines de coyuntura – Seguridad – Diciembre de 2018

En ediciones anteriores de nuestro boletín, alertábamos sobre los peligros de la “militarización de la seguridad” en nuestro país, desde el ascenso al gobierno de la Alianza Cambiemos, en diciembre de 2015. Desde el OAJ rechazamos este tipo de posiciones, a la luz de la desastrosa experiencia en otros países de la región y de nuestra propia historia.
En primer lugar, este proceso ha demostrado ser no sólo ineficaz en términos de reducción de los delitos y de las violencias para los cuales se supone que está dirigido, sino que también es contraproducente y peligroso en términos del incremento de muertes violentas, desapariciones y violaciones a los Derechos Humanos. En efecto, una de las diferencias más notorias es que mientras los militares están entrenados para abatir enemigos, las policías están formadas en el uso racional de la fuerza hacia otros ciudadanos (no enemigos) que se rige por los principios de legalidad, oportunidad, proporcionalidad, moderación, responsabilidad y rendición de cuentas. Por lo tanto, si bien las policías con cierta frecuencia rompen dichos principios, el uso de la fuerza letal se encuentra limitado y debe considerarse como último recurso. Como consecuencia, los estudios disponibles señalan que la implementación de este tipo de iniciativas tiende a agravar situaciones de violencia previas, sumando una gran cantidad de casos de violaciones a los derechos humanos, perpetrados por las propias fuerzas militares es especialmente así para el caso de los jóvenes: en México, por ejemplo, entre 2007 y 2011, se produjo, como consecuencia de la llamada “Guerra contra las Drogas” encabezada por el Ejército, un incremento de la tasa de homicidios de los y las jóvenes de 20 a 29 años de edad de 7,8 homicidios cada 100.000 habitantes a 25,5 (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2013). En Colombia un 80% de casos de homicidio cometidos por militares entre 2002 y 2010 en los cuales se dispone del dato de edad, las víctimas son menores de 36 años (Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, 2012). En Brasil, el 57% de los asesinados por la policía y los militares entre 2010 y 2013 tenía hasta 24 años, y el 76%, hasta 30 años (Amnistía Internacional, 2015). Asimismo, involucrarse en temas de seguridad lleva a su desprofesionalización, es decir, a la pérdida de la formación específica para la cual han sido creadas (defender la soberanía nacional de agresiones externas) y a realizar tareas para las cuales no están capacitadas, ni equipadas ni cubiertas legalmente. En segundo lugar, lejos de diferenciarse de las policías en cuanto a los niveles de corrupción, las fuerzas armadas han tendido en todos los casos señalados a caer en un irreversible desprestigio, a corromperse, a desarrollar vínculos con las economías ilegales, e incluso a ser parte de las redes de narcotráfico y del contrabando de armas que supuestamente debían combatir. En este sentido, al involucrar a las FFAA en materia de seguridad se corre el riesgo de corromper el mayor poder letal del estado, incrementando el poder de fuego de las organizaciones y dejando mucho más desprotegida a la población y a la soberanía nacional. En efecto, en un estudio de John Bailey y Matthew Taylor citado por Tokatlian, se señala que “aproximadamente un tercio de los narcotraficantes pasaron por las Fuerzas Armadas”. En tercer lugar y no menor, al involucrarse en temas de seguridad interior, las FFAA incrementan su protagonismo como actor en la política nacional, militarizándola. En efecto, pasan a ser un actor con peso propio en cuestiones internas, con presupuestos en ascenso y con una voz cada vez mayor en el debate público. Esto resulta evidente en el caso brasilero, donde su participación incremental en la seguridad de Rio de Janeiro, les dio mayor protagonismo y visibilidad pública, al punto de que militares en ejercicio opinaran abiertamente en política, amenazando de forma explícita la estabilidad democrática del país tanto si Lula era liberado como si los resultados electorales no eran favorables a Bolsonaro.